Roberto Carlos Navarrete Mancera

Expediente 974/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 7 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
974/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
07/12/2021

Partes del expediente

  • Roberto Carlos Navarrete Mancera

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, siete de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido el auto de nueve de noviembre de dos mil veintiuno; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2° de la Ley de Amparo, se declara que el auto que sobreseyó antes de audiencia el juicio de amparo promovido por Roberto Carlos Navarrete Mancera, ha CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Hágase lo anterior del conocimiento de las partes, para los efectos legales procedentes. Integración del expediente, anotaciones y archivo. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y una vez que se encuentren agregadas la totalidad de las constancias, archívese este expediente como total y definitivamente concluido. Transferencia. 05/12/22 13:14:46 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d8.8e INGRID MALENY MERAZ MARRUFO 2 JUZGADO OCTAVO EXP. 974/2021 Ahora bien, toda vez que el presente expediente se encuentra dentro de la hipótesis del inciso a) del artículo 21, contenido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, los cuales a la letra establecen: ".Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: a) Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados." Clasificación documental. Por otra parte, en cumplimiento a lo que establece el artículo 35, del capítulo décimo tercero, del Acuerdo General, señalado en el párrafo precedente, este expediente a criterio de este juzgador no es de relevancia documental, por lo cual así deberá asentarse en la carátula del presente juicio. Valoración de expediente. Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente es destruible al sobreseerse antes de audiencia el juicio de amparo, por lo que se ubica en las hipótesis prevista en el capítulo séptimo artículo 21, inciso a), del Acuerdo General citado. Notifíquese

