Roberto Carlos Perez Lopez

Expediente 707/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 11 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
707/2023
Año
2023
Actuaciones
11
Última actuación
10/11/2023

Partes del expediente

  • Roberto Carlos Perez Lopez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    MESA V "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, procedente del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, mediante el cual la Magistrada Presidenta acusa recibo del oficio 18205/2023 de este índice, con el que se remitieron los autos originales del juicio de amparo 707/2023 y sus anexos, con motivo del recurso de revisión interpuesto contra la resolución dictada el veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés que -negó el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso. Asimismo, informa que admitió a trámite el referido medio de impugnación ... NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    MESA V "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, a seis de noviembre de dos mil veintitrés. ESTADO DE AUTOS Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que las partes quedaron notificadas de la resolución dictada el veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés que -negó el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso-, y del auto de trece de octubre de esta anualidad, que tuvo por interpuesto el recurso de revisión hecho valer por la parte la parte quejosa, contra la citada resolución. SE ORDENA REMISIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN. Por tanto, en cumplimiento a lo ordenado en el último de los proveídos, con fundamento en el artículo 89 de la Ley de Amparo, vía oficio remítase el original del juicio de amparo en que se actúa al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito en turno, al que deberá acompañarse el original del escrito de agravios, con el que el quejoso interpuso el recurso de revisión, para la substanciación del referido medio de impugnación. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    MESA V "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de octubre de dos mil veintitrés. Visto el oficio de cuenta, firmado por el quejoso ...; atento a su contenido, téngasele interponiendo recurso de revisión contra la resolución dictada en el presente juicio el veintisiete de septiembre del año en curso, que negó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. Por tanto, procédase conforme a lo dispuesto por los artículos 81, fracción I, inciso e), 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, y dentro del plazo de tres días, contado a partir del siguiente al que se integre debidamente el presente expediente, remítanse los autos al Tribunal de Alzada competente, para su substanciación. Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo y distribúyanse entre las demás partes copia del escrito de agravios, para los efectos legales correspondientes. Asimismo, de conformidad con el artículo 73 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, instrúyase a la Encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, a efecto de que deje disponible el expediente electrónico relativo al presente asunto y la superioridad tenga a su disposición las constancias necesarias. NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE A LA REPRESENTACIÓN SOCIAL ADSCRITA Y POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES RESTANTES.

  4. Principal

    MESA V "... VISTOS los autos, para resolver el juicio de amparo 707/2023 promovido por ******************** López, contra actos del Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Oaxaca y otra autoridad; y, .... C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este juzgado federal es competente para conocer y resolver el presente asunto, ... SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Resulta oportuno precisar en este apartado, los actos reclamados en el presente juicio de amparo, atento a lo que dispone el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece que las sentencias dictadas en los juicios de amparo, deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, para lo cual debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen de ese primer escrito, en un sentido tal que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañando lo que quiso decir la parte quejosa y no únicamente lo que en apariencia dijo. Tiene sustento lo anterior en el criterio emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 255, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". Ahora, de un estudio integral de la demanda se advierte que el quejoso reclama: AUTORIDADES RESPONSABLES ACTOS RECLAMADOS Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Oaxaca. Resolución de ocho de junio de dos mil veintitrés, dictada en el toca en revisión 6/2022, -en cumplimiento a la ejecutoria de amparo.... Recurso derivado de la