Roberto Carlos Ortega Méndez
Expediente 54/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 22 actuaciones registradas, la última del 21 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 54/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 22
- Última actuación
- 21/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Roberto Carlos Ortega Méndez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 22.
- Principal
Visto el estado procesal, el veintiocho de julio del año en curso, se ordenó el archivo del sumario; por ello, en cumplimiento al artículo 42 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, en relación con la publicación de la totalidad de las sentencias, así como la implementación del buscador de resoluciones especializado en el sistema de justicia penal adversarial, y la circular interna 03/2022 de veintisiete de abril de dos mil veintidós, la secretaria encargada de la tramitación del expediente certificó que la versión pública del fallo dictado en el presente asunto está disponible en la liga institucional: https: //www. cjf.gob.mx/micrositios/dggj/paginas/serviciosTramites..htm?pageName=servicios%2Fexpedientes.htm, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, lo que se tiene por realizado para los efectos legales conducentes. Cúmplase.
- Principal
Vista la certificación precedente de la cual se advierte que ya transcurrió el plazo de diez días concedido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de revisión contra la sentencia donde se negó el amparo y protección de la Justicia Federal, sin que se haya hecho valer; consecuentemente, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se declara que la citada resolución ha causado ejecutoria. Archívese el expediente como totalmente concluido, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno electrónico. Tomando en consideración que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el numeral 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se concluye que no es de relevancia documental. En términos del artículo 17, fracción III, inciso a) de dicho ordenamiento, se hace la observación de que el expediente es conservable, en razón de que se negó el amparo. No obra en autos documento original, en los términos que establece el ordinal 3, fracción XX, del Acuerdo General de referencia. Por último, tomando en consideración que la autoridad responsable remitió legajos en justificación de sus actos; devuélvanse a su lugar de procedencia, en el entendido de que el actuario de la adscripción deberá verificar que en el sello de recepción se asiente el número de tomos entregados, por lo que resulta innecesario el acuse de recibo correspondiente. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Glósese la razón a través del cual el actuario adscrito a este juzgado, manifiesta la imposibilidad que tuvo para notificar a la parte quejosa de la sentencia engrosada el veintiséis de junio del año en curso, por los motivos que refiere; en consecuencia, con fundamento en el artículo 27 fracción III inciso a) de la Ley de Amparo, notifíquese por medio de lista la determinación citada, este auto y los subsecuentes. NOTIFÍQUESE. LA SENTENCIA ENGROSADA EL VEINTISEIS DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, SEÑALA: " VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 54/2023, promovido por ... contra actos de la Cuarta Sala Familiar de la Ciudad de México; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda. La quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de la autoridad citada por considerarlos violatorios de los derechos humanos consagrados en los artículos 1, 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión. El tres de febrero de dos mil veintitrés, previo desahogo, se admitió la demanda, se dio intervención a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; se requirió informe justificado; y, se señaló parte tercera interesada. La representante social de la Federación adscrita no formuló intervención, se tuvo por rendido el informe justificado, se emplazó a la parte tercera interesada; y, finalmente, la audiencia constitucional se celebró en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República; 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 37 y 107, de la Ley de Amparo, en atención a que se trata de un juicio constitucional indirecto promovido contra actos derivados de un proceso de naturaleza familiar, tramitado ante un Juzgado del orden común con sede en la Ciudad donde el suscrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Se fijan los actos reclamados, en los términos de la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, de la siguiente forma: El hecho de que no se dicte determinación que resuelva el recurso