Roberto Castro Barrera

Expediente 653/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 8 actuaciones registradas, la última del 17 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
653/2019
Año
2019
Actuaciones
8
Última actuación
17/07/2019

Partes del expediente

  • Roberto Castro Barrera
  • Leonor Llano Trinidad
  • Roberto Castro Barrera y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Visto el estado de los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, de los que se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído de veintiocho de junio de dos mil diecinueve, dictado en el presente juicio de amparo (fojas 82 a 86). En consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, en términos del numeral 2° de la Ley en Aplicación, se declara que dicho auto que sobresee fuera de audiencia, ha causado estado. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Luego, en cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, se determina: De acuerdo con el punto vigésimo primero, fracción II, del citado acuerdo, el expediente principal transcurrido cinco años a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, se destruirá en su totalidad, porque se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio. En términos de los puntos 11, párrafo segundo, 20 y 21 del citado Acuerdo General Conjunto, este expediente no es de relevancia documental, ni jurídica e histórica, y no existen documentos originales que devolver a las partes, de acuerdo a la certificación que antecede. Notifíquese; y personalmente a las partes.

  2. Principal

    Visto el oficio y anexos de cuenta signado por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite copias certificadas de las constancias de notificación realizada a las partes del auto de treinta de enero de dos mil diecinueve, dictado en el juicio laboral 44/2009. Por otra parte, toda vez que de autos se aprecia que por proveído de cinco de junio de dos mil diecinueve, este juzgado federal se reservó proveer lo conducente respecto de la ampliación de demanda planteada por Jesús Montalván Ramírez, apoderado de los quejosos (1) Roberto Castro Barrera, (2) Leonor Llano Trinidad, (3) Antonio Morales Deloya y (4) Bartolomé Flores Ramírez (foja 14), hasta en tanto se recibiera el informe justificado de la autoridad responsable (foja 47); por tanto, en virtud de que ya se cuenta con el citado informe justificado y las constancias de notificación solicitadas, se levanta la reserva decretada en autos y se procede a acordar lo conducente en relación a la ampliación de la demanda propuesta. Ahora, la parte quejosa en su ampliación demanda señala como acto reclamado el siguiente: AMPLIACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. "EL AUTO DE FECHA 30 DE ENERO DEL 2019, MEDIANTE EL CUAL LA RESPONSABLE OMITIO HACER EFECTIVA LA MEDIDA DE APREMIO FIJADA A LA DEMANDADA POR LA CONTUMACIA DE CUMPLIR EL LAUDO, COMO PARTE DE LA EFIUCAZ E INMEDIATA EJECUCIÓN DEL LAUDO DE FECHA 26 DE AGOSTO DEL 2011." En ese sentido, este Juzgado de Distrito considera que en el presente juicio se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo por no promover el juicio de amparo en los plazos previstos. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. En adición, es importante destacar lo previsto en los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Entonces, de una interpretación armónica de los artículos transcritos se advierte, que el juicio de amparo es improcedente, cuando se consienta tácitamente el acto reclamado al ocurrir alguna de las hipótesis para computar el plazo legal de quince días que se tiene para la presentación de la demanda de amparo: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución que reclame; b) Desde el día siguiente al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; y, c) Desde el día siguiente al en que se hubiere ostentado sabedor de los mismos. Sobre esa base, se tiene que dichas hipótesis se excluyen entre sí y no guardan relación alguna; lo que revela la intención del legislador de establecer que el término para la promoción del amparo se computa a partir del día siguiente en que se verifique cualquiera de los supuestos en ella contenidos. En el caso, se arriba a la consideración que se actualiza la hipótesis marcada con el inciso a), en relación al plazo para la promoción del juicio de amparo, que se computa desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución que se reclame. Como el acto proviene de un juicio laboral promovido por los quejosos, el plazo para la promoción del juicio de amparo se regula con lo previsto en el artículo 747, fracción II de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria a la Ley burocrática 51 del Estado: "Artículo 747. Las notificaciones surtirán sus efectos de la manera siguiente: (.) II. Las demás; al día siguiente al de su publicación en el Boletín o en los estrados de la Junta." Así, se considera actualizada la hipótesis del inciso a) porque el acuerdo de treinta de enero de dos mil diecinueve que reclaman los quejosos, se les notificó por estrados el nueve de mayo de dos mil diecinueve, como se advierte de la copia certificada de la cédula de notificación enviada por la autoridad responsable mediante oficio 6263/2019; actuaciones que merecen pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2 de la Ley de Amparo. Por tanto, la notificación realizada a los actores, aquí quejosos, surtió efectos al día siguiente, es decir, el diez de mayo de dos mil diecinueve. Luego, el plazo de quince días para que los promoventes promovieran la ampliación de demanda en contra del acto que reclaman inició el trece de mayo de dos mil diecinueve y culminó el treinta y uno del mismo mes y año, descontados que fueron los días once, doce, dieciocho, diecinueve, veinticinco y veintiséis de mayo de dos mil diecinueve, por haber sido inhábiles. Entonces, si los quejosos presentaron su escrito de ampliación de demanda ante la Oficialía de Partes de este juzgado federal hasta el cuatro de junio de dos mil diecinueve, es evidente que no se presentó dentro del plazo de quince días que prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo, porque los quejosos tenían como último día, para presentar la ampliación de demanda el treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve. Por ende, resulta extemporánea y en consecuencia, consintió el acto reclamado de manera tácita, esto es, lo establecido en el acuerdo de treinta de enero de dos mil diecinueve, emitido por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede esta ciudad, dentro del expediente laboral 44/2009, que hoy reclaman. En consecuencia, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA. En otro orden de ideas, de acuerdo al artículo 62 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional analizará de oficio las causales de improcedencia y en el caso, de las constancias que la autoridad responsable remite, las cuales merecen pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2 de la Ley de Amparo, se advierte que cesaron los efectos del acto reclamado por las siguientes consideraciones. Por escrito presentado el trece de mayo de dos mil diecinueve (fojas 2 a 7), ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, y turnado el mismo día a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, (1) Roberto Castro Barrera, (2) Leonor Llano Trinidad, (3) Antonio Morales Deloya y (4) Bartolomé Flores Ramírez, por conducto de su apoderado Jesús Montalván Ramírez, solicitaron el amparo y protección de la justicia federal. Ahora, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el acto reclamado debe fijarse de manera clara y precisa en las sentencias de amparo. Además, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que para tal efecto, el juez debe tomar en consideración todos los datos que emanan de la demanda de amparo, sus escritos aclaratorios e incluso la totalidad de la información del expediente, en atención al pensamiento e intención de su autor y descartando las imprecisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Entonces, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que los quejosos 1) Roberto Castro Barrera, (2) Leonor Llano Trinidad, (3) Antonio Morales Deloya y (4) Bartolomé Flores Ramírez, por conducto de su apoderado Jesús Montalván Ramírez, reclaman del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero: La omisión de acordar los escritos presentados el siete y catorce de enero de dos mil diecinueve, en el juicio laboral 44/2009, en donde solicitaron hacer efectiva la multa a la demandada. Ahora, de las constancias que se acompañan al informe justificado, este Juzgador advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo que prevé lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. [.]" La causa de improcedencia del juicio de amparo consistente en la cesación de efectos, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J.59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso, de las constancias que el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, remitió en su informe justificado relativas al expediente laboral 44/2009, se advierte que el trece de junio de dos mil diecinueve, la autoridad responsable atendió las solicitudes de siete y catorce de enero de dos mil diecinueve, presentadas por los actores, en el que les hizo saber, que se estuvieran a lo acordado en el auto de la precitada data, donde se determinó suspender el procedimiento en lo principal hasta en tanto se resolviera el incidente de nulidad de actuaciones planteado por la parte demandada (foja 58). Por tanto, la omisión que reclaman los quejosos de la autoridad responsable, cesó en sus efectos, porque el trece de junio de dos mil diecinueve, se atendieron las solicitudes de siete y catorce de enero de dos mil diecinueve, en el que se les hizo saber, se estuvieran a lo acordado en el auto de la precitada data, donde se determinó suspender el procedimiento en lo principal hasta en tanto se resolviera el incidente de nulidad de actuaciones planteado por la parte demandada; lo que trae como consecuencia, que los efectos del acto reclamado han desaparecido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional. Por tanto, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio. En las narradas circunstancias, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las once horas con cuarenta minutos del ocho de julio de dos mil diecinueve (foja 59 reverso). Lo anterior hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar; y, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Visto el oficio y anexo de cuenta signado por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite copia certificada del auto de treinta de enero de dos mil diecinueve, dictado en el juicio laboral 44/2009, sin que al efecto haya remitido las constancias de notificación realizada a las partes de dicho acuerdo. Por tanto, para estar en condiciones de acordar lo conducente respecto de la ampliación de la demanda planteada en autos; con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, esto es a Bernardo Ortega León, a efecto de que dentro del término de tres días siguientes al en que reciba el oficio de notificación de este acuerdo, remita copias certificadas de las constancias de notificación realizada a las partes del auto de treinta de enero de dos mil diecinueve, dictado en el juicio laboral de origen 44/2009. Bajo el apercibimiento que de no hacerlo así o no informar el impedimento legal que tenga para ello dentro del lapso indicado, se hará acreedora a una multa de cien unidades de medida y actualización, equivalente a $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional), tomando en cuenta que el valor de dicha unidad de medida es de $84.49 (ochenta y cuatro pesos 49/100 moneda nacional), de conformidad con lo dispuesto por los artículos 260, fracción IV, y 238 de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    Glósese a los autos para que surta sus efectos legales correspondientes el pedimento de cuenta, signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, sin perjuicio de ser relacionado en la etapa procesal oportuna y tomarse en consideración al momento de resolverse la presente instancia constitucional. Asimismo, como lo solicita, en su momento procesal oportuno y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, de conformidad con el numeral 2° de la Ley de Amparo, expídase una vez que se dicte la sentencia respectiva las copias fotostáticas certificadas que refiere.

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