Roberto Cobos Mendez
Expediente 1041/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1041/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 17/02/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Roberto Cobos Mendez
Actuaciones
- Principal
MESA III.- CAUSA ESTADO EL AUTO DE VEINTICINCO DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO, SE ORDENA EL ARCHIVO DEL PRESENTE ASUNTO. DESTRUCCIÓN.
- Principal
Villahermosa, Tabasco, veinticinco de enero de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, se provee; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase a la siguiente autoridad responsable rindiendo su informe justificado: Oficio Autoridad 3250/2020-III. JUNTA ESPECIAL TREINTA Y SEIS DE LA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN EL ESTADO DE TABASCO. Denominación con la que rinde su informe la autoridad: Presidente de la Junta Especial Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje. Al efecto, agréguese a estos autos para que obre como en derecho corresponda. Con apoyo en el artículo 119 del citado ordenamiento, se tiene por ofrecida la prueba documental que exhibe la responsable, misma que se tiene por admitida y desahogada en razón de su propia y especial naturaleza; la cual por ser documento público se le otorga pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su segundo numeral. En ese contexto, de la constancia remitida por la Junta responsable y el estado procesal que guardan los autos, se advierte que, atendiendo al principio de celeridad procesal que rige el juicio de amparo, contenido en el artículo 17 constitucional, en el caso particular se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que literalmente dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." La expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido lo que originó el juicio de amparo, y por lo tanto desaparecen los efectos de dicho acto de autoridad; es decir, retornan las cosas al estado que guardaban antes de la existencia del acto, como si éste, con independencia de que haya sido o no violatorio de derechos humanos, nunca se hubiese realizado. En ese contexto, al cesar los efectos de acto reclamado se restituye a la parte quejosa en el pleno goce de la garantía individual violada retornando las cosas al estado que guardaban antes de la violación, obteniéndose la teleología del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo; es decir, como si la violación del acto nunca se hubiera realizado, trayendo consigo la improcedencia del juicio debido a que el acto no seguirá trastocando la esfera jurídica del quejoso haciendo innecesario entrar al examen de la constitucionalidad del acto. En ese sentido, de un análisis integral de la demanda de amparo se aprecia que el acto reclamado por la parte quejosa esencialmente consiste en lo siguiente: ? La omisión por parte de la Junta responsable de acordar el escrito de once de diciembre de dos mil dieciocho, signado por la apoderada legal del aquí quejoso, en el juicio laboral 2642/2014, de su estadística. Ahora, de las constancias que anexó a su informe justificado la Junta responsable, se advierte que el cuatro de enero de dos mil veintiuno, emitió un acuerdo por el cual tuvo por recibido el escrito presentado por la apoderada de la parte quejosa, datado de once de diciembre de dos mil dieciocho y, al efecto acordó favorable del desistimiento de diversas probanzas ofertadas por la alla parte actora, por lo que al no haber pruebas pendientes para su desahogo de conformidad a lo establecido en el artículo 884 de le Ley Federal del Trabajo, otorgó a las partes el término legal para formular sus alegatos. Además, en auto de trece de enero de la presente anualidad, con fundamento en el ordinal 885 de la Ley Federal del Trabajo, declaró cerrada la instrucción en el conflicto obrero de origen, de donde se advierte que la responsable, continúa actuando para emitir la resolución correspondiente. En consecuencia, se hace patente que a pesar de que en la fecha en que se ejerció la acción constitucional, el referido acto reclamado existía; empero durante el transcurso del procedimiento del presente juicio éste dejó de surtir sus efectos, como si no se hubiera invadido la esfera jurídica del particular, y sin dejar huella alguna sobre el inconforme que amerite ser borrada por el otorgamiento del fallo protector. En tales condiciones, lo procedente es decretar el sobreseimiento del juicio fuera de audiencia constitucional de conformidad con el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, puesto que ni aún con la celebración de la misma podría desvirtuarse con prueba alguna tal hecho jurídico; de ahí que resulta innecesario y en todo caso contrario al principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional, esperar a que se verifique la citada audiencia, pues invariablemente la conclusión sería la misma. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia clave 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta IX, Junio de 1999, Novena Época; materia Común; página 38, voz y texto que dicen: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Asimismo, es aplicable la Jurisprudencia clave 2a./J. 9/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta VII, Febrero de 1998; materia Común, página 210; de rubor y contenido que dicen: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." No es obstáculo para resolver en el sentido anterior, el hecho de que la audiencia constitucional esté señalada para que tenga lugar a las once horas con trece minutos del veintisiete de enero del año en curso, ya que al haber acontecido una cesación de efectos de los actos reclamados, no tiene objeto alguno el desahogo de probanzas, porque con ninguna de ellas podría desvirtuarse tal situación; en consecuencia, déjese sin efectos la audiencia constitucional de referencia. Lo anterior es así, pues a ningún efecto práctico conduciría celebrar la audiencia constitucional en los términos que refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, para dar oportunidad al quejoso de ofrecer y desahogar las pruebas tendentes a demostrar la existencia o inconstitucionalidad del acto reclamado, ya que la causa de improcedencia subsistirá y el sentido del fallo correspondiente será el mismo, ya que al ser manifiesta e indudable, no es posible que con los elementos de prueba que en su caso llegare a aportar, sea desvirtuada; además dicha determinación no provoca indefensión en el gobernado. De lo que se colige, que esperar a la celebración de la audiencia constitucional para decretar el sobreseimiento, lo único que trae consigo es retardar la impartición de justicia, espíritu que es contrario a la ratio legis del artículo 17 de la Constitución Federal, que en la parte inicial de su párrafo segundo establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Sirve de apoyo a lo anterior, además, la jurisprudencia por contradicción de tesis 26/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resuelta en sesión de siete de febrero de dos mil tres, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Anotaciones. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y comuníquese lo anterior a las partes.
- Principal
Vista la certificación de cuenta, y en cumplimiento a lo establecido en la circular SECNO/1/2021 emitida por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena reanudar la tramitación del presente juicio a partir del estado procesal en que fue suspendido. Por tanto, del estado procesal que guardan los autos, se advierte que se encuentra transcurriendo el término de tres días hábiles concedido a la parte quejosa, mediante proveído de diez de diciembre de dos mil diecinueve (foja 90), para efecto de que proporcione el domicilio correcto en donde pueda ser emplazada a juicio la parte tercero interesada .... toda vez que la notificación respectiva fue realizada por medio de la lista que se fija en los estrados de este órgano jurisdiccional el dieciocho de diciembre del año próximo pasado, por lo que al reanudarse los términos procesales surtirá efectos en esta propia fecha, por lo que transcurrirá del trece al quince de enero del año en curso. En consecuencia, no se está en posibilidad de celebrar la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, por lo que con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo se difiere, y se fijan para su celebración las once horas con trece minutos del diez de febrero de dos mil veintiuno. Una vez que las partes queden debidamente notificadas del presente acuerdo, se reanuda el cómputo de los términos legales decretados en el presente asunto, en la inteligencia que los plazos legales no se reinician, sino continúan su curso, los cuales se computarán a partir de los días y horas transcurridos antes de la suspensión del procedimiento. De conformidad con el esquema de labores que establece el Acuerdo General 21/2020, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, con motivo de la contingencia sanitaria generada por el Covid-19, cuya vigencia se amplió por los diversos 25/2020 y 37/2020, al estar restringido el acceso público a este Juzgado Federal, salvo los supuestos exclusivos en que se agende cita en el sistema electrónico para acceder al órgano jurisdiccional, se indica a las partes que no es necesaria su presencia física para el desahogo de la audiencia constitucional; y, que en su caso, tienen oportunidad de alegar lo que a su derecho corresponda, mediante escritos presentados física o electrónicamente. Finalmente, se ordena agregar a los autos únicamente para que obre como corresponda la copia del oficio remitido por el Administrador del Servicio Postal Mexicano, dirigido al Jefe de Administración Postal 06401 C.O. Naranjo CDMX, mediante el cual le requiere para que a la brevedad posible informe a este juzgado el tratamiento aplicado al acuse de recibo de la pieza postal relativa al oficio 389/2020-III, dirigido al Tribunal Superior Agrario, residente en la Ciudad de México. Lo anterior, en virtud de que dicha pieza postal ya obra en el juicio en que se actúa. En consecuencia, se deja sin efecto el apercibimiento decretado en auto de veinticuatro de noviembre anterior.
- Principal
Se recibe oficio Téngase por recibido el oficio de cuenta signado por el Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, residente en esta ciudad, mediante el cual remite el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Circuito, con residencia en esta ciudad; en atención a su contenido, se provee: Se recibe ejecutoria Visto lo de cuenta, se provee; téngase por recibido el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual devuelve los autos originales del juicio de amparo 1856/2019-II-2 del índice de este Juzgado, promovido por María Guadalupe Pinto Rodríguez contra actos del Juez Civil de Primera Instancia del Décimo Primer Distrito Judicial de Tenosique, Tabasco y otras autoridades, al que acompaña testimonio de la ejecutoria pronunciada el veintidós de octubre pasado, en el toca en revisión 82/2020, así como cuatro tomos de pruebas, acúsese recibo de estilo. Ahora, de los puntos resolutivos de dicha ejecutoria se advierte lo siguiente: ".PRIMERO. Se CONFIRMA la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por **********, contra actos del Juez Civil de Primera Instancia del Décimo Primer Distrito Judicial de Tenosique, Tabasco, Actuario adscrito al mismo, Presidente Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Tenosique, Tabasco, Secretario del Ayuntamiento y Director de Seguridad Pública de dicha municipalidad, que hizo consistir en la falta de emplazamiento y/o llamamiento al juicio especial de desahucio 265/2018, y como consecuencia la orden de entrega voluntaria del bien inmueble con apercibiendo de lanzamiento" Agréguese a estos autos el cuaderno de antecedentes relativo creado con motivo del recurso de revisión, integrado por copias certificadas del presente sumario, deséchense las mismas, y únicamente glósense las constancias originales agregadas con posterioridad a ello; asimismo, háganse del conocimiento de las partes la recepción de dicho testimonio, trascribiéndole el punto resolutivo a las autoridades señaladas como responsables y realícense las anotaciones en el Libro de Gobierno correspondiente. Del archivo del expediente. Asimismo, visto el estado procesal que guardan los presentes autos y como de los mismos se advierte que se trata de un asunto totalmente concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar, se ordena el archivo definitivo del mismo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este Juzgado. De la depuración del expediente Asimismo, en cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, así como al Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en vigor, se establece: El juicio principal es susceptible de destrucción, dado que el mismo se sobreseyó. Por lo que, previo transcurso del plazo de cinco años procédase a su destrucción. El presente expediente carece de relevancia documental. Una vez transcurrido el plazo de tres años remítase este expediente, al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En la carátula del expediente anótese la circunstancia de que el cuaderno principal es destruible, y la fecha en que se ordena su archivo. Háganse las anotaciones en el Libro de Registro de Juicios de Amparo de este Juzgado, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; de igual modo, hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes. Archivo incidente En virtud de que en el presente asunto se solicitó la suspensión del acto reclamado, dese vista con el sentido de este acuerdo en los cuadernos incidentales relativos, a efecto de acordar lo que corresponda respecto de su archivo. Devolución de constancias En otro orden de ideas, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, devuélvase al Juez Civil de Primera Instancia del Décimo Primer Distrito Judicial de Tenosique, Tabasco, cuatro tomos de pruebas, los cuales allegó a su informe justificado. Solicitándose atentamente el acuse de recibo respectivo; en la inteligencia que de no acusar el citado recibo, en el término de tres días hábiles siguientes al en que le surta efectos legales la notificación del presente auto, de conformidad con lo establecido en el artículo 297 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se le tendrá por recibido de conformidad el tomo en comento, para los efectos legales concernientes, bajo su más estricta responsabilidad. Publicación de datos personales Finalmente, se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita. Notifíquese.
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