Roberto Cipres Torres
Expediente 299/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 19 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 299/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 28/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- ROBERTO CIPRES TORRES y Otros.
- Roberto Cipres Torres
- Saira Patricia Pérez López
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
R E S U L T A N D O Primero. Protección de datos personales de la menor de edad. De inicio, es importante destacar que en el caso se encuentra involucrada una persona menor de edad, con calidad de parte quejosa. 1). Por ello, es pertinente referir que en marzo de dos mil doce, la Suprema Corte de Justicia de la Nación elaboró el Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten a niñas, niños y adolescentes; lo anterior, atento a la reforma constitucional de derechos humanos que introdujo entre otros aspectos, la obligación de todas las autoridades, algunas de ellas el Poder Judicial de la Federación y los Poderes Judiciales Locales, de garantizar los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano y también el principio pro persona como guía en las decisiones que se tomen. De ahí que, a efecto de elaborar el citado protocolo, el alto tribunal consideró que instrumentos internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño, debe normar la actuación del Juzgador y la Judicatura respetando los derechos ahí reconocidos. 2). Luego, con sustento en los artículos 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño; 19 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos; 8, incisos a), c), e i); 12, 27 y 28 de las Directrices sobre la Justicia para los niños víctimas y testigos de delitos; 3 A, 13 A de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; 19 de los Derechos a Vivir en Condiciones de Bienestar y a un Sano Desarrollo Psicofísico; la Suprema Corte, emitió en el multireferido protocolo, las medidas para proteger la intimidad y el bienestar de niñas, niños y adolescentes, de las cuales (en lo que interesa) se advierte: "MEDIDAS PARA PROTEGER LA INTIMIDAD Y EL BIENESTAR DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES ---A petición del niño, niña o adolescente, sus padres o tutor, su abogado, la persona de apoyo, cualquier otra persona pertinente designada para prestar asistencia, o de oficio, el tribunal podrá dictar, teniendo en cuenta el interés superior del niño, niña o adolescente, una o más de las medidas siguientes para proteger la intimidad y el bienestar físico y mental de la persona menor de 18 años, y evitar todo sufrimiento injustificado y victimización secundaria: --- a) Suprimir de las actas del juicio todo nombre, dirección, lugar de trabajo, profesión o cualquier otra información que pudiera servir para identificar al niño, niña o adolescente; --- [.] --- d) Asignar un seudónimo o un número al niño, niña o adolescente si es necesario.". 3). Por ello, de oficio, este órgano de control constitucional estima procedente suprimir cualquier dato que permita identificar a la persona menor de edad, que en este juicio tiene el carácter de quejosa, de quien se hará referencia (quejosa menor de edad) o bien, de iniciales ******************** 4). Justificación del uso del concepto menor de edad. Este Tribunal Constitucional considera pertinente apuntar que en esta sentencia se emplearán diversos términos para referirse a la persona que no alcanza la mayoría de edad, cuyos derechos se ventilan en esta contienda, entre dichos conceptos se encuentra también el de -menor de edad-. El uso de la expresión «menor de edad» pretende identificar al niño que se menciona en esta sentencia y describirlo como persona que no ha alcanzado la mayoría de edad en términos de la legislación civil, por lo que no debe ser entendida como un juicio valorativo a través del cual se demerite su dignidad humana. El significado descriptivo [y no valorativo] que se concede a la expresión «menor de edad» para identificar a una persona que no ha alcanzado la mayoría de edad, se respalda en la definición que aparece en el Diccionario Panhispánico del Español Jurídico, así como en el Diccionario Jurídico Mexicano, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. En ese sentido, no es intención de este Tribunal Federal colocar subjetivamente al niño en una situación jerárquica inferior con respecto a los adultos, sino solo describir la situación en que se ubica en razón de su edad y en función de las etapas que la legislación civil reconoce para el goce y ejercicio de sus derechos, así como para la aplicación de instituciones procesales que la Ley de Amparo contempla, tales como la suplencia de la queja deficiente. Con todo ello, el lenguaje que se utiliza en esta sentencia, debe ser entendido como un vehículo siempre perfectible para que el órgano jurisdiccional comunique su veredicto a las partes, de modo que no pretende de algún modo emitir juicios valorativos acerca de la individualidad de las personas que en este asunto participan. Segundo. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el once de mayo de dos mil veintitrés, a través del Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, ******************** por su propio derecho y en cuanto padre y tutor del menor de edad de identidad reservada identificado con las iniciales ********************, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la autoridad y acto reclamado que se precisará en el considerando correspondiente. Tercero. Turno del asunto. Por auto de quince de mayo dos mil veintitrés, este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan, al que se remitió el asunto por cuestión de turno, registró la demanda con el número ********************. Cuarto. Derechos fundamentales que la parte quejosa estima transgredidos. La parte quejosa narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que consideró pertinentes y señaló como derechos fundamentales violados los contenidos en los artículos 14º y 16º, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Quinto. Admisión y trámite de la demanda de amparo. Una vez que el quejoso dio cumplimiento a la prevención destacada en auto de quince de mayo de dos mil veintitrés, en diverso de veinticinco siguiente -mayo de dos mil veintitrés-, se admitió a trámite la demanda (fojas 20-24); se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable; se dio la intervención que legalmente compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y finalmente señaló fecha hora para que tuviera verificativo la celebración de la audiencia constitucional. Sexto. Emplazamiento. En proveído de trece de julio de dos mil veintitrés, se tuvo por legalmente emplaza a la tercera interesada ********************asimismo, obra constancia de emplazamiento practicado al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y demás partes que tienen intervención en el juicio de origen (fojas 26, 53-55, 60, 65 y 77- 81). Séptimo. Celebración de la audiencia constitucional. Sustanciado el trámite relativo al juicio, se celebró la audiencia constitucional prevista en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la cual se llevó a cabo sin la asistencia de las partes, al tenor de lo asentado en el acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O Primero. Competencia. Este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan, es legal y constitucionalmente competente para conocer y resolver el juicio de amparo, con fundamento en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 33 fracción IV, 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo; 49 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la 'determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito'; en virtud que se reclaman actos de autoridad con residencia en la zona geográfica que ejerce jurisdicción este Juzgado Federal, en el caso, la Jueza Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar de Uruapan, Michoacán. Segundo. Fijación de los actos reclamados. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, dispone que toda sentencia debe contener la fijación clara y precisa del acto reclamado. En cumplimiento a tal disposición, con sustento en la jurisprudencia P./J. 40/2000 y tesis P. VI/2004, se procede a fijar en forma clara y precisa los actos reclamados en la presente litis Constitucional, los cuales se advierten del análisis integral del escrito de demanda de amparo, así como a los demás datos que se desprendan de las constancias del expediente, a fin de determinar cuál fue la intención de la parte quejosa al promover el juicio de amparo y estar en condiciones de resolver la cuestión efectivamente planteada. Considerada la demanda de amparo como un todo, y analizadas que fueron las constancias que obran en autos, se precisa que el acto reclamado a la Jueza Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar de Uruapan, Michoacán, esencialmente lo constituye: El acuerdo de dos de mayo de dos mil veintitrés, dictado dentro del juicio especial oral número ********************, en el que dicha Juzgadora suspendió las convivencias entre el aquí quejoso ********************, con su hijo menor de edad de identidad reservada identificado con las iniciales ********************; lo cual deberá prevalecer, hasta en tanto sean recabados por la responsable, los medios de prueba que permitan saber que las convivencias son sanas y no afectan la salud mental de dicho infante. Precisado el acto reclamado, lo procedente es verificar su existencia a fin de que posteriormente, se analicen las causas de improcedencia del juicio de amparo y, en dado caso, su constitucionalidad. Lo anterior tal como lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada de rubro y texto: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACION LOGICA DE SUS CONSIDERANDOS. Del análisis del artículo 77 de la Ley de Amparo se desprende que el legislador estableció una prelación lógica en el orden de los considerandos que integran una sentencia, de manera que el juzgador, al dictarla, debe primero verificar si los actos reclamados existen o no, después cerciorarse si opera o no alguna causa de improcedencia o de sobreseimiento que impida someter, al juicio de constitucionalidad, los actos de autoridad existentes, y finalmente emitir criterio respecto de si éstos se ajustan o no a las garantías individuales contenidas en la Constitución Federal; y, en virtud de esa prelación, resulta incuestionable que cada uno de esos considerandos conservan autonomía y que la naturaleza de su vinculación es exclusivamente de carácter condicionante, pues no puede existir el posterior a falta del anterior. Además, debe destacarse que los considerandos que versan sobre la existencia de los actos reclamados y las causas de improcedencia o de sobreseimiento, constituyen meros requisitos de procedibilidad." También es aplicable la jurisprudencia número XVII.2o. J/10, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, de rubro y texto: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TECNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." Tercero. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la Jueza Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar de Uruapan, Michoacán, por así haberlo manifestado al rendir su informe justificado (foja 45); lo anterior, lejos de estar desvirtuado o contradicho en el juicio de amparo, se encuentra plenamente corroborado con las documentales enviadas por la autoridad responsable, consistente en copia certificada del juico especial oral familiar ********************, a las que se concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al numeral 2º párrafo segundo de la Ley de Amparo, al tratarse de constancias emitidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Tiene aplicación y sirve de apoyo, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "ACTUACIONES JUDICIALES. Las actuaciones judiciales, lo mismo que las copias certificadas de ellas, hacen prueba plena." Así como la tesis de jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal del País, localizable en la página ciento cincuenta y tres del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, Tomo VI, Parte SCJN, que dice así: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." También la número 305 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Novena Época, página 206, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Cuarto. Improcedencia. Previo al estudio del fondo de las cuestiones planteadas, procede analizar si en el caso se actualiza alguna de las hipótesis que hagan improcedente el juicio de garantías, por ser su estudio preferente y de orden público, atento al contenido del artículo 62, de la Ley de Amparo. Ello, dado que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver el fondo de la cuestión planteada. Así, la improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto cuyo análisis es preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio. Lo anterior, en base a la jurisprudencia VI.2o. J/323, Sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro y texto: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Así como la tesis II.1o. J/5, del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, de rubro y texto: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el presente asunto, quien hoy resuelve advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el 61, fracción XXIII, en relación con el 217, ambos de la Ley de Amparo. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis jurisprudencial sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA. El amparo es improcedente cuando se endereza contra actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos." Sobre el particular, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio de que para tener por consentido un acto de autoridad, es necesario que dicho acto exista; que le produzca un agravio al gobernado en su esfera jurídica y, que éste se haya conformado expresamente con él o lo haya admitido por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. Ponderando, desde luego, que el consentimiento puede ser expreso o tácito, según las siguientes proposiciones: 1. Hay consentimiento expreso del acto, cuando directamente se exterioriza que se está de acuerdo o conforme con dicho acto o cuando media una manifestación de voluntad que entrañe ese consentimiento; y 2. Hay consentimiento tácito del acto cuando no se impugna a través de la acción constitucional y dentro de los términos que se conceden para ello. Así, las condiciones necesarias para reputar a un acto como derivado de otro consentido, son precisamente: -La existencia de un acto anterior consentido y; -La existencia de un acto posterior que sea una consecuencia directa y necesaria de aquél. De las documentales que conforman el juicio de origen a las que se han dado valor probatorio pleno, se advierte como actuación destacada el auto de tres de marzo de dos mil veintidós (foja 62 del tomo de pruebas que se maneja por separado), en el cual se proveyó, entre otras cosas, lo siguiente: "Visto el escrito y anexos que presenta ********************, con el carácter que tiene reconocido en autos, dentro del expediente número ********************, téngase en tiempo, como se desprende de la certificación que antecede, desahogando la vista que se le ordenó darle mediante proveído de fecha 23 veintitrés de febrero del año en curso, lo que hace en la forma y términos de su escrito de cuenta. Como lo solicita la ocursante, y atendiendo al estudio en psicología que exhibe del menor de edad ********************, de momento se suspenden las convivencias del menor con su progenitor********************, hasta en tanto obren más medios de prueba que permitan a esta Juzgadora saber que las convivencias son sanas y no afectan al menor. Lo enfatizado es de este Tribunal. (...) (...) Ahora, en el auto reclamado de dos de mayo de dos mil veintitrés (fojas 124 vuelta y 125, del tomo de pruebas que se maneja por separado), la autoridad responsable, entre otras cosas, acordó: "Uruapan, Michoacán, a 2 dos de mayo del año 2023 dos mil veintitrés. Visto el escrito que suscribe ********************, con el carácter que tiene reconocido en autos, dentro del expediente número ********************, téngase cumpliendo con el requerimiento impuesto en proveído de fecha 24 veinticuatro de abril del año en curso, informando que su domicilio particular se ubica en ********************, en el cual habita su menor hijo ******************** Por otra parte, se le tiene manifestando sobre la convivencia entre su menor hijo y el demandado, que solicita el citado demandado, indicando que no impide la convivencia, pero después de su contestación de demanda exhibió la evaluación psicológica que se realizó a su menor hijo, en la cual se muestra el daño emocional que le ocasiona el demandado a su hijo, y siendo cierto, que mediante auto de fecha 3 tres de marzo de del año 2022 dos mil veintidós, se suspendieron las convivencias entre su menor hijo con el demandado, atendiendo al interés superior del menor sobre su calidad emocional, convivencias que quedarían suspendidas hasta en tanto obren los medios de prueba que permitan saber que las convivencias son sanas y no afecten a su menor hijo, aduciendo que el demandado se encuentra enterado de dicha suspensión pues le fue notificado personalmente, por lo que, y en vista de lo anterior, una vez que se tengan las valoraciones psicológicas solicitadas por el demandado para su menor hijo dependiendo de los resultados , se estará en posibilidad de en su caso reanudar las convivencias del menor con su progenitor" Lo enfatizado es de este Tribunal. Del primer proveído (tres de marzo de dos mil veintidós) se advierte que la Juzgadora responsable, desde el tres de marzo de dos mil veintidós, ordenó la suspensión de las convivencias entre el niño de iniciales ********************, con su progenitor, aquí quejoso. Ello, hasta en tanto existieran mejores medios de proba que le permitan determinar si dichas convivencias son sanas y no afectan el sano desarrollo del niño. Y del segundo auto en mención, se observa que la autoridad responsable reiteró dicha suspensión, e inclusive, hizo referencia a tal proveído. En esa virtud, se estima que el auto aquí reclamado de dos de mayo de dos mil veintitrés, es una consecuencia directa e inmediata del proveído de tres de marzo de dos mil veintidós, razón por la cual se estima que es acto derivado de otro consentido. Dicho en otras palabras, la parte quejosa debió impugnar, en todo caso, la suspensión inicial de tres de marzo de dos mil veintidós, y no la reiteración de la misma, formulada por la autoridad responsable, el dos de mayo de dos mil veintitrés, pues al no haberlo hecho en el momento oportuno resulta improcedente el juicio promovido en contra del acto reclamado, al ser un acto derivado de otro consentido. Consecuentemente, al actualizarse la hipótesis prevista por la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el 217, de la Ley de Amparo, a la luz del precepto 63, fracción V, de dicho ordenamiento legal, SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo. Es aplicable a lo anterior, el criterio que sustentó la extinta Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "ACTOS DERIVADOS DE OTROS CONSENTIDOS. Es inexacto que en el artículo 73 de la Ley de Amparo, no se encuentre la causa de improcedencia consistente en que el acto reclamado sea consecuencia de otro consentido, ya que si bien no se menciona expresamente, en cambio, la fracción XVIII, del referido precepto, dispone que el juicio es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna otra disposición de la ley, y la jurisprudencia de esta Suprema Corte ha sostenido, invariablemente, que el amparo que se solicite contra actos que son consecuencia de otros no recurridos oportunamente debe estimarse improcedente, porque al resolver sobre los primeros tendría que examinarse necesariamente la constitucionalidad de los segundos, no obstante que éstos no fueron reclamados dentro del término que para la promoción del juicio de amparo señala la ley respectiva. También es ilustrativa, la tesis XXI.4o.6 K, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, de rubro y texto: "ACTO CONSENTIDO TÁCITAMENTE. TIENE ESE CARÁCTER LA DETERMINACIÓN QUE REITERA LO PROVEÍDO EN ACUERDOS ANTERIORES NO IMPUGNADOS OPORTUNAMENTE POR EL QUEJOSO MEDIANTE EL JUICIO DE GARANTÍAS. El artículo 73, fracción XII, de la ley reglamentaria de los dispositivos 103 y 107 constitucionales, establece que son actos consentidos tácitamente aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los términos que se señalan en los numerales 21, 22 y 218; por tanto, si el quejoso impugnó como acto reclamado un acuerdo cuyo contenido es una reiteración de uno diverso que conoció oportunamente y omitió controvertir dentro del término legal mediante el juicio de garantías, dicho proveído también debe considerarse como un acto consentido tácitamente pues, de estimar lo contrario, bastaría que el