Roberto Chávez Alvarado

Expediente 1035/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 14 actuaciones registradas, la última del 27 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1035/2021
Año
2021
Actuaciones
14
Última actuación
27/12/2022

Partes del expediente

  • Roberto Chávez Alvarado
  • Titular del Órgano de Operación Administrativa Delegacional Regional en Michoacán del Instituto Mexicano del Seguro Social

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintisiete de diciembre de dos mil veintidós. Informa auto quedó firme y devuelve autos originales, se acusa recibo. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el oficio proveniente del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Decimoprimer Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa, que se declaró firme el proveído de presidencia en que se desechó el incidente de inejecución de sentencia 5/2022, de su índice, toda vez que no se interpuso recurso de reclamación en su contra; asimismo, devuelve los autos originales del juicio de amparo en que se actúa. Acúsese recibo. 1.2. Sin mayor pronunciamiento. En atención a su contenido, sin que haya lugar a realizar mayor pronunciamiento al respecto, debido a que en auto de dieciséis de junio, causó estado el diverso proveído de veinte de mayo de dos mil veintidós, en el que se declaró sin materia el cumplimiento de la ejecutoria de amparo; y, por tanto se ordenó el archivo del asunto como concluido. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la persona secretaria Bernardo Loya Valdovinos.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, dieciséis de junio de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee. Pronunciamiento causa estado. De la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa, no interpuso el recurso de inconformidad en contra de la resolución del veinte de mayo de dos mil veintiuno, que declaró sin materia el cumplimiento de la ejecutoria de amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo, se declara que la misma ha causado estado. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas tanto en los libros de gobierno como el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Valoración. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; toda vez que, se sobreseyó y se concedió la protección constitucional, se determina que el presente sumario es susceptible de DEPURACIÓN. Destino del expediente y transferencia (depuración, principal). Atento a lo anterior, una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo la depuración de los autos en que se actúa, acorde a lo establecido en el capítulo séptimo del Acuerdo General arriba citado; por lo que únicamente se deberá conservar la demanda, resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al juicio, la resolución que le otorga autoridad de cosa juzgada y la presente determinación, donde se declara el archivo definitivo. Después, materializar la trasferencia de la serie documental restante, al depósito dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación que sea indicado, previa petición que al efecto se realice. Documentos originales. Finalmente, hágase saber a las partes que para el caso de que hayan exhibido documentos originales que obren en el expediente, contarán con el plazo de noventa días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos, apercibidos de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese a las partes en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Miguel Ángel Ramírez Argüello, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, veinte de mayo de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee. Tribunal Colegiado informa desechamiento de incidente de inejecución de sentencia. Téngase por recibido el oficio que remite el Actuario adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, por medio del cual hace del conocimiento de este órgano jurisdiccional que mediante proveído de diecisiete de mayo de la presente anualidad, determinó desechar el incidente de inejecución de sentencia planteado. Acúsese recibo. Ahora bien, toda vez que este juzgado no planteó incidente de inejecución, sino solicitó pronunciamiento del Tribunal sobre la imposibilidad de declarar cumplida la ejecutoria de amparo, en términos del último párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo; y sobre ese aspecto no se pronunció el tribunal de alzada, entonces, se procede a hacer el siguiente pronunciamiento. Efectos del fallo protector. Mediante sentencia dictada el veinte de diciembre de dos mil veintiuno, dentro del presente juicio de amparo, se concedió la protección constitucional a Roberto Chávez Alvarado, para los siguientes efectos: 1.- Continuar proporcionando el tratamiento que requiera al quejoso Roberto Chávez Alvarado, con motivo de sus padecimientos de cáncer de colon y recto metastásico 2.- En el entendido de que la atención médica prestada deberá ser integral, con el propósito de procurar el tratamiento terapéutico y farmacéutico del paciente, ya sea para lograr su reversibilidad o curación o, de ser el caso, procurando la garantía del tratamiento necesario para el control de su sintomatología, así como el control del deterioro de su integridad física y psíquica, es decir, tomando en cuenta el estado de salud del paciente, así como sus requerimientos clínicos y médicos; procurando que el tratamiento sea siempre el más adecuado para el restablecimiento de su estado físico y mental, lo anterior siempre bajo la más estricta responsabilidad de los médicos tratantes y especialistas que tengan bajo su encargo la salud de la quejosa. Lo anterior, bajo la premisa que esta Juzgadora Federal acota el contenido de la presente sentencia para efectos de establecer que el derecho a la salud de la quejosa previsto por el artículo 4º de la Constitución Federal ha sido vulnerado, y que debe continuar la atención médica integral, absteniéndose de indicar o sugerir determinado tratamiento o medicamento, pues tales decisiones corresponden y son responsabilidad únicamente de los médicos tratantes, quienes como se ha dicho, deben maximizar sus esfuerzos y recursos para efecto de que la quejosa continúe con la atención médica tendente al restablecimiento de su salud. 