Roberto Cervantes Munguia

Expediente 47/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 16 actuaciones registradas, la última del 22 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
47/2021
Año
2021
Actuaciones
16
Última actuación
22/04/2021

Partes del expediente

  • Roberto Cervantes Munguia

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintidós de abril de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy la parte quejosa no interpuso revisión, dentro del término legal, contra la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado ejecutoria. Dicho cómputo sólo se realiza respecto a la parte quejosa, ya que fue a ésta a quien únicamente afectó el sobreseimiento. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Por otra parte, en acatamiento al Acuerdo General sin número de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, el presente expediente carece de relevancia histórica y documental, por lo que es susceptible de destrucción; y, depurable el original del incidente de suspensión ya que se otorgó la medida cautelar, por ende, glósese al presente. Una vez que transcurran seis meses de concluido, destrúyase el duplicado del incidente.

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado México veintiséis de marzo de dos mil veintiuno V I S T O para resolver el juicio de amparo 47/2021-IV; promovido por Roberto Cervantes Munguía, por propio derecho; y R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido el once de febrero del año en curso, en este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, Roberto Cervantes Munguía, por propio derecho, promovió demanda de amparo contra las autoridades y por los actos que se precisarán en los considerandos segundo y tercero de esta sentencia. SEGUNDO. Trámite. Por auto de doce de febrero del año en curso, este órgano jurisdiccional admitió la demanda de amparo; se solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación, dio intervención legal a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y, señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual inició al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo. SEGUNDO. Fijación de la litis. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto que se advierte del análisis de la demanda íntegramente considerada, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Así, este juzgador advierte que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables: a) La orden de aprehensión, búsqueda, localización o presentación librada en su contra derivada de la carpeta de investigación FED/MEX/TOL0002179/2019. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Las autoridades responsables Jueces Primero, Segundo y Tercero de Distrito todos de Procesos Penales Federales en el estado de México con residencia en Toluca, actuarios adscritos a dichos órganos jurisdiccionales y Fiscal General de la República, al rendir su informe justificado negaron la existencia del acto reclamado por la parte quejosa y sin que ésta haya ofrecido prueba jurídicamente eficaz para desvirtuar dicha negativa. En consecuencia, con apoyo en el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio, por inexistencia del acto reclamado. CUARTO. Por su parte, el agente del Ministerio Público de la Federación Fiscal Auxiliar de Equipo de Investigación y Litigación, Célula 5 en Toluca, Estado de México, al rendir su informe justificado acepta la existencia del acto reclamado por la parte quejosa. 29/10/22 09:36:22 Lo que se corrobora de las constancias que remitió como complemento a su informe con justificación consistentes en los citatorios contenidos en los oficios números UNAI-TOL-EILIC5-152/2021 y UNAI-TOL-EILI-C5-250/2021 de veintiocho de enero y dieciocho de febrero, ambos de dos mil veintiuno, respectivamente. QUINTO. Causales de improcedencia. Previo al estudio de fondo del asunto, se analizan las causales de improcedencia, sea que las hagan valer las partes, o de oficio se advierta su actualización, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo1 . En este sentido, el suscrito advierte que en la especie se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXIII, concatenado con el diverso 107, fracción II, ambos de la Ley de Amparo. Los numerales en cita disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) II. Contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; (.). De la primera porción normativa se aprecia que el legislador contempló la improcedencia del juicio de amparo no sólo dentro de las primeras XXII fracciones del numeral 61de la ley de la materia, sino que en la última de ellas estableció que éste se tornaría improcedente cuando ello derivara de alguna disposición de la Constitución Federal o de la misma Ley de Amparo. A su vez, el numeral 107, fracción II, establece que el juicio de amparo será procedente contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; sin embargo, tal disposición no debe entenderse como una posibilidad abierta para impugnar cualquier acto de esta naturaleza, sino que el acto que se reclame emitido por autoridades diversas a los tribunales jurisdiccionales, administrativos o del trabajo -como puede ser el Ministerio Público- debe ser de imposible reparación, entendiéndose como tal a aquel que afecte materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados en los que México es parte. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha precisado que las fracciones II, III y IV deben interpretarse en el sentido de que para la procedencia del juicio de amparo los actos ejecutados por autoridades diversas a los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo (fracción II); en un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio (fracción III) o bien los emitidos por los tribunales judiciales administrativos o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido (fracción IV); deben afectar materialmente derechos sustantivos y por tanto no procede el amparo contra determinaciones intermedias o actos meramente procesales. Sobre esas bases, se tiene que el citatorio impugnado no es de imposible reparación, ya que ese acto implica únicamente una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, pues no transgrede materialmente algún derecho subjetivo del quejoso ni le impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente. Se afirma lo anterior, porque los citatorios contenidos en los oficios números UNAI-TOL-EILI-C5-152/2021 y UNAITOL-EILI-C5-250/2021 de veintiocho de enero y dieciocho de febrero, ambos de dos mil veintiuno, respectivamente, solamente constituyen una comunicación del Ministerio Público para que el agraviado acuda al desahogo de una entrevista relacionada con un hecho ilícito investigado, lo cual, como se dijo, no le irroga perjuicio alguno, pues no transgrede un derecho fundamental del gobernado como la vida, la integridad personal, la libertad o la propiedad; empero, en todo caso, la afectación sucederá hasta que se ejerza acción penal y la autoridad judicial que conozca de la carpeta administrativa determina procedente librar una orden de aprehensión u obsequiar citatorio para la formulación de la imputación respectiva; estimar lo contrario entorpecería las facultades y obligaciones conferidas al Ministerio Público anteponiendo el interés particular de la parte impetrante al de la sociedad. Dicho en palabras, la sola comparecencia del agraviado ante la autoridad ministerial no implica un perjuicio porque aún se encuentra en fase de integración la carpeta de investigación respectiva, lo que significa que, al menos en este momento, no existe afectación alguna contra el solicitante del amparo, habida cuenta que la transgresión a sus derechos quedará condicionada, en su caso, a la determinación de la autoridad responsable cuando valore el material probatorio en la carpeta de investigación y determine lo que considere procedente y que como consecuencia de ello alguna autoridad judicial libre algún mandato de captura en su contra. De ahí que en la fase procedimental de la carpeta de investigación los citatorios reprochados deben considerarse como un acto para su integración que de ninguna manera afecta derechos sustantivos del impetrante, puesto que su finalidad es la comparecencia del agraviado ante la autoridad ordenadora para el desahogo de una diligencia de carácter ministerial. Sustenta lo anterior, por identidad jurídica, la tesis 1ª.CXXXV/2004, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 351, Tomo XX, Diciembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del rubro y texto siguientes: "ACCIÓN PENAL. LA INTEGRACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y LA RESOLUCIÓN SOBRE EL EJERCICIO DE AQUÉLLA, NO LE IRROGAN PERJUICIO ALGUNO AL QUEJOSO, POR LO QUE NO PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De igual manera es ilustrativa, por las razones que contiene, la jurisprudencia 1a./J. 78/2018 (10a.), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 61, Tomo I, diciembre de 2018, página 239, que reza: "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.)]. Por lo expuesto, se: R E S U E L V E: Único. Se sobresee en el presente juicio de amparo 47/2021-IV, promovido por ...

  3. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, dieciséis de marzo de dos mil veintiuno. Agréguese el escrito firmado por la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, mediante el cual con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo formula alegatos. Asimismo, como lo solicita una vez que se dicte sentencia en el presente juicio de amparo, expídase copia certificada de la misma para su debido conocimiento.

  4. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, doce de marzo de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos, se advierte que se encuentra transcurriendo el término de ocho días, concedido a las partes en proveído de cuatro de marzo actual, respecto del informe justificado rendido por la responsable Agente del Ministerio Público de la Federación de la Unidad de Investigación y Litigación, Equipo de Investigación y Litigación Célula I-5 Toluca. Por ello se difiere la audiencia constitucional prevista para el día de hoy, y se señalan las DOCE HORAS DEL VEINTICUATRO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO.

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