quejoso hiciera una solicitud ante la autoridad responsable cuyo acuerdo que le recaiga indefectiblemente sea igual al anterior, sólo con el objeto de actualizar el término de la interposición de la demanda de amparo, lo cual atentaría la observancia de la regla de procedencia del juicio de amparo prevista en la mencionada fracción XII del artículo 73 de la ley citada." Como también es aplicable, por los motivos que la informan la jurisprudencia XI.1º.A.T.J/1(10ª) sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, de rubro y texto "ACCESO A LA JUSTICIA. ES UN DERECHO LIMITADO, POR LO QUE PARA SU EJERCICIO ES NECESARIO CUMPLIR CON LOS PRESUPUESTOS FORMALES Y MATERIALES DE ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA, ASÍ COMO DE OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Todos los Jueces mexicanos deben partir de los principios de constitucionalidad y convencionalidad y, por consiguiente, en un primer momento, realizar la interpretación conforme a la Constitución y a los parámetros convencionales, de acuerdo con el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, incluso de oficio. En función de ello, y conforme al principio pro personae (previsto en el artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos conocida como Pacto de San José de Costa Rica), que implica, inter alia, efectuar la interpretación más favorable para el efectivo goce y ejercicio de los derechos y libertades fundamentales, conforme a los artículos 17 constitucional; 8, numeral 1 y 25, numeral 1, de la citada convención, el derecho humano de acceso a la justicia no se encuentra mermado por la circunstancia de que las leyes ordinarias establezcan plazos para ejercerlo, porque tales disposiciones refieren que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un Juez o tribunal competente; sin embargo, ese derecho es limitado, pues para que pueda ser ejercido es necesario cumplir con los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia para ese tipo de acciones, lo cual, además, brinda certeza jurídica. De igual forma, no debe entenderse en el sentido de que puede ejercerse en cualquier tiempo, porque ello se traduciría en que los tribunales estarían imposibilitados para concluir determinado asunto por estar a la espera de saber si el interesado estará conforme o no con la determinación que pretendiera impugnarse, con la consecuencia de que la parte contraria a sus intereses pudiera ver menoscabado el derecho que obtuvo con el dictado de la resolución que fuera favorable, por ello la ley fija plazos para ejercer este derecho a fin de dotar de firmeza jurídica a sus determinaciones y lograr que éstas puedan ser acatadas. De ahí que si el gobernado no cumple con uno de los requisitos formales de admisibilidad establecidos en la propia Ley de Amparo, y la demanda no se presenta dentro del plazo establecido, o los quejosos no impugnan oportunamente las determinaciones tomadas por la autoridad responsable, ello no se traduce en una violación a su derecho de acceso a la justicia, pues éste debe cumplir con el requisito de procedencia atinente a la temporalidad, por lo que resulta necesario que se haga dentro de los términos previstos para ello, ya que de no ser así, los actos de autoridad que se impugnen y respecto de los cuales no existió reclamo oportuno, se entienden consentidos con todos sus efectos jurídicos en aras de dotar de firmeza a dichas actuaciones y a fin de que los propios órganos de gobierno puedan desarrollarse plenamente en el ámbito de sus respectivas competencias, sin estar sujetos interminablemente a la promoción de juicios de amparo." Sin que la anterior determinación se considere negación de justicia, porque aun cuando en nuestro orden jurídico se reconoce el derecho de tutela judicial efectiva a favor de las personas, no implica que los órganos jurisdiccionales deban estimar que en todos los casos se acreditan las pretensiones de quienes acuden a instar la protección de la Justicia de la Unión, pues ello sería tanto como dar al citado derecho un alcance absoluto que desconocería las limitaciones legal y constitucionalmente admitidas que guardan una razonable relación de proporcionalidad entre los medios que deben emplearse y su fin; es decir, se desvirtuaría la finalidad de instrumentar requisitos y presupuestos procesales que permitan mantener la legalidad y seguridad jurídica requeridas dentro del sistema jurídico, en tanto que se beneficiaría indebidamente a una parte y se desconocerían los derechos de la contraparte en un proceso. Aunado a que las causas de improcedencia y sobreseimiento contenidas en los artículos 61 y 63 de la Ley de Amparo, son compatibles con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues no impiden decidir sencilla, rápida y efectivamente sobre los derechos fundamentales reclamados como violados dentro del juicio constitucional, puesto que su propósito de condicionar el acceso a los tribunales para evitar un sobrecargo en los casos sin mérito, es en sí legítimo. Orienta lo anterior, la tesis del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, de rubro y texto: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 73 Y 74 DE LA LEY DE LA MATERIA, RESPECTIVAMENTE, NO SON INCOMPATIBLES CON EL ARTÍCULO 25.