3.- En el entendido de que si el paciente requiere algún medicamento específico le sea proporcionado, sea parte de cuadro básico de insumos o medicamentos o no. 4.- Asimismo, la atención otorgada deberá garantizar que el tratamiento se preste de forma oportuna, permanente y constante, garantizando que las unidades médicas o instituciones de salud que se encarguen de la garantía del tratamiento, lo hagan de conformidad con los estándares más altos de tecnología y especialización médica. 5.- Asimismo, deberán elaborar un programa integral que sea adecuado para la atención y tratamiento del padecimiento de la quejosa. 6.- Sin perjuicio de que las citas programadas de revisión, puedan ser modificadas o ajustadas conforme evolucione la salud de la paciente, teniendo siempre como eje rector la recuperación de la enfermedad o el control de la sintomatología. 6.- Respecto al expediente clínico del paciente deberá actualizarse conforme evolucione su historial médico, y mantener constantemente informada a la paciente respecto del avance de su condición de salud, en términos de las fracciones V y VII del artículo 77 bis 37 de la Ley General de Salud. 7.- En todo caso, las responsables deberán informar de manera periódica, sobre las sesiones y citas programadas y el resultado de las mismas, así como de toda acción que sea parte del tratamiento de la paciente y la evolución de su salud. En auto de siete de marzo de dos mil veintidós, causó ejecutoria; y, se requirió a las autoridades responsables para los efectos antes precisados. Actos realizados por la autoridad responsable tendientes al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. En quince de marzo de dos mil veintidós, Ana Gabriela Silva Mendoza, apoderada jurídica del Instituto Mexicano del Seguro Social en Michoacán, Delegación Regional en Michoacán, en representación de las autoridades responsables, informó que el peticionario de amparo Roberto Chávez Alvarado, falleció en veintiocho de enero de dos mil veintidós, en el nosocomio correspondiente al HGR número uno, debido a un paro cardiorrespiratorio, realizándole maniobras de reanimación, sin que se presentara retorno de la circulación espontánea, esto derivado de haber ingresado en catorce de enero del año en curso. En tales condiciones, se requirió a la Directora del Registro Civil de esta Ciudad, para que remitiera acta de defunción del citado quejoso, la cual fue recibida en esta fecha. Análisis sobre el cumplimiento al fallo protector. En mérito a lo anterior y dado el fallecimiento del quejoso, se concluye que existe la imposibilidad de seguir proporcionado el servicio médico y tratamiento requerido conforme al padecimiento que le aquejaba con el objetivo de garantizar el máximo posible el derecho a la salud, acorde a lo establecido en la Constitución Federal, se advierte que se encuentra sin materia el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Ello es así porque, como se citó con anterioridad, el quejoso Roberto Chávez Alvarado falleció el veintiocho de enero de dos mil veintidós y al versar el presente asunto en torno a la violación de derechos de la salud del quejoso no es posible restituir los mismos. Pronunciamiento. De la anterior relación lo procedente es declarar sin materia el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, porque ante la muerte del quejoso, las autoridades responsables se encuentran impedidas para realizar las acciones necesarias para restituirlo en el goce de sus derechos, de ahí que no exista jurídicamente materia para analizar el cumplimiento. Resulta aplicable la tesis de rubro y texto siguientes: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA SIN MATERIA EL CUMPLIMIENTO DELA EJECUTORIA DE AMPARO DIRECTO. El artículo 201, fracción II, de la Ley de Amparo establece que el recurso de inconformidad procede contra la resolución que declare que existe imposibilidad material o jurídica para cumplirla u ordene el archivo definitivo del asunto, sin prever de manera expresa que también sea admisible cuando se interpone contra la resolución que declare sin materia dicho cumplimiento. Ahora bien, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 250/2015, de la que derivó la jurisprudencia P./J. 18/2016 (10a.), estableció que el artículo 201 de la Ley de Amparo no debe interpretarse de manera literal y estricta para determinar la procedencia del recurso de inconformidad, en virtud de que algunos casos no se encuentran previstos en forma expresa, pero debe tomarse en cuenta que si sus efectos jurídicos son similares a los contenidos en sus enunciados, esos asuntos deben admitirse a trámite, privilegiando el derecho humano de acceso a la justicia. En consecuencia, esto acontece cuando en el juicio de amparo directo se declara que el cumplimiento del fallo protector ha quedado sin materia, supuesto que si bien no se encuentra descrito en la fracción II del artículo 201 mencionado, lo cierto es que es asimilable a las hipótesis que sí prevé, consistentes en la imposibilidad material o jurídica para cumplir la ejecutoria, pues la carencia de materia implica lógicamente que se tornen irrealizables las consecuencias de la protección constitucional otorgada. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Miguel Ángel Ramírez Argüello, secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, veinticinco de marzo de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee. Téngase por recibido el oficio que remite el Director del Registro Civil en el Estado, con sede en Ciudad, por medio del cual da cumplimiento al requerimiento formulado en autos, y anexa copia del acta de defunción correspondiente al quejoso Roberto Chávez Alvarado. Efectos del fallo protector. Mediante sentencia dictada el veinte de diciembre de dos mil veintiuno, dentro del presente juicio de amparo, se concedió la protección constitucional a Roberto Chávez Alvarado, para los siguientes efectos: 1.- Continuar proporcionando el tratamiento que requiera al quejoso Roberto Chávez Alvarado, con motivo de sus padecimientos de cáncer de colon y recto metastásico 2.- En el entendido de que la atención médica prestada deberá ser integral, con el propósito de procurar el tratamiento terapéutico y farmacéutico del paciente, ya sea para lograr su reversibilidad o curación o, de ser el caso, procurando la garantía del tratamiento necesario para el control de su sintomatología, así como el control del deterioro de su integridad física y psíquica, es decir, tomando en cuenta el estado de salud del paciente, así como sus requerimientos clínicos y médicos; procurando que el tratamiento sea siempre el más adecuado para el restablecimiento de su estado físico y mental, lo anterior siempre bajo la más estricta responsabilidad de los médicos tratantes y especialistas que tengan bajo su encargo la salud de la quejosa. Lo anterior, bajo la premisa que esta Juzgadora Federal acota el contenido de la presente sentencia para efectos de establecer que el derecho a la salud de la quejosa previsto por el artículo 4º de la Constitución Federal ha sido vulnerado, y que debe continuar la atención médica integral, absteniéndose de indicar o sugerir determinado tratamiento o medicamento, pues tales decisiones corresponden y son responsabilidad únicamente de los médicos tratantes, quienes como se ha dicho, deben maximizar sus esfuerzos y recursos para efecto de que la quejosa continúe con la atención médica tendente al restablecimiento de su salud. 3.- En el entendido de que si el paciente requiere algún medicamento específico le sea proporcionado, sea parte de cuadro básico de insumos o medicamentos o no. 4.- Asimismo, la atención otorgada deberá garantizar que el tratamiento se preste de forma oportuna, permanente y constante, garantizando que las unidades médicas o instituciones de salud que se encarguen de la garantía del tratamiento, lo hagan de conformidad con los estándares más altos de tecnología y especialización médica. 5.- Asimismo, deberán elaborar un programa integral que sea adecuado para la atención y tratamiento del padecimiento de la quejosa. 6.- Sin perjuicio de que las citas programadas de revisión, puedan ser modificadas o ajustadas conforme evolucione la salud de la paciente, teniendo siempre como eje rector la recuperación de la enfermedad o el control de la sintomatología. 6.- Respecto al expediente clínico del paciente deberá actualizarse conforme evolucione su historial médico, y mantener constantemente informada a la paciente respecto del avance de su condición de salud, en términos de las fracciones V y VII del artículo 77 bis 37 de la Ley General de Salud. 7.- En todo caso, las responsables deberán informar de manera periódica, sobre las sesiones y citas programadas y el resultado de las mismas, así como de toda acción que sea parte del tratamiento de la paciente y la evolución de su salud. En auto de siete de marzo de dos mil veintidós, causó ejecutoria; y, se requirió a las autoridades responsables para los efectos antes precisados. Actos realizados por la autoridad responsable tendientes al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. En quince de marzo de dos mil veintidós, Ana Gabriela Silva Mendoza, apoderada jurídica del Instituto Mexicano del Seguro Social en Michoacán, Delegación Regional en Michoacán, en representación de las autoridades responsables, informó que el peticionario de amparo Roberto Chávez Alvarado, falleció en veintiocho de enero de dos mil veintidós, en el nosocomio correspondiente al HGR número uno, debido a un paro cardiorrespiratorio, realizándole maniobras de reanimación, sin que se presentara retorno de la circulación espontánea, esto derivado de haber ingresado en catorce de enero del año en curso. En tales condiciones, se requirió a la Directora del Registro Civil de esta Ciudad, para que remitiera acta de defunción del citado quejoso, la cual fue recibida en esta fecha. En mérito a lo anterior y dado el fallecimiento del quejoso, se concluye que existe la imposibilidad de seguir proporcionado el servicio médico y tratamiento requerido conforme al padecimiento que le aquejaba con el objetivo de garantizar el máximo posible el derecho a la salud, acorde a lo establecido en la Constitución Federal. Con base en ello, se concluye que este Juzgado tiene imposibilidad para pronunciarse sobre el cumplimiento cabal de la sentencia de amparo, como se determinó en la sentencia de amparo. Por tanto, se otorga a las partes la posibilidad de interponer el recurso de inconformidad dentro del plazo previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, en contra del presente auto; y, en caso de no hacerlo, entonces se deberán remitir los autos a la Superioridad para la revisión oficiosa a que se refiere el artículo 196 de la Ley de Amparo. Notifíquese; y personalmente a las partes con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para Resguardar la Integridad y Salud de Quienes Realicen la Notificación y de las Personas Justiciables. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Miguel Ángel Ramírez Argüello, secretario que autoriza y da fe.

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