Roberto Carlos Paz Placido

Expediente 642/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 1 actuación registrada, la última del 24 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
642/2021
Año
2021
Actuaciones
1
Última actuación
24/08/2021

Partes del expediente

  • Roberto Carlos Paz Placido

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, a veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno. Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por ************ como defensor particular de ***************, contra actos del Director del Centro Varonil de Seguridad Penitenciaria II (CEVASEP) y otras autoridades responsables. Aspectos Generales Regístrese la demanda de amparo con el número de juicio 642/2021-V. Genérese el expediente electrónico e impreso. Fijación del acto reclamado De la lectura integral de la demanda de derechos fundamentales, se desprende que el acto reclamado lo constituye: El traslado involuntario del directo quejoso del Centro Varonil de Seguridad Penitenciaria II (CEVASEP TORRE II) a un diverso centro de reinserción social y su ejecución. Improcedencia Ahora, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional procede a examinar el escrito inicial de demanda a fin de determinar la procedencia o, en su caso, improcedencia del juicio. En la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, ya que el peticionario no agotó el principio de definitividad en forma previa a acudir a esta instancia constitucional, al no interponer en contra de la orden de traslado reclamada el medio ordinario de defensa contemplado en la Ley Nacional de Ejecución Penal. La citada porción normativa, recoge el principio de definitividad, que esencialmente obliga al justiciable a agotar los medios de defensa ordinarios que prevea la ley que rija el acto reclamado, y que pudiera tener por efecto revocarlo, modificarlo o nulificarlo; en forma previa a la promoción del juicio de amparo. Este principio encuentra justificación en que el amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra hechos definitivos, por lo que es imperativo para la parte agraviada acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le cause afectación, antes de solicitar la protección de la Justicia Federal. Como ya se adelantó, el quejoso se duele de una orden de traslado involuntario; así como de su respectiva ejecución. La Ley Nacional de Ejecución Penal, establece varios procedimientos para resolver diferentes controversias que surjan en reclusión, por lo que al caso interesa, contienen un capítulo relacionado con los traslados, distingue entre traslados voluntarios, involuntarios y los urgentes (o excepcionales). Del análisis de la ley de ejecución, es posible determinar que el procedimiento para controvertir las órdenes de traslado, es de naturaleza accesoria al juicio principal, por las siguientes razones: a) El procedimiento accesorio tiene como fin que la autoridad judicial sea la que resuelva cualquier autorización de traslado de un interno de un centro penitenciario a otro (artículos 52 y 53 de la ley de ejecución), constituye un procedimiento contencioso, en tanto que el interno es titular de una acción, mientras que la autoridad administrativa es la demandada (artículo 121 de la ley de ejecución), la litis se ciñe en determinar si procede o no trasladar al interno a otro centro de reclusión, de conformidad con los lineamientos jurídicos aplicables. b) El procedimiento accesorio es autónomo respecto del juicio principal, porque su trámite y resolución no afectan el trámite del proceso penal o la ejecución de la pena, dependiendo del estado procesal en que se encuentren el interno. c) El procedimiento accesorio es independiente del juicio principal, cuenta con una estructura procesal equiparable a la de éste, por partir de una acción que contienen una pretensión jurídica, a la que puede oponerse la autoridad demandada, contienen una etapa procesal de pruebas, alegatos y sentencia, siendo ésta impugnable en apelación. Del artículo 120 de la Ley de Ejecución se deduce que la controversia judicial se inicia a través del ejercicio de una acción, de los artículos 120 al 129 de dicha ley, se advierte que el ejercicio de esa acción da inicio a un procedimiento jurisdiccional accesorio, al señalar que las acciones y recursos judiciales se sustanciarán conforme a un sistema adversarial y oral; además, se regirán por los principios de contradicción, concentración, continuidad, inmediación y publicidad; incluso, el interno debe contar con un defensor durante la tramitación de ese procedimiento accesorio, desde el ejercicio de las acciones incluyendo el trámite de los recursos judiciales. d) El procedimiento es independiente y al mismo tiempo accesorio del juicio principal, porque la procedencia de la acción depende de que la persona se encuentre recluida, con motivo de un proceso penal ya sea dentro del juicio o en ejecución de la pena (artículos 1 y 2 de la ley de ejecución). "Artículo 1. Objeto de la Ley La presente Ley tiene por objeto: I. Establecer las normas que deben de observarse durante el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial; II. Establecer los procedimientos para resolver las controversias que surjan con motivo de la ejecución penal, y III. Regular los medios para lograr la reinserción social. Lo anterior, sobre la base de los principios, garantías y derechos consagrados en la Constitución, Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y en esta Ley.": "Artículo 2. Ámbito de aplicación Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de observancia general en la Federación y las entidades federativas, respecto del internamiento por prisión preventiva, así como en la ejecución de penas y medidas de seguridad por delitos que sean competencia de los tribunales de fuero federal y local, según corresponda, sobre la base de los principios, garantías y derechos consagrados en la Constitución, en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, y en esta Ley. Tratándose de personas sujetas a prisión preventiva o sentenciadas por delincuencia organizada, debe estarse además a las excepciones previstas en la Constitución y en la ley de la materia. En lo conducente y para la aplicación de esta Ley deben atenderse también los estándares internacionales.": La tramitación del proceso accesorio es facultativo, pues depende de que la autoridad ordene el traslado de un interno a otro centro penitenciario, y que éste no esté de acuerdo con tal decisión por estimar que agravia sus derechos (artículos 116 fracción I y 117 fracción III y último párrafo de la ley de ejecución). e) En el proceso penal la litis está limitada a determinar si existe un hecho que la ley señala como delito y si el interno es responsable de su ejecución; en la etapa de ejecución de sentencia se pretende que el sentenciado compurgue la sanción privativa de libertad y lograr la reinserción social del sentenciado. Mientras que el objetivo del proceso accesorio es resolver una controversia que surgió con motivo de la ejecución penal, determinar si el traslado respecto o no los derechos del interno. Todo lo anterior es suficiente para considerar que el procedimiento denominado por la ley de ejecución como "controversias ante el juez de ejecución", constituye un procedimiento accesorio del proceso penal. Esta situación es importante para sustentar la improcedencia del juicio de amparo pues de estimarlo así, conlleva a determinar que la orden de traslado se dictó dentro de un proceso penal, incluso la resolución administrativa dictada por autoridades administrativas, por estar autorizadas por la propia ley en casos excepcionales y urgentes, por supuesto con la autorización judicial posterior. Para abundar en la última parte del párrafo anterior, ese procedimiento accesorio es de naturaleza penal, porque está previsto por la Ley Nacional de Ejecución Penal, se refiere a personas recluidas en un centro penitenciario sujetas a un proceso penal. Cabe mencionar que la Ley Nacional de Ejecución Penal, prevé varios regímenes relacionados con las personas internadas en un centro de reclusión, ya sea en prisión preventiva o en ejecución de penas, siendo los principales los siguientes: a) Régimen de internamiento; en el que se reglamentan las condiciones de las personas privadas de su libertad que deberán garantizar una vida digna y segura. b) Régimen disciplinario; en el cual se establece que la determinación de las faltas disciplinarias estará a cargo del Comité Técnico del centro penitenciario. c) Traslados de las personas detenidas, en el que se regulan los voluntarios, involuntarios y excepcionales o urgentes. Como se puede advertir, respecto a la hipótesis referida en el inciso b), se distinguen tres tipos de traslados, a saber: 1. Los traslados voluntarios, se encuentran previstos en el artículo 50 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, y son aquellos inician a petición del propio interno, quien deberá elevar su petición al Juez de Ejecución, este último celebrara una audiencia en la que requerirá su consentimiento expreso en presencia de su defensor. En este supuesto, se deberán cumplir con los requisitos establecidos en la ley. 2. Los traslados involuntarios, tanto de procesados como de sentenciados, son aquellos previstos en el artículo 51 de la ley nacional especial, y deben ser autorizados previamente en audiencia pública por el Juez de Control o de Ejecución, según se trate. Dicha resolución podrá ser impugnada a través del recurso de apelación. En este supuesto, la autorización judicial deberá ser previa al acto del traslado. 3. Los traslados urgentes o excepcionales, que surgen cuando la autoridad penitenciaria, sin autorización previa del Juez, más bien por cuenta propia y solamente en los casos expresamente permitidos en la ley, emite una resolución administrativa en la que ordena y ejecuta el traslado de alguna persona privada de la libertad, pero tiene como requisito importante conforme al artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, notificar al Juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes de realizado el traslado, quien calificará la legalidad de la determinación administrativa dentro del plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la notificación. En este caso excepcional la autorización judicial no es previa, sino posterior al traslado. De lo anterior se advierte que los traslados siempre deben ser autorizados por el Juez competente, la regla general es que la autorización sea previa, aunque de manera excepcional la autorización será posterior a la ejecución del traslado, en este último caso, las autoridades penitenciarias tienen facultad para emitir una resolución administrativa que ordene el traslado, pero será calificado con posterioridad por un juez; por tanto, con independencia de que sea anterior o posterior al traslado, la orden siempre debe ser autorizada por un juez, por esa razón se estima que la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé un sistema de control jurisdiccional sobre los traslados. En la especie, de lo narrado por el quejoso en su escrito inicial de demanda, se advierte que reclama una posible orden de traslado involuntaria del Centro Varonil de Seguridad Penitenciaria II (CEVASEP TORRE II) a un diverso centro, así, toda vez que señala como autoridades responsables a diversos órganos jurisdiccionales, esto es al "Juez Cuadragésimo Sexto de lo Penal de primera instancia, con sede en el Reclusorio Oriente", así como al "Juez Décimo Tercero de Sanciones Penales adscrito a la Unidad de Gestión Judicial Especializada en Ejecución de Sanciones Penales de la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Oriente", el acto reclamado puede tratarse de una resolución judicial en cuyo caso, estaríamos ante el supuesto de que se trate de una determinación en contra de la que procede el recurso de apelación previsto en los artículos 131 y 132, fracción VII de la Ley Nacional de Ejecución Penal, el cual, constituye un medio de defensa ordinario eficaz para combatir el traslado y que prevé la suspensión del acto combatido, cuya resolución, en su caso, derivaría en la confirmación, modificación o revocación de la referida orden de traslado. En efecto, la Ley Nacional de Ejecución Penal, en el artículo 132, fracción VII, prevé que el recurso de apelación es procedente contra los traslados (sin hacer distinción alguna), de manera que en caso de estar inconforme con el sentido de la resolución con la que culmina el procedimiento, el gobernado cuenta con un medio de impugnación ordinario, con el objeto de que un tribunal de alzada revise la legalidad de dicha resolución, a fin de que pueda ser confirmada, modificada o revocada (ante tal panorama sería aplicable la diversa fracción XVIII, del citado artículo 61 de la ley de la materia). Proveído que no se encuentra en alguna de las causas de excepción al principio de definitividad, toda vez que con tal acto no se pone en peligro la vida del peticionario de amparo; tampoco se trata de ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, toda vez que para que se actualice la circunstancia "ataques", se exige que esa afectación se lleve a cabo fuera de procedimiento; es decir, se refiere a los supuestos en que puede afectarse la libertad sin una justificante jurídica; lo que en la especie no ocurre; tampoco se trata de incomunicación, deportación o expulsión, ni alguno de los actos prohibidos por el artículo 22, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de igual forma el acto reclamado no afecta la libertad del quejoso, tomando en cuenta que ese aspecto (libertad) se encuentra afectada con motivo de la sentencia emitida en un proceso. De ahí, que la parte quejosa tiene la obligación de que, previo a acudir al juicio de amparo para reclamar una orden de traslado, agotar el mecanismos de control que regula la Ley Nacional de Ejecución, en virtud de que el acto que pretende combatir en esta instancia es susceptible de impugnar a través de ese medio; más porque tal supuesto no se ubica en el caso de excepción a que se refiere el artículo 61 fracción XX, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. En consecuencia, con base en lo establecido en el numeral 113 de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda, por notoriamente improcedente. Improcedencia de la suspensión de plano No pasa desapercibido para este juzgador que el justiciable al solicitar la suspensión de los actos reclamados menciona el artículo 126 de la Ley de Amparo; sin embargo, es de precisarse que de la lectura de la demanda no se aprecia que en este momento se esté ejecutando alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, por lo que no ha lugar a conceder la suspensión de plano con fundamento en dicho dispositivo legal. Domicilio del quejoso y autorizados Se tiene como domicilio del quejoso para recibir notificaciones el que menciona en la demanda de amparo. Por autorizada a la persona que menciona en su escrito inicial de demanda, con las facultades que establece el artículo 12 de la ley de la materia, siempre y cuando acredite estar facultado para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado. Autorización y habilitación al personal del Juzgado Se autoriza a los Secretarios para que firmen los oficios relativos al presente juicio de amparo. Se habilita al Actuario para que practique en horas y días inhábiles las notificaciones de carácter personal. Tramitación de juicio en línea Se exhorta a las partes para que de conformidad con el artículo 28 del "ACUERDO GENERAL 21/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19"; de ser posible, transiten y continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea". Teléfono y correo electrónico Finalmente, también se solicita a las partes a que proporcionen a este juzgado un teléfono y correo electrónico con el único efecto de establecer comunicación, en su caso. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

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