Roberto Chavarría Vega
Expediente 163/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de marzo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 163/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 08/03/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Roberto Chavarría Vega
Actuaciones
- Principal
Razón: En ocho de marzo de dos mil dieciocho, el licenciado Francisco Sacramento Partida Soto, Secretario del Juzgado, da cuenta al Juez, con la certificación que antecede y con el estado de los autos. Conste. San Luis Potosí, San Luis Potosí, ocho de marzo de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído de veintiuno de febrero de dos mil dieciocho, por el que se desechó la demanda de amparo promovida por Roberto Chavarría Vega, con fundamento en la fracción II, del numeral 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. Devuélvase el anexo que adjunto la autoridad responsable Presidente de la Segunda Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, a su respectivo informe de ley, En virtud de lo anterior y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar, archívese el presente expediente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Ahora bien, acorde a lo establecido en el punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes generados en los Juzgados de Distrito, debido a que por proveído de veintiuno de febrero de dos mil dieciocho, se desechó la demanda de amparo de que se trata, determinación que causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran más de cinco años conforme a lo previsto en el citado punto; además de que no se considera de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente; sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiuno de febrero de dos mil dieciocho. Visto el oficio de cuenta, que remite la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito, en el que transcribe el acuerdo de diecinueve de febrero del año en curso, emitido dentro del amparo directo penal 35/2018, por el que el aludido Tribunal Colegiado declaró carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo, por considerar que el acto reclamado no se hace consistir en una sentencia definitiva o una resolución que ponga fin al juicio; fórmese y regístrese el expediente de amparo respectivo bajo el consecutivo 163/2018-IV. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. Ahora, el suscrito procede al estudio de la demanda en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual literalmente establece: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Conforme al artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe examinar la demanda de amparo y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe ser desechada de plano, sin suspender el acto reclamado. Para lograr tal propósito es preciso recurrir al escrito de demanda, a efecto de establecer el acto que se controvierte y demás presupuestos procesales que hacen, en caso de actualizarse, procedente el juicio. En ese tenor, la parte quejosa reclama de los Magistrados que integran la Segunda Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en su carácter de autoridad ordenadora, así como del Juez Segundo del Ramo Penal de esta ciudad, en su calidad de ejecutora, el acto que precisó de la siguiente manera: "IV.- ACTOS RECLAMADOS: La sentencia de segunda instancia de fecha 19 de Diciembre de 2017, que recayó al toca número 869/17, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por mi parte, en contra de la resolución de fecha 16 de agosto de 2017, emitida por el Juez Segundo del Ramo Penal de esta Capital, en los autos de la Averiguación Judicial número 35/2017, mediante la cual negó LIBRAR ORDEN DE APREHENSIÓN a LUIS ALEJANDRO FRIAS MARTINEZ Y ELIZABETH ROSAS TRUJANO por el delito de FRAUDE ESPECIFICO.". En relación con dicho acto reclamado, el suscrito advierte que se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV, primer párrafo, en relación con los diversos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, dispositivos los cuales instituyen lo siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". Del contenido de dichos preceptos legales, se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiendo dicho consentimiento como el hecho de dejar transcurrir el término que prevé la Ley de la Materia para promover el juicio de amparo, es decir, que al haber permitido que transcurriese el plazo señalado por la Ley de la Materia para impugnar el acto reclamado, se entiende debidamente aceptado el mismo. Lo anterior es así, toda vez que de la parte inicial del numeral 17 del ordenamiento legal referido, se desprende en forma categórica que el plazo para la interposición de la demanda de amparo es de quince días, con las salvedades a que alude el ya señalado artículo, en cuyas hipótesis no se encuentra el acto reclamado por la quejosa; asimismo, del segundo de los dispositivos en comento, se desprenden tres supuestos jurídicos para el cómputo del plazo establecido para el ejercicio de la acción constitucional, siendo éstos los siguientes: a. Que el plazo de quince días para promover el amparo, se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos la notificación al quejoso, de la resolución o acuerdo que impugne, conforme a la ley de la materia que rige el acto reclamado; y, b. Que dicho plazo comienza a correr al día siguiente al en que el quejoso tuvo conocimiento del acto reclamado o de su ejecución. c. El amparo debe pedirse dentro de los quince días siguientes a aquél en el que el quejoso se ostentó como sabedor del acto reclamado. Como se puede advertir, el precepto en consulta hace una clara distinción de los momentos en los que imperativamente debe promoverse el juicio de amparo, pues las hipótesis que previenen se encuentran relacionadas mediante la conjunción "o", de lo que válidamente se deduce que dichos supuestos son excluyentes entre sí y no guardan un orden de preferencia, pues de haberlo querido, el