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, nueve de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta que antecede, así como el estado procesal que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa, se advierte que en proveído de veinte de octubre del presente año, el Presidente de la Junta Especial Número Ocho de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán Texcoco, por sí y en representación de la misma, remitió su informe justificado, manifestando que el once de octubre de dos mil veintiuno, se emitió la resolución que recayó a la reserva de la audiencia decretada en catorce de enero de dos mil veinte, referente al incidente de revisión de actos, en el expediente J.8/1047/2014, de su índice, remitiendo copia certificada de la resolución precisada a efecto de acreditar su dicho. Ahora, de las actuaciones que integran el presente expediente promovido por Roberto Carlos Navarrete Mancera, se advierte que éste solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos que reclama de la Junta Especial Número Ocho de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Cuautitlán Texcoco y su Presidente adscrito, consistente en la omisión de resolver el incidente de revisión de actos de ejecución del juicio laboral número 1047/2014, de su índice. En ese contexto y tomando en consideración las manifestaciones de la autoridad responsable, este órgano de control advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en Enrique Camacho Flores 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.c9.7b 21/07/22 14:58:29 2 JUZGADO OCTAVO EXP. 974/2021 la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que, de conformidad con lo dispuesto en la fracción V, del artículo 63 del dispositivo legal invocado, se sobresee en el presente juicio de amparo antes de audiencia, por los motivos siguientes: Los dispositivos legales en comento establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente. XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior." De los artículos transcritos se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando los efectos del acto reclamado hayan cesado; luego, en caso de actualizarse la cesación de los efectos tildados de transgredir los derechos de la parte quejosa, lo procedente es sobreseer el juicio constitucional. La cesación de efectos se ha interpretado como aquella situación o circunstancia que acontece respecto del acto materia de reclamo constitucional, y que cesa la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad responsable la repara, o bien, por virtud a una causa accesoria, el acto reclamado deja de tener vida jurídica. De tal manera que la esfera jurídica de la parte quejosa de la que se duele, queda en la misma situación en la que se encontraba antes de la emisión del acto considerado violatorio de derechos fundamentales. Ello genera la improcedencia del juicio de amparo, porque si el acto que se considera violatorio desapareció; o bien, por un acto posterior desaparecen las consecuencias jurídicas que genera un agravio en la esfera de la parte quejosa, a nada práctico conduciría analizar si un acto que ya no incide en la vida jurídica de la quejosa es constitucional, o no. En el caso concreto, el quejoso Roberto Carlos Navarrete Mancera, se duele de la omisión de resolver el incidente de revisión de actos de ejecución respecto del juicio laboral número 1047/2014, Enrique Camacho Flores 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.c9.7b 21/07/22 14:58:29 3 JUZGADO OCTAVO EXP. 974/2021 del índice de la responsable Junta Especial Número Ocho de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Cuautitlán Texcoco. Sin embargo, mediante proveído de veinte de octubre del presente año, el Presidente de la Junta Especial Número Ocho de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán Texcoco, por sí y en representación de la misma, remitió su informe justificado, manifestando que el once de octubre de dos mil veintiuno, se emitió la resolución que recayó a la reserva de la audiencia decretada el catorce de enero de dos mil veinte, referente al incidente de revisión de actos, en el expediente J.8/1047/2014, de su índice, remitiendo copia certificada de la interlocutoria precisada a efecto de acreditar su dicho, por lo que se advierte que la finalidad del juicio de amparo promovido en el presente juicio de garantías ya fue cumplido. En ese sentido, si la parte agraviada se duele de la omisión de resolver el incidente de revisión de actos de ejecución del juicio laboral número 1047/2014, del índice de la responsable Junta Especial Número Ocho de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Cuautitlán Texcoco; y con la emisión de la resolución de once de octubre de dos mil veintiuno, referente al incidente de revisión de actos, en el expediente J.8/1047/2014, de su índice; se evidencia que se está en presencia de una situación jurídica que destruyó los efectos del acto que motivó el juicio de amparo; de ahí que la parte quejosa se encuentra restituida en el goce del derecho fundamental que pudo haberse violado con aquélla, lo que actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del numeral 61 de la Ley de Amparo, por lo que lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo de conformidad con la fracción V del artículo 63, ibídem. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo IX, junio de 1999, cuyo texto señala: Enrique Camacho Flores 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.c9.7b 21/07/22 14:58:29 4 JUZGADO OCTAVO EXP. 974/2021 "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Por lo anterior expuesto, lo procedente es sobreseer el juicio de amparo antes de la audiencia constitucional toda vez que ni aun celebrándose ésta podría ser desvirtuada con prueba alguna la causal invocada, y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido. Por consiguiente, cuando la causa de improcedencia es notoria e indudable, de modo que nada pueda impedir el sobreseimiento en el juicio, es posible hacerlo fuera de audiencia; además, tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional. Así lo establece en lo conducente de la tesis 13K, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Tomo XII, agosto de 2000, página 1235, que dice: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. CUANDO DERIVA DE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE DEL JUICIO DE GARANTÍAS, NO CAUSA AGRAVIO AL QUEJOSO NI LO PRIVA DE DEFENSA. No causa ningún agravio al quejoso ni se le priva de defensa cuando se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia, siempre que derive de una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como lo es el cambio de situación jurídica (de orden de aprehensión a auto de formal prisión), de suerte que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido; por ende, a nada práctico conduciría ordenar reponer el procedimiento para que se verifique la citada audiencia, pues invariablemente la conclusión sería la misma. Por consiguiente, Enrique Camacho Flores 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.c9.7b 21/07/22 14:58:29 5 JUZGADO OCTAVO EXP. 974/2021 cuando las causas de improcedencia son notorias e indudables, de modo que nada pueda impedir el sobreseimiento en el juicio, es posible hacerlo fuera de audiencia; además, tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional." En consecuencia, se deja sin efectos la celebración de la audiencia constitucional en el presente expediente, señalada para las doce horas con un minuto del diez de noviembre de dos mil veintiuno. Lo anterior hágase del conocimiento de las partes. Notifíquese.

  3. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiocho de octubre de dos mil veintiuno. A sus autos el escrito firmado por el quejoso Roberto Carlos Navarrete Mancera, por medio del cual, solicita la ampliación del término dela vista otorgada en proveído de veinte de los actuales, por las razones que expone, asimismo, autoriza a la profesionista Norma Lizbeth González Cázares. En ese contexto, téngase por formuladas las manifestaciones del promovente y en atención a las mismas, debe decