Roberto Carlos Rivas Nava
Expediente 403/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 6 actuaciones registradas, la última del 9 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 403/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 09/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Roberto Carlos Rivas Nava
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, nueve de junio de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98, de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en la fracción II, del numeral 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que en el presente asunto se desechó la demanda, lo cual causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos la comparecencia de cuenta efectuada por el quejoso Roberto Carlos Rivas Nava, a través de la que ratifica el escrito presentado en este juzgado el diecisiete del presente mes y año, y por tanto, se le tiene por dando cumplimiento al auto preventivo de demanda. Ahora bien, examinada la demanda de amparo y su escrito aclaratorio, se advierte que es notoria su improcedencia, por lo que de conformidad con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo, debe desecharse. En efecto, dicho numeral prevé lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Conforme al aludido precepto se debe examinar la demanda de amparo y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe ser desechada de plano, sin suspender el acto reclamado. Para lograr tal propósito es preciso recurrir al escrito de demanda, a efecto de establecer el acto que se controvierte y demás presupuestos procesales que hacen, en su caso, procedente el juicio. En el caso, el acto reclamado al Juez Quinto del Ramo Familiar de esta ciudad, consistente en la determinación de veintitrés de abril del año en curso, mediante la cual se desechó el recurso de apelación interpuesto por el aquí quejoso contra la sentencia definitiva dictada en el expediente de origen 1096/2020. Precisado lo anterior, la suscrita considera que respecto a dicho acto, se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61, de la Ley de Amparo. El precepto anteriormente transcrito consagra la improcedencia del juicio de amparo indirecto contra las resoluciones dictadas por un tribunal judicial en el supuesto de que el acto reclamado pueda ser impugnado a través de un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto. El principio de definitividad que rige al juicio de amparo, encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, la parte quejosa debe previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente que en esencia, se relacionan con actos privativos de libertad, cuando se trate de personas extrañas al procedimiento y aspectos de constitucionalidad de leyes. En tales condiciones, esta instancia constitucional advierte que el presente juicio es improcedente, en atención a que contra la resolución de veintitrés de abril de dos mil veinte, dictada en el juicio de origen, a través de la que se negó a admitir el recurso de apelación interpuesto por la parte aquí quejosa contra la sentencia, tiene a su alcance un medio de defensa con el que puede revocar, modificar o nulificar dicha determinación, puesto que contra ésta procede el recurso de queja, conforme al artículo 971, fracción III del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de San Luis Potosí, en virtud de que no se actualiza ninguno de los supuestos de excepción previstos por el propio numeral 61 fracción XVIII de la Ley de Amparo. Ello es así, puesto que de los antecedentes reseñados en la demanda, se advierte que la parte quejosa es parte demandada en el procedimiento de origen; que compareció a éste y que en la resolución que pretende combatir, como ya se dijo, el juez natural se negó a admitir el recurso de apelación que promovió contra la sentencia dictada en el expediente natural; dispositivo aquél, que prevé lo siguiente: "ART. 971.- El recurso de queja procederá:. III.- Contra la resolución que niegue admitir una apelación...". Luego entonces, si el acto reclamado es una resolución emitida en el expediente de origen, en la que el Juez tuvo por no interpuesto el recurso de apelación que la quejosa promovió contra el fallo respectivo, es inconcuso que contra dicho proveído es procedente el recurso de queja previsto en el numeral antes citado, que expresamente y sin necesidad de realizar una interpretación adicional, estatuye la procedencia de ese medio de defensa. En consecuencia, antes de acudir a la presente instancia constitucional, la parte quejosa debió haber interpuesto el recurso de queja que prevé el artículo 971, fracción III del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de San Luis Potosí, con el propósito de revocar, anular o modificar el acto reclamado, para así cumplir con el principio de definitividad que rige en la técnica del juicio de amparo. En esa tesitura, es evidente que la demanda de amparo que nos ocupa, resulta notoriamente improcedente, al actualizarse en la especie, la causal de improcedencia a que se refieren los artículos 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de la materia, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Roberto Carlos Rivas Nava, contra actos del Juez Quinto del Ramo Familiar de esta ciudad. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, y notifíquese el presente acuerdo en forma personal a la parte quejosa. Notifíquese personalmente.
- Principal
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SIGUIENTE DETERMINACIÓN QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos la comparecencia de cuenta efectuada por el quejoso Roberto Carlos Rivas Nava, a través de la que ratifica el escrito presentado en este juzgado el diecisiete del presente mes y año, y por tanto, se le tiene por dando cumplimiento al auto preventivo de demanda. Ahora bien, examinada la demanda de amparo y su escrito aclaratorio, se advierte que es notoria su improcedencia, por lo que de conformidad con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo, debe desecharse. En efecto, dicho numeral prevé lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Conforme al aludido precepto se debe examinar la demanda de amparo y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe ser desechada de plano, sin suspender el acto reclamado. Para lograr tal propósito es preciso recurrir al escrito de demanda, a efecto de establecer el acto que se controvierte y demás presupuestos procesales que hacen, en su caso, procedente el juicio. En el caso, el acto reclamado al Juez Quinto del Ramo Familiar de esta ciudad, consistente en la determinación de veintitrés de abril del año en curso, mediante la cual se desechó el recurso de apelación interpuesto por el aquí quejoso contra la sentencia definitiva dictada en el expediente de origen 1096/2020. Precisado lo anterior, la suscrita considera que respecto a dicho acto, se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61, de la Ley de Amparo. El precepto anteriormente transcrito consagra la improcedencia del juicio de amparo indirecto contra las resoluciones dictadas por un tribunal judicial en el supuesto de que el acto reclamado pueda ser impugnado a través de un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto. El principio de definitividad que rige al juicio de amparo, encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, la parte quejosa debe previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente que en esencia, se relacionan con actos privativos de libertad, cuando se trate de personas extrañas al procedimiento y aspectos de constitucionalidad de leyes. En tales condiciones, esta instancia constitucional advierte que el presente juicio es improcedente, en atención a que contra la resolución de veintitrés de abril de dos mil veinte, dictada en el juicio de origen, a través de la que se negó a admitir el recurso de apelación interpuesto por la parte aquí quejosa contra la sentencia, tiene a su alcance un medio de defensa con el que puede revocar, modificar o nulificar dicha determinación, puesto que contra ésta procede el recurso de queja, conforme al artículo 971, fracción III del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de San Luis Potosí, en virtud de que no se actualiza ninguno de los supuestos de excepción previstos por el propio numeral 61 fracción XVIII de la Ley de Amparo. Ello es así, puesto que de los antecedentes reseñados en la demanda, se advierte que la parte quejosa es parte demandada en el procedimiento de origen; que compareció a éste y que en la resolución que pretende combatir, como ya se dijo, el juez natural se negó a admitir el recurso de apelación que promovió contra la sentencia dictada en el expediente natural; dispositivo aquél, que prevé lo siguiente: "ART. 971.- El recurso de queja procederá:. III.- Contra la resolución que niegue admitir una apelación...". Luego entonces, si el acto reclamado es una resolución emitida en el expediente de origen, en la que el Juez tuvo por no interpuesto el recurso de apelación que la quejosa promovió contra el fallo respectivo, es inconcuso que contra dicho proveído es procedente el recurso de queja previsto en el numeral antes citado, que expresamente y sin necesidad de realizar una interpretación adicional, estatuye la procedencia de ese medio de defensa. En consecuencia, antes de acudir a la presente instancia constitucional, la parte quejosa debió haber interpuesto el recurso de queja que prevé el artículo 971, fracción III del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de San Luis Potosí, con el propósito de revocar, anular o modificar el acto reclamado, para así cumplir con el principio de definitividad que rige en la técnica del juicio de amparo. En esa tesitura, es evidente que la demanda de amparo que nos ocupa, resulta notoriamente improcedente, al actualizarse en la especie, la causal de improcedencia a que se refieren los artículos 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de la materia, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Roberto Carlos Rivas Nava, contra actos del Juez Quinto del Ramo Familiar de esta ciudad. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, y notifíquese el presente acuerdo en forma personal a la parte quejosa.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, dieciocho de mayo de dos mil veintiuno. Visto el escrito de cuenta presentado a nombre del quejoso Roberto Carlos Rivas Nava, se advierte una firma cuyos rasgos son diferentes con la signatura que obra en el escrito inicial de demanda, por lo que con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, requiérasele para que dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, bajo protesta de decir verdad y advirtiéndole de las penas en que incurren quienes declaran con falsedad ante una autoridad judicial, comparezca ante este juzgado con identificación oficial vigente, de preferencia credencial de elector expedida por el Instituto Nacional Electoral, para que manifieste si reconoce como suya y ratifica la firma que calza el ocurso de cuenta, apercibido que de no hacerlo se tendrá por no presentado. En el entendido que para poder presentarse en este juzgado a desahogar el requerimiento de que se trata, el compareciente deberá programar una cita dentro de los tres días siguientes a la notificación de este acuerdo, a través del sistema "Agenda OJ" en el micrositio de "Servicios jurisdiccionales" disponible en el Portal de Servicios en Línea. Notifíquese; hágase personalmente a la parte promovente.
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