Roberto Cornejo Garcia
Expediente 878/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de octubre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 878/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 20/10/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Roberto Cornejo Garcia
Actuaciones
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo, a veinte de octubre de dos mil diecisiete. Por recibido el oficio 11195/2017 suscrito por la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, mediante el cual remite copia certificada de la ejecutoria dictada en sesión de diez de octubre de dos mil diecisiete, la cual en su punto resolutivo dice: "ÚNICO. Es infundado el recurso de queja al que este toca contrae" Confírmese la llegada del oficio de mérito y hágase del conocimiento de las partes la circunstancia anterior para los efectos y fines legales procedentes, y archívese el presente asunto como totalmente concluido. En cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 01/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgado de Distrito, se determina que el presente expediente carece de relevancia documental; por lo que, es destruible. Notifíquese.
- Principal
Agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta sus efectos legales conducentes el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, mediante el cual acusa recibo del oficio a través del diverso en el que se enviaron los anexos correspondientes, asimismo informa que el recurso de queja interpuesto se admitió, mismo que quedó registrado bajo el consecutivo 190/2017 de su índice, circunstancia de la cual queda enterado este Órgano Federal. Notifíquese.
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo, veinte de julio de dos mil diecisiete. Agréguese a sus autos el escrito signado por Roberto Cornejo García y María Janai Rodríguez Castillo apoderados de Pedro Porras Pérez, Presidente Municipal de Tezontepec de Aldama, Hidalgo, contra actos del Tribunal de Arbitraje en el Estado de Hidalgo y otras, por considerarlos violatorios de los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal. DETERMINACIÓN JUDICIAL Ahora, tomando en consideración que el artículo 113 de la Ley de Amparo aplicable impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de derechos para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano, a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro es "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS". Esencialmente la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de derechos es necesario que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Este precepto citado, autoriza al Juzgador a desechar de plano una demanda de derechos, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Del estudio realizado al escrito de demanda se desprende que el acto reclamado se hace consistir en el acuerdo de diecinueve de junio de dos mil diecisiete, en el expediente 688/2016 del Tribunal de Arbitraje del Estado de Hidalgo, acuerdo del cual se desprende lo siguiente: El desistimiento por parte de los hoy promoventes de la demanda intentada en contra Mónica Rodríguez Arce. También se aprecia la continuación de la demanda reconvencional planteada por Mónica Rodríguez Arce, en el expediente 688/2016 del Tribunal de Arbitraje del Estado de Hidalgo. Reconvención que fue debidamente emplazada al Ayuntamiento Municipal de Tezontepec de Aldama. Ahora bien, es preciso establecer que uno de los principios fundamentales que rigen el juicio de amparo, lo es el de la iniciativa o instancia de parte agraviada previsto por la fracción I del artículo 107 de la Constitución General de la República, en relación con el 6 de la Ley de Amparo, que establece que el juicio de derechos únicamente puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte el acto que se reclama. En ese sentido, es necesario establecer el contenido de los artículos 60 y 61 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo, los cuales son del contenido siguiente: "ARTÍCULO 60.- Los Síndicos de los ayuntamientos, tendrán las siguientes facultades y obligaciones: I.- La procuración, defensa y promoción de los intereses Municipales; II.- La representación jurídica del Ayuntamiento, en los litigios en que éste fuera parte; III.- Cuidar que se observen escrupulosamente las disposiciones de ésta Ley, para el efecto de sancionar cualquier infracción que se cometa; IV. Presidir la Comisión de Hacienda Municipal, revisar y firmar la cuenta pública que deberá remitirse al Congreso del Estado conforme a lo establecido en la Legislación vigente e informar por escrito al Ayuntamiento; Vigilar y preservar el acceso a la información, que sea requerida por los miembros del Ayuntamiento; V.