Roberto Castillo Gutiérrez
Expediente 1011/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 10 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1011/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 29/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al Juzgado Tercero de Distrito en Veracruz, en Boca del Río, Veracruz
- Roberto Castillo Gutiérrez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Boca del Río, Veracruz a las nueve horas con veinte minutos del veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés, hora y fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio 1011/2023, presidida por el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz, Luis Rafael Bautista Cruz, asistido de la secretaria Yonaji Nuria Juárez Rivas, con quien actúa y da fe, inicia la audiencia prevista por el artículo 124 de la Ley de Amparo, inicia la presente audiencia sin asistencia de las partes. Abierta la audiencia, la secretaria hace relación de las constancias que integran el presente juicio, de las que destacan el escrito de demanda, así como el informe justificado rendido por la autoridad señalada como responsable; asimismo, da cuenta con el escrito de Óscar Shamir Leal Cano, apoderado de la parte tercera interesada ARRENDADFREECONTRACT, Sociedad Anónima de Capital Variable, registrado con el número de promoción 20420 A lo anterior, el Juez acuerda: Téngase por relacionadas las constancias indicadas; y por cuanto hace al escrito signado por el apoderado de la tercera interesada, se glosa a los autos y se tienen por hechas sus manifestaciones a título de alegados, los cuales serán tomados en cuenta en el momento procesal oportuno, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de la ley de la materia. Abierto el período probatorio, la secretaria hace constar que la parte quejosa adjuntó diversas documentales a su demanda de amparo, y que la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial Número Nueve de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Veracruz, aportó los documentos que adjuntó a su informe justificado, así como las constancias que se tuvieron por recibidas en proveídos de trece y dieciocho de octubre del año en curso, mientras que, por lo que hace a la parte tercera 26/05/24 17:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.03.0b.f8 YONAJI NURIA JUAREZ RIVAS 2 interesada ARRENDADFREECONTRACT, Sociedad Anónima de Capital Variable, por acuerdos de seis y dieciocho del propio octubre de esta anualidad, se recibieron las pruebas documentales que adjuntó a sus respectivos escritos; asimismo, la secretaria hace constar que las demás partes no ofrecieron prueba alguna. Acto seguido, el Juez acuerda: Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tiene por admitidas y desahogadas dichas probanzas, dada su propia y especial naturaleza, y al no haber más pruebas por admitir o desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, la secretaria hace constar que la parte tercera interesada ARRENDADFREECONTRACT, Sociedad Anónima de Capital Variable, realizó diversas manifestaciones a título de alegatos, mientras que las partes restantes no ejercieron ese derecho, ni el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito formuló pedimento; por lo que, el Juez acuerda: Con fundamento en el numeral 124 de la legislación reglamentaria se tienen por reproducidos los alegatos de la parte tercera interesada, los cuales serán tomados en consideración al momento de resolver el presente juicio, y al no existir más alegatos por reproducir se declara cerrado el presente periodo. Con lo anterior, se dan por terminadas las dos primeras etapas de esta audiencia, por lo que se levanta esta acta y se procede a dictar la sentencia correspondiente. Juez Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz Luis Rafael Bautista Cruz (Firma electrónicamente) Secretaria Yonaji Nuria Juárez Rivas (Firma electrónica)
- Principal
Boca del Río, Veracruz, siete de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito signado por el apoderado legal de la persona moral con carácter de tercera interesada ********************Sociedad Anónima de Capital Variable. Atento a su contenido, ténganse por hechas sus manifestaciones a título de alegatos, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de la Ley de Amparo, sin perjuicio de que sean relacionados y tomados en consideración en el momento procesal oportuno. Notifíquese.
- Principal
VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 558/2023, promovido por Víctor Manuel Gilbert Isidoro, contra los actos atribuidos a las autoridades responsables detalladas en su escrito de demanda. RESULTANDO Primero. (Demanda). Mediante escrito depositado en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en Boca del Río, Veracruz, el veintiuno de junio del año en curso, recibido y recibido al día siguiente en este órgano jurisdiccional, Víctor Manuel Gilbert Isidoro solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos y autoridades detalladas en el escrito de demanda. Segundo. (Incompetencia). En proveído de veintitrés de junio del presente año (foja 14 a 20), se determinó que no había lugar a proveer respecto a la suspensión de plano de los actos reclamados, por las consideraciones vertidas en el acuerdo de referencia; además, se consideró que el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, era a quien le correspondía conocer del asunto, pues la incompetencia planteada versaba sobre la competencia por turno, dado que ese Juzgado de Distrito tuvo conocimiento previo del asunto. Tercero. (Admisión). Por auto de seis de julio del año en curso (fojas 36 a 40), se admitió la demanda de amparo al no haber aceptado el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, la vinculación por conocimiento previo del presente juicio de amparo y, se requirió el informe justificado a las autoridades responsables; se dio la intervención que corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO Primero. (Competencia). Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer del presente asunto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados de Circuito, y de los Juzgados de Distrito. Segundo. (Precisión de los actos reclamados). De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta necesario fijar con claridad y precisión en qué consiste el acto reclamado, que se desprenden del estudio y análisis de la demanda de protección de derechos fundamentales y, de las constancias que integran el presente sumario, atendiendo a la tesis de jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, Tomo XI, abril de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, y cuyo texto es: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Igualmente, sirve de fundamento para la interpretación y delimitación del acto reclamado, la tesis número P. VI/2004, registro 181810, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a folio 255, del Tomo XIX, abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra refiere lo siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura integra de la demanda sin atender los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En atención a ello, se puntualiza como acto reclamado el siguiente: Del Director de la Clínica de Medicina Familiar (C.M.F.) de San Andrés Tuxtla, Veracruz y del Director del Hospital del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en Coatzacoalcos, Veracruz, la negativa de atender al quejoso en la especialidad de nefrología para el control adecuado de las enfermedades crónicas degenerativas que padece el quejoso, tales como Diabetes Mellitus tipo II e insuficiencia renal etapa II. Tercero. (Certeza de los actos reclamados). Es cierto el acto reclamado al Director de la Clínica de Medicina Familiar (C.M.F.) de San Andrés Tuxtla, Veracruz, dado que, al rendir su informe con justificación aceptó el acto que se le atribuye. Además, remitió copia certificada del carnet de identificación del quejoso con RFC: CAWH650224/4, número de ISSSTE 322952, de San Andrés Tuxtla, Veracruz (foja 75); documental valorada de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, párrafo segundo, al tratarse de una documental pública, cuyo contenido no se encuentra contradicho con otras pruebas. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 153, tomo VI, materia común, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, actualización 1995, con registro 394182, de epígrafe y sinopsis siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena''. Misma consideración debe realizarse por lo que respecta a la diversa autoridad responsable Director del Hospital del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en Coatzacoalcos, Veracruz; no obstante, manifestó no ser cierto el acto reclamado en su informe con justificación, constituye un hecho notorio con fundamento en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, que la citada responsable al rendir su informe previo en el incidente de suspensión derivado del presente asunto (folio 15980), si bien fue omisa en expresar si era cierto o no el acto que se le atribuye, remitió los registros cronológicos del quejoso Gilbert Isidoro Víctor Manuel, quien cuenta con expediente CAWH650224/40, de los cuales se puede advertir que desde el veintinueve de mayo de dos mil diecisiete, la Clínica Médica Familiar San Andrés Tuxtla, Veracruz, refirió al quejoso a esa autoridad para realizarle las consultas con el nefrólogo de apoyo de esa unidad hospitalaria, para darle continuidad a la Enfermedad Renal Crónica en control subsecuente/Diabetes Mellitus tipo 2/ Hipertensión Arterial. Ello es así, pues atendiendo a la prerrogativa contenida en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, coincidentemente, entre otros tratados internacionales, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que consagran, entre otros, el derecho humano de protección a la salud, éste se traduce en la obligación del Estado de garantizar el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfaga las necesidades de la población, entendiéndose por tales servicios, las acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona. Máxime, que la simple afirmación de la autoridad responsable sobre la inexistencia del acto en su informe justificado, es insuficiente para revertir la carga probatoria, ya que no se trata de una negativa lisa y llana, sino que conlleva implícito un hecho positivo consistente en la prestación adecuada y eficiente del servicio médico. Lo anterior, encuentra apoyo en la tesis IV.2o.A.23 A (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, visible en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIII, Tomo 4, Octubre de 2012, página 2467, con número de registro 2001893, de rubro y texto siguiente: "DERECHO HUMANO A LA SALUD. LA SIMPLE AFIRMACIÓN DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES SOBRE LA INEXISTENCIA DE LOS ACTOS EN SU INFORME JUSTIFICADO, RELATIVOS A OTORGAR INCAPACIDADES Y MEDICAMENTOS, ES INSUFICIENTE PARA REVERTIR LA CARGA DE LA PRUEBA Y, POR TANTO, DICHA ACTUACIÓN CONTRAVIENE AQUÉL. El artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos coincidentemente, entre otros tratados internacionales, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, consagra el derecho humano a la salud, que se traduce en la obligación del Estado de garantizar el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfaga las necesidades de la población, entendiéndose por tales servicios, las acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona. Por tanto, si la quejosa demuestra ante la instancia constitucional, mediante los documentos relativos que ha presentado un padecimiento de salud que está siendo atendida en la institución de salud pública correspondiente, y le atribuye a ésta la negativa de otorgarle las incapacidades y medicamentos necesarios; entonces la simple afirmación de las autoridades responsables sobre la inexistencia de esos actos en su informe justificado, es insuficiente para revertir la carga probatoria, ya que no se trata de una negativa lisa y llana, sino que conlleva implícito un hecho positivo consistente en la prestación adecuada y eficiente del servicio médico, pues por estar de por medio el irreductible derecho humano a la salud del derechohabiente, la discrecionalidad en la prescripción de incapacidades y medicamentos a ella, no puede convertirse en una arbitrariedad libre de control de constitucionalidad. En tal virtud, si las citadas autoridades no esclarecen y justifican la constitucionalidad de la negativa que se les atribuye, no obstante que tienen a su alcance los medios documentales adecuados para ello, su actuación contraviene el referido derecho humano a la salud". Por tanto, el acto reclamado a las autoridades Director de la Clínica de Medicina Familiar (C.M.F.) de San Andrés Tuxtla, Veracruz y Director del Hospital del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en Coatzacoalcos, Veracruz, deben tenerse por ciertos. Cuarto. Análisis de la procedencia del juicio de amparo. Las causas de improcedencia son de orden público, por tanto, de estudio preferente, como lo determina el artículo 62 de la Ley de Amparo; las que deberán estudiarse por el juzgador, sean alegadas o no por las partes. Al respecto, el que suscribe no advierte de oficio la existencia de causa de improcedencia alguna, ni las partes hicieron valer la actualización de alguna, por tanto, este órgano jurisdiccional entra al estudio del fondo de la cuestión planteada, para lo cual se tienen por reproducidos los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, como si a la letra se insertaran; además de que dicho actuar no la deja en estado de indefensión, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma. Apoya lo antes considerado, la jurisprudencia 2a./J.58/2010 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 830, tomo XXXI, mayo de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". Por tanto, no se advierte que las partes hubieran hecho valer motivos de improcedencia o que este Juzgado indicara alguno oficiosamente, por lo que se emprende el análisis de los argumentos del justiciable al tenor de los conceptos de violación. Quinto. (Examen constitucional del acto reclamado). Son esencialmente fundados los conceptos de violación esgrimidos por el peticionario del amparo, suplidos en su deficiencia, no obstante que el acto impugnado es de naturaleza administrativa, pero implica violaciones que de materializarse ponen en peligro la vida del quejoso, por lo que con independencia de ser un acto formalmente administrativo, al reclamarse en el juicio de amparo como se indicó, actualiza la hipótesis de suplencia de la deficiencia de la queja prevista en el artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo. Para corroborar el aserto anterior, es necesario, determinar en qué consiste el derecho a la salud y su protección, en atención a que la parte quejosa alega que fue transgredido en su perjuicio con la negativa de otorgarle consulta en la especialidad de nefrología. Pues bien, según el Preámbulo de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud y numeral I de la Declaración de Alma-Ata, la salud es el estado de completo bienestar físico, mental y social del que todo ser humano debe gozar. Por este motivo, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas determinó que la salud es un derecho