legislador habría señalado su orden de prelación. Ahora bien, como se adelantó, la parte quejosa reclama en la presente instancia constitucional, la determinación emitida por la Segunda Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, el diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete, dentro del toca número 869/17, a través de la cual confirmó la resolución de primera instancia recurrida emitida por el Juez Segundo del Ramo Penal de esta ciudad, el nueve de agosto del mismo año, dentro de la averiguación judicial 35/2017, a través de la cual negó librar orden de aprehensión en contra de Luis Alejandro Frías Martínez y Elizabeth Rosas Trujano, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de fraude especifico. Determinación reclamada que, de conformidad con lo expuesto por la quejosa bajo protesta de decir verdad, le fue notificada "por conducto de su abogado" el ocho de enero de dos mil dieciocho. Manifestación que al haber sido realizada bajo protesta de decir verdad por la parte quejosa, hace prueba plena de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2. Además, cabe señalar que dicha circunstancia se corrobora con las constancias que el Presidente de la Segunda Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, adjuntó a su informe de ley, consistentes en la averiguación penal 35/2017 y toca de apelación 869/2017, las cuales por ser documentos públicos merecen valor pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Toca de cuya razón actuarial que obra al reverso de la determinación reclamada (foja 55 vuelta), se advierte que se notificó al quejoso en su calidad de parte ofendida, por medio de cedula de notificación el ocho de enero del año en curso. Al respecto cabe destacar el contenido del artículo 77 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de San Luis Potosí, el cual es del tenor siguiente: "ARTICULO 77. Los términos son improrrogables y empezarán a correr el día siguiente al de la fecha de la notificación, salvo en los casos dispuestos en este Código.". Del precepto legal transcrito se desprende que, de conformidad con el Código Adjetivo Penal del Estado, los términos empezaran a correr a partir del día siguiente al de la notificación. Luego, tomando en consideración lo anterior, el término de quince días para instar la acción constitucional en contra de la determinación emitida por la Sala responsable, el diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete, inició el nueve de enero del año en curso, y feneció el día veintinueve del mismo mes y año, sin contar los días trece, catorce, veinte, veintiuno, veintisiete y veintiocho de enero del año en cita, por haber sido inhábiles. Por tanto, si la presente demanda constitucional se presentó hasta el treinta de enero de dos mil dieciocho, ante la autoridad responsable Segunda Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, según se advierte de la firma de recibido que obra en la parte superior izquierda del ocurso de amparo (foja 5 de autos), es evidente que la acción constitucional se instó fuera del plazo legal correspondiente, lo que jurídicamente implica que debe estimarse consentido tácitamente el acto ya existente a la fecha de presentación de la demanda y que por esta vía reclama la parte quejosa, pues se hizo fuera del plazo de quince días previsto por el artículo 17 de la Ley de la Materia. Resulta aplicable la tesis P./J. 10/2017 del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Materia Común, Libro 42, Mayo de 2017, Tomo I, Pagina 8, que dispone: "NOTIFICACIONES. POR REGLA GENERAL SURTEN SUS EFECTOS EN EL MOMENTO EN EL QUE SE PRACTICAN, SALVO DISPOSICIÓN LEGAL EXPRESA. La notificación es el acto procesal mediante el cual el órgano jurisdiccional da a conocer a las partes algún acontecimiento dentro del procedimiento y se materializa a través de la diligencia practicada por un funcionario con fe pública, por lo que goza de presunción de legalidad y es eficaz desde su emisión; de ahí que como acto público con fecha cierta, válidamente produce sus efectos desde que se practica, por lo que para generar consecuencias distintas, es necesario que la ley disponga la forma en que deben producirse sus efectos. En ese sentido, el surtimiento de efectos de la notificación se entiende como la posibilidad de que dicha diligencia pueda incidir en la esfera de alguna de las partes, con la finalidad de que conozca lo que acontece en el juicio y, en su caso, empiecen a correr los plazos para hacer valer algún derecho. Así, aun cuando las normas no señalen expresamente en el capítulo de notificaciones el momento en que surtirán sus efectos, debe entenderse que es aplicable la regla general relativa a que ello acontece en el momento en el que se practican, de manera que los cómputos inician a partir del día siguiente de haberse realizado, salvo disposición legal expresa.". En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia a que se refiere la fracción XIV, del artículo 61 de la Ley de la Materia en vigor, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley invocada, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, y notifíquese el presente acuerdo en forma personal al promovente. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica en el proemio de la demanda y como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de la Materia, a Ricardo Martín Cabrera Posadas y Dalet María Rivero Sánchez, con número de cédula profesional número 3630534 y 4817018, respectivamente, registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y en términos restringidos del ibídem a Brenda Solano Puente y Francisco Flores Becerril, por así haberlo solicitado. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional y 21 último párrafo de la Ley de Amparo, atendiendo a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del último de los numerales invocados. En ese mismo sentido, en aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la Ley de Amparo, desde este momento se faculta al Actuario de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa más no limitativamente se precisa, no conozca a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectué (previa razón asentada como soporte), por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado de Distrito; en la inteligencia de que dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo domicilio para tal efecto. Por lo expuesto y fundado, se acuerda: ÚNICO. Se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por ROBERTO CHAVARRÍA VEGA, contra actos de los Magistrados que Integran la Segunda Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y de otra autoridad, por las consideraciones ya expuestas. Notifíquese personalmente al promovente.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE ESTA FECHA QUE DICE:"San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiuno de febrero de dos mil dieciocho. Visto el oficio de cuenta, que remite la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito, en el que transcribe el acuerdo de diecinueve de febrero del año en curso, emitido dentro del amparo directo penal 35/2018, por el que el aludido Tribunal Colegiado declaró carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo, por considerar que el acto reclamado no se hace consistir en una sentencia definitiva o una resolución que ponga fin al juicio; fórmese y regístrese el expediente de amparo respectivo bajo el consecutivo 163/2018-IV. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. Ahora, el suscrito procede al estudio de la demanda en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual literalmente establece: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Conforme al artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe examinar la demanda de amparo y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe ser desechada de plano, sin suspender el acto reclamado. Para lograr tal propósito es preciso recurrir al escrito de demanda, a efecto de establecer el acto que se controvierte y demás presupuestos procesales que hacen, en caso de actualizarse, procedente el juicio. En ese tenor, la parte quejosa reclama de los Magistrados que integran la Segunda Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en su carácter de autoridad ordenadora, así como del Juez Segundo del Ramo Penal de esta ciudad, en su calidad de ejecutora, el acto que precisó de la siguiente manera: "IV.- ACTOS RECLAMADOS: La sentencia de segunda instancia de fecha 19 de Diciembre de 2017, que recayó al toca número 869/17, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por mi parte, en contra de la resolución de fecha 16 de agosto de 2017, emitida por el Juez Segundo del Ramo Penal de esta Capital, en los autos de la Averiguación Judicial número 35/2017, mediante la cual negó LIBRAR ORDEN DE APREHENSIÓN a LUIS ALEJANDRO FRIAS MARTINEZ Y ELIZABETH ROSAS TRUJANO por el delito de FRAUDE ESPECIFICO.". En relación con dicho acto reclamado, el suscrito advierte que se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV, primer párrafo, en relación con los diversos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, dispositivos los cuales instituyen lo siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". Del contenido de dichos preceptos legales, se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiendo dicho consentimiento como el hecho de dejar transcurrir el término que prevé la Ley de la Materia para promover el juicio de amparo, es decir, que al haber permitido que transcurriese el plazo señalado por la Ley de la Materia para impugnar el acto reclamado, se entiende debidamente aceptado el mismo. Lo anterior es así, toda vez que de la parte inicial del numeral 17 del ordenamiento legal referido, se desprende en forma categórica que el plazo para la interposición de la demanda de amparo es de quince días, con las salvedades a que alude el ya señalado artículo, en cuyas hipótesis no se encuentra el acto reclamado por la quejosa; asimismo, del segundo de los dispositivos en comento, se desprenden tres supuestos jurídicos para el cómputo del plazo establecido para el ejercicio de la acción constitucional, siendo éstos los siguientes: a. Que el plazo de quince días para promover el amparo, se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos la notificación al quejoso, de la resolución o acuerdo que impugne, conforme a la ley de la materia que rige el acto reclamado; y, b. Que dicho plazo comienza a correr al día siguiente al en que el quejoso tuvo conocimiento del acto reclamado o de su ejecución. c. El amparo debe pedirse dentro de los quince días siguientes a aquél en el que el quejoso se ostentó como sabedor del acto reclamado. Como se puede advertir, el precepto en consulta hace una clara distinción de los momentos en los que imperativamente debe promoverse el juicio de amparo, pues las hipótesis que previenen se encuentran relacionadas mediante la conjunción "o", de lo que válidamente se deduce que dichos supuestos son excluyentes entre sí y no guardan un orden de preferencia, pues de haberlo querido, el legislador habría señalado su orden de prelación. Ahora bien, como se adelantó, la parte quejosa reclama en la presente instancia constitucional, la determinación emitida por la Segunda Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, el diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete, dentro del toca número 869/17, a través de la cual confirmó la resolución de primera instancia recurrida emitida por el Juez Segundo del Ramo Penal de esta ciudad, el nueve de agosto del mismo año, dentro de la averiguación judicial 35/2017, a través de la cual negó librar orden de aprehensión en contra de Luis Alejandro Frías Martínez y Elizabeth Rosas Trujano, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de fraude especifico. Determinación reclamada que, de conformidad con lo expuesto por la quejosa bajo protesta