impugnación de la determinación de catorce de enero de dos mil veintidós, emitida en el instructivo de responsabilidad administrativa ********************, por el Visitador General del Consejo de la Judicatura del Estado. Resolución reclamada mediante la cual: Se confirmó la referida resolución de catorce de enero de dos mil veintidós, que lo sancionó con terminación de la relación laboral sin responsabilidad para el Poder Judicial del Estado, derivado de los hechos consistentes en acoso sexual, en su modalidad ambiental, como analista 13 de confianza, en su comisión de chofer. Visitador General del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado La ejecución de dicha determinación. Fijada la litis, lo procedente es analizar la existencia de los actos reclamados y la procedencia del juicio de amparo respecto de los mismos. TERCERO. Certeza del acto. ES CIERTO el acto reclamado al Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado, ya que así lo manifestó al rendir su informe justificado. En virtud de ello, se desvirtúa la negativa del acto de ejecución reclamado a la autoridad restante, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, ya que al resultar cierta la existencia de la emisión, resulta evidente que también lo es su ejecución -ya que el Pleno confirmó la resolución dictada por el Visitador señalado como responsable-. Certeza que se corrobora con las constancias que remitieron las responsables, a cuyo contenido se les concede pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2º. CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. En este apartado se estima conveniente hacer una reseña de los antecedentes del acto reclamado, apoyado en las constancias remitidas por la autoridad responsable, a las que se ha otorgado el valor probatorio de ley, y de donde se advierte lo siguiente: En auto de veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, dictado en el cuaderno de investigación ******************** del índice de la Visitaduría IV, de la Visitaduría General del Consejo de la Judicatura del Estado de Oaxaca, se recibió el oficio ...con sello de recepción de veintidós de octubre de dos mil diecinueve-, en el que se hizo de conocimiento de dicha visitaduría, diversos documentos para plantear una posible responsabilidad administrativa en contra del aquí quejoso. Previas diligencias de investigación, en proveído de veintiuno de junio de dos mil veintiuno, dictado en el cuaderno de investigación ******************** del índice de la Visitaduría IV, de la Visitaduría General del Consejo de la Judicatura del Estado de Oaxaca, se proveyó el oficio ..., mediante el cual se formuló denuncia contra el aquí quejoso en su carácter de analista 13 de confianza adscrito al Departamento de Servicios Generales del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, en su comisión de chofer para el apoyo de traslado de ejecutores de los Juzgados 3°, 7°, 8° Familiar, 2° y 5° Civil del distrito judicial del Centro, Oaxaca, en la época de los hechos, como probable responsable de la falta administrativa prevista en las fracciones I, VI y XVIII del artículo 131 de la ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Oaxaca y sancionada en el precepto 135 de la misma ley. Por lo cual, el VEINTE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, se tuvo por recibido el oficio de mérito y se radicó el instructivo de responsabilidad ********************, mismo que se admitió a trámite en relación a la falta atribuible al aquí quejoso. El auto de radicación le fue notificado al aquí quejoso el TREINTA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Mediante RESOLUCIÓN DE CATORCE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, dictada en el instructivo de responsabilidad ********************, el Visitador General del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, resolvió sancionar al quejoso con LA TERMINACIÓN LABORAL SIN RESPONSABILIDAD PARA EL PODER JUDICIAL, al quedar probados los hechos en los que se fundó la falta administrativa relativa al acoso sexual en su modalidad ambiental, en su carácter de analista 13 de confianza adscrito al Departamento de Servicios Generales del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, en su comisión como chofer para el traslado de ejecutores de los Juzgados Civiles y Familiares del distrito judicial del Centro, Oaxaca -considerando sexto de esa resolución-. Inconforme con esa resolución, el quejoso interpuso recurso de revisión, mismo que dio origen al toca en revisión 06/2022, del índice del Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, por lo que el nueve de febrero de dos mil veintitrés, se le notificó la resolución de cinco de enero de dos mil veintitrés, que confirmó la resolución de catorce de enero de dos mil veintidós, en el instructivo de responsabilidad ********************. Contra esa resolución, el quejoso presentó demanda de amparo indirecto ... del