Roberto Castañeda León
Expediente 773/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de agosto de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 773/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 27/08/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Roberto Castañeda León
Actuaciones
- Principal
MESA 7.-VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTISIETE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto; agréguese a los autos el escrito de cuenta, signado por la licenciada María del Carmen Hernández Cerino, autorizada de la parte quejosa, en términos amplios del articulo 12 de la Ley de Amparo, y en atención a su contenido se acuerda: como lo solicita la ocursante de mérito, devuélvanse los documentos que solicita, dejándose en autos copia certificada de los mismos, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con el numeral 2° de ésta, y entréguense a cualquiera de las personas que autoriza, previa firma de recibo que se otorgue en autos.
- Principal
MESA 7.- VILLAHERMOSA, TABASCO, OCHO DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE. Vista, la certificación de cuenta, se desprende que ha transcurrido el término de diez días que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el proveído de diecinueve de junio del presente año, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; por tanto, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales, con fundamento en el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, por remisión expresa de su numeral 2°; en consecuencia, háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En términos de los artículos Décimo Primero y Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el punto Décimo Tercero del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos cinco años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en el presente expediente; por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos.
- Principal
MESA 7.-VILLAHERMOSA, TABASCO, DIECINUEVE DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto; agréguese a los presentes autos para que obre como legalmente corresponda el informe justificado de cuenta, rendido por el Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco con sede en esta ciudad. Ahora bien la precitada autoridad responsable anexó a su informe de cuenta copia certificada del auto de cuatro de junio del año en curso, dictado dentro del expediente 1883/02017; documentos que gozan de pleno valor probatorio conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa de la Ley de Amparo. Por lo anterior y atendiendo a que el quejoso Roberto Castañeda León promovió el presente juicio de amparo en contra de la dilación procesal de la autoridad responsable de acordar sobre la admisión de pruebas ofrecidas dentro del precitado juicio laboral; en atención a lo dispuesto por la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, es evidente que en la especie el acto reclamado cesó en sus efectos porque la autoridad responsable restituyó al impetrante en el goce de sus garantías, al haber emitido el acuerdo de cuatro de junio del año en curso en el que se pronunció sobre las pruebas propuestas por la partes en la citada controversia y señaló diversas fechas para el desahogo de las pruebas aludidas. Sirve de apoyo a lo anterior por analogía la tesis número P.CL/97 sustentada por el Pleno del más alto Tribunal del País visible en la página 71, Tomo VI, Noviembre de 1997, Materia Común Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que literalmente dice: ACTO RECLAMADO CESACIÓN DE EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL.- La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. Consecuentemente al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo procede sobreseer en el presente juicio de amparo fuera de audiencia con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción V del citado ordenamiento legal. Al respecto es aplicable por analogía la jurisprudencia 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386 del Tomo XVII Marzo de 2003 Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta con el rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." En las condiciones anotadas, es dable dejar sin efecto el señalamiento de la audiencia constitucional fijada para las DIEZ HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL OCHO DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE. No es obstáculo a lo antes decretado la circunstancia de que la junta responsable no haya enviado la constancia de notificación efectuada a la parte quejosa respecto del proveído de cuatro de junio del año en curso, dictado en el expediente laboral 1883/2017 de su índice ya que conjuntamente con el presente auto se ordena al fedatario de la adscripción notifique en forma personal el citado acuerdo a la parte quejosa y le corra traslado con copia simple de éste para su debido conocimiento. Es aplicable al respecto la jurisprudencia 1554 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1755, Tomo II Procesal Constitucional 1 Común Primera Parte - SCJN, Décima Segunda Sección - Ejecución de Sentencias de Amparo, Materia Administrativa, Novena Época, del Apéndice de 2011 del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA QUE CONCEDIÓ EL AMPARO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN. QUEDA SIN MATERIA AUNQUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO HAYA NOTIFICADO LA CONTESTACIÓN YA QUE EL QUEJOSO TENDRÁ CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO A TRAVÉS DE LA NOTIFICACIÓN DE LA EJECUTORIA. Cuando se concede la protección federal por violación al derecho de petición consagrado en el artículo 8o. constitucional, determinándose que la autoridad responsable debe dictar el acuerdo que proceda y comunicarlo al interesado ha de considerarse cumplida la ejecutoria si la autoridad contestó por escrito la petición que le formuló el quejoso e intentó notificarle sin éxito o aun cuando éste haya tenido conocimiento del oficio en la etapa de ejecución del juicio de amparo por medio del Juez de Distrito o bien si la autoridad responsable acredita en forma directa ante la Suprema Corte de Justicia el acatamiento dado a la ejecutoria con la documentación oficial que así lo demuestre; consecuentemente debe declararse sin materia el incidente de inejecución sin prejuzgar sobre el debido cumplimiento dado a la sentencia protectora de garantías encontrándose a salvo los derechos del quejoso para, en su caso hacer valer los medios de defensa que tenga a su alcance. Sin que para ello sea obstáculo la circunstancia de que no obre en autos la constancia de notificación a la parte quejosa de los oficios de las autoridades ni el acuerdo del Juez de Distrito en relación al cumplimento del amparo, toda vez que el quejoso tendrá conocimiento de su contenido al notificársele el fallo de la Suprema Corte lo que le permite estar en aptitud de hacer valer los medios de defensa correspondientes. Aunado a lo anterior la actualización de la causa de inejercitabilidad del juicio de amparo promovido se erige en el caso de manera manifiesta e indudable ya que a nada práctico conduciría la tramitación del presente medio de control constitucional debido a su propia naturaleza excepcional y práctica, si los efectos que podrían lograrse con el mismo han sucedido al haber emitido la junta responsable el proveído de cuatro de junio del año actual, de ahí que de continuar el trámite del mismo, se afectaría la naturaleza jurídica de éste, sin poder concretarse los efectos de la concesión que, en su caso, se llegara a otorgar. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa, así como al Agente del Ministerio Público adscrito a este juzgado. Así lo proveyó y firma Carlos Calderón Espíndola Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, asistido de Guadalupe Mayorga Solís Secretaria con quien actúa y da fe.JoséVILLAHERMOSA TABASCO DIECINUEVE DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto; agréguese a los presentes autos para que obren como legalmente corresponda el informe justificado de cuenta, rendido por el Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad. Ahora bien la precitada autoridad responsable anexó a su informe de cuenta copia certificada del auto de cuatro de junio del año en curso, dictado dentro del expediente 1883/02017; documentos que gozan de pleno valor probatorio conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa de la Ley de Amparo. Por lo anterior, y atendiendo a que el quejoso Roberto Castañeda León, promovió el presente juicio de amparo, en contra de la dilación procesal de la autoridad responsable de acordar sobre la admisión de pruebas ofrecidas dentro del precitado juicio laboral; en atención a lo dispuesto por la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo es evidente que en la especie el acto reclamado cesó en sus efectos porque la autoridad responsable restituyó al impetrante en el goce de sus garantías al haber emitido el acuerdo de cuatro de junio del año en curso en el que se pronunció sobre las pruebas propuestas por la partes en la citada controversia y señaló diversas fechas para el desahogo de las pruebas aludidas. Sirve de apoyo a lo anterior por analogía la tesis número P.CL/97 sustentada por el Pleno del más alto Tribunal del País visible en la página 71, Tomo VI, Noviembre de 1997 Materia Común Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que literalmente dice: ACTO RECLAMADO CESACIÓN DE EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL.- La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. Consecuentemente al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de amparo fuera de audiencia con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63 fracción V del citado ordenamiento legal. Al respecto es aplicable por analogía la jurisprudencia 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386 del Tomo XVII, Marzo de 2003, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta con el rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." En las condiciones anotadas es dable dejar sin efecto el señalamiento de la audiencia constitucional fijada para las DIEZ HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL OCHO DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE. No es obstáculo a lo antes decretado la circunstancia de que la junta responsable no haya enviado la constancia de notificación efectuada a la parte quejosa respecto del proveído de cuatro de junio del año en curso, dictado en el expediente laboral 1883/2017 de su índice ya que conjuntamente con el presente auto se ordena al fedatario de la adscripción notifique en forma personal el citado acuerdo a la parte quejosa y le corra traslado con copia simple de éste para su debido conocimiento. Es aplicable al respecto la jurisprudencia 1554 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación visible en la página 1755, Tomo II, Procesal Constitucional 1 Común Primera Parte - SCJN, Décima Segunda Sección - Ejecución de Sentencias de Amparo Materia Administrativa, Novena Época, del Apéndice de 2011 del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen: INEJECUCIÓN DE SENTENCIA QUE CONCEDIÓ EL AMPARO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN. QUEDA SIN MATERIA AUNQUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO HAYA NOTIFICADO LA CONTESTACIÓN YA QUE EL QUEJOSO TENDRÁ CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO A TRAVÉS DE LA NOTIFICACIÓN DE LA EJECUTORIA. Cuando se concede la protección federal por violación al derecho de petición consagrado en el artículo 8o. constitucional determinándose que la autoridad responsable debe dictar el acuerdo que proceda y comunicarlo al interesado ha de considerarse cumplida la ejecutoria si la autoridad contestó por escrito la petición que le formuló el quejoso e intentó notificarle sin éxito o aun cuando éste haya tenido conocimiento del oficio en la etapa de ejecución del juicio de amparo por medio del Juez de Distrito o bien si la autoridad responsable acredita en forma directa ante la Suprema Corte de Justicia el acatamiento dado a la ejecutoria con la documentación oficial que así lo demuestre; consecuentemente debe declararse sin materia el incidente de inejecución sin prejuzgar sobre el debido cumplimiento dado a la sentencia protectora de garantías, encontrándose a salvo los derechos del quejoso para, en su caso, hacer valer los medios de defensa que tenga a su alcance. Sin que para ello sea obstáculo la circunstancia de que no obre en autos la constancia de notificación a la parte quejosa, de los oficios de las autoridades ni el acuerdo del Juez de Distrito en relación al cumplimento del amparo, toda vez que el quejoso tendrá conocimiento de su contenido al notificársele el fallo de la Suprema Corte, lo que le permite estar en aptitud de hacer valer los medios de defensa correspondientes. Aunado a lo anterior la actualización de la causa de inejercitabilidad del juicio de amparo promovido se erige en el caso de manera manifiesta e indudable ya que a nada práctico conduciría la tramitación del presente medio de control constitucional debido a su propia naturaleza excepcional y práctica, si los efectos que podrían lograrse con el mismo han sucedido al haber emitido la junta responsable el proveído de cuatro de junio del año actual de ahí que de continuar el trámite del mismo, se afectaría la naturaleza jurídica de éste, sin poder concretarse los efectos de la concesión que en su caso se llegara a otorgar.
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