de decir verdad, le fue notificada "por conducto de su abogado" el ocho de enero de dos mil dieciocho. Manifestación que al haber sido realizada bajo protesta de decir verdad por la parte quejosa, hace prueba plena de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2. Además, cabe señalar que dicha circunstancia se corrobora con las constancias que el Presidente de la Segunda Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, adjuntó a su informe de ley, consistentes en la averiguación penal 35/2017 y toca de apelación 869/2017, las cuales por ser documentos públicos merecen valor pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Toca de cuya razón actuarial que obra al reverso de la determinación reclamada (foja 55 vuelta), se advierte que se notificó al quejoso en su calidad de parte ofendida, por medio de cedula de notificación el ocho de enero del año en curso. Al respecto cabe destacar el contenido del artículo 77 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de San Luis Potosí, el cual es del tenor siguiente: "ARTICULO 77. Los términos son improrrogables y empezarán a correr el día siguiente al de la fecha de la notificación, salvo en los casos dispuestos en este Código.". Del precepto legal transcrito se desprende que, de conformidad con el Código Adjetivo Penal del Estado, los términos empezaran a correr a partir del día siguiente al de la notificación. Luego, tomando en consideración lo anterior, el término de quince días para instar la acción constitucional en contra de la determinación emitida por la Sala responsable, el diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete, inició el nueve de enero del año en curso, y feneció el día veintinueve del mismo mes y año, sin contar los días trece, catorce, veinte, veintiuno, veintisiete y veintiocho de enero del año en cita, por haber sido inhábiles. Por tanto, si la presente demanda constitucional se presentó hasta el treinta de enero de dos mil dieciocho, ante la autoridad responsable Segunda Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, según se advierte de la firma de recibido que obra en la parte superior izquierda del ocurso de amparo (foja 5 de autos), es evidente que la acción constitucional se instó fuera del plazo legal correspondiente, lo que jurídicamente implica que debe estimarse consentido tácitamente el acto ya existente a la fecha de presentación de la demanda y que por esta vía reclama la parte quejosa, pues se hizo fuera del plazo de quince días previsto por el artículo 17 de la Ley de la Materia. Resulta aplicable la tesis P./J. 10/2017 del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Materia Común, Libro 42, Mayo de 2017, Tomo I, Pagina 8, que dispone: "NOTIFICACIONES. POR REGLA GENERAL SURTEN SUS EFECTOS EN EL MOMENTO EN EL QUE SE PRACTICAN, SALVO DISPOSICIÓN LEGAL EXPRESA. La notificación es el acto procesal mediante el cual el órgano jurisdiccional da a conocer a las partes algún acontecimiento dentro del procedimiento y se materializa a través de la diligencia practicada por un funcionario con fe pública, por lo que goza de presunción de legalidad y es eficaz desde su emisión; de ahí que como acto público con fecha cierta, válidamente produce sus efectos desde que se practica, por lo que para generar consecuencias distintas, es necesario que la ley disponga la forma en que deben producirse sus efectos. En ese sentido, el surtimiento de efectos de la notificación se entiende como la posibilidad de que dicha diligencia pueda incidir en la esfera de alguna de las partes, con la finalidad de que conozca lo que acontece en el juicio y, en su caso, empiecen a correr los plazos para hacer valer algún derecho. Así, aun cuando las normas no señalen expresamente en el capítulo de notificaciones el momento en que surtirán sus efectos, debe entenderse que es aplicable la regla general relativa a que ello acontece en el momento en el que se practican, de manera que los cómputos inician a partir del día siguiente de haberse realizado, salvo disposición legal expresa.". En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia a que se refiere la fracción XIV, del artículo 61 de la Ley de la Materia en vigor, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley invocada, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, y notifíquese el presente acuerdo en forma personal al promovente. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica en el proemio de la demanda y como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de la Materia, a Ricardo Martín Cabrera Posadas y Dalet María Rivero Sánchez, con número de cédula profesional número 3630534 y 4817018, respectivamente, registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y en términos restringidos del ibídem a Brenda Solano Puente y Francisco Flores Becerril, por así haberlo solicitado. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional y 21 último párrafo de la Ley de Amparo, atendiendo a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del último de los numerales invocados. En ese mismo sentido, en aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la Ley de Amparo, desde este momento se faculta al Actuario de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa más no limitativamente se precisa, no conozca a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectué (previa razón asentada como soporte), por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado de Distrito; en la inteligencia de que dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo domicilio para tal efecto. Por lo expuesto y fundado, se acuerda: ÚNICO. Se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por ROBERTO CHAVARRÍA VEGA, contra actos de los Magistrados que Integran la Segunda Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y de otra autoridad, por las consideraciones ya expuestas. Notifíquese personalmente al promovente."
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