Roberto Carlos Valdes Ortiz

Expediente 463/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 15 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
463/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
15/05/2023

Partes del expediente

  • Roberto Carlos Valdes Ortiz

Actuaciones

  1. Principal

    MESA III. Vista la certificación de cuenta de la que se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que refiere el artículo 98, en relación con el 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, sin que el promovente del juicio de amparo haya interpuesto recurso de queja, conforme al diverso numeral 99 de la citada legislación, en contra del auto de veinte de abril de dos mil veintitrés, por el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo promovida por *********, en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2º, se declara que dicho auto ha quedado firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. Consecuentemente, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. [...] Notifíquese. EDC

  2. Principal

    MESA III.- Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos, mediante el cual remite el diverso escrito signado por ********************, por el que refiere desahogar la prevención formulada por este órgano jurisdiccional. En ese sentido, agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda, toda vez que mediante proveído de veinte de abril del año en curso se tuvo por no presentada la demanda de que se trata. Notifíquese. JRL

  3. Principal

    MESA III.- Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término de cinco días, concedido a la parte quejosa a fin de que subsanara la prevención de cuatro de abril de dos mil veintitrés, sin que lo hubiera hecho; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento contenido en dicho proveído, y con fundamento en el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo promovida por ****, por propio derecho, contra actos de los Jueces adscritos al Único Distrito Judicial en Materia Penal, con residencia en Atlacholoaya, Morelos y otras autoridades. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. JRL

