Roberto Chacón Acosta

Expediente 299/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de mayo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
299/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
23/05/2018

Partes del expediente

  • Roberto Chacón Acosta

Actuaciones

  1. Principal

    se declara que dicho auto ha causado estado. archívese como asunto concluido. Se hace la precisión que este expediente es susceptible de destrucción, en tanto que el cuaderno original del incidente de suspensión es susceptible de depuración, una vez que transcurran cinco años

  2. Principal

    SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, POR MEDIO DE LISTA, EL PROVEÍDO DE 04 DE MAYO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO: Se tiene por no presentada, quedando sin efectos las providencias decretadas en el presente asunto.

  3. Incidental

    SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, POR MEDIO DE LISTA, EL PROVEÍDO DE 04 DE MAYO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO: Por lo que lo procedente es declarar sin materia el incidente de suspensión relativo al presente juicio de garantías, fuera de audiencia. En tal virtud, se deja sin efecto la celebración de la audiencia incidental señalada para las nueve horas del nueve de mayo de dos mil dieciocho; comuníquese esta circunstancia a las partes para los fines legales procedentes.

  4. Incidental

    Ciudad Juárez, Chihuahua, dos de mayo de dos mil dieciocho. En cumplimiento a lo ordenado en el juicio de amparo 299/2018-VI, promovido por *****************************, contra actos del del Presidente del Municipio de Juárez, Directora General de Tránsito Municipal, Comandante y Agentes de la Dirección de Tránsito Municipal, y Director del Centro de Recuperación Cívica Total (Ce.Re.Ci.To.), todos con sede en esta ciudad. Con fundamento en los artículos 125, 128 y 130 de la Ley de Amparo, con dos copias simples de la demanda se ordena formar por duplicado el expediente respectivo, para el trámite del incidente de suspensión. En términos de los artículos 138, fracción III, y 140 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables para que rindan por duplicado su informe previo, dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, en el que manifiesten si son o no ciertos los actos reclamados por la parte quejosa y, en su caso, las razones que estimen pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión; además, proporcionen los datos que tengan a su alcance y que permitan a este juzgado establecer, en su caso, el monto de las garantías correspondientes; apercibidas que de no hacerlo se le impondrá, a la omisa, multa por el equivalente a diez veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, que corresponde a $80.60 (ochenta pesos con sesenta centavos), conforme a lo establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el acuerdo publicado el uno de enero de dos mil dieciocho, en el Diario Oficial de la Federación, en términos del artículo 237, fracción I, de la Ley de Amparo. Para tal efecto, envíese con los oficios correspondientes copia de la demanda de amparo. En términos del artículo 138, fracción II, de la Ley de Amparo, se señalan las nueve horas del nueve de mayo de dos mil dieciocho, para que tenga verificativo la audiencia incidental. Previo a pronunciarse respecto a la suspensión de los actos reclamados, es importante decir que de conformidad con lo dispuesto en los ordinal 147 y 150, ambos de la Ley de Amparo, la medida suspensiva tiene como propósito mantener viva la materia del juicio de amparo, impidiendo que el acto que lo motiva, al consumarse irreparablemente, haga ilusoria para el agraviado la protección de la Justicia de la Unión, de modo que el juez de distrito tiene la obligación de tomar las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio. De esa manera la suspensión es una medida cautelar de una situación ya existente que tiene como finalidad evitar que ésta se altere, ya sea con la ejecución de los actos reclamados, o bien, por sus efectos y consecuencias, de ahí que no crea derechos en beneficio de la parte quejosa, sino únicamente los preserva en cuanto a que no se afecten por la ejecución de los actos reclamados, con independencia de que sean o no inconstitucionales. En el caso, de la demanda de amparo se advierte que el acto reclamado se hace consistir en la privación de la libertad llevada a cabo por las responsables. Luego, al estimar que se satisfacen los requisitos previstos por el precepto 128 de la ley de la materia, pues la medida cautelar fue solicitada y con su concesión no se infringen disposiciones de orden público, ni se lesiona el interés social; en atención a que, la libertad es un derecho personalísimo, por lo que, la sociedad no recibe alguna afectación con motivo de que se paralicen los efectos de la privación de libertad que se reclama, ello, desde luego, en tanto no se examine la constitucionalidad de tal mandato. Toda vez que la privación de la libertad o detención de Roberto Chacón Acosta, según la demanda de amparo se está efectuando por autoridades administrativas, con fundamento en el artículo 164, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se otorga la suspensión provisional para el efecto de que sea puesto en libertad, empero si la detención tiene relación con la comisión de un delito, con fundamento en el artículo 164, párrafo primero, de la Ley de Amparo, la suspensión provisional se concede para el efecto de que sin demora cese la detención, poniéndolo en libertad o a disposición del Ministerio Público, a fin de que determine su libertad o su retención dentro del plazo y en los términos que el artículo 16 Constitucional lo permite, o su consignación. En la inteligencia que si a la fecha han transcurrido en exceso los plazos referidos en el párrafo anterior, sin causa legal que lo justifique, en un plazo improrrogable de veinticuatro horas, contado a partir de que las autoridades responsables reciban el oficio que contenga el presente acuerdo, deberán informar acerca de la puesta en libertad o consignación del agraviado ante la autoridad jurisdiccional competente. De igual forma, se conmina a las responsables para que informen a este juzgado dentro del mismo plazo (veinticuatro horas) contado a partir de que se le notifique este proveído, la fecha y hora exacta de la detención, o bien, de la puesta en libertad del quejoso, para lo cual deberán remitir copia certificada de las constancias que así lo acrediten. Ahora bien, en caso de que la privación de libertad o detención de que se dice es objeto el quejoso provenga de un procedimiento del orden penal, es decir, si se trata de una orden de aprehensión o reaprehensión o de medida cautelar que implique privación de la libertad dictada por autoridad competente, con fundamento en el artículo 163 de la propia ley, la suspensión sólo producirá el efecto de que el quejoso quede a disposición de este juzgado en el lugar en que actualmente se encuentra detenido, únicamente en lo que se refiera a su libertad, quedando a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer el procedimiento penal para los efectos de su continuación. Sin que para la procedencia de la suspensión haya lugar a fijar garantía, atento a lo que señalan los artículos 163 y 168, último párrafo, de la Ley de Amparo. Resta decir que la suspensión concedida no surte efectos respecto de actos posteriores a su solicitud o si el acto reclamado procede de autoridad distinta de las señaladas como responsables. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, infórmese a las partes que desde este momento se autoriza la utilización de cualquier medio digital, fotográfico o que resulte apto para copiar el contenido de las constancias que integren este expediente; así como la expedición a su costa de copias simples o certificadas que sean de su interés, previa constancia de entrega-recepción que se deje en autos. En la inteligencia que tal autorización excluye la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa. En términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte promovente el señalado en su demanda, sin perjuicio de que con posterioridad el quejoso lo ratifique.

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