Roberto Cedeño Sánchez

Expediente 1759/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 1 actuación registrada, la última del 30 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1759/2019
Año
2019
Actuaciones
1
Última actuación
30/12/2019

Partes del expediente

  • Roberto Cedeño Sánchez

Actuaciones

  1. Principal

    Vista; la demanda de amparo promovida por ***, contra actos del Comisionado del Instituto Nacional de Migración, con sede en la Ciudad de México y otra autoridad; fórmese expediente y, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado, con el número de expediente 3-A-1759/2019. DIGITALIZACIÓN De conformidad con los artículos 12 del Acuerdo General Conjunto 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, 89, 90, 91, 92 y 95 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, procédase a la digitalización oportunamente y de manera legible de las constancias que en su caso se presenten de manera impresa y de la impresión de las que se presenten de forma electrónica, de conformidad con el artículo 3, párrafos quinto y séptimo de la Ley de Amparo; en el entendido que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad de documentos o a datos personales o que no formen parte del expediente electrónico, quedarán a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado o, en su caso, se ordenará la integración de cuadernos auxiliares con dichos documentos que no se agregarán al expediente impreso respectivo ni a su versión electrónica. ANÁLISIS DE LOS REQUISITOS DE LA DEMANDA. A efecto de acordar si procede o no su admisión, se analizará si la parte quejosa cumplió las premisas previstas en los artículos 108 y 114 de la Ley de Amparo. PREVENCIÓN Y REQUERIMIENTO A LAS PARTES. Ahora bien, el artículo 108 de la Ley de Amparo señala: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación; II. El nombre y domicilio del tercero interesado, y si no los conoce, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad; III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; VI. Los preceptos que, conforme al artículo 1o de esta Ley, contengan los derechos humanos y las garantías cuya violación se reclame; VII. Si el amparo se promueve con fundamento en la fracción II del artículo 1o de esta Ley, deberá precisarse la facultad reservada a los estados u otorgada al Distrito Federal que haya sido invadida por la autoridad federal; si el amparo se promueve con apoyo en la fracción III de dicho artículo, se señalará el precepto de la Constitución General de la República que contenga la facultad de la autoridad federal que haya sido vulnerada o restringida; y VIII. Los conceptos de violación." Por otro lado, el artículo 261 de la ley en comento, dispone: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y II. Al quejoso o tercero interesado, a su abogado o a ambos, si en el juicio de amparo presenten testigos o documentos falsos." Por su parte, el artículo 114 del mismo ordenamiento, dice: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura." Atendiendo a lo anterior, se advierte que las manifestaciones del quejoso son obscuras e imprecisas, pues por un lado, menciona la intención de coartar su derecho de libre tránsito por el territorio nacional, mientras que por otra, hace alusión a que las responsables tienen la inminente intensión de ejecutar en su contra la orden de detención, presentación y alojamiento en una estación migratoria en el Estado de Chiapas, Ciudad de México o en cualquier otra del país, con fines de deportación, expulsión, repatriación o traslado a su país de origen. Asimismo, indica ha escuchado que las autoridades de migración detendrán a todo extranjero que le sorprenda transitando de manera irregular ya se en esta ciudad o dentro del territorio nacional y que será detenido, incomunicado, presentado y alojado, en una estación migratoria; incluso, refirió que existe la posibilidad de ser sujeto de alguno de los actos prohibidos en el artículo 22 constitucional. Por lo que, no se advierte con claridad cuál es el acto o actos que reclama y a qué autoridad o autoridades responsables atribuyen cada uno. Lo anterior, ya que la correcta fijación del acto reclamado resulta indispensable para que en el momento procesal oportuno este juzgador pueda pronunciarse sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del mismo y para el efecto de que las autoridades responsables rindan con claridad su informe de ley, en relación con el acto efectivamente impugnado. Tiene aplicación la tesis XX. 57 k, del entonces único Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, página 871, Tomo III, Marzo de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro siguiente: "ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRÁ POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTÍAS. De conformidad con la naturaleza y fines del juicio de amparo, el acto reclamado a las autoridades, debe señalarse con claridad y precisión, en virtud, de que, a través del mismo sólo puede juzgarse sobre la legalidad o no de lo reclamado en los términos en que se hace la reclamación y se acredita ante la responsable, toda vez que esto resulta indispensable para establecer la relación procesal en los juicios de garantías; por tanto, ante la falta de precisión y claridad de los actos reclamados debe requerirse al quejoso que dé cumplimiento a esos requisitos apercibido que de no hacerlo se tendrá por no interpuesta la demanda, sin que sea válido considerar que ante la obscuridad de la misma debe desecharse ésta, en razón que de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, ante omisiones de tal naturaleza, se concede al peticionario de garantías la oportunidad de corregirlos mediante un escrito aclaratorio, siendo categórico el contenido del numeral en cita, en el sentido de que si no se cumple con el requerimiento, el Juez Federal deberá tener por no interpuesta la demanda." De igual forma, se aprecia que el amparista no narra la totalidad de los antecedentes del acto o actos reclamados; es decir, omite hacer una narración precisa de todos aquellos acontecimientos positivos o negativos ocurridos con antelación al acto o actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de garantías; esto, porque así lo exige la fracción V, del artículo 108, de la ley de la materia, pues es necesario que el impetrante amplíe los antecedentes del acto reclamado, esto es, manifieste bajo protesta de decir verdad, porqué concretamente señala como autoridades responsables al 1) Comisionado del Instituto Nacional de Migración, con sede en la Ciudad de México; y, 2) Titular de la oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en la ciudad de Comitán de Domínguez, Chiapas; y, no únicamente a las autoridades del lugar donde se encuentra, siendo inverosímil que ambas autoridades señaladas como responsables emitan y ejecuten, al mismo tiempo, los actos que reclama; lo anterior, a fin de realizar un estudio integral de la demanda de amparo. Resulta aplicable a lo anterior la tesis I.7o.A.100 K, sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, página 990, Tomo XXIII, Abril de 2006, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE GARANTÍAS. FORMA EN QUE DEBE CUMPLIRSE EL REQUISITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO A LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS Y ABSTENCIONES QUE LE CONSTEN AL GOBERNADO Y QUE CONSTITUYAN ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO O FUNDAMENTO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Conforme al precepto legal aludido, la parte quejosa debe manifestar los hechos y abstenciones descritos con antelación; sin embargo, en la hipótesis de que no sea satisfecha dicha carga procesal, el Juez Federal debe requerir para que sea subsanada la irregularidad. Ahora bien, en el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, página mil ciento noventa y dos, vigésima segunda edición, Editorial Espasa Calpe, Sociedad Anónima, dos mil uno, Madrid, España, se establecen distintas acepciones de la palabra "hecho", entre ellas, las siguientes: "hecho, cha. [...] 5. Cosa que sucede. 6. [...] Acción que se ha llevado a cabo, adelantándose a cualquier evento que pudiera dificultarla o impedirla [...]". Por su parte, en la página ciento sesenta y dos de la obra consultada, es definido el vocablo "antecedente" de diferentes maneras, entre las cuales destaca la que se reproduce a continuación: "[...] 2. m. Acción, dicho o circunstancia que sirve para comprender o valorar hechos posteriores.". De la misma manera, en la página veintiuno del diccionario mencionado se establecen los conceptos de la palabra "acción", entre otros, los que se transcriben enseguida: "[...] Ejercicio de la posibilidad de hacer. 2. Resultado de hacer". En la página catorce se define el vocablo "abstención" de la manera siguiente: "[...] Acción y efecto de abstenerse". En esas condiciones se concluye que para dar cumplimiento al requisito previsto en la fracción IV del artículo 116 de la Ley de Amparo, concerniente a la manifestación bajo protesta de decir verdad sobre los hechos o abstenciones que le constan al gobernado y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, es necesario realizar una narración precisa de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de garantías, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público conforme al último párrafo del artículo 73 de la citada ley." En tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, fracciones I, IV y V y 114, fracción II, de la Ley de Amparo requiérase al promovente para que dentro del término de cinco días siguientes al en que surta efectos su legal notificación bajo protesta de decir verdad manifieste: A) Sí que lo que realmente reclama es la orden de detención o presentación emitida en contra; de ser así, a qué autoridad en especificó atribuye dicho acto privativo de libertad y si los demás actos los menciona únicamente como antecedente o posibles consecuencias del acto antes preciado. B) O bien, precise si reclama de forma destacada la orden de alojamiento en una garita migratoria, de ser así a qué autoridad en particular la atribuye o si solo lo mencionó como una posible consecuencia del acto reclamado en primer término. C) Asimismo, precise a qué acto en concreto se refiere cuando señala la inminente intensión de coartar su derecho de libre tránsito por el territorio nacional, esto es, si se refiere a un acuerdo o resolución en concreto, de ser así deberá precisar la fecha de aquel acuerdo o resolución, la autoridad que la emitió, así como la fecha en la que tuvo conocimiento del mismo o sí solo lo mencionó como antecedente del acto señalado en primer término. D) Asimismo, señale si reclama de forma destacada la emisión futura de una orden de deportación, expulsión, repatriación y traslado a su país de origen, en ese supuesto, precise a qué autoridad se lo atribuye o si esto únicamente lo refiere como una posible consecuencia del acto reclamado en primer término. También, bajo protesta de decir verdad, deberá precisar: E) Por qué concretamente señala como autoridades responsables al 1) Comisionado del Instituto Nacional de Migración, con sede en la Ciudad de México; y, 2) Titular de la oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en la ciudad de Comitán de Domínguez, Chiapas; y, no únicamente a las autoridades del lugar donde se encuentra, siendo inverosímil que ambas autoridades señaladas como responsables emitan y ejecuten los actos que se reclaman al mismo tiempo; lo anterior, a fin de realizar un estudio integral de la demanda de amparo. F) Aclare si ha sido detenido en algún momento o alojado en alguna garita migratoria, de ser así, deberá indicar en cuál fue alojado y cuándo aconteció, o si solo tiene temor de que pueda acontecer como consecuencia del acto recolando en primer término. G) Aclare a qué se refiere cuando aduce que se encuentra en una situación irregular en el país, esto es, si la introducción se llevó a cabo de manera ilegal o si ingresó al país bajo alguno de los supuestos previstos en el artículo 52 de la Ley de Migración. H) Precise si con anterioridad a la presentación de la demanda, ya había sido puesto a disposición de alguna autoridad migratoria con el propósito de llevar a cabo diligencias de verificación o revisión migratoria, esto es, si existe pronunciamiento en el que se hubiera resuelto respecto de su situación migratoria. I) Manifieste si con anterioridad se llevó a cabo un procedimiento de expulsión en su contra. J) Manifieste la fecha exacta en que conoció los antecedentes que lleguen a relatar. K) Si ha promovido algún juicio o medio de defensa diverso contra los actos reclamados o alguno relacionado con ellos; en su caso, deberá precisar cuál fue éste, ante qué autoridad se promovió, en qué estado se encuentra, el número de expediente y todos los datos que permitan identificar ese juicio o medio de defensa. Asimismo, deberá dar cumplimiento estricto a lo requerido por este Juzgado, absteniéndose de formular conceptos de violación distintos de los ya planteados en el escrito de demanda y manifestaciones ajenas a lo requerido en la prevención. En la inteligencia que el desahogo deberá ser coherente con las manifestaciones contenidas en el escrito de demanda que se provee. Hágase del conocimiento del quejoso que en términos del artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo, puede imponerse una pena de hasta seis años de prisión a la parte quejosa, así como a su abogado, si llegan a afirmar hechos falsos u omitan los que les consten. Apercibido que de no dar cumplimiento a lo anterior, en la forma y términos antes indicados, se tendrá por NO PRESENTADA LA DEMANDA, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 114 de la ley de la materia, o se acordará lo conducente, dependiendo la irregularidad que subsista. En el entendido que deberá exhibir tres copias del escrito aclaratorio, para correrle traslado a cada una de