  4. Principal

    MESA III. Vista la demanda promovida por *******, por propio derecho, contra actos de los Jueces adscritos al Único Distrito Judicial en Materia Penal, con residencia en Atlacholoaya, Morelos y otras autoridades; fórmese expediente impreso y electrónico, asimismo, regístrese en el libro de gobierno de juicios de amparo bajo el número 463/2023, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). IMPROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN DE OFICO Y DE PLANO. De conformidad con los artículos 125, 127 y 128 de la Ley de Amparo, dicha medida cautelar, por regla general, se concede mediante la sustanciación del incidente correspondiente, ya sea que su apertura se ordene de oficio o a petición de parte. No obstante, en términos del diverso 126 de la Ley de Amparo, los juzgadores se encuentran facultados para intervenir de oficio y otorgar la suspensión de plano a los promoventes, sin la necesidad de abrir el incidente relativo, en los supuestos específicamente delimitados por el legislador, cuyas consecuencias permearán hasta la emisión de la sentencia correspondiente. Concretamente, esa atribución tiene lugar cuando se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el diverso 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a saber, penas de muerte, mutilación, infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales, así como la incorporación forzosa al ejército, armada o fuerza aérea nacionales. Como se evidencia, el legislador circunscribió las hipótesis en que el juez de distrito se encuentra conminado a otorgar la suspensión de oficio y de plano, lo que cobra sentido si se considera que la sustracción de los derechos que tales supuestos tutelan podría generar un perjuicio de imposible reparación, lo que habilita la inmediata intervención del juzgador. En ese contexto, en términos del artículo 126 de la Ley de Amparo, el juez de distrito proveerá la medida cautelar de oficio y de plano solamente cuando advierta que las consecuencias inminentes de los actos reclamados pueden generar peligro de privación de la vida o de la libertad personal o poner en riesgo la integridad física de los gobernados. En el caso, la parte quejosa reclama, en esencia, la orden de aprehensión y su ejecución. Sin embargo, a criterio del suscrito, no se satisface alguno de los supuestos contenidos en los artículo 126 de la Ley de Amparo y 22 Constitucional, que haga procedente la concesión de la suspensión de oficio y de plano, toda vez que el acto que en esencia se reclama, no encuadra en lo dispuesto por dichos preceptos, pues no se encuentra ahí prevista expresamente y tampoco pone en peligro la vida de las promoventes, ni afecta su libertad personal y mucho menos pone en peligro su integridad física; ya que nos encontramos ante la orden de aprehensión y su ejecución, sin que ello, per se, encuadre en los supuestos contemplados en los preceptos legales antes citados. Ello es así, porque el acto reclamado destacado puntualmente por la parte quejosa como la ". ORDEN DE APREHENSIÓN.", no corresponde a uno de los actos urgentes respecto de los cuales proceda decretar la suspensión de oficio y de plano, en términos de los artículos 126, en relación con el diverso numeral 15 de la Ley de Amparo y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Circunstancia que, además, se corrobora del considerando séptimo del Acuerdo General 14/2010, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que modifica el diverso Acuerdo General 13/2007, que regula el funcionamiento, supervisión y control de las oficinas de correspondencia común de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito del Poder Judicial de la Federación, a fin de dejar de considerar como casos urgentes, en términos de dicho acuerdo, las demandas de amparo que se promuevan contra órdenes de detención no ejecutadas, de arresto, de aprehensión y de reaprehensión, de nueve de julio de dos mil diez, de texto siguiente: "SEPTIMO.- Esas peticiones se fundamentan en la circunstancia primordial de que no se trastoca ninguna disposición legal al dejar de considerar urgentes las demandas en las que se combatan los citados actos, sobre todo si se considera que los así conceptuados por la ley, específicamente por el artículo 17 de la Ley de Amparo, seguirán considerándose como de tramitación urgente, pues dada su propia naturaleza se les asignará ese trato. Así, a efecto de suprimir del rubro de "casos urgentes" los supuestos en que las demandas de amparo se promuevan contra órdenes de detención no ejecutadas, arresto, aprehensión o reaprehensión, se atiende primordialmente a la circunstancia de que tales actos reclamados no se encuentran previstos por el artículo 17 de la Ley de Amparo, y tampoco se localizan entre los prohibidos por el numeral 22 de la Carta Magna, situación que obliga a determinar que en lo sucesivo, únicamente se consideren con aquella calidad, en el caso específico de dichos numerales, las peticiones de protección constitucional en las que se combatan los actos enunciados en dichos dispositivos, a saber, "...actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional..." y "...penas de mutilación y de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales..." En consecuencia, dicha medida cautelar no es procedente en virtud de que dada la naturaleza del acto que señala como reclamado, no es posible llegar a la conclusión de que encuadre en los supuestos establecidos en los artículos 15 de la Ley de Amparo y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de ahí que en todo caso este juzgado considera que la medida cautelar solicitada es menester atenderla en incidente de suspensión que para el caso se aperture en el momento procesal oportuno. PREVENCIÓN Ahora, tomando en consideración que el artículo 114 de la Ley de Amparo prevé los supuestos en que el Juez de Distrito mandará prevenir al promovente de la demanda de amparo cuando: a) Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda. b) Se hubiere omitido en ella alguno de los requisitos a que se refiere el artículo 108 de la misma ley. c) No se hubiese acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o esté resulte insuficiente. d) No se hubiese expresado con precisión el acto reclamado; y e) No se hubiesen exhibido las copias necesarias de la demanda. En cualquiera de los supuestos que anteceden o la combinación de ellos, el Juez dictará un auto en el que expresará las irregularidades o deficiencias que deba subsanar el promovente para que satisfaga los requisitos omitidos, haga las aclaraciones correspondientes o presente las copias necesarias, lo cual deberá efectuar la parte quejosa dentro del plazo de cinco días contados a partir del día siguiente a aquel en que surta sus efectos la notificación de dicho auto según lo previsto por la fracción II del artículo 31 de la Ley de Amparo, y la apercibirá de que en caso de no hacerlo, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. En el caso que nos ocupa, a efecto de proveer lo que en derecho corresponda, con fundamento en el artículo 114, fracción I, de la Ley de Amparo, se previene al promovente de amparo para que dentro del plazo de cinco días, a partir del día siguiente al en que surta sus efectos el presente acuerdo, aclare su escrito en lo siguiente: ÚNICO. Con fundamento en el artículo 114, fracción I, en relación con el diverso 108, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, bajo protesta de decir verdad, abunde sobre los hechos y abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado en esta instancia constitucional, en el entendido que deberá precisar: La fecha concreta en que tuvo conocimiento de los actos que reclama, así como su ejecución, que atribuye a las autoridades señaladas como responsables. Ello, toda vez que, de la lectura integral de la demanda, no se advierte la fecha en que tuvo conocimiento de los actos que refiere, lo que es necesario a fin de estar en posibilidad de fijar de manera correcta la litis. [...] APERCIBIMIENTO En consecuencia, se le apercibe que de no dar cumplimiento en su integridad a lo ordenado, se tendrá por no presentada la demanda de amparo de que se trata, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 114, de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Por otra parte, toda vez que el quejoso señala como domicilio para oír y recibir notificaciones la lista que se fija en los estrados de este Juzgado Federal, con apoyo en el artículo 27, fracción III inciso a) de la Ley de Amparo, hágase esta y las subsecuentes, incluyendo las de carácter personal, por medio de lista. Asimismo, se tienen por autorizados para oír y recibir notificaciones a las personas que indica. HABILITACIÓN PARA REALIZAR NOTIFICACIONES EN DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo se habilitan días y horas inhábiles al actuario de la adscripción, para la práctica de todas y cada una de las notificaciones que se ordenen en el presente expediente, aún las de carácter personal. HABILITACIÓN A LOS ACTUARIOS PARA EFECTUAR NOTIFICACIONES POR MEDIO DE LISTA En ese mismo sentido, en aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la Ley de la Materia, desde este momento se faculta al actuario de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa más no limitativamente se precisa: no conozcan a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectúe (previa razón asentada como soporte), por medio de la lista que se fija en los estrados de este Juzgado Federal; en la inteligencia de que, dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo inmueble para tal efecto. EXHORTACIÓN PARA TRAMITAR ASUNTO "EN LÍNEA" De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales cono ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, punto TERCERO que reforma, entre otros, los artículos 251 al 265 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del presente mediante el esquema de juicio en línea. Asimismo, se les conmina para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correo electrónico, teléfono o servicios de mensajería instantánea, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. En este sentido, se hace del conocimiento que, de ser necesario, las comunicaciones no procesales que se realicen, a criterio del órgano jurisdiccional, podrán incorporarse al expediente previa certificación correspondiente, para los efectos legales conducentes. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. EDC

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