índice de este Juzgado, en la que mediante resolución de once de mayo de dos mil veintitrés, se concedió el amparo y protección de la justicia federal para los siguientes efectos: "(.) los Consejeros integrantes del Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca: Dejen insubsistente la resolución de cinco de enero de dos mil veintitrés, dictada en el toca de revisión número ..., en la que se confirmó la diversa determinación de catorce de enero de dos mil veintidós, dictada en el instructivo de responsabilidad ********************. Con libertad de jurisdicción, previo a la calificación de los agravios hechos valer por ******************** López, solo respecto al tópico de la prescripción, de manera fundada y motivada, analicen lo relativo a la actualización o no de dicha figura jurídica y determinen lo que en derecho corresponda. Concesión que se hace extensiva al acto de ejecución atribuido al Visitador General del Consejo de la Judicatura Federal del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, toda vez que su proceder tildado de inconstitucional, deriva de la resolución reclamada y no por vicios propios". Resolución de amparo que causó ejecutoria el treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, y que mediante auto de veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés, se tuvo por cumplida, por lo que se ordenó el archivo del asunto. Cabe precisar que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo en mención, el Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, con libertad de jurisdicción emitió la resolución de OCHO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, en el toca de revisión ..., la cual constituye el acto reclamado en el presente asunto. QUINTO. Causas de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal cuyo análisis debe efectuarse aun de oficio, lo aleguen o no las partes, previamente al examen de las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo, así como en términos de la tesis de jurisprudencia número 814, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, página 553, del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". Al no existir causa de improcedencia que se haga valer o que se advierta de oficio, se procede a atender los conceptos de violación formulados. Lo anterior, no obstante que la resolución reclamada deriva del cumplimiento al juicio de amparo 222/2023 del índice de este Juzgado, ya que en dicho expediente se otorgó libertad de jurisdicción a la autoridad responsable para emitir la resolución correspondiente, por lo que su constitucionalidad es materia de estudio de la presente resolución, debido a que sus consideraciones ya no corresponden al cumplimiento de esa resolución de amparo. SEXTO. Conceptos de violación. La parte quejosa expresó los conceptos de violación que se encuentran en la demanda de amparo, sin que sea necesario transcribirlos, pues los antecedentes del caso y los conceptos de violación que esgrime la impetrante se dan por reproducidos como si a la letra se insertaran en obvio de repeticiones innecesarias, tomando en consideración que el artículo 76 ni algún otro precepto de la Ley de Amparo, señalan que deban transcribirse, lo que también tiene sustento en la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ochocientos treinta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". No obstante, en resumen, ha de señalarse que la parte quejosa, en su escrito de demanda, expone los conceptos de violación siguientes: Se vulnera su derecho a una justicia pronta y expedita consagrado en el artículo 17, Segundo Párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque las responsables no fueron objetivas en el estudio de la prescripción del derecho que tenía el Visitador General del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, para sancionarlo en el instructivo de responsabilidad de origen. Se vulnera en su perjuicio el artículo 142 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, así como el diverso 102 del Acuerdo General 67/2012 del Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, que regula el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa, ya que en tales preceptos se establecen noventa días hábiles para sancionar la conducta atribuible al servidor. Por lo que considera el quejoso que en el caso, se actualiza la figura de la prescripción, ya que el órgano instructor tuvo conocimiento de los hechos el veintidós de octubre de dos mil diecinueve y el auto de radicación del instructivo de responsabilidad se dictó hasta el veinte de octubre de dos mil veintiuno, lo que hace evidente que transcurrieron en exceso los noventa días hábiles contemplados en los preceptos citados. SÉPTIMO. Estudio de los conceptos de violación. LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN expuestos por el quejoso RESULTAN INFUNDADOS, sin que exista queja deficiente por suplir, ya que contrario a lo que afirma, no