Roberto Cristerna Valdez
Expediente 877/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 47 actuaciones registradas, la última del 10 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 877/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 47
- Última actuación
- 10/04/2023
Partes del expediente
- Roberto Cristerna Valdez
- Roberto Cristerna Valdez y Otros.
- S. C. T.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 47.
- Principal
Mexicali, Baja California, a diez de abril de dos mil veintitrés. Calificación del cumplimiento. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha fenecido el plazo otorgado a las partes para que realizaran manifestaciones en relación al fallo protector emitido en el presente juicio de amparo; por tanto, este Juzgado Federal procede a resolver, de oficio, si el fallo protector se encuentra o no cumplido, desde luego, sin excesos ni defectos, o si hay imposibilidad para cumplirla, en los términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Al respecto, debe decirse lo siguiente: Por sentencia de catorce de abril de dos mil veintiuno, se concedió a la parte quejosa la protección constitucional contra los actos reclamados a las autoridades responsables para los efectos siguientes: "[.] SÉPTIMO. Efectos de la concesión. Antes que nada, conviene destacar que atendiendo a la naturaleza del asunto de estudio, es factible que la protección constitucional abarque cuestiones no planteadas en la demanda de amparo, a la que pudiera acudir cualquiera de los progenitores, por su propio derecho, y en representación de los menores de edad; tal como lo sostuvo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 191/2005, la suplencia de la queja debe ser total, es decir, no está limitada a una sola instancia, ni a conceptos de violación y agravios, pues el alcance de la suplencia de la queja comprende desde el escrito inicial de demanda de garantías, hasta el periodo de ejecución de la sentencia en caso de concederse el amparo. Dicha suplencia opera invariablemente cuando esté de por medio, directa o indirectamente, la afectación de la esfera jurídica de un menor de edad o de un incapaz, sin que para ello sea determinante la naturaleza de los derechos familiares que estén en controversia o el carácter de quién o quiénes promuevan el juicio de amparo; consecuentemente, al advertirse la probable existencia de riesgo en el desarrollo físico o psicológico en la salud de los menores de edad involucrados, para la debida protección de tales bienes, hace necesario que la responsable adopte la medidas de protección necesarias para salvaguardar la integridad física y emocional de los quejosos menores de edad conforme los lineamientos que se expondrán en este apartado. Así, en virtud de lo hasta aquí narrado, con sustento en el artículo 77 de la Ley de Amparo, la protección constitucional otorgada es para que una vez que cause ejecutoria esta sentencia, el Juez Segundo de lo Familiar, con sede en esta ciudad: i) Proceda de inmediato a dejar insubsistente el auto reclamado dictado el ocho de octubre de dos mil veinte, en el expediente número 647/2019 de su índice. ii) El Juez Familiar deberá ordenar las diligencias necesarias, para asegurar el ejercicio de los derechos de las menores de edad de iniciales S.C.T. y A.C.T.; además para que participen, expresen sus opiniones, sean escuchados, y sean tomadas en cuenta sus opiniones y propuestas en las determinaciones que emitirá la citada autoridad judicial, que tengan relación e/o impacten en su desarrollo y forma de vida. iii) En virtud de la contingencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) y/o riesgos de salud derivado de ello, las diligencias en referencia, incluidas las señaladas en posteriores puntos, deberán ser de forma NO presencial, para no vulnerar derechos de salud y vida de quienes deban asistir, y tendrá que desahogarse a través de medios alternativos al alcance que no impliquen riesgos a la salud y/o a la vida; se estima como medio idóneo videoconferencias, con audio, en vivo y directo, a través de cualquiera de los medios previstos en el Poder Judicial del Estado, y si no está previsto y/o en lo no previsto, a través de cualquier servicio de videoconferencia para reuniones virtuales. iv) Las diligencias concernientes a las entrevistas a los menores de edad, deberán prepararse con anticipación observando los dispositivos legales aludidos en esta resolución y los lineamientos del "Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten a niñas, niños y adolescentes", entre éstos: - Se les deberá brindar a los menores de edad, apoyo psicológico para verificar que se encuentren en condiciones de participar en la diligencia, igualmente para que se facilite su testimonio sin temor y se evite en lo posible estresarlos, todo en aras de que fluya una narrativa libre de su parte. - Deberá verificarse que una persona de apoyo esté con los menores de edad en el desarrollo de las diligencias, y procurar que no se trate de adultos que puedan influir en el comportamiento y estabilidad emocional del menor. - Las diligencias deberán llevarse a cabo con asistencia de la representación legal. - La Juez Familiar deberá permitir la narrativa libre por parte de cada menor de edad quejoso; deberá observar una adecuada elaboración de preguntas, tomando en cuenta las características de desarrollo cognitivo, emocional y moral de cada uno de los menores de edad, para el esclarecimiento de lo narrado por cada menor de edad; deberá contemplar estrategias para el manejo de la tensión y estrés de los menores de edad, así´ como la detección y manejo de mecanismos de defensa psicológicos. - Las entrevistas deberán videograbarse con la menor incomodidad posible para los menores de edad, para que quede evidencia de éstas y facilitar su posterior consulta. - Las diligencias deberán ser con todas las medidas de protección a la intimidad, privacidad y bienestar de los menores. v) La autoridad responsable deberá ponderar si requiere o no allegarse de mayores elementos y/o reunir más pruebas para verificar si las pequeñas se encuentran bien psíquica y emocionalmente -verbigracia, dictámenes psicológicos tanto de las menores y de los padres-, para resolver la medida provisional de custodia solicitada por el padre de los menores de edad, todo ello, a la brevedad posible, siempre anteponiendo el interés superior de las niñas quejosas. vi) Mientras siga la contingencia sanitaria y/o riesgo de contagio, en caso de considerar necesario realizar pruebas psicológicas a todas las partes involucradas, ello deberá ser también a través de videoconferencias, con los lineamientos que satisfagan el interés superior de los menores de edad. vii) En tal contexto, la concesión igualmente es para que la Juez Familiar con libertad de jurisdicción, pero atendiendo a los lineamientos establecidos en el presente fallo constitucional y con especial cuidado al valorar las opiniones de los menores de edad, así como el resto del material probatorio, resuelva respecto a la custodia, así como la inherente convivencia y demás rubros vinculados a los menores de edad, tanto los solicitados y/o planteados por sus padres, como los que advierta de oficio, por tratarse de una cuestión de orden público e interés social. Los anteriores puntos son coherentes con que el Juez de lo Familiar está facultado para intervenir de oficio en los asuntos que afecten a la familia, especialmente tratándose de personas menores de dieciocho años de edad, por lo que puede decretar las medidas provisionales o definitivas, máxime las que en su caso estime urgentes, que tiendan a preservar y proteger siempre el interés superior del menor, previa observancia de los principios rectores que aplican en este tipo de asuntos, mencionados en esta sentencia. [.]" Recurso de revisión. Inconforme con dicha resolución, la parte tercero interesada, interpuso recurso de revisión, cuyo conocimiento correspondió al Tercer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con el número de amparo en revisión 192/2021. Ejecutoria y requerimiento de cumplimiento. Por auto de veinte de septiembre de dos mil veintiuno, se tuvo por recibida la ejecutoria de la superioridad, en la que confirmó la sentencia que concedió el amparo a la parte quejosa. Primera calificación del cumplimiento. Por medio de acuerdo dictado el quince de diciembre de dos mil veintiuno, se declaró la imposibilidad de dar cumplido el fallo protector Inejecución de sentencia. En virtud de lo anterior, mediante proveído de dos de mayo de dos mil veintidós, se ordenó remitir los autos al Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito en turno, a fin de que examinara la legalidad de la determinación y particularmente, si existe o no la imposibilidad de acatar la sentencia protectora; cuyo conocimiento correspondió al Tercer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con el incidente de inejecución de sentencia 8/2022. Ejecutoria y se requiere cumplimiento. Por auto de dos de septiembre de dos mil veintidós, se tuvo por recibida la ejecutoria de la superioridad, en la que declaró infundado el incidente de inejecución de sentencia, en la que determinó lo