Roberto Castillo Perez

Expediente 967/2018 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
967/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
08/10/2018

Partes del expediente

  • Roberto Castillo Perez

Actuaciones

  1. Principal

    MESA II NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE

  2. Principal

    MESA II NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE

  3. Principal

    MESA II SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27, FRACCION PRIMERA INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO, SINTESIS DEL AUTO DE VEINTIUNO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO: Vista la demanda de amparo formulada por Roberto Castillo Pérez contra actos de la Directora de Dictaminación de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, con residencia en la Ciudad de México; en consecuencia, fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado con el número 967/2018-II-B. PRUEBA Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida, admitida y desahogada por su propia naturaleza la prueba documental que anexa la parte quejosa a su demanda de amparo. DESECHAMIENTO En primer término, a efecto de proveer respecto de la demanda propuesta, se debe considerar el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual dispone: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. El citado precepto impone, la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. Así, el concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la jurisprudencia cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS." Esencialmente, la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte, en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Así las cosas, en acatamiento a lo dispuesto en la jurisprudencia de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD.", se obtiene que, en la especie, la parte quejosa reclama de la Directora de Dictaminación de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, con residencia en la Ciudad de México, lo siguiente: ? La determinación de ocho de junio de dos mil dieciocho, contenida en el oficio VJ/DGDS/DD/3691/2018, derivado al expediente 2018/280/4572 por medio del cual la autoridad responsable indica que no está en posibilidad de emitir el dictamen solicitado. Ahora bien, en el presente caso, respecto de los actos reclamados se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII en relación con el numeral 5 fracción II ambos de la Ley de Amparo, respecto de la determinación contenida en el contenida en el oficio VJ/DGDS/DD/3691/2018, derivado al expediente 2018/280/4572 por medio del cual la autoridad responsable indica que no está en posibilidad de emitir el dictamen solicitado, toda vez que la autoridad que lo emite, no tiene el carácter de responsable para los efectos del juicio de amparo. Al respecto, es menester traer a contexto el contenido de los numerales enunciados:. En principio, debe señalarse que el juicio de amparo tiene por objeto resolver las controversias que se susciten por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1º de la Ley de Amparo. La legislación reglamentaria en comento consigna la definición legal de autoridad responsable, al establecer en el artículo 5 fracción II de la Ley de Amparo que es: "la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas". Sin embargo, la lectura del citado numeral pone de manifiesto que más que una definición del concepto autoridad responsable, el legislador se limitó a enunciar las acciones que pueden atribuírsele a ese ente. Por tal motivo conviene traer a contexto, que en términos generales la doctrina define a la autoridad responsable como el órgano del Estado o de la administración pública paraestatal, superior o inferior, de hecho o de derecho, que por la ley que los instituyó están facultados para expedir prevenciones, órdenes o disposiciones que afectan de alguna manera a los particulares, en su conjunto o individualmente, a quien el quejoso le atribuye el acto o la omisión reclamada en su demanda de amparo. En ese contexto, la actual integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que es autoridad, para efectos del amparo, el ente de hecho o de derecho que emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin requerir para esos efectos de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. De lo que se sigue que autoridad es todo aquel ente que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Conforme a este criterio, es dable aseverar que el concepto de autoridad responsable debe concebirse, fundamentalmente, por exclusión de los actos de particulares; para lo cual es útil atender a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación y supra a subordinación. De acuerdo con esta teoría, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destacan, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso-administrativo, en tanto que en el parámetro constitucional el juicio de amparo. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución Federal establece una serie de garantías individuales y derechos humanos como limitaciones al actuar del gobernante, debido a que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Precisado lo anterior, ha quedó establecido en párrafos anteriores que, el quejoso reclama el oficio VJ/DGDS/DD/3691/2018, de ocho de junio del año en curso, por medio del cual la autoridad responsable le indicó que no está en posibilidad de emitir el acuerdo de trámite que contenga el dictamen técnico solicitado por el usuario, dictado en el expediente 2018/280/4572. Cierto, de la documental anexa a la demanda de amparo se advierte que la autoridad emisora entre otras cosas establece: "[.] Por lo anterior esta Comisión Nacional, de conformidad con los artículos 68, fracción VII, sexto y Séptimo párrafo y 68 Bis, primer párrafo interpretado a contrario sensu, de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financiero, no está en posibilidad de emitir el acuerdo de trámite que contenga el dictamen solicitado por el "USUARIO", lo que no obsta para que el Usuario, de considerarlo procedente pueda acudir ante las instancias que juzgue pertinentes para hacer valer sus derechos [.]". Oficio del que además de advierte que se emitió en atención a la solicitud del quejoso como "usuario" de servicios financieros correspondiente a la reclamación en contra de Banco Azteca Sociedad Anónima Institución de Banca Múltiple. Ahora bien, para apoyar la conclusión alcanzada, resulta indispensable citar los artículos 1o. y 5o. de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros los cuales disponen lo siguiente:.. Por su parte, los preceptos de esa ley, relativos a las facultades de la Comisión y al procedimiento de arbitraje, establecen:. De conformidad con los preceptos reproducidos, la ley establece un mecanismo de solución de conflictos de naturaleza heterocompositiva, optativo para las partes, y otorga facultades a la comisión para que dirija tal procedimiento, de acuerdo con las etapas y condiciones previstas en el artículo 68 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros. El procedimiento conciliatorio del que conoce la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros inicia a instancia de parte, por la solicitud expresa del usuario de los servicios financieros. En él debe citarse a las partes a una audiencia de conciliación, dentro de los veinte días hábiles siguientes a partir de la fecha en que se reciba la reclamación del usuario, el objetivo de la audiencia es que las partes concilien sus intereses, para ello, el conciliador formulará las propuestas de solución y procurará que la diligencia se desarrolle en forma ordenada y congruente. Ahora bien, debe distinguirse la etapa de conciliación de la emisión del dictamen técnico, pues aun cuando la posibilidad de elaborarlo aparece en la fracción VII del artículo 68 en análisis, lo cierto es que no constituye un paso dentro de la conciliación, ya que ésta se agota en la audiencia de ley. En efecto, la fracción VII de la citada porción normativa dispone que en la audiencia respectiva se exhortará a las partes a conciliar sus intereses, si no llegan a una conciliación, las invitará a que designen un árbitro, y en caso de que rechacen el arbitraje, se dejarán a salvo sus derechos para que los hagan valer ante los tribunales competentes, con lo que se da por concluido el procedimiento. La misma norma establece como atribución de la comisión la de emitir un dictamen técnico, siempre y cuando existan elementos que, a su juicio, permitan suponer la procedencia de lo reclamado. El dictamen técnico que contenga su opinión técnica y jurídica, se entregará al usuario de los servicios financieros, a petición de parte, a efecto de que pueda hacerlo valer ante los tribunales competentes, como prueba de su parte. Para que el usuario pueda presentar la solicitud de dictamen, de acuerdo con la norma, debe agotar el procedimiento conciliatorio y la institución financiera debe rechazar el arbitraje que le proponga la comisión. De donde se puede afirmar que la emisión del dictamen no forma parte del procedimiento de conciliación; la posibilidad de emitirlo surge ante la falta de acuerdo conciliatorio y de aceptación de arbitraje. Es un acto independiente, aunque la posibilidad de su emisión surja del resultado del procedimiento que establece el artículo 68 en análisis. En ese sentido, corresponde a la Comisión determinar si procede o no la elaboración del dictamen técnico, a efecto de que, en la eventualidad de que el usuario decida entablar juicio en contra de la institución financiera pueda hacerlo valer ante los tribunales competentes, sin que ello implique, en términos de la ley, que el dictamen determine, de antemano, el sentido condenatorio de la sentencia, pues al ser una mera opinión técnica calificada, no obliga al Juez correspondiente, quien puede atenderlo o no, según los argumentos y pruebas que ofrezcan las partes. De ahí que tiene carácter de prueba preconstituida, sujeta a las reglas de valoración que le son propias y que, por ello, puede ser contradicha. En este sentido, aunque es la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros la que determina si procede emitir un acuerdo de trámite que contenga un dictamen, si a su juicio se desprenden elementos del expediente que permitan suponer la procedencia de lo reclamado, es el órgano jurisdiccional el que debe hacer la ponderación final sobre si el dictamen tiene o no la naturaleza de prueba preconstituida, en cuanto a tener por demostrada una obligación contractual incumplida, cierta, líquida y exigible. Así, el dictamen técnico, se encuentra desprovisto de los atributos que definen al acto de autoridad, pues a través suyo, la Comisión no desarrolla tareas propias del Estado frente a los gobernados, que afecten derechos e impongan obligaciones, pues el dictamen no determina el sentido en el que deba resolverse la controversia jurisdiccional, ya que estará sujeta a revisión judicial respecto de la satisfacción de los requisitos señalados en el artículo 68 Bis de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros. De lo aquí expuesto es posible concluir que la emisión del dictamen técnico a que se refiere el artículo 68 fracción VII, párrafo segundo, de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, se encuentra desprovisto de los atributos que definen al acto de autoridad, pues a través suyo, la comisión no está desarrollando tareas propias del Estado frente a los gobernados, que afecten derechos e impongan obligaciones. En consecuencia, al haberse demostrado que el acto impugnado en esta vía no constituye un acto de autoridad impugnable a través del juicio de amparo indirecto, resulta evidente que se surte el motivo manifiesto e indudable de improcedencia previsto por la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107 fracción IV, del citado ordenamiento legal. Así las cosas, ante la notoria e indudable improcedencia del presente juicio de amparo, con fundamento en el citado artículo 113 de la Ley de Amparo, se DESECHA DE PLANO la demanda formulada por Roberto Castillo Pérez. DOMICILIO Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito de demanda, en el entendido que de no existir el mismo, encontrarse éste deshabitado o manifestar quien lo ocupe que no conoce a la parte promovente o a sus autorizados, se practicarán las notificaciones, aún las de carácter personal, por lista de acuerdos que al efecto se publique en los estrados de este juzgado, lo anterior con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Asimismo, se tienen como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Roberto Castillo Pérez y Martha Morales Reyes, en virtud de que se encuentran registrados en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación y en términos restringidos del citado arábigo a Sarahí Pereyra Hernández, por no encontrarse registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación y a las personas restantes, por así solicitarlo expresamente. SERVICIOS TECNOLÓGICOS RELATIVOS A LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO Con fundamento en el artículo 3 de la ley de la materia, 60, 77, 78, 80, 93, 94 y relativos del Acuerdo General 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, se autoriza a la parte quejosa para presentar promociones, consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con el juicio de amparo 967/2018-II-B, de manera electrónica y bajo los lineamientos establecidos para tal efecto, bajo el usuario *** y correo electrónico ***. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de cualquier diligencia que se ordene en estos autos, sin necesidad de ulterior pronunciamiento; lo anterior, para los efectos legales procedentes.

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