se vulnera en su perjuicio el artículo 17, segundo párrafo constitucional, que establece el derecho a una justicia pronta y expedita en relación con los plazos que fijen las leyes. Lo anterior, porque como válidamente determinó la autoridad responsable en la resolución reclamada, no se actualiza la figura de la prescripción en la substanciación del instructivo de responsabilidad, por transcurrir noventa días hábiles sin haberlo sancionado, de ahí que tampoco se transgrede en su perjuicio lo dispuesto en los preceptos 142 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, así como el diverso 102 del Acuerdo General 67/2012 del Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, que regula el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa, como se demostrará a continuación. El quejoso alega fundamentalmente que la autoridad responsable tuvo conocimiento de los hechos desde el veintidós de octubre de dos mil diecinueve y el instructivo de responsabilidad se radicó hasta el veinte de octubre de dos mil veintiuno, por lo que considera que transcurrieron en exceso los noventa días hábiles para sancionarlo, previstos en el artículo 142 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, así como en el diverso 102 del Acuerdo General 67/2012 del Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, que regula el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa. Es decir, a consideración del quejoso, desde que se inició el cuaderno de investigación ********************, la autoridad responsable contaba con noventa días hábiles para sancionarlo. Cabe precisar que los preceptos citados por el quejoso y que considera se contravienen en su perjuicio, disponen: "Artículo 17. Constitucional. (.) Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. (.)". Ley orgánica del Poder Judicial del Estado de Oaxaca (vigente). Ley orgánica del Poder Judicial del Estado de Oaxaca (vigente a la época de los hechos y que cita el quejoso en su demanda). Artículo 142. Para el caso de faltas administrativas no graves, las facultades de los Órganos Internos de Control para imponer las sanciones prescribirán en tres años contados a partir del día siguiente al en que se hubieren cometido las infracciones o a partir del momento en que hubieren cesado. Cuando se trate de faltas administrativas graves, el plazo de prescripción será de siete años, contados en los mismos términos del párrafo anterior. En ningún caso, en los procedimientos de responsabilidad administrativa podrá dejar de actuarse por más de seis meses, sin causa justificada; en caso de actualizarse dicha inactividad, se decretará de oficio la caducidad de la instancia. Los plazos a los que se refiere el presente artículo se computarán en días naturales. La prescripción se interrumpirá con la notificación del inicio del procedimiento de responsabilidad administrativa. (Reformado el dieciocho de septiembre de dos mil veintiuno). Artículo 142. El derecho de las autoridades del Poder Judicial a sancionar las faltas prescribirá en dos años, en el supuesto de que la autoridad sancionadora desconozca la infracción o al infractor; si conoce ambos extremos, las faltas laborales y administrativas prescribirán en noventa días hábiles y las faltas a la función pública encomendada prescribirán en un año, contados éstos a partir de la fecha en que se tuvo conocimiento de la falta y del probable infractor. La prescripción se interrumpe al iniciarse el instructivo de responsabilidad en contra del probable infractor. Luego, el artículo 102 del Acuerdo General 67/2012 del Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, que regula el procedimiento de responsabilidad administrativa, establece: "Artículo 102. El derecho de las autoridades del Poder Judicial a sancionar las faltas prescribirá en dos años, en el supuesto de que la autoridad sancionadora desconozca la infracción o al infractor; si conoce ambos extremos, las faltas laborales y administrativas prescribirán en noventa días hábiles y las faltas a la función pública encomendada prescribirán en un año, contados éstos a partir de la fecha en que se tuvo conocimiento de la falta y del probable infractor. La prescripción se interrumple al iniciarse el instructivo de responsabilidad en contra del probable infractor.". De la anterior transcripción, se infiere que el derecho de las autoridades del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, para sancionar a un servidor público, prescribe en los siguientes términos: En el supuesto de que la autoridad sancionadora desconozca la infracción o al infractor, el derecho de sancionar a los posibles infractores prescribirá en dos años. Sí conoce ambos extremos (I) las faltas laborales y (II) administrativas prescribirán en noventa días hábiles. Las (III) faltas a la función pública encomendada prescribirán en un año. Los plazos antes indicados se contabilizarán a partir de la fecha en que se tuvo conocimiento