humano fundamental e indispensable que entraña libertades y derechos cuya efectividad se puede alcanzar mediante procedimientos complementarios como es, entre otros, la adopción de normatividad concreta. Dada la relevancia que este estado de bienestar tiene para las personas, varios instrumentos internacionales han reconocido, por una parte, que la salud es un derecho humano y, por la otra, que toda persona debe disfrutar el más alto nivel posible de salud física y mental, tomando en cuenta tanto las condiciones biológicas y socioeconómicas esenciales del individuo, como los recursos con que el Estado cuenta. El Comité definió este derecho como la posibilidad de "disfrutar de toda una gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarios para alcanzar el más alto nivel posible de salud" y, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, este máximo grado que se busca se puede lograr mediante un conjunto de mecanismos sociales, tales como: normas, instituciones y un entorno propicio. Tales facilidades, bienes y servicios necesarios pueden consistir, por ejemplo: en la atención en salud, citas médicas, tratamientos, cirugías, procedimientos, medicamentos, exámenes, cuidados, servicios preventivos y terapias, mismas que deben prestarse con calidad, oportunidad, sensibilidad con el sufrimiento y de disponibilidad de información. Asimismo, en el párrafo 12 de la Observación General N°14, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, estimó que las facilidades, bienes y servicios necesarios para garantizar el derecho a la salud deben estar disponibles, ser accesibles a todos sin discriminación, ser aceptables y de calidad. Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo directo 6/2008 y en el amparo en revisión 237/2014, concluyó que el derecho a la salud se traduce en la obtención de un determinado bienestar general integrado por el estado físico, mental, emocional y social de la persona que deriva del derecho a la integridad físico-psicológica. Orienta en el caso, la tesis P. LXVIII/2009, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.Tomo XXX, Diciembre de 2009, página 6, Novena Época, con número de registro digital: 165826, de rubro y texto siguientes: "DERECHO A LA SALUD. NO SE LIMITA AL ASPECTO FÍSICO, SINO QUE SE TRADUCE EN LA OBTENCIÓN DE UN DETERMINADO BIENESTAR GENERAL. El referido derecho, contenido en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y reconocido en diversos tratados internacionales suscritos por México, no se limita a la salud física del individuo, es decir, a no padecer, o bien, a prevenir y tratar una enfermedad, sino que atento a la propia naturaleza humana, va más allá, en tanto comprende aspectos externos e internos, como el buen estado mental y emocional del individuo. De ahí que el derecho a la salud se traduzca en la obtención de un determinado bienestar general integrado por el estado físico, mental, emocional y social de la persona, del que deriva un derecho fundamental más, consistente en el derecho a la integridad físico-psicológica". En virtud de que ese estado de bienestar se relaciona con el derecho a la integridad de la persona y a la consecución de una vida digna, es importante que el Estado tome las medidas necesarias para garantizar el nivel más alto posible de salud de los individuos. En cuanto a la protección del derecho a la salud, hay que destacar que éste conlleva, por un lado, la obligación para los Estados de garantizarlo a través de los medios que consideren adecuados con el propósito que las personas puedan alcanzar y mantener el nivel más alto posible del estado general de bienestar físico, mental, social y emocional y por otro, el derecho correlativo de los individuos para hacerlo exigible. En otras palabras, los Estados deben establecer las normas, instrumentos y políticas indispensables para hacer realmente efectivo y operativo el derecho a la salud. Es decir, deben implementar las medidas esenciales para que las personas tengan acceso a toda la gama de facilidades, bienes y servicios fundamentales para alcanzar el más alto nivel posible del estado general de bienestar. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los amparos en revisión 220/2008 y 350/2014, estimó que este derecho, reconocido a nivel constitucional, se traduce en la obligación para el Estado de establecer los mecanismos necesarios para que todas las personas tengan acceso a los servicios médicos con el objeto de proteger, promover y respetar la salud, de manera preventiva, curativa, de rehabilitación o paliativa, a fin de conseguir su bienestar físico y mental, para así contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades y la prolongación y mejoramiento de la calidad de vida. En esa lógica, la Segunda Sala del Alto Tribunal sostuvo en el amparo en revisión 378/2014, que el derecho a la protección de la salud se debe considerar como un derecho complejo que despliega una amplia serie de posiciones jurídicas fundamentales para los particulares y para el Estado, en el entendido de que la protección de la salud y el desarrollo de los correspondientes sistemas sanitarios asistenciales es una de las tareas fundamentales de los Estados democráticos contemporáneos y representa una de las claves del estado de bienestar. Por su parte, la Primera Sala de la Corte en la jurisprudencia 1a./J. 8/2019 (10a.) de rubro: "DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD. DIMENSIONES INDIVIDUAL Y SOCIAL.", estableció que el derecho a la