Roberto Cevallos Rodríguez
Expediente 617/2015 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 16 de junio de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 617/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 16/06/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Roberto Cevallos Rodríguez
Actuaciones
- Principal
Se declara que el auto a través del cual se desechó la demanda ha causado estado. Archívese el presente asunto como totalmente concluido.
- Principal
Se declara que el auto a través del cual se desechó la demanda ha causado estado. Archívese el presente asunto como totalmente concluido.
- Principal
Notificación personal.
- Principal
Visto; el escrito de demanda de amparo promovida por ...., por propio derecho, contra actos del Juez Sexto de Primera Instancia, con residencia en Veracruz, Veracruz, por violación a los derechos humanos contenidos en los artículos 14 y 16 Constitucionales. Fórmese el expediente y anótese en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 617/2015-I. Ahora, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, esta potestad federal tiene la obligación de examinar el escrito de demanda, y de encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia deberá desecharla de plano; congruente con ello, el que suscribe advierte la actualización de una causa de improcedencia del presente juicio constitucional que se analizará a continuación. Conforme a los numerales invocados, el amparo es improcedente cuando los actos dictados dentro del juicio natural no tengan, sobre las personas o las cosas, una ejecución que sea de imposible reparación, lo cual también sucede respecto de aquellos que se encuentren después de concluido el juicio, máxime si se comprenden dentro del trámite de un incidente de nulidad en la etapa posterior a la sentencia. Tienen esa afectación los actos si sus consecuencias son susceptibles de trasgredir inmediatamente alguno de los derechos fundamentales que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tales como la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, la posesión, etcétera, porque esta afectación o sus efectos no se destruyen fácticamente con el sólo hecho de que quien la sufra obtenga un fallo favorable a sus pretensiones en el juicio; en tanto que los actos de ejecución reparables no tocan por sí tales valores, sino sólo la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida que influyen para que la sentencia sea adversa a los intereses del agraviado. Así las cosas, de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que el acto reclamado consistente en: La omisión del Juez Sexto de Primera Instancia, con residencia en Veracruz, Veracruz, de resolver el recurso de revocación, interpuesto por el aquí quejoso, en contra del auto de veintiuno de abril de dos mil quince, dictado en el incidente de nulidad número 742/2015 deducido del juicio ejecutivo mercantil 229/995 de su índice, dentro del plazo que fija el artículo 1335 de Código de Comercio en vigor hasta antes de la reforma del veinticuatro de mayo de un mil novecientos noventa y seis. Al efecto, se considera que el acto combatido no tiene el carácter de imposible reparación, al versar sobre aspectos de trámite; es decir, si el quejoso interpuso recurso de revocación en contra del auto de veintiuno de abril de dos mil quince dictado en el incidente de nulidad número 742/2015 deducido del juicio ejecutivo mercantil 229/995 de su índice, reclamado que no se resolverá dentro del plazo que establece el artículo 1335 de Código de Comercio en vigor hasta antes de la reforma del veinticuatro de mayo de un mil novecientos noventa y seis, de ahí que el juicio de amparo sea improcedente. Conforme a ello, es importante precisar que, como se dijo, el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos dictados después de concluido un juicio y en su sección de ejecución siempre que los mismos tengan el carácter de "imposible reparación", o el quejoso hubiese quedado sin defensa legal alguna y, en el caso concreto, no se actualiza alguno de esos supuestos, ya que se trata de un reclamo meramente procedimental y el cual no lo deja sin medios de impugnación, pues precisamente al haber interpuesto la revocación en contra de dicho auto, es claro que si bien la autoridad no la ha resuelto dentro del plazo que establece el artículo 1335 de Código de Comercio en vigor hasta antes de la reforma del veinticuatro de mayo de un mil novecientos noventa y seis, también lo es que tal acto no afecta derechos sustantivos del peticionario de derechos humanos; por tanto, la omisión de resolver el recurso por parte de la autoridad, no puede verse de forma autónoma, porque se trata de una violación adjetiva, conforme a la cual tienen que atenderse las reglas establecidas en la legislación correspondiente para el efecto de obligar a la autoridad a que cumpla con lo solicitado; es decir, al tratarse el acto aquí reclamado de un derecho de petición no atendido, regulado por el numeral 8 de la constitución, que impone a la autoridad la obligación de dar respuesta en breve término a la solicitud formulada por el particular, resulta jurídicamente inadmisible que se pueda reclamar de manera autónoma la omisión de resolver el recurso, pues las reglas que rigen el procedimiento son las previstas en los artículos 14 y 17 constitucionales, así como las que desarrollan dichos derechos en la legislación secundaria, lo que hace improcedente el juicio de amparo. Los razonamientos expuestos con antelación, ponen de relieve lo manifiesto en la causal de improcedencia del juicio constitucional, la cual resulta indudable, cuenta habida que, en opinión de quien esto resuelve, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes, dados los lineamientos del Alto Tribunal. Por lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107, fracciones IV y V, aplicado a contrario sensu, en relación con la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, el juicio reclamado por esta vía resulta improcedente y, por tanto, con apoyo en el artículo 113 del ordenamiento legal en cita, se desecha la demanda de amparo, al encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia.
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