de la falta y del probable infractor, con la acotación de que la prescripción se interrumpirá al iniciarse el instructivo de responsabilidad en contra del probable infractor. Asimismo, en relación con la figura de la prescripción en materia de responsabilidades administrativas, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se ha pronunciado en el sentido siguiente: Jurisprudencia 1a./J. 52/2022 (11a.), registro 2024670, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Undécima Época, publicada en la Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación,Libro 13, Mayo de 2022, Tomo III, página 2735, de rubro y texto: "PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN SANCIONATORIA EN MATERIA DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS. EL PLAZO PARA QUE OPERE SE INTERRUMPE HASTA QUE SE NOTIFIQUE LA ACTUACIÓN QUE GENERE DICHA INTERRUPCIÓN (INTERPRETACIÓN CONFORME DE LOS ARTÍCULOS 74, 100, 112 Y 113 DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS). Hechos: Una persona demandó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del párrafo tercero del artículo 74 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, entre otros actos. La Jueza de Distrito negó la protección constitucional. En contra de esta determinación, se interpuso recurso de revisión. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, partiendo de los mandatos previstos en el artículo 1o. constitucional, especialmente del principio pro persona, y de una interpretación conforme de los artículos 74, 100, 112 y 113 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, concluye que los términos para que opere la prescripción a los que se refiere el artículo 74 citado, únicamente se entenderán interrumpidos hasta la fecha en que la autoridad administrativa notifique al probable responsable la actuación que genere esta interrupción, cualquiera que ésta sea (calificación de la conducta, admisión del informe de presunta responsabilidad o emplazamiento). Justificación: Esta Suprema Corte determina que resulta razonable que, en la etapa de investigación, la prescripción de la acción se interrumpa con la calificación de la conducta de grave o no grave, pues la finalidad de esta fase es averiguar si la actuación del servidor público posiblemente constituye una falta y de qué tipo; y que, en la segunda etapa, es decir, la de sustanciación, ello tenga lugar con motivo de la admisión del informe de presunta responsabilidad administrativa, pues el objetivo de esta etapa es la tramitación y sustanciación de un proceso que permita a la autoridad determinar si el servidor público investigado resulta responsable o no de las faltas que le atribuya la autoridad investigadora. Así, a fin de que éste tenga plena certeza de cuál es la actuación que genera la interrupción de la prescripción y el momento en que ésta tuvo lugar, la figura jurídica de referencia no se actualizará hasta tanto sea notificado al presunto infractor. Interpretación con la cual se tutela de mejor forma el principio de seguridad jurídica, en tanto asegura el conocimiento certero de cuándo la autoridad investigadora cumplió con su carga de ejercer las acciones en los términos y plazos que establece la Ley General de Responsabilidades Administrativas.". De igual forma, la Primera Sala del Alto Tribunal, abunda sobre tal figura en la jurisprudencia 1a./J. 51/2022 (11a.), registro 2024679, Undécima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 13, Mayo de 2022, Tomo III, página 2737, de rubro y texto: "RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS. LA LEY GENERAL DE LA MATERIA, AL ESTABLECER DIVERSAS ACTUACIONES DENTRO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR QUE INTERRUMPEN LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN SANCIONATORIA, NO CONFIGURAN UNA ANTINOMIA, NI SON VIOLATORIOS DEL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA (ARTÍCULOS 74, 100, 112 Y 113). Hechos: Una persona demandó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del párrafo tercero del artículo 74 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, entre otros actos. La Jueza de Distrito negó la protección constitucional. En contra de esta determinación, se interpuso recurso de revisión. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que no existe una antinomia entre los artículos 74 y 100; y entre el 74 y el 112 y 113 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en tanto el hecho de que la Ley General en cita prevea distintas actuaciones que interrumpen la prescripción de la acción sancionatoria en las diferentes etapas que integran este proceso, de ninguna manera implica una contradicción. Lo anterior, pues se considera que resulta acorde con el Texto Constitucional y con el principio de seguridad jurídica el hecho de que el término de prescripción se interrumpa en la etapa de investigación con la calificación de la conducta, y en la de sustanciación con la admisión del Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, pues ello obedece a la continuidad del procedimiento que se integra por diversas etapas que se abren y cierran con distintas actuaciones. Justificación: Los referidos artículos 74, 100, 112 y 113 deben interpretarse de forma sistemática, a la luz del funcionamiento del procedimiento sancionatorio que integran y de las etapas que conforman a éste. El artículo 74 citado establece que las facultades de las Secretarías o de los Órganos Internos de Control para imponer sanciones prescribirán en tres años para el caso de faltas no graves y en siete años cuando se trate de graves o cometidas por particulares; y que el plazo de prescripción se interrumpirá en términos del primer párrafo del precepto 100 de la misma ley, con la clasificación de la conducta (grave o no); este último artículo dispone que, una vez que se concluyan las diligencias de investigación, las autoridades investigadoras harán el análisis de los hechos y determinarán, en su caso, si éstos configuran una falta administrativa, y la calificarán como grave o no grave; todos enunciados normativos que tienen lugar en la etapa de investigación. Por otra parte, los artículos 112 y 113 de la ley en cita establecen que el procedimiento de responsabilidad administrativa dará inicio cuando las autoridades sustanciadoras, en el ámbito de su competencia, admitan el informe de presunta responsabilidad administrativa; y que la admisión de tal informe interrumpe los plazos de prescripción señalados en el artículo 74 de esta ley, preceptos legales que tienen lugar en la segunda etapa del procedimiento administrativo sancionador, es decir, la de sustanciación. Así, para esta Suprema Corte no es violatorio del principio de seguridad jurídica, ni contradictorio, el hecho de que existan diversas actuaciones dentro del procedimiento administrativo sancionador que interrumpan la prescripción, pues éstas atienden a la finalidad y el objetivo que se persigue en cada de una de las etapas que lo integran. De ahí que para este Máximo Tribunal resulta razonable que, en la etapa de investigación, la prescripción de la acción se interrumpa con la calificación de la conducta de grave o no grave, pues la finalidad de esta fase es averiguar si la actuación del servidor público posiblemente constituye una falta y de qué tipo; y que en la segunda etapa ello tenga lugar con motivo de la admisión del Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, pues justo la finalidad de esta etapa es la tramitación y sustanciación de un proceso que permita a la autoridad determinar si el servidor público investigado resulta responsable o no de las faltas que le atribuya la autoridad investigadora.". De los criterios en mención, en relación con la normatividad aplicable en cuanto a la figura de la prescripción, se advierte que en el procedimiento administrativo sancionador existen dos etapas, la de investigación y la de sustanciación. La etapa de investigación, tiene como finalidad averiguar si la actuación del servidor público posiblemente constituye una falta y de qué tipo; por lo que en esta etapa, la prescripción se interrumpe con la calificación de la conducta como grave o no grave. Luego, la etapa de sustanciación, tiene como finalidad la tramitación y sustanciación del proceso que permite a la autoridad determinar si el servidor público investigado resulta responsable o no de las faltas que le atribuye la autoridad investigadora; por lo que en esta etapa, el término para de prescripción se interrumpe con la admisión del informe de presunta responsabilidad administrativa y la notificación al presunto infractor de dicha admisión. De ahí que en el proceso sancionador, el procedimiento se integra de diversas etapas que se abren y cierran con distintas actuaciones. En virtud de lo anterior, se concluye lo INFUNDADO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN DEL QUEJOSO, ya que su pretensión de que la autoridad sancionadora resolviera en noventa días, desde que se inició el cuaderno de investigación -el veintidós de octubre de dos mil diecinueve-, es contraria a las etapas y finalidades del procedimiento sancionador. Ahora, en el caso concreto, la Visitadora II, de la Visitaduría General del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, tuvo conocimiento de los hechos el veintidós de octubre de dos mil diecinueve y en auto de veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, tuvo por recibido dicho oficio, y ordenó realizar las investigaciones conducentes en el cuaderno de investigación ********************, para el esclarecimiento de los hechos probablemente constitutivos de responsabilidad administrativa. Luego, tuvo por recibidos diversos oficios en los que las autoridades que requirió, le fueron informando lo conducente; de modo que la etapa de investigación, se advierten las actuaciones siguientes: Dieciséis de enero de dos mil