de apelación que originó el toca ..., radicado ante la Cuarta Sala Familiar de la Ciudad de México, interpuesto contra la sentencia definitiva de dictada en el juicio de reconocimiento de paternidad ..., del índice del Juzgado Octavo de Proceso Oral Familiar de esta Ciudad. TERCERO. Existencia. La autoridad responsable aceptó la existencia del acto reclamado. Lo que se corrobora con las copias certificadas del juicio de origen; las cuales, por tener el carácter de actuaciones judiciales, tienen valor probatorio pleno, de acuerdo con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Antecedentes. A fin de contar con información suficiente sobre el problema jurídico planteado, se enlistan las actuaciones que precedieron a los actos reclamados: I. El quince de febrero de dos mil veintidós, se dictó sentencia definitiva en el juicio de reconocimiento de paternidad promovido por ... contra ..., donde se declaró que había procedido la vía, que el demandado era padre biológico del infante de iniciales J.I.G.R. (identidad protegida), asimismo ordenó levantar el acta de nacimiento respectiva y las medidas provisionales, y se le condenó a pagar una pensión alimenticia del quince por ciento mensual del total de sus percepciones ordinarias y extraordinarias, así como a lo retroactivo de las pensiones y el descuento por ese concepto, gastos y costas, así como a que lo inscriba en el seguro social a que tiene derecho ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. II. La parte demandada interpuso recurso de apelación, el cual recibió la Sala responsable el doce de mayo de dos mil veintidós y turnó los autos para dictar la sentencia correspondiente. El que no se dicte sentencia en este proceso constituye el acto reclamado. QUINTO. Estudio de los conceptos de violación. La parte quejosa aduce que se violaron los derechos consagrados en los artículos 1, 14 y 17 Constitucionales, en razón de que el actuario responsable: a. No obstante que ya se satisficieron las etapas procesales la autoridad se ha abstenido de dictar la resolución que en derecho proceda. a.1. Han transcurrido diez meses desde que se presentó el medio de impugnación y al haber citación para dictar sentencia, se debía de aplicar lo establecido en el artículo 707 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, por lo que al no hacerlo actúa fuera del plazo razonable para dictar una sentencia. a.2. La autoridad pretende repetir la etapa probatoria y duplicar lo actuado, cuando con ello dilata el resolver el juicio iniciado desde dos mil dieciséis, con lo que no atiende el principio de una justicia pronta y expedita, al pretender recabar pruebas cuando su inferior ya lo realizó, lo que además impacta a los diversos acreedores alimenticios. Los conceptos de violación son infundados, por los motivos que se expondrán a continuación. El artículo 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone lo siguiente: "Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. (.)." En este precepto constitucional se encuentra contenido el derecho de acceso a la impartición de justicia, respecto del cual la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido jurisprudencialmente que consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes. 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado. 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido. 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora, si el citado derecho fundamental está encaminado a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarlo lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que lo integran, son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales. Lo anterior se desprende de la jurisprudencia 2a./J.192/2007 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra señala: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual de acceso a la impartición de justicia consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si la citada garantía constitucional está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales." Igualmente, sirve de apoyo la tesis 1a. CVIII/2007 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "GARANTÍA A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA COMPLETA TUTELADA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES. El derecho fundamental contenido en el referido precepto constitucional implica, entre otras cosas, el deber de los tribunales de administrar justicia de manera completa, en atención a los cuestionamientos planteados en los asuntos sometidos a su consideración, analizando y pronunciándose respecto de cada punto litigioso, sin que ello signifique que tengan que seguir el orden expuesto por las partes o que deban contestar argumentos repetitivos, pues los órganos encargados de dirimir las controversias están en aptitud de precisar las cuestiones a resolver, lo que puede o no coincidir con la forma o numeración adoptada en los respectivos planteamientos, y aunque no pueden alterar los hechos ni los puntos debatidos, sí pueden e incluso deben definirlos, como cuando la redacción de los escritos de las partes es oscura, deficiente, equívoca o repetitiva. Esto es, los principios de exhaustividad y congruencia de los fallos judiciales no pueden llegar al extremo de obligar al juzgador a responder todas las proposiciones, una por una, aun cuando fueran repetitivas, ya que ello iría en demérito de otras subgarantías tuteladas por el referido precepto constitucional -como las de prontitud y expeditez- y del estudio y reflexión de otros asuntos donde los planteamientos exigen la máxima atención y acuciosidad judicial, pues la garantía a la impartición de justicia completa se refiere únicamente a que los aspectos debatidos se resuelvan en su integridad, de manera que sólo deben examinarse y solucionarse las cuestiones controvertidas que sean necesarias para emitir la decisión correspondiente." En el particular, la parte quejosa reclama el hecho de que no se ha dictado aun sentencia que resuelva el recurso de apelación que originó el toca ..., del índice de la Cuarta Sala Familiar de la Ciudad de México interpuesto contra la sentencia definitiva dictada en el juicio de reconocimiento de paternidad de origen Sin embargo, el reclamo atribuido a la autoridad responsable, se encuentra justificado en el proceso natural, pues así lo demuestran las actuaciones que lo integran, previamente valoradas, en razón de que existe una justificación para que el recuso se encuentre pendiente de resolver. Para demostrar lo anterior, se procede a enlistar las determinaciones que se ha emitido la Ad quem dentro del toca natural: 1. La Sala responsable recibió el doce de mayo de dos mil veintidós el expediente, documentos y recurso interpuesto contra la sentencia definitiva dictada en el juicio de reconocimiento de paternidad promovido por ... contra ..., asimismo citó a las partes para dictar la resolución correspondiente. 2. El treinta y uno de mayo posterior, dejó sin efectos la citación y solicitó a Margarita Granados Ramírez y Roberto Carlos Ortega Méndez informaran sobre su entornó socioeconómico y necesidades alimentarias actualizadas. 3. Desahogado que fue lo anterior, el veintiséis de octubre de dos mil veintidós, se volvió a citar para dictar sentencia en el toca respectivo. 4. El veintinueve de noviembre siguiente, se dejó nuevamente sin efectos la citación para dictar resolución y ordenó girar oficio al centro de trabajo del demandado para que informara todas las percepciones ordinarias y extraordinarias de los años dos mil cinco a dos mil diecisiete; con la contestación correspondiente se ordenó dar vista a las partes. 5. El treinta de enero de dos mil veintitrés, se tuvo por desahogada la vista por lo que respecta a la actora y ordenó girar oficio al Instituto Mexicano del Seguro Social para que informara el nombre del empleador del demandado durante los años dos mil cinco a dos mil diecisiete. 6. En escrito de diez de febrero de esta anualidad, la dependencia aludida solicitó una prórroga de treinta días; a lo cual le recayó el auto de catorce de ese mes y año, donde se acordó otorgarle únicamente diez días. De las actuaciones enlistadas, se obtiene que si bien existe dilación por parte de la Sala responsable para dictar sentencia en el recurso que se interpuso contra el fallo definitivo que dirimió la litis, lo cierto es que ello tiene justificación, en razón de que emitió requerimientos a fin de mejor proveer, como fueron: I. el que las partes informaran sobre su entorno socioeconómico, necesidades alimentarias, acreedores alimenticios y su núcleo familiar pormenorizadamente de manera mensual, así como para que señalaran quienes integraban su grupo familiar; II. giró oficio que ordenó a Asesoría en Servicios Pochteca, sociedad anónima de capital variable, como centro de trabajo del demandado, para que le informara las percepciones ordinarias y extraordinarias que obtuvo durante los años dos mil cinco a dos mil diecisiete; y III. al Instituto Mexicano del Seguro Social, en el cual le requirió para que hiciera de su conocimiento el empleador o sus empleadores dentro del plazo de tiempo aludido, dependencia que incluso solicitó una prórroga de treinta días, a lo cual la Sala únicamente le otorgó diez para que acatara el requerimiento. Dependencia de la que incluso no se tiene conocimiento si ya dio respuesta a lo solicitado, pues la Sala otorgó la prórroga el catorce de febrero de dos mil veintitrés, mientras que realizó la certificación de las constancias del asunto