las partes, toda vez que dos son para las autoridades responsables y una más para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, ya que de conformidad con el artículo 110, párrafo primero, de la ley de la materia, son necesarias para tramitar la demanda. Cobra aplicación la jurisprudencia P./J. 36/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 79, Tomo XIII, Abril de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo." SUSPENSIÓN DE PLANO Ahora, no es el caso decretar la suspensión de plano que solicita el quejoso, debido a que no se actualiza ninguno de los supuestos previstos en el artículo 126 de la Ley de Amparo, pues de la simple lectura de la demanda de amparo se aprecia que el directo quejoso no se encuentra privado de la libertad sino que sólo expresa la posibilidad de que sea detenido o alojado en una garita migratoria y, como una posible consecuencia, ser deportado, expulsado, repatriado o trasladado a su país de origen. Cabe apuntar que la figura de la suspensión de oficio y de plano regulada en los artículos 125 y 126 de la Ley de Amparo es una medida cautelar de carácter excepcional, autorizada en atención a la urgencia y gravedad del caso; luego, la suspensión que llegare a decretarse en términos del artículo 126 de la Ley de Amparo, únicamente surtiría efectos respecto de los actos que directamente pudieran causar al quejoso alguna de las lesiones descritas en la norma, es decir, que directamente pusieran en peligro su vida, permitieran su destierro, su deportación o la imposición de penas prohibidas por el artículo 22 constitucional. Para el caso de la deportación a que se contrae el precepto de referencia, amerita tramitar una demanda en su calidad de urgente cuando el extranjero de que se trate se encuentra detenido y a disposición de la autoridad migratoria correspondiente, sujeta a un procedimiento administrativo que ha culminado con la orden de deportación, pues de resultarle favorable dicho procedimiento se haría innecesario el trámite urgente de la demanda de amparo. Por consiguiente, si el quejoso se encuentra en libertad, como se dijo con antelación, no es dable conceder la suspensión de plano respecto de los actos aquí reclamados, toda vez que de la interpretación sistemática de los artículos 15 y 126 de la ley de la materia, se advierte que para que la petición de amparo sea considerada de trato urgente, en ésta se deberá denotar la imposibilidad del impetrante del amparo de promover por propio derecho, verbigracia, que se encuentre detenido y sujeto a una orden de deportación, sin que sea el caso el que ahora nos ocupa, puesto que, se reitera, de la propia demanda no se aprecia que el accionante del amparo se encuentre privado de su libertad o detenido por alguna autoridad judicial o administrativa y menos que se haya girado en su contra una orden de deportación fuera de procedimiento legal. Encuentra aplicación al caso, la jurisprudencia JI7, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa Del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, tomo III, Segunda Parte-2, Enero-Junio de 1989, Materia(s): Administrativa, Octava Época, pagina 951, con registro electrónico 229397, que a la letra reza: "SUSPENSIÓN DE OFICIO, CORRESPONDE AL JUZGADOR FEDERAL DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE LA. Constituyendo la suspensión de oficio una medida de carácter excepcional, autorizada en atención a la urgencia y gravedad del caso, la suspensión que llegare a decretarse en términos de la fracción I, del artículo 123 de la Ley de Amparo, únicamente surtiría efectos respecto de los actos que directamente pudieran causar al quejoso algunas de las lesiones descritas en la norma, es decir, que directamente pusieran en peligro su vida, 'permitieran su destierro, su deportación o la imposición de penas prohibidas por el artículo 22 constitucional, lo cual implica que es el juzgador federal como órgano encargado de aplicar las normas del juicio de amparo, quien debe siempre y en todo caso examinar si entre los hechos denunciados por el quejoso y los resultados dañinos temidos por .éste, existe una relación de causalidad tal que justifique la adopción de la medida cautelar. En este orden de ideas, si bien es cierto que al momento de presentar la demanda y solicitar la suspensión de plano en la mayoría de los casos el quejoso no está en aptitud de acompañar las pruebas necesarias para acreditar de manera fehaciente la existencia o inminencia de los actos reclamados, también es cierto que, es al juzgador federal a quien corresponde analizar (valiéndose incluso únicamente de las manifestaciones del demandante), si la realización de los actos reclamados por e/ quejoso tendrían como consecuencia directa, obligada o forzosa, la privación de su vida, su destierro, deportación o la imposición en su perjuicio de penas prohibidas por la Constitución, surtiéndose así la procedencia de la suspensión de oficio en términos del artículo 123 de la Ley de Amparo". Así como la tesis V1.1o.A.19 K, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XX, Diciembre de 2004, Novena Época, materia común, página 1458, con registro 179731, del rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN DE PLANO. DERIVA DIRECTAMENTE DE LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO, NO DE LAS RAZONES QUE AL EFECTO ADUZCA EL QUEJOSO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley de Amparo, la suspensión de oficio de los actos reclamados en el juicio de garantías procede cuando se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, deportación o destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o cuando se trata de actos que, si llegaren a consumarse, harían físicamente imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía violada, de lo que se sigue que esta clase de suspensión deriva directamente de la naturaleza del acto reclamado, esto es, que para concederla es necesario atender al origen mismo del acto tildado de inconstitucional, ello en atención a que acorde con lo establecido en el precepto legal en comento, cuando se trate de un acto que importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 citado, que invariablemente sería de restitución físicamente imposible, o de un acto diverso que de consumarse igualmente haría físicamente imposible la restitución de la garantía violada en perjuicio del quejoso, la suspensión debe concederse de plano, es decir, sin que tengan que tomarse en consideración los requisitos previstos en el artículo 124 de la ley de la materia, en particular que la solicite el quejoso, motivo por el cual lo que éste manifieste al respecto no determina la procedencia o no de la suspensión de oficio, sino que ello es una atribución exclusiva del Juez de Distrito, quien atendiendo a la naturaleza del acto y no a enfoques subjetivos de las partes, es el único facultado para decidir si se está o no en presencia de un acto que lo obligue a decretar la suspensión de oficio." NOTIFICACIÓN A LAS PARTES, DESIGNACIÓN DE DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a *** y en términos restringidos de dicho numeral a la diversa persona que menciona, por así haberlo solicitado. Por otro lado, del escrito inicial de demanda se advierte que la parte quejosa señaló domicilio para oír y recibir notificaciones en Comitán de Domínguez, Chiapas; por tanto, gírese atento despacho al Juez de Primera Instancia en Materia Civil, en turno, del Distrito Judicial de Comitán de Domínguez, Chiapas, para que por su conducto y en auxilio de la Justicia Federal, ordene a quien corresponda, notifique el presente auto al quejoso, con copia autorizada del mismo, debiendo precisar el actuario de manera específica que se le corre traslado con la constancia referida; para los efectos legales correspondientes. Asimismo, le requiera para que en el momento de la notificación; o bien, dentro del término de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, señale domicilio en esta ciudad, de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para oír y recibir notificaciones, apercibido que de no hacerlo, sin ulterior acuerdo, las subsecuentes, aun las de carácter personal, se harán por medio de lista, atento a lo dispuesto por el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo. Se faculta al Juez del fuero común, de conformidad con el artículo 21, tercer párrafo, de la ley de la materia, para que habilite días y horas inhábiles para llevar a cabo la diligencia encomendada. De igual manera se faculta al actuario judicial de su adscripción, para que en el caso de que al constituirse en el domicilio respectivo no sea el correcto y fuere informado de que puede ser notificado en uno diverso que se le proporcione, practique en dicho domicilio la diligencia ordenada, debiendo asentar en cualquier caso la razón que corresponda. Apercibidos que de no hacerlo, se les impondrá multa de cincuenta unidades de medida y actualización, de conformidad con el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, emitido por el Poder Ejecutivo, que entró en vigor el veintiocho de enero siguiente con apoyo en lo dispuesto por los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo en vigor. Hecho que sea, se sirvan devolver el despacho a la brevedad posible.

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