veinte (menos de dos meses naturales desde que se ordenaron realizar las gestiones de investigación respectivas). Veinte de enero de dos mil veinte. Veintiuno de enero de dos mil veinte. Once de febrero de dos mil veinte. Doce de marzo de dos mil veinte. Certificación de dieciocho de noviembre de dos mil veinte, en que la autoridad investigadora precisó que durante el periodo del veinte de marzo al quince de noviembre de dos mil veinte, se suspendieron plazos por la contingencia generada por el virus COVID-19, y a partir de esa data, continuó con las gestiones de investigación conducentes, en las que siguió recibiendo diversos oficios tendentes a recabar información sobre el aquí quejoso. En auto de veintidós de enero de dos mil veintiuno, amplió la investigación por seis meses más, a fin de reunir dictámenes psicológicos en relación con el estado psicoemocional de las víctimas. Doce de marzo de dos mil veintiuno. Ocho de abril de dos mil veintiuno. Veintitrés de abril de dos mil veintiuno. Veintiuno de junio de dos mil veintiuno, en que se declaró cerrada la fase de investigación, y tuvo por acreditados los elementos de acoso sexual ambiental. Por lo que el dos de julio de dos mil veintiuno, la visitadora II, del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, formuló la denuncia respectiva ante el Visitador General de dicho Consejo (foja 154 del DVD anexo), a través del oficio con terminación ..., mismo que fue presentado el cinco de julio siguiente. Por lo que se reitera, en auto de veinte de octubre de dos mil veintiuno, se admitió el procedimiento de responsabilidad ******************** contra el quejoso. De lo hasta aquí expuesto, se tiene que en la etapa de investigación, no se advierte una paralización prolongada por más de noventa días hábiles para actualizar la figura de la prescripción, sino por el contrario, la autoridad investigadora realizó diversas diligencias tendentes a recabar información sobre los hechos materia de la presunta infracción atribuida al quejoso; máxime que al ser una infracción de índole sexual, resulta evidente que se encuentra justificada la ampliación para obtener los dictámenes psicológicos pertinentes. Por ende, si la fase de la investigación se cerró el veintiuno de junio de dos mil veintiuno, el dos de julio siguiente se formuló la denuncia respectiva, misma que fue recibida por el Visitador el cinco de julio de dos mil veintiuno, a la fecha de admisión del instructivo de responsabilidad -veinte de octubre de dos mil veintiuno-, habían transcurrido menos de tres meses (contados en días naturales); de modo que tampoco se actualiza el plazo de noventa días hábiles que refiere el quejoso para la actualización de la prescripción. Luego, el auto admisorio del instructivo de origen, se notificó al quejoso el treinta de noviembre de dos mil veintiuno (foja 288 del DVD) -lo que interrumpió el plazo para la prescripción en términos de la normativa aplicable y la jurisprudencia señalada en párrafos que anteceden-. Y la resolución sancionadora se emitió el catorce de enero de dos mil veintidós, por lo que resulta evidente que en la segunda etapa del procedimiento sancionador, entre la fecha del auto admisorio del instructivo de responsabilidad y la fecha en que se dictó la resolución respectiva, únicamente habían transcurrido cuarenta y cuatro días naturales, por lo que tampoco se actualizó la figura de la prescripción, como válidamente lo señaló la autoridad responsable en la resolución reclamada. Bajo ese contexto, se concluye que no se contraviene el artículo 17, segundo párrafo Constitucional, ya que para el ejercicio de las facultades sancionadoras, es necesario que la autoridad haga uso de las investigaciones pertinentes y se allegue al mayor número de elementos para acreditar en su caso, la responsabilidad en que incurre el servidor público. Máxime que en la normativa actual de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, se amplió el plazo para la prescripción de las infracciones administrativas y se reiteró que la prescripción se interrumpe con la notificación del inicio del procedimiento de responsabilidad administrativa, lo que coincide también con lo expuesto en la presente resolución. En consecuencia, al no existir violación a los derechos humanos del quejoso contenidos en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, procede NEGAR EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL a ********************, contra actos del Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Oaxaca y del Visitador General del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ********************, contra actos del Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Oaxaca y del Visitador General del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado. NOTIFÍQUESE.

Quedan 7 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca · 7,460 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano