Roberto Carlos Rodríguez Solís

Expediente 1620/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 9 actuaciones registradas, la última del 20 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1620/2021
Año
2021
Actuaciones
9
Última actuación
20/12/2021

Partes del expediente

  • Roberto Carlos Rodríguez Solís

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veinte de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación de la Secretaria que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio el proveído de treinta de noviembre de dos mil veintiuno, dictado en este juicio de amparo, transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que haya interpuesto recurso de revisión. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la ley de la materia, se declara que el referido proveído en el que se sobreseyó fuera de audiencia, en el presente juicio de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21 del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción. Lo anterior, toda vez que encuadra en una de las hipótesis del indicado numeral, al ser un juicio de amparo sobreseído y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el diverso ordinal 15 del citado Acuerdo General. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, treinta de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan estos autos, se acuerda: agréguese para los efectos legales correspondientes, el oficio 1285/2021 signado por la Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, con el que, en cumplimiento a lo solicitado por auto de veintitrés de los corrientes, remite un legajo de copias certificadas derivadas del juicio laboral 704/2018, de donde se advierte que por auto de veinte de agosto de esta anualidad, se proveyó lo relativo a la ejecución del requerimiento de pago y embargo en contra de los demandados en dicho juicio laboral, diligencia que fue llevada a cabo el diez de noviembre de dos mil veintiuno, lo cual se comunicó al Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado, con sede en esta ciudad, mediante oficio 1212/2021, presentado en dicha oficina el diecinueve de los corrientes. Documentales públicas que alcanzan eficacia probatoria plena, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°. Por tanto, de las constancias que remitió la autoridad responsable con su oficio de cuenta, que hoy se agregan a los autos, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia del juicio en que se actúa, prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que trae como consecuencia el sobreseimiento fuera de audiencia del presente juicio, en términos del artículo 63, fracción V, del cuerpo legal antes invocado, por los motivos que a continuación se exponen. En el caso concreto, la parte quejosa reclamó de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, la omisión de dar contestación a su memorial de veintisiete de mayo de esta anualidad, en el que solicitó la ejecución del auto de requerimiento de pago y embargo en contra de los demandados en el juicio laboral 704-2018, y la negativa por parte del actuario de dicha Junta de llevar a cabo dicha diligencia. Sin embargo, de las constancias remitidas por la Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, se advierte que por auto de veinte de agosto de esta anualidad, se proveyó lo relativo a la solicitud de la parte aquí quejosa respecto de la ejecución del requerimiento de pago y embargo en contra de los demandados en dicho juicio laboral, diligencia que fue llevada a cabo el diez de noviembre de dos mil veintiuno, en la que debido a la falta de pago de lo condenado en el laudo, el actuario responsable trabó formal embargo sobre el predio número + + , de esta ciudad, lo cual se comunicó al Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado, con sede en esta ciudad, para la toma de razón relativa, mediante oficio 1212/2021, presentado en dicha oficina el diecinueve de los corrientes. De lo anterior se advierte que indudablemente cesaron los efectos del acto reclamado, pues al momento en que se resuelve este juicio de amparo, las cosas se encuentran como si ya se hubiera concedido a la parte impetrante la protección de la Justicia Federal que pretendía por este conducto. Ante ello resulta evidente que ha desaparecido la violación de que se trata, restituyendo de esa forma a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos humanos que estimaron violados, como si se hubiera otorgado a su favor la protección constitucional con los efectos a que alude el artículo 77, fracción II, de la propia ley. Apoya lo anterior, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número P.CL/97, consultable en la página 71 del Tomo VI, Noviembre de 1997, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 197367, en los siguientes términos: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio con apoyo en la fracción V, del artículo 63 de la citada ley. Sin que obste a lo anterior, el hecho de que se esté resolviendo fuera de audiencia, toda vez que en el caso, no se causa ningún agravio a la parte quejosa ni se le priva de defensa, en virtud de que la causal de improcedencia de este juicio de amparo es notoria, manifiesta e indudable, de suerte que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido. Es aplicable a la anterior consideración, por analogía la Jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal, del Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en su página 386, con registro 184572, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En mérito de lo anterior, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las diez horas con siete minutos del diez de diciembre de dos mil veintiuno, para los efectos legales a que haya lugar, por los motivos expuestos con anterioridad. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    SE NOTIFICA AL TERCERO INTERESADO DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO. Mérida, Yucatán, treinta de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan estos autos, se acuerda: agréguese para los efectos legales correspondientes, el oficio 1285/2021 signado por la Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, con el que, en cumplimiento a lo solicitado por auto de veintitrés de los corrientes, remite un legajo de copias certificadas derivadas del juicio laboral 704/2018, de donde se advierte que por auto de veinte de agosto de esta anualidad, se proveyó lo relativo a la ejecución del requerimiento de pago y embargo en contra de los demandados en dicho juicio laboral, diligencia que fue llevada a cabo el diez de noviembre de dos mil veintiuno, lo cual se comunicó al Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado, con sede en esta ciudad, mediante oficio 1212/2021, presentado en dicha oficina el diecinueve de los corrientes. Documentales públicas que alcanzan eficacia probatoria plena, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°. Por tanto, de las constancias que remitió la autoridad responsable con su oficio de cuenta, que hoy se agregan a los autos, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia del juicio en que se actúa, prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que trae como consecuencia el sobreseimiento fuera de audiencia del presente juicio, en términos del artículo 63, fracción V, del cuerpo legal antes invocado, por los motivos que a continuación se exponen. En el caso concreto, la parte quejosa reclamó de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, la omisión de dar contestación a su memorial de veintisiete de mayo de esta anualidad, en el que solicitó la ejecución del auto de requerimiento de pago y embargo en contra de los demandados en el juicio laboral 704-2018, y la negativa por parte del actuario de dicha Junta de llevar a cabo dicha diligencia. Sin embargo, de las constancias remitidas por la Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, se advierte que por auto de veinte de agosto de esta anualidad, se proveyó lo relativo a la solicitud de la parte aquí quejosa respecto de la ejecución del requerimiento de pago y embargo en contra de los demandados en dicho juicio laboral, diligencia que fue llevada a cabo el diez de noviembre de dos mil veintiuno, en la que debido a la falta de pago de lo condenado en el laudo, el actuario responsable trabó formal embargo sobre el predio número + + , de esta ciudad, lo cual se comunicó al Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado, con sede en esta ciudad, para la toma de razón relativa, mediante oficio 1212/2021, presentado en dicha oficina el diecinueve de los corrientes. De lo anterior se advierte que indudablemente cesaron los efectos del acto reclamado, pues al momento en que se resuelve este juicio de amparo, las cosas se encuentran como si ya se hubiera concedido a la parte impetrante la protección de la Justicia Federal que pretendía por este conducto. Ante ello resulta evidente que ha desaparecido la violación de que se trata, restituyendo de esa forma a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos humanos que estimaron violados, como si se hubiera otorgado a su favor la protección constitucional con los efectos a que alude el artículo 77, fracción II, de la propia ley. Apoya lo anterior, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número P.CL/97, consultable en la página 71 del Tomo VI, Noviembre de 1997, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 197367, en los siguientes términos: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio con apoyo en la fracción V, del artículo 63 de la citada ley. Sin que obste a lo anterior, el hecho de que se esté resolviendo fuera de audiencia, toda vez que en el caso, no se causa ningún agravio a la parte quejosa ni se le priva de defensa, en virtud de que la causal de improcedencia de este juicio de amparo es notoria, manifiesta e indudable, de suerte que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido. Es aplicable a la anterior consideración, por analogía la Jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal, del Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en su página 386, con registro 184572, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En mérito de lo anterior, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las diez horas con siete minutos del diez de diciembre de dos mil veintiuno, para los efectos legales a que haya lugar, por los motivos expuestos con anterioridad. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, a veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan estos autos, de donde se advierte que en el caso se reclama del Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, la omisión de dar contestación a su memorial de veintisiete de mayo de esta anualidad, en el que solicitó la ejecución del auto de requerimiento de pago y embargo en contra de los demandados en el juicio laboral *********, y la negativa por parte del actuario de dicha Junta de llevar a cabo dicha diligencia. En este sentido, del informe por el Presidente de la junta responsable, se advierte que si bien manifestó que por auto de veinte de agosto de esta anualidad se proveyó lo relativo a dicha solicitud y en consecuencia se dictó auto de requerimiento de pago y embargo a los demandados en el juicio laboral de origen, lo cierto es que omitió remitir las documentales relativas a la diligenciación de dicho requerimiento por parte del actuario señalado como responsable, mismas que se estiman necesarias para resolver el presente juicio de amparo. En virtud de lo anterior, con apoyo en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase a la Junta responsable para que dentro del término de tres días hábiles siguientes al en que surta efectos la notificación que se le haga de este proveído, remita a este tribunal federal, copia certificada de todas y cada una de las constancias relacionadas con la diligenciación del auto de requerimiento de pago y embargo en el juicio laboral de origen. En apoyo a lo anterior, se cita por analogía la tesis jurisprudencial número 363, publicada en la página 309, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice 1917-2000 al Semanario Judicial de la Federación, que menciona: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto." En mérito de lo anterior se difiere la audiencia constitucional señalada para la propia fecha, y se fijan las diez horas con cincuenta y siete minutos del diez de diciembre de dos mil veintiuno como nuevas hora y fecha para su celebración. Notifíquese y cúmplase.

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