siguiente: "[.] pues como ya quedo anotado en párrafos que anteceden, debió cerciorarse de que el Juez de lo Familiar responsable respetara el derecho de las niñas de iniciales S.C.T. y A.C.T., de participar y ser escuchadas, en forma directa antes de resolver respecto a su custodia y régimen de convivencias, allegándose incluso de mayor información y elementos para conocer el sentir de las niñas, sus opiniones, considerando la trascendencia que tendrá la determinación judicial en la vida de las niñas quejosas, al tratarse de un derecho humano que les debe ser respectado de acuerdo con el marco normativo nacional e internacional y conforme a los lineamientos precisados en los efectos de la misma ejecutoria; todo lo cual no es factible tenerlo por satisfecho mediante ningún convenio que solo refleje la voluntad de los padres [.]" En consecuencia, en el mismo proveído se requirió el cumplimiento al fallo protector Ahora, para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, la autoridad responsable estuvo constreñida a proceder en los términos siguientes: a. Dejar insubsistente el auto reclamado. b. Ordenar las diligencias necesarias, para asegurar el ejercicio de los derechos de las quejosas menores de edad, para que sean partícipes en las determinaciones relacionadas con su desarrollo y forma de vida. c. En virtud de la contingencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) y/o riesgos de salud derivado de ello, las diligencias de referencia, deberán ser de forma NO presencial, para no vulnerar derechos de salud y vida de quienes deban asistir, y tendrá que desahogarse a través de medios alternativos al alcance que no impliquen riesgos a la salud y/o a la vida. d. Las diligencias concernientes a las entrevistas a los menores de edad, deberán prepararse con anticipación observando los dispositivos legales aludidos en la resolución correspondiente y los lineamientos del "Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten a niñas, niños y adolescentes" e. Mientras siga la contingencia sanitaria y/o riesgo de contagio, en caso de considerar necesario realizar pruebas psicológicas a todas las partes involucradas, ello deberá ser también a través de videoconferencias, con los lineamientos que satisfagan el interés superior de los menores de edad. f. Con libertad de jurisdicción, resolver respecto a la custodia, así como la inherente convivencia y demás rubros vinculados a los menores de edad, tanto los solicitados y/o planteados por sus padres, como los que advierta de oficio, por tratarse de una cuestión de orden público e interés social. Actuaciones llevadas a cabo por la autoridad responsable en acatamiento al fallo protector. Por oficio remitido por el Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, y acordado el quince de marzo de dos mil veintitrés; remitió copia la sentencia definitiva de nueve de marzo de dos mil veintitrés, relativa al juicio ordinario civil 647/2019; en la que, previas entrevistas con las quejosas menores de edad, aprobó en forma definitiva las cláusulas del convenio celebrado por (1) Roberto Cristerna Valdez y (2) Yesica Guadalupe Torres Valdez, y condenó a las partes a cumplir con su contenido. Imposibilidad para cumplir con el fallo protector. De lo anteriormente narrado, se puede advertir que la autoridad responsable, a juicio de este Juzgado de Distrito, está imposibilitada jurídica y materialmente para cumplir con los efectos precisados en la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, dado que en el caso, no depende del Juez responsable el cumplimiento del fallo protector, toda vez que las partes en el juicio natural -aquí quejoso y tercero interesada- llegaron a un convenio en relación a la custodia de las infantes quejosas, por lo que la autoridad responsable no pudo resolver lo conducente en los términos precisados en la ejecutoria de amparo. En consecuencia, se concluye que en el presente asunto existe una imposibilidad jurídica para que el Juez responsable dé cabal cumplimiento a la sentencia de amparo pronunciada por este Juzgado, dado el acuerdo de las partes en relación al tema relativo al que debía resolver la autoridad responsable como consecuencia del fallo protector emitido en autos; motivo por el cual se estima la responsable no está en posibilidad de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Vista con la presente resolución. Por lo anterior, dese vista a las partes por el plazo de quince días, contado a partir de su legal notificación, para que manifiesten lo que a su interés convenga en relación a lo aquí determinado. Transcurrido