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. Del examen de compatibilidad de los artículos 73 y 74 de la Ley de Amparo con el artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos no se advierte que el derecho interno desatienda los estándares que pretenden proteger los derechos humanos en dicho tratado, por regular causas de improcedencia y sobreseimiento que impiden abordar el estudio de fondo del asunto en el juicio de amparo, en virtud de que el propósito de condicionar el acceso a los tribunales para evitar un sobrecargo de casos sin mérito, es en sí legítimo, por lo que esa compatibilidad, en cuanto a los requisitos para la admisibilidad de los recursos dependerá, en principio, de los siguientes criterios: no pueden ser irracionales ni de tal naturaleza que despojen al derecho de su esencia, ni discriminatorios y, en el caso, la razonabilidad de esas causas se justifica por la viabilidad de que una eventual sentencia concesoria tenga un ámbito de protección concreto y no entre en conflicto con el orden jurídico, no son de tal naturaleza que despojen al derecho de su esencia ni tampoco son discriminatorias, pues no existe alguna condicionante para su aplicabilidad, en función de cuestiones personales o particulares del quejoso. Por tanto, las indicadas causas de improcedencia y sobreseimiento no son incompatibles con el citado precepto 25.1, pues no impiden decidir sencilla, rápida y efectivamente sobre los derechos fundamentales reclamados como violados dentro del juicio de garantías." Tampoco constituye obstáculo a lo determinado, que al momento de su presentación haya sido admitida la demanda de amparo y que se hubiese seguido el trámite de este juicio hasta culminar con la audiencia constitucional respectiva, toda vez que por ser las causas de improcedencia una cuestión de orden público, deben estudiarse preferentemente en cualquier etapa del juicio, si éstas se encuentran plenamente probadas de las constancias que obren en el expediente, sea que la aleguen o no las partes. Tiene sustento a lo indicado, en la tesis del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro y texto: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. PUEDEN EXAMINARSE EN CUALQUIER ESTADO DEL JUICIO DE AMPARO. La circunstancia de que se admita una demanda de garantías, por no advertirse una causal de notoria improcedencia, no impide que el Juez Federal con posterioridad, en la audiencia constitucional, advierta una causal de improcedencia que quede plenamente demostrada de acuerdo a las probanzas y actuaciones que integran el expediente, ya que la causa de improcedencia bien pudo pasar desapercibida al momento de admitirse la demanda, por no ser clara su notoriedad de acuerdo con los elementos que en ese momento tuvo a su alcance el Juez y, posteriormente, ya para dictarse sentencia el referido juzgador advierta claramente la causal de improcedencia que conlleve al sobreseimiento en el juicio de amparo, el que a mayor abundamiento, podrá ser examinado en cuanto a su procedencia por el Tribunal Colegiado en términos de la fracción III del artículo 91 de la Ley de Amparo, lo que evidencia la posibilidad legal de que las causales de improcedencia sean examinadas por el juzgador en cualquier momento de las dos instancias del juicio constitucional". Se precisa que resulta innecesario el estudio de las diversas causales de improcedencia, que en su caso llegasen a actualizarse, dado que, en el presente asunto, como ya quedó establecido, se actualizó la ya indicada y por tanto el que opere o no, alguna otra causa de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución. Al respecto, se cita la jurisprudencia 2a./J. 54/98, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución." Por consiguiente, también se precisa, que la causal de sobreseimiento mencionada, impide realizar el análisis de los conceptos de violación planteados en la demanda de amparo, ya que el sentido del fallo no solo no obliga a ello, sino que veda la posibilidad para realizarlo, pues de lo contrario tal proceder sería incongruente, en virtud de que la principal consecuencia del sobreseimiento es poner fin al juicio sin resolver la controversia de fondo. Son aplicables sobre el particular las tesis de jurisprudencia de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." En el entendido que los diversos criterios contenidos en la presente resolución, resultan aplicables al caso en términos de lo establecido en el Artículo Sexto Transitorio del Decreto por el cual se expidió la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en vigor a partir del día siguiente, el cual dispone: "La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente ley". Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 10/2016 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011, NO IMPLICA QUE LA EMITIDA CON ANTERIORIDAD A AQUÉLLA SE TORNE OBSOLETA. La citada reforma que dio origen a la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, no implica que la jurisprudencia emitida en términos de los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo abrogada, con anterioridad a aquélla, se torne obsoleta, por el contrario, sigue vigente y es obligatoria. No obsta a lo anterior, el hecho de que tomando como sustento el cambio de parámetros que originó el nuevo contenido del artículo 1o. constitucional, los órganos autorizados para integrar jurisprudencia puedan variar algunos de los criterios sostenidos tradicionalmente, atendiendo para ello a las particularidades de cada asunto." Quinto. Publicidad. En términos de lo previsto en los artículos 113, 118, 119 y 120, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos. Sexto. Firma Electrónica. Finalmente, de conformidad con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en relación con el punto tercero del diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se ordena que la firma de este asunto se realice a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), al tener ésta el mismo valor que la autógrafa. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 61, fracción XXIII, 217, 63, fracción V, 65, 73, 75, 107, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E Primero. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ******************** por su propio derecho y en cuanto padre y tutor del menor de edad de identidad reservada identificado con las iniciales ********************, respecto de la autoridad responsable y acto reclamado precisado en el considerando segundo y por las razones expuestas en el decisorio cuarto del presente fallo. Segundo. En términos del quinto considerando de la presente resolución, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial. Tercero. En términos del sexto considerando de la presente resolución, se ordena que la firma de este asunto se realice a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), al tener ésta el mismo valor que la autógrafa. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE; POR OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE.
- Incidental
Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, en atención a su contenido, téngase a la Jueza Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán de Ocampo, en acatamiento a la suspensión definitiva concedida a la parte quejosa en interlocutoria de uno de junio de dos mil veintitrés, informando: ".que de momento no se le han practicado los estudios psicológicos a la parte actora en virtud a que se le requirió para que acudiera a las oficinas de la Dirección de Desarrollo Integral de la Familiar DIF Municipal, mencionando la misma que no tiene recursos para realizarse dichos estudios solicitando dicho costo sea cubierto por el demandado, el cual manifestó su inconformidad, insistiendo este último en requerir de nuevo a la actora para que acreditara con documento idóneo que ya acudió a las instalaciones del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia Dif Municipal de esta ciudad para el efecto de que se le practique la valoración psicológica y estudio socioeconómico ordenados y por lo que ve a los estudios ordenados al demandado se designó a la psicóloga Roxana Marcela Quiróz Ibáñez, como asesora pericial en el desahogo y ratificación del dictamen ya emitido por la perito adscrita al Sistema Dif de esta ciudad, en el entendido de que se ordenó notificarle personalmente dicho cargo para su aceptación, sin que al día de hoy obre en autos la aceptación referida." Lo que acredita con las documentales que para ello anexa. Circunstancia de la que se toma conocimiento, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE.Así lo proveyó y firma la licenciada Mónica Montes Manrique, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en la ciudad de Uruapan, asistida del licenciado Juan Alfredo Jiménez Vera, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Incidental
Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintidós de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, a través del cual, el Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán, informa que en proveído de dieciséis de agosto de dos mil veintitrés, dictado en los autos del juicio especial oral familiar ********************, de donde deriva el acto reclamado, en atención al escrito presentado por el autorizado del demandado -********************-, determinó que por el momento no es factible reanudar la convivencia del progenitor con su hijo, hasta en tanto se tengan las valoraciones psiquiátricas ordenadas al demandado -aquí quejoso ********************-, para que ése órgano esté en condiciones de determinar lo conducente, tomando en cuenta el interés superior del infante. Información que hace llegar en cumplimiento a la suspensión definitiva concedida a la parte quejosa en interlocutoria de uno de junio de dos mil veintitrés; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE.
- Incidental
Uruapan, Michoacán de Ocampo, diecisiete de agosto de dos mil veintitrés. AGREGA OFICIO. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, en atención a su contenido, téngase a la Jueza Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán de Ocampo, informando los trámites que se encuentra realizando a efecto de dar cumplimiento a la medida cautelar concedida a la parte quejosa en el presente incidente, lo que acredita con las documentales que para ello anexa. Con el oficio y anexo de cuenta, dése vista a la parte quejosa para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE.
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