- Revisar y firmar los cortes de caja de la Tesorería Municipal, y cuidar que la aplicación de los gastos, se haga con todos los requisitos legales y conforme al presupuesto respectivo; VI.- Intervenir en la formación del inventario general de los bienes que integran el patrimonio del Municipio, a que se refiere el Artículo 87 de ésta Ley; VII.- Legalizar la propiedad de los bienes municipales; VIII.- Demandar ante las autoridades competentes la responsabilidad en que incurran en el desempeño de sus cargos, los funcionarios y empleados del Municipio; IX.- Vigilar los negocios del Municipio, a fin de evitar que se venzan los términos legales y hacer las promociones o gestiones que el caso amerite; X.- Intervenir en la formulación y actualización del inventario general de bienes muebles e inmuebles propiedad del municipio y hacer que se inscriban en un libro especial con expresión de sus valores y características de identificación, así como el destino de los mismos; XI.- Vigilar que las multas que impongan las Autoridades Municipales, se haga de acuerdo a las tarifas establecidas e ingresen a la Tesorería previo el comprobante que debe expedirse en cada caso; XII.- Asistir a los remates públicos que se verifiquen, en los que tenga interés el Municipio, para procurar que se finquen al mejor postor y que se cumplan los términos y demás formalidades prevenidas por la Ley; XIII.- Tramitar las expropiaciones que por causa de utilidad pública fueren necesarias, por los medios que estime convenientes y previa autorización del Ayuntamiento; XIV.- Dar cuenta al Presidente y al Ayuntamiento del arreglo definitivo que se hubiese logrado en los asuntos, del estado que guarden los mismos, a fin de dictar las providencias necesarias y XV.- Las demás que le concedan o le impongan la Ley, los Reglamentos y acuerdos del Ayuntamiento. Ley Orgánica Municipal 19 Los Síndicos, concurrirán a las sesiones del Ayuntamiento, con voz y voto; percibirán su dieta de asistencia que señale el presupuesto de egresos del Municipio y no podrán, en ningún caso, desempeñar cargos, empleos o comisiones remuneradas en la Administración Pública Municipal. ARTÍCULO 61.- Los Síndicos están impedidos para desistirse, transigir, comprometer en arbitrajes, hacer cesión de bienes o arbitrios, salvo autorización expresa que en cada caso le otorguen las dos terceras partes de los integrantes del Ayuntamiento. Así las cosas, de los preceptos citados, debe indicarse que los peticionarios de derechos Roberto Cornejo García y María Janai Rodríguez Castillo apoderados de Pedro Porras Pérez, Presidente Municipal de Tezontepec de Aldama, Hidalgo, carecen de legitimación para promover el presente juicio de amparo, ya que en el caso, atendiendo al artículo 60, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo, el Síndico es el representante legal y jurídico del Ayuntamiento, pues de acuerdo a sus facultades, se encuentran la de defender los derechos e intereses municipales; como en el caso lo es, la afectación que causa el emplazamiento de la reconvención dentro del expediente 688/2016 del Tribunal de Arbitraje del Estado de Hidalgo, no así los aquí quejosos. Aunado a que el Presidente Municipal de Tezontepec de Aldama, Hidalgo no fue considerado como demandado reconvencional por la autoridad responsable, por tanto, no se serán afectados los derechos que en su caso represente. Hecho distinto ocurre con el emplazamiento del Ayuntamiento Municipal de Tezontepec de Aldama, Hidalgo, ya que en ese caso, el único facultado para defender los derechos del Ayuntamiento es el Síndico, ya que dentro de sus facultades se encuentra precisamente la representación jurídica del Ayuntamiento, en los litigios en que éste fuera parte. Por tanto, compete al Síndico del Ayuntamiento Municipal de Tezontepec de Aldama, Hidalgo, defender en su caso el derecho que considere violentado por parte de la autoridad responsable, al haber sido notificada como demandada reconvencional en el expediente 688/2016 del Tribunal de Arbitraje del Estado de Hidalgo y no el Presidente Municipal de Tezontepec de Aldama, Hidalgo. Por lo anterior, se advierte que se debe desechar por manifiesta y notoriamente improcedente, en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6 de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "ARTICULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: . XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." . ARTÍCULO 6.