dicho plazo, con desahogo de la vista o sin él, podrán remitirse, en su caso, los autos originales del presente juicio al Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito en turno, con sede en esta ciudad, a fin de que dicho órgano colegiado examine la legalidad de la determinación y particularmente, si existe o no la citada imposibilidad de acatar la sentencia protectora, lo anterior de conformidad con lo establecido por el artículo 196, último párrafo, de la Ley de Amparo. Anotaciones. Finalmente, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese y personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido del licenciado Luis Omar Pérez Ochoa, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
TODA VEZ QUE LA PARTE TERCERO INTERESADO NO ATENDIO EL CITATORIO DE 13 DE ABRIL DE 2023 SE NOTIFICA POR ESTE MEDIO EL AUTO DE Mexicali, Baja California, a diez de abril de dos mil veintitrés. Calificación del cumplimiento. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha fenecido el plazo otorgado a las partes para que realizaran manifestaciones en relación al fallo protector emitido en el presente juicio de amparo; por tanto, este Juzgado Federal procede a resolver, de oficio, si el fallo protector se encuentra o no cumplido, desde luego, sin excesos ni defectos, o si hay imposibilidad para cumplirla, en los términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Al respecto, debe decirse lo siguiente: Por sentencia de catorce de abril de dos mil veintiuno, se concedió a la parte quejosa la protección constitucional contra los actos reclamados a las autoridades responsables para los efectos siguientes: "[.] SÉPTIMO. Efectos de la concesión. Antes que nada, conviene destacar que atendiendo a la naturaleza del asunto de estudio, es factible que la protección constitucional abarque cuestiones no planteadas en la demanda de amparo, a la que pudiera acudir cualquiera de los progenitores, por su propio derecho, y en representación de los menores de edad; tal como lo sostuvo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 191/2005, la suplencia de la queja debe ser total, es decir, no está limitada a una sola instancia, ni a conceptos de violación y agravios, pues el alcance de la suplencia de la queja comprende desde el escrito inicial de demanda de garantías, hasta el periodo de ejecución de la sentencia en caso de concederse el amparo. Dicha suplencia opera invariablemente cuando esté de por medio, directa o indirectamente, la afectación de la esfera jurídica de un menor de edad o de un incapaz, sin que para ello sea determinante la naturaleza de los derechos familiares que estén en controversia o el carácter de quién o quiénes promuevan el juicio de amparo; consecuentemente, al advertirse la probable existencia de riesgo en el desarrollo físico o psicológico en la salud de los menores de edad involucrados, para la debida protección de tales bienes, hace necesario que la responsable adopte la medidas de protección necesarias para salvaguardar la integridad física y emocional de los quejosos menores de edad conforme los lineamientos que se expondrán en este apartado. Así, en virtud de lo hasta aquí narrado, con sustento en el artículo 77 de la Ley de Amparo, la protección constitucional otorgada es para que una vez que cause ejecutoria esta sentencia, el Juez Segundo de lo Familiar, con sede en esta ciudad: i) Proceda de inmediato a dejar insubsistente el auto reclamado dictado el ocho de octubre de dos mil veinte, en el expediente número 647/2019 de su índice. ii) El Juez Familiar deberá ordenar las diligencias necesarias, para asegurar el ejercicio de los derechos de las menores de edad de iniciales S.C.T. y A.C.T.; además para que participen, expresen sus opiniones, sean escuchados, y sean tomadas en cuenta sus opiniones y propuestas en las determinaciones que emitirá la citada autoridad judicial, que tengan relación e/o impacten en su desarrollo y forma de vida. iii) En virtud de la contingencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) y/o riesgos de salud derivado de ello, las diligencias en referencia, incluidas las señaladas en posteriores puntos, deberán ser de forma NO presencial, para no vulnerar derechos de salud y vida de quienes deban asistir, y tendrá que desahogarse a través de medios alternativos al alcance que no impliquen riesgos a la salud y/o a la vida; se estima como medio idóneo videoconferencias, con audio, en vivo y directo, a través de cualquiera de los medios previstos en el Poder Judicial del Estado, y si no está previsto y/o en lo no previsto, a través de cualquier servicio de videoconferencia para reuniones virtuales. iv) Las diligencias concernientes a las entrevistas a los menores de edad, deberán prepararse con anticipación observando los dispositivos legales aludidos en esta resolución y los lineamientos del "Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten a niñas, niños y adolescentes", entre éstos: - Se les deberá brindar a los menores de edad, apoyo psicológico para verificar que se encuentren en condiciones de participar en la diligencia, igualmente para que se facilite su testimonio sin temor y se evite en lo posible estresarlos, todo en aras de que fluya una narrativa libre de su parte. - Deberá verificarse que una persona de apoyo esté con los menores de edad en el desarrollo de las diligencias, y procurar que no se trate de adultos que puedan influir en el comportamiento y estabilidad emocional del menor. - Las diligencias deberán llevarse a cabo con asistencia de la representación legal. - La Juez Familiar deberá permitir la narrativa libre por parte de cada menor de edad quejoso; deberá observar una adecuada elaboración de preguntas, tomando en cuenta las características de desarrollo cognitivo, emocional y moral de cada uno de los menores de edad, para el esclarecimiento de lo narrado por cada menor de edad; deberá contemplar estrategias para el manejo de la tensión y estrés de los menores de edad, así´ como la detección y manejo de mecanismos de defensa psicológicos. - Las entrevistas deberán videograbarse con la menor incomodidad posible para los menores de edad, para que quede evidencia de éstas y facilitar su posterior consulta. - Las diligencias deberán ser con todas las medidas de protección a la intimidad, privacidad y bienestar de los menores. v) La autoridad responsable deberá ponderar si requiere o no allegarse de mayores elementos y/o reunir más pruebas para verificar si las pequeñas se encuentran bien psíquica y emocionalmente -verbigracia, dictámenes psicológicos tanto de las menores y de los padres-, para resolver la medida provisional de custodia solicitada por el padre de los menores de edad, todo ello, a la brevedad posible, siempre anteponiendo el interés superior de las niñas quejosas. vi) Mientras siga la contingencia sanitaria y/o riesgo de contagio, en caso de considerar necesario realizar pruebas psicológicas a todas las partes involucradas, ello deberá ser también a través de videoconferencias, con los lineamientos que satisfagan el interés superior de los menores de edad. vii) En tal contexto, la concesión igualmente es para que la Juez Familiar con libertad de jurisdicción, pero atendiendo a los lineamientos establecidos en el presente fallo constitucional y con especial cuidado al valorar las opiniones de los menores de edad, así como el resto del material probatorio, resuelva respecto a la custodia, así como la inherente convivencia y demás rubros vinculados a los menores de edad, tanto los solicitados y/o planteados por sus padres, como los que advierta de oficio, por tratarse de una cuestión de orden público e interés social. Los anteriores puntos son coherentes con que el Juez de lo Familiar está facultado para intervenir de oficio en los asuntos que afecten a la familia, especialmente tratándose de personas menores de dieciocho años de edad, por lo que puede decretar las medidas provisionales o definitivas, máxime las que en su caso estime urgentes, que tiendan a preservar y proteger siempre el interés superior del menor, previa observancia de los principios rectores que aplican en este tipo de asuntos, mencionados en esta sentencia. [.]" Recurso de revisión. Inconforme con dicha resolución, la parte tercero interesada, interpuso recurso de revisión, cuyo conocimiento correspondió al Tercer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con el número de amparo en revisión 192/2021. Ejecutoria y requerimiento de cumplimiento. Por auto de veinte de septiembre de dos mil veintiuno, se tuvo por recibida la ejecutoria de la superioridad, en la que confirmó la sentencia que concedió el amparo a la parte quejosa. Primera calificación del cumplimiento. Por medio de acuerdo dictado el quince de diciembre de dos mil veintiuno, se declaró la imposibilidad de dar cumplido el fallo protector Inejecución de sentencia. En virtud de lo anterior, mediante proveído de dos de mayo de dos mil veintidós, se ordenó remitir los autos al Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito en turno, a fin de que examinara la legalidad de la determinación y particularmente, si existe o no la imposibilidad de acatar la sentencia protectora; cuyo conocimiento correspondió al Tercer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con el incidente de inejecución de sentencia 8/2022. Ejecutoria y se requiere cumplimiento. Por auto de dos de septiembre de dos mil veintidós, se tuvo por recibida la ejecutoria de la superioridad, en la que declaró infundado el incidente de inejecución de sentencia, en la que determinó lo siguiente: "[.] pues como ya quedo anotado en párrafos que anteceden, debió cerciorarse de que el Juez de lo Familiar responsable respetara el derecho de las niñas de iniciales S.C.T. y A.C.T., de participar y ser escuchadas, en forma directa antes de resolver respecto a su custodia y régimen de convivencias, allegándose incluso de mayor información y elementos para conocer el sentir de las niñas, sus opiniones, considerando la trascendencia que tendrá la determinación judicial en la vida de las niñas quejosas, al tratarse de un derecho humano que les debe ser respectado de acuerdo con el marco normativo nacional e internacional y conforme a los lineamientos precisados en los efectos de la misma ejecutoria; todo lo cual no es factible tenerlo por satisfecho mediante ningún convenio que solo refleje la voluntad de los padres [.]" En consecuencia, en el mismo proveído se requirió el cumplimiento al fallo protector Ahora, para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, la autoridad responsable estuvo constreñida a proceder en los términos siguientes: a. Dejar insubsistente el auto reclamado. b. Ordenar las diligencias necesarias, para asegurar el ejercicio de los derechos de las quejosas menores de edad, para que sean partícipes en las determinaciones relacionadas con su desarrollo y forma de vida. c. En virtud de la contingencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) y/o riesgos de salud derivado de ello, las diligencias de referencia, deberán ser de forma NO presencial, para no vulnerar derechos de salud y vida de quienes deban asistir, y tendrá que desahogarse a través de medios alternativos al alcance que no impliquen riesgos a la salud y/o a la vida. d. Las diligencias concernientes a las entrevistas a los menores de edad, deberán prepararse con anticipación observando los dispositivos legales aludidos en la resolución correspondiente y los lineamientos del "Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten a niñas, niños y adolescentes" e. Mientras siga la contingencia sanitaria y/o riesgo de contagio, en caso de considerar necesario realizar pruebas psicológicas a todas las partes involucradas, ello deberá ser también a través de videoconferencias, con los lineamientos que satisfagan el interés superior de los menores de edad. f. Con libertad de jurisdicción, resolver respecto a la custodia, así como la inherente convivencia y demás rubros vinculados a los menores de edad, tanto los solicitados y/o planteados por sus padres, como los que advierta de oficio, por tratarse de una cuestión de orden público e interés social. Actuaciones llevadas a cabo por la autoridad responsable en acatamiento al fallo protector. Por oficio remitido por el Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, y acordado el quince de marzo de dos mil veintitrés; remitió copia la sentencia definitiva de nueve de marzo de dos mil veintitrés, relativa al juicio ordinario civil 647/2019; en la que, previas entrevistas con las quejosas menores de edad, aprobó en forma definitiva las cláusulas del convenio celebrado por (1) Roberto Cristerna Valdez y (2) Yesica Guadalupe Torres Valdez, y condenó a las partes a cumplir con su contenido. Imposibilidad para cumplir con el fallo protector. De lo anteriormente narrado, se puede advertir que la autoridad responsable, a juicio de este Juzgado de Distrito, está imposibilitada jurídica y materialmente para cumplir con los efectos precisados en la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, dado que en el caso, no depende del Juez responsable el cumplimiento del fallo protector, toda vez que las partes en el juicio natural -aquí quejoso y tercero interesada- llegaron a un convenio en relación a la custodia de las infantes quejosas, por lo que la autoridad responsable no pudo resolver lo conducente en los términos precisados en la ejecutoria de amparo. En consecuencia, se concluye que en el presente asunto existe una imposibilidad jurídica para que el Juez responsable dé cabal cumplimiento a la sentencia de amparo pronunciada por este Juzgado, dado el acuerdo de las partes en relación al tema relativo al que debía resolver la autoridad responsable como consecuencia del fallo protector emitido en autos; motivo por el cual se estima la responsable no está en posibilidad de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Vista con la presente resolución. Por lo anterior, dese vista a las partes por el plazo de quince días, contado a partir de su legal notificación, para que manifiesten lo que a su interés convenga en relación a lo aquí determinado. Transcurrido dicho plazo, con desahogo de la vista o sin él, podrán remitirse, en su caso, los autos originales del presente juicio al Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito en turno, con sede en esta ciudad, a fin de que dicho órgano colegiado examine la legalidad de la determinación y particularmente, si existe o no la citada imposibilidad de acatar la sentencia protectora, lo anterior de conformidad con lo establecido por el artículo 196, último párrafo, de la Ley de Amparo. Anotaciones. Finalmente, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese y personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido del licenciado Luis Omar Pérez Ochoa, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Mexicali, Baja California, a quince de marzo de dos mil veintitrés. Oficio. Agréguense a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio remitidos por el Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, con residencia en esta ciudad; mediante el cual informa sobre el cumplimiento al fallo protector. Vista. Con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes quejosa, tercero interesada y representante especial de las menores de edad con iniciales S.C.T. y A.C.T., con las constancias que remite la autoridad oficiante y con las que obran en el presente juicio de amparo, por el término de tres días, para que manifiesten lo que a su interés convenga. Transcurrido dicho plazo, con desahogo de la vista o sin ella, éste juzgado federal dictará resolución fundada y motivada en que declarará si la sentencia está cumplida o no, si se incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. Notifíquese y personalmente. Así lo acordó y firma Rafael Antonio Quiñónez Olivares, Secretario adscrito al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, Encargado del Despacho, en términos del artículo 44, segundo párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 7 de junio de 2021, en virtud de la licencia autorizada a Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, titular de este Juzgado Federal, de las 16:00 horas del 13 de marzo de 2023 y hasta las 15:00 horas del 17 siguiente, por el Secretario Ejecutivo de Carrera Judicial comunicado mediante oficio CCJ/ST/943/2023, de seis de marzo del año en curso, asistido del licenciado Luis Omar Pérez Ochoa, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
TODA VEZ QUE LA PARTE TERCERO INTERESADO NO ATENDIO EL CITATORIO DE 22 DE MARZO DE 2023 SE NOTIFICA POR ESTE MEDIO EL AUTO DE Mexicali, Baja California, a quince de marzo de dos mil veintitrés. Oficio. Agréguense a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio remitidos por el Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, con residencia en esta ciudad; mediante el cual informa sobre el cumplimiento al fallo protector. Vista. Con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes quejosa, tercero interesada y representante especial de las menores de edad con iniciales S.C.T. y A.C.T., con las constancias que remite la autoridad oficiante y con las que obran en el presente juicio de amparo, por el término de tres días, para que manifiesten lo que a su interés convenga. Transcurrido dicho plazo, con desahogo de la vista o sin ella, éste juzgado federal dictará resolución fundada y motivada en que declarará si la sentencia está cumplida o no, si se incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. Notifíquese y personalmente. Así lo acordó y firma Rafael Antonio Quiñónez Olivares, Secretario adscrito al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, Encargado del Despacho, en términos del artículo 44, segundo párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 7 de junio de 2021, en virtud de la licencia autorizada a Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, titular de este Juzgado Federal, de las 16:00 horas del 13 de marzo de 2023 y hasta las 15:00 horas del 17 siguiente, por el Secretario Ejecutivo de Carrera Judicial comunicado mediante oficio CCJ/ST/943/2023, de seis de marzo del año en curso, asistido del licenciado Luis Omar Pérez Ochoa, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
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