el diecisiete de febrero de esta anualidad, a fin de que fueran presentadas con su informe justificado el veinte de ese mes y año, por lo que es dable afirmar que se encuentra pendiente que acate el requerimiento solicitado; aunado a que el accionante de amparo no se pronunció sobre las documentales que se remitieron, ni ofreció pruebas que evidenciaran que la Sala responsable ya contaba con los documentos que solicitó para mejor proveer, para demostrar que no había motivo para omitir dictar la resolución respectiva. Asimismo, se advierte que con lo informado por ... y ..., así como con las contestaciones que se dieron a los requerimientos aludidos se han otorgado vistas a las partes para que hicieran valer lo que ha su derecho legal conviniera, mismas que se han desahogado y que incluso con motivo de ello se requirió al Instituto Mexicano del Seguro Social. De igual forma, se observa que con el requerimiento a las partes se ordenó su notificación personal y respecto del quejoso, derivó en su localización en tres domicilios mediante diligencias de catorce, veintidós de junio y cinco de julio de dos mil veintidós, y ante la imposibilidad de notificarlo, se requirió a su contraria para que informara un lugar cierto donde se le pudiera ubicar (mediante autos de doce de agosto y ocho de septiembre, ambos de la anualidad pasada), por lo que incluso se tuvo que ordenar su notificación en el domicilio donde labora, la cual se practicó el veintinueve de septiembre de ese año. Así, de lo expuesto se advierte que el hecho de que aún no se dicte sentencia en el toca de origen se encuentra justificado, por las probanzas que la autoridad solicitó recabar a fin de mejor proveer, de modo que, contrario a lo que indica el quejoso, no existe una violación al derecho de acceso a la impartición de justicia establecido en el precepto 17 constitucional. Por su parte, es ineficaz el argumento en el sentido de que la autoridad pretende requerir documentos e informes, cuando el juez de origen lo realizó, además de que esa etapa ya concluyó en el proceso natural; en razón de que la Sala responsable tiene la facultad de allegarse de pruebas para mejor proveer y recabar de oficio lo necesario para resolver, pues así lo dispone el precepto 279 del Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México, que establece que los tribunales podrán decretar en todo tiempo sea cual fuere la naturaleza del negocio, la práctica o ampliación de cualquiera diligencia probatoria, siempre que sea conducente para el conocimiento de la verdad sobre los puntos cuestionados. Y es así, puesto que el fin de los requerimientos realizados por la autoridad tienen justificación pues se advierte están encaminados a establecer de manera precisa las posibilidades, medios y necesidades económicas del deudor y acreedor alimentario; máxime si se advierte que en la sentencia del juicio se resolvió lo inherente a la pensión alimenticia definitiva, así como al pago retroactivo de la misma y en el recurso interpuesto, el recurrente -hoy quejoso- combate directamente esos conceptos y la forma en que se cuantificaron; de modo que sus argumentos no abonan para evidenciar una violación a derechos sustantivos. Orienta lo anterior, por sus consideraciones, la tesis I.8o.C.51 C del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que dice: "DILIGENCIAS PARA MEJOR PROVEER. CONSTITUYE UNA FACULTAD DE LAS AUTORIDADES DE INSTANCIA Y NO UNA OBLIGACION. La práctica de diligencias para mejor proveer regulada por el artículo 279 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, constituye una facultad de las autoridades de instancia y no una obligación, por lo que si éstas no decretan la recepción de una determinada prueba para mejor proveer, ello de ninguna manera puede resultar conculcatorio de las garantías individuales del quejoso, precisamente por constituir una facultad potestativa que tiene el juzgador para ordenar ese tipo de diligencias y no una obligación." Asimismo, la tesis 1a. CCCXXXVI/2018 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "PENSIÓN ALIMENTICIA PARA MENORES DE EDAD. PARA FIJAR SU MONTO, LAS AUTORIDADES JURISDICCIONALES DEBEN EJERCER SUS FACULTADES PROBATORIAS A FIN DE ATENDER A LA DETERMINACIÓN REAL Y OBJETIVA DE LA CAPACIDAD ECONÓMICA DEL DEUDOR ALIMENTARIO. La protección alimentaria prevista en el artículo 27 de la Convención sobre los Derechos del Niño, en consonancia con el mandato de vigilar el interés superior de la infancia, reconocido en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, requiere de las autoridades jurisdiccionales encargadas de resolver los asuntos relativos al tema, la determinación real y objetiva de la capacidad económica del deudor alimentario, la que no se limita necesariamente