- El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5º de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita". Del precepto reproducido en último término, puede apreciarse que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien le afecte la norma general o el acto reclamado; de ahí la exigencia de que la persona física o moral a quien se afecte en su esfera de derechos por un acto de autoridad, sea quien acuda a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal. A lo anterior resulta aplicable, el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis que a continuación se transcribe: "LEGITIMACIÓN PROCESAL PARA OCURRIR AL AMPARO. La fracción I del artículo 107 constitucional establece como principio esencial del juicio de garantías, el que éste se siga siempre a instancia de parte agraviada, y, a su vez, el artículo 4°. de la Ley de Amparo dispone que el juicio de garantías puede promoverse únicamente por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama. Ahora bien, de la correcta interpretación de los mencionados preceptos, se llega a la conclusión de que la legitimación procesal para ocurrir al amparo sólo la tiene la persona o personas, físicas o morales, directamente agraviadas por la ley o acto que se estime violatorio de garantías, mas no así quien, por ello, indirectamente pudiera resentir algún perjuicio, porque el derecho de promover ese juicio es personalísimo." Ello se considera así, en atención a que el juicio constitucional se rige entre otros, por los principios de iniciativa o instancia de parte y agravio personal, en términos del citado ordinal 4° de la Ley de Amparo, siendo que el primero de los señalados, se refiere a que el juicio jamás pueda operar oficiosamente, esto es, para que nazca, el requisito indispensable es que lo promueva alguien; y en atención al segundo de los principios señaladas, ése alguien tiene que ser la persona a quien perjudique o le cause agravios, el acto o la ley que se reclama, entendiendo por agravio todo menoscabo, ofensa a la persona, física o moral, que puede ser o no patrimonial, siempre que sea material, apreciable objetivamente, en otras palabras, la afectación que en su detrimento aduzca el quejoso debe ser real y no de carácter simplemente subjetivo. De ahí la exigencia de quien se sienta afectado en su esfera de derechos por un acto de autoridad, sea quien presente el escrito de demanda de amparo en calidad de promovente, debidamente firmada, o bien, en caso de no hacerlo, estampando su huella digital e incluso de ser necesario, por conducto de quien legalmente lo represente, pues de no hacerlo así, no se insta al órgano jurisdiccional para que conozca de la contienda constitucional, lo que en el caso no acontece, ya que el Síndico del Ayuntamiento Municipal de Tezontepec de Aldama, Hidalgo, deberá representar y defender en su caso el derecho que considere violentado por parte de la autoridad responsable, al haber sido notificada como demandada reconvencional en el expediente 688/2016 del Tribunal de Arbitraje del Estado de Hidalgo. En consecuencia, ante la evidente causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, ésta última en relación con el diverso 6°, ambos de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de cuenta, en términos del numeral 113 de la ordenamiento legal citado. Es aplicable al caso, la tesis de jurisprudencia visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, Instancia: Tribunal Colegiado de Circuito, tomo: XIV, agosto de 2001, tesis: I.13o.A.4 K, página: 1318, la cual es del texto y rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó, en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e indudable significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, a la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." PRECISIÓN CRITERIOS JURISPRUDENCIALES Asimismo, se considera que los criterios jurisprudenciales invocados se encuentran vigentes y, por tanto, son de observancia obligatoria, en virtud de que en términos del sexto transitorio del decreto por el que se expide la Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, no se opone con lo dispuesto en el ordenamiento vigente. DOMICILIO Se tiene como domicilio de la parte quejosa, el que señala en el escrito que se provee y como autorizados para tales efectos a las personas que cita, pues así lo especifica. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Fredy Francisco Aguilar Pérez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo, asistido del licenciado Cesar David Bejarano Magaña, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.En Pachuca de Soto, Hidalgo, a veinte de julio de dos mil diecisiete, el Secretario da cuenta al Juez Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo, con la (s) promoción (es) registrado (s) con número de control interno .- Conste.Pachuca de Soto, Hidalgo, a veinte de julio de dos mil diecisiete. Así lo proveyó y firma el licenciado Fredy Francisco Aguilar Pérez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo, asistido del licenciado CESAR DAVID BEJARANO MAGAÑA, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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