protección de la salud tiene dos proyecciones: una personal o individual y una pública o social. Con respecto a la protección a la salud de las personas en lo individual, este derecho se traduce en la obtención de un determinado bienestar general integrado por el estado físico, mental, emocional y social de la persona, del que deriva el derecho a la integridad físico-psicológica. Por su parte, la faceta social o pública del derecho a la protección de la salud consiste en el deber del Estado de atender los problemas de salud que afectan a la sociedad en general, así como en establecer los mecanismos necesarios para que todas las personas tengan acceso a los servicios de salud. Para ello, el Estado debe emprender las acciones necesarias, tales como el desarrollo de políticas públicas, controles de calidad de los servicios de salud e identificación de los principales problemas que afectan la salud pública del conglomerado social. En las leyes de nuestro país, el cuarto párrafo del artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que toda persona tiene derecho a la protección de la salud y que la ley correspondiente definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general. Respecto a este derecho previsto en el artículo 4º constitucional, en los amparos en revisión 350/2014 y 378/2014, la Segunda Sala determinó que ese precepto contiene el derecho humano a la salud y su protección, el cual se sustenta en el postulado de que todas las personas tienen derecho a vivir en condiciones óptimas de salud física y mental, en un medio ambiente adecuado para ese fin y representa para el Estado la obligación de crear mecanismos, planes y programas de gobierno tendentes a que todas las personas tengan acceso a los servicios de salud encaminados a la obtención de un determinado bienestar general integrado por el estado físico, mental, emocional y social de la persona, del que deriva un derecho fundamental más, consistente en el derecho a la integridad físico-psicológica. En suma, el derecho a la protección de la salud contenido en el artículo 4º constitucional constituye un derecho complejo. Por una parte, impone al Estado las obligaciones de crear las condiciones que se requieran para garantizar el pleno goce y ejercicio del derecho a la salud, estas no se limitan únicamente a cuestiones de asistencia médica inmediata; sino que, derivado de este derecho, se imponen deberes a todos los poderes públicos del Estado, desde el legislador y la administración, hospitales públicos y su personal médico, tribunales, así como a los particulares (médicos, hospitales privados, empleadores y administradores de fondos de pensiones y jubilaciones). Por otro lado, otorga prerrogativas a los particulares, entre las que se encuentra la posibilidad de hacer exigible el cumplimiento de ese derecho. Lo anterior, fue explicado en la tesis 1a. XXIII/2013 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 1, página 626, Décima Época, con registro digital: 2002501, de rubro y texto siguientes: "DERECHO FUNDAMENTAL A LA SALUD. IMPONE DEBERES TANTO A LOS PODERES PÚBLICOS COMO A LOS PARTICULARES QUE SE DEDICAN AL ÁMBITO DE LA SALUD. El derecho a la salud consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos impone deberes complejos a todos los poderes públicos dentro del Estado, desde el legislador y la administración, hospitales públicos y su personal médico, hasta los tribunales; pero también a los particulares, tales como los médicos, hospitales privados, empleadores y administradores de fondos de pensiones y jubilaciones. En consecuencia, del análisis del contenido y estructura del derecho fundamental a la salud, se desprende que éste es vinculante no sólo frente a los órganos del Estado, sino que adicionalmente, posee eficacia jurídica en ciertas relaciones entre particulares. Por ello, en los asuntos de su conocimiento, los tribunales deben atender a la influencia de los valores que subyacen en el derecho a la salud, fungiendo como un vínculo entre la Constitución y los particulares al momento en que resuelven un caso concreto. Así las cosas, en virtud de la fuerza normativa de la Constitución, no resulta compatible concebir que los hospitales privados y su personal médico son regidos únicamente bajo figuras de derecho privado, en especial cuando estos sujetos obran en aras a la protección de la salud de las personas. En efecto, en virtud de la complejidad de los sistemas jurídicos en la actualidad, y de la estrecha relación entre sus componentes normativos, es claro que existen numerosos ámbitos en los cuales no se puede hacer una división clara y tajante entre derecho público y privado. Lo anterior se actualiza en el ámbito de los hospitales privados y su personal médico, ya que su actuar tiene repercusiones en la protección de la salud de los pacientes. En conclusión, no puede negarse que el objetivo consistente en proteger el derecho a la salud de los pacientes es un fin público, pues excede el mero interés de los particulares al ser una meta inherente del Estado mexicano". Una vez precisado que el Estado debe establecer las medidas necesarias para proteger el derecho a la salud, es importante examinar el tipo de obligaciones que surgen derivadas de este derecho. Sobre este tema, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, en la Observación general N°14, determinó que las obligaciones pueden ser básicas, inmediatas, de realización progresiva, de respetar, proteger y cumplir. Obligaciones básicas. El comité concluyó que este tipo de obligaciones son aquellas que las autoridades deben garantizar como mínimo. Por lo que los Estados tienen la obligación fundamental de asegurar al menos la satisfacción de los niveles esenciales del derecho a la salud. Las obligaciones básicas en materia de salud son: Garantizar el derecho de acceso a los centros, bienes y servicios de salud sobre una base no discriminatoria, en especial por lo que respecta a los grupos vulnerables o marginados. En relación con esta obligación, el artículo 23 de la Ley General de Salud establece que se entiende por servicios de salud todas aquellas acciones realizadas en beneficio del individuo y de la sociedad dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad. Estos centros, bienes y servicios de salud deben estar disponibles, ser accesibles, aceptables y de calidad, entendiendo por estas características lo siguiente: a. Disponibles. Se deberá contar con un número suficiente de establecimientos, bienes, servicios y centros de atención de salud, así como de programas. La naturaleza precisa de los establecimientos, bienes y servicios dependerá de diversos factores, en particular el nivel de desarrollo del Estado, pero con independencia de esto, los servicios incluirán elementos determinantes básicos como: agua limpia potable, condiciones sanitarias adecuadas y personal médico y profesional capacitado. b. Accesibles. Deben estar al alcance de todos los sectores de la población, en especial de los grupos vulnerables o marginados. c. Aceptables. Deben ser respetuosos de la cultura de las personas, las minorías, los pueblos y comunidades; además, sensibles a los requisitos del género y el ciclo de vida y deben estar concebidos para respetar la confidencialidad y mejorar el estado de salud de las personas. d. De calidad. Los establecimientos, bienes y servicios de salud deberán ser también apropiados desde el punto de vista científico y médico y ser de buena calidad; para ello se requiere, entre otras cosas, personal médico capacitado, medicamentos y equipo hospitalario científicamente aprobados y en buen estado. En sintonía con lo anterior y atendiendo que, el peticionario del amparo comparece a este juicio constitucional, como derechohabiente del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, pues adjuntó a la demanda de amparo copia simple del Carnet de Identificación a nombre de dicho quejoso, con número de ISSSTE 322952, Delegación Estatal Veracruz, en San Andrés Tuxtla, Veracruz, en la que se aprecia que es derechohabiente afiliado al Instituto de referencia y, corroborado por las autoridades responsables, resulta oportuno citar, el contenido de los artículos 12, 13, 14 y 19 del Reglamento de Servicios Médicos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado: "CAPÍTULO SEGUNDO DEL ESCALONAMIENTO DE LAS UNIDADES MÉDICAS Y DE LA REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA Artículo 12.- El funcionamiento de los Servicios de Atención Médica en las Unidades Médicas de menor a mayor complejidad, se realizará a través del escalonamiento de servicios tomando en cuenta la capacidad resolutiva, existencia de recursos y la definición de criterios de distribución del universo de Usuarios y del esquema de Regionalización. Artículo 13.- Cuando a juicio del Médico Tratante la Atención Médica de un Paciente requiera medios especializados y la unidad no cuente con ellos, se procederá a la Referencia del Paciente a una Unidad Médica del siguiente nivel de atención, de conformidad con el esquema de Regionalización y las disposiciones que al efecto emita la Dirección Médica. Artículo 14.- La Referencia-Contrarreferencia de Pacientes se realizará invariablemente de conformidad con la normatividad aplicable y los sistemas que para tal efecto implemente la Dirección Médica. Artículo 19.- Corresponde a la Unidad Médica receptora del Paciente, proporcionar la Atención Médica que le haya sido solicitada por la Unidad Médica emisora, evitar diferir la atención, verificar la existencia del Expediente Clínico o en su caso la apertura del mismo para atender al Paciente hasta por cinco consultas subsecuentes por el mismo diagnóstico, excepto en los casos que se justifique y se sustente en el Expediente Clínico. Para la Contrarreferencia del Paciente, la Unidad Médica deberá establecer mecanismos que permitan la supervisión, registro y seguimiento de los Pacientes referidos y contrarreferidos.". Asimismo, del Reglamento en comento, en específico del numeral 3, fracciones XXXIX, XLIII y XLIX se entiende por: Primer Nivel de Atención a la Salud. Las acciones y servicios enfocados básicamente a preservar la salud general mediante actividades de promoción, prevención, vigilancia epidemiológica, saneamiento básico, así como el diagnóstico y tratamiento oportuno, a través de consultorios auxiliares y las unidades y clínicas de medicina familiar. Referencia-Contrarreferencia. El procedimiento médico-administrativo entre unidades médicas de Primero, Segundo y Tercer Nivel de atención para facilitar el envío-recepción-regreso de Pacientes con el propósito de brindar Servicios de Atención Médica oportuna, integral y de calidad. Segundo Nivel de Atención a la Salud. Los Servicios de Atención Médica ambulatoria especializada y de Hospitalización a Pacientes referidos del Primer Nivel de Atención a la Salud o los que se presenten con alguna Urgencia médica-quirúrgica, o Enfermedad cuya resolución demanda la conjunción de técnicas y servicios