al ingreso reportado o declarado en el juicio, sino que debe estar referida a todo tipo de ingresos, esto es, tanto a rentas de capital como del trabajo, cubriendo todos los recursos que tiene la persona para satisfacer sus necesidades materiales, sin que tal ejercicio pueda quedar a expensas de la conducta procesal de las partes. En ese sentido, en caso de cuestionamiento o controversia sobre esa capacidad económica, el juez está obligado a recabar de oficio las pruebas necesarias que le permitan determinar de manera precisa las posibilidades y medios económicos del deudor alimentario, como son, a manera de ejemplo, los estados de cuenta bancarios, las declaraciones de impuestos ante el fisco, informes del Registro Público de la Propiedad y todos aquellos que permitan referir su flujo de riqueza y nivel de vida. En el entendido, de que en la fijación del monto de la pensión alimenticia en todo momento debe regir el principio de proporcionalidad y atenderse a los demás derechos involucrados en el juicio, como son la igualdad, la certeza jurídica y el derecho al mínimo vital, así como los derechos de otros acreedores alimentarios, de ser el caso." Sin que pase desapercibido para el suscrito el hecho de que la parte quejosa citara los criterios de rubros: "LAUDO. SI EN EL AMPARO SE DEMANDA DE LA JUNTA EL RETRASO EN LA FORMULACIÓN DEL PROYECTO DEL LAUDO, NO PROCEDE SOBRESEER AUNQUE NO SE HAYA SEÑALADO COMO RESPONSABLE AL AUXILIAR." "LAUDO. CUANDO SE RECLAMA EN AMPARO LA OMISIÓN DE SU DICTADO, EL INTERÉS JURÍDICO DEL QUEJOSO TIENE ORIGEN EN SU DERECHO A UNA JUSTICIA PRONTA, POR LO QUE DEBE VERIFICARSE QUE ÉSTE ES PARTE EN EL PROCEDIMIENTO DEL CUAL DERIVA DICHA ABSTENCIÓN, Y QUE EFECTIVAMENTE EXISTE LA OBLIGACIÓN DE LA AUTORIDAD DE RESOLVER EN EL PLAZO ESTIPULADO." En razón de que el sentido de esta sentencia no controvierte su contenido, pues, como se demostró, la autoridad responsable hizo valer su facultad de recabar pruebas para mejor proveer y se encuentra pendiente que las mismas sean recibidas para que cuente con los documentos necesarios para resolver el recurso que se interpuso contra la sentencia definitiva dictada en el proceso natural, de modo que al estar justificado el hecho de que aún no se dicte determinación en el toca de origen, lleva a concluir que es inexistente una violación a sus derechos; máxime que esos criterios corresponden a una materia distinta (laboral) de la que aquí se analiza (familiar). En las narradas condiciones, al no demostrarse la inconstitucionalidad del acto reclamado resulta procedente negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. Sin que pasen inadvertidos los alegatos vertidos por la quejosa; sin embargo, no se aborda el estudio de sus aseveraciones, ya que no forman parte de la litis en el amparo. Orienta lo expuesto la tesis P./J. 27/94, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO.". Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en lo establecido en los artículos 73 a 76, 217 y 218 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ... contra actos de la Cuarta Sala Familiar de la Ciudad de México, precisados en el segundo considerando, por las razones indicadas en el diverso último de esta sentencia. NOTIFÍQUESE COMO LEGALMENTE CORRESPONDA. Lo sentencia y firma electrónicamente, ..., Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, asistido de ..., Secretario del Juzgado que autoriza y da fe; en términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, hasta hoy veintiséis de junio de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe. (Firma electrónica) (Firma electrónica) EL JUEZ EL SECRETARIO"
- Principal
Glósese el ocurso de la tercera interesada, en atención a su contenido; se le tiene apersonándose al presente juicio, autorizando a las personas que refiere, para los efectos precisados, ahora bien, de quienes faculta conforme al numeral 12 de la ley de la materia, sólo gozarán de las facultades amplias que prevé si tienen registrada su cédula profesional en el sistema correspondiente, ya que de no ser así únicamente lo estará para oír y recibir notificaciones. Respecto del correo electrónico que indica, se tendrá únicamente para entablar comunicaciones no procesales, conforme a lo dispuesto en artículo 22 del Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal. Finalmente, como lo solicita, en cumplimiento al Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena realizar la autorización electrónica correspondiente, con los nombres de usuarios proporcionados, para consultar el expediente, presentar promociones y recibir notificaciones de las resoluciones que lleguen a dictarse en este asunto a través de la vía electrónica. NOTIFÍQUESE.
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