de mediana complejidad a cargo de personal especializado; así como acciones de vigilancia epidemiológica en apoyo a las realizadas en el Primer Nivel de Atención a la Salud. Lo integran las Clínicas de Especialidades, las Clínicas Hospital y los Hospitales Generales. Ahora, en la especie, el acto reclamado por el quejoso consistente en la negativa de atender al quejoso en la especialidad de nefrología para el control adecuado de las enfermedades crónicas degenerativas que padece el quejoso, tales como Diabetes Mellitus tipo II e insuficiencia renal etapa II. En ese sentido, el Director de la Clínica de Medicina Familiar (C.M.F.) de San Andrés Tuxtla, Veracruz, ante el requerimiento efectuado por este Juzgado de Distrito mediante oficio registrado en el libro de correspondencia con el folio 15557, remitió diversas constancias entre las cuales destaca la solicitud de servicios de referencia y contrareferencia de veintitrés de agosto de dos mil veintitrés (fojas 74 y 76), solicitud formal dice que se realizó ante la Dirección de la Clínica Hospital Coatzacoalcos por medio de mail la cual es la forma oficial para realizar solicitudes de forma prioritaria, donde se anexó el formato SM1-17 de la que se aprecian los siguientes datos: DE LA UNIDAD MÉDICA EMISORA: CMF SAN ANDRES TUXTLA. SERVICIO AL QUE SE REFIERE: NEFROLOGÍA (CITA PRIORITARIA). Lo anterior, pues con apoyo en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, es un hecho notorio para este juzgador que en cumplimiento a la suspensión otorgada por este órgano de control constitucional, la autoridad responsable Director del Hospital del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en Coatzacoalcos, Veracruz, al rendir su informe de ley (folio 15980) (fojas 94 a 97 del cuaderno incidental), se advierte que el quejoso fue referido a esa Clínica Hospital desde el veintinueve de mayo de dos mil diecisiete, sin que se advierta que el quejoso posterior al seis de mayo de dos mil veintidós, haya tenido su siguiente revisión; no obstante, que se determinó que esta fuera con una periodicidad anual. En ese sentido, tampoco por desapercibido para este juzgador que la autoridad de referencia al momento de rendir su informe justificado (folio 16820) (fojas 106 y 107), indicó lo siguiente: El quejoso ha recibido atención médica por el doctor Roberto Antonio Pavón Jara, nefrólogo de apoyo (en el entendido de que en esa clínica hospital no hay plaza de nefrología). Se fijaron las ocho horas del trece de septiembre del año en curso, para que el quejoso tuviera cita con el aludido nefrólogo, misma a la que el quejoso no asistió. A partir del dieciséis de septiembre de dos mil veintitrés, el doctor Roberto Antonio Pavón Jara, ya no estará en esa clínica por motivos de traslado de esa unidad, por lo que el servicio de nefrología se deberá solicitar en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Veracruz, por conducto de la unidad médica de adscripción. El control de las enfermedades crónicas degenerativas debe ser con su médico familiar y en caso de compromiso funcional renal importante deberá ser enviado a la especialidad correspondiente. Realiza la aclaración que el padecimiento del quejoso no amerita atención de urgencia, pues no se encuentra en peligro su vida o algún órgano. De lo anterior, se puede advertir que el quejoso se encuentra en una incertidumbre pues si bien se le agendó una cita correspondiente a esta anualidad en la especialidad de nefrología para el trece de septiembre del año en curso, misma a la que no pudo asistir, lo cierto es que de la información rendida por el Director del Hospital del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en Coatzacoalcos, Veracruz, se advierte que a partir del dieciséis de septiembre de dos mil veintitrés, el doctor Roberto Antonio Pavón Jara (nefrólogo de apoyo), ya no estará en esa clínica por motivos de traslado de esa unidad, por lo que el servicio de nefrología se deberá solicitar en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Veracruz, por conducto de la unidad médica de adscripción. Al respecto, de los artículos transcritos con antelación referentes al Reglamento de Servicios Médicos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, se estableció que cuando a juicio del médico tratante, la atención médica de un paciente requiera medios especializados y la unidad no cuente con ellos, se procederá a la referencia del paciente a una Unidad Médica del siguiente nivel de atención. A través de una Referencia-Contrarreferencia de Pacientes, la cual facilita el envío-recepción-regreso de pacientes con el propósito de brindarles un servicio de atención médica oportuna, integral y de calidad, misma que se realizará invariablemente de conformidad con la normatividad aplicable y los sistemas que para tal efecto implemente la Dirección Médica. Con la obligación de que corresponde a la Unidad Médica receptora del paciente proporcionar la atención médica que le haya sido solicitada por la unidad médica emisora. Motivo por el cual, en estricto cumplimiento al derecho fundamental reconocido por el cuarto párrafo del diverso ordinal 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se debe ordenar le sea otorgada la atención médica al aquí quejoso en la especialidad de nefrología, a fin de que se le de tratamiento adecuado para sus padecimientos. En las relatadas condiciones, al resultar fundados los conceptos de violación en estudio, suplidos en su deficiencia, lo que procede es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados por Víctor Manuel Gilbert Isidoro, por propio derecho, para los efectos precisados en el siguiente considerando. Sexto. Efectos de la concesión del amparo. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, con la finalidad de obligar a las autoridades a respetar el derecho fundamental referido y a cumplirlo, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada para el efecto de que el Director de la Clínica de Medicina Familiar (C.M.F.) de San Andrés Tuxtla, Veracruz y el Director del Hospital del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en Coatzacoalcos, Veracruz, en el ámbito de su respectiva competencia: Ordenen se le proporcione al quejoso la atención médica requerida en la especialidad de nefrología. En el entendido que de ser referido el quejoso al Hospital de Alta Especialidad de Veracruz, o bien, a la ciudad de Minatitlán, se deberán instrumentar todas las medidas necesarias para cumplir con dicha finalidad, atendiendo al principio de relevancia a salvaguardar, en el entendido de que cualquier conducta contraria se traduciría en una contravención al ordinal 4° Constitucional. Por lo que se tendrá por cumplida la ejecutoria de amparo, en cuanto le sea asignado al quejoso un nosocomio en el cual pueda atender sus consultas en la especialidad de nefrología y, con ello garantizar sus citas de forma anual. Lo anterior, a fin de que restituir a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado. Séptimo (Tratamiento de datos personales). En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 11, 73, fracción II, y 68 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y en atención a que durante la integración del expediente, la parte quejosa expresó su inconformidad respecto a la publicación de su nombre y demás datos personales en la sentencia que ahora se dicta, en tales condiciones, suprímanse los mismos, en la inteligencia que dicho fallo quedará a disposición del público para su consulta cuando lo soliciten. Octavo (Expedición de copias). Ahora bien, en aras de cumplir con la impartición de una justicia pronta, completa e imparcial, como lo establece el artículo 17 Constitucional, y con el fin de evitar las promociones de las partes solicitando copia de la sentencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, disposición expresa de su numeral 2, expídase a costa de las partes una copia simple o certificada, según lo soliciten al momento de comparecer ante el personal actuante, de la resolución dictada, previa razón de entrega que se realice y firma de recibo de parte interesada que se recabe. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo, además en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo; se RESUELVE: Primero. La Justicia de la Unión Ampara y Protege a Víctor Manuel Gilbert Isidoro, en contra de los actos reclamados al Director de la Clínica de Medicina Familiar (C.M.F.) de San Andrés Tuxtla, Veracruz y al Director del Hospital del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en Coatzacoalcos, Veracruz, consistentes en la negativa de atender al quejoso en la especialidad de nefrología para el control adecuado de las enfermedades crónicas degenerativas que padece el quejoso, tales como Diabetes Mellitus tipo II e insuficiencia renal etapa II; por los motivos establecidos en el considerando quinto y para los efectos indicados en el considerado sexto de esta sentencia. Segundo. Publíquese la sentencia que ahora se dicta en términos del considerando séptimo. Tercero. Expídase a costa de las partes copia simple o certificada, según lo soliciten al momento de comparecer ante el personal actuante, de la resolución dictada, previa razón de entrega que se realice y firma de recibo de parte interesada que se recabe. Notifíquese por lista a las partes y por oficio a la autoridad responsable.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, dieciocho de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito de ********************, apoderado legal de la tercera interesada ********************, Sociedad Anónima de Capital Variable, mediante el cual realiza diversas manifestaciones a título de alegatos, los cuales serán tomados en consideración en el momento procesal oportuno en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo. Asimismo, se tiene como medio de prueba la documental exhibida por el aludido tercero interesado la cual adjuntó al escrito de cuenta, la que será considerada en el momento procesal oportuno, como lo dispone el artículo 119 de la ley que rige la materia, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional. Por otra parte, se glosa los autos el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número Nuevo de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, a través del cual remite las constancias del expediente laboral ******************** de su índice, constante de dos tomos, en alcance a su informe justificado, las cuales serán consideradas en el momento procesal oportuno como lo dispone el artículo 119 de la ley de la materia, sin perjuicio de su relación en la audiencia respectiva, con los cuales se da vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Asimismo, se deja sin efecto el apercibimiento señalado en diverso de siete de julio de dos mil veintitrés. Por último, para su mejor manejo con las constancias originales que se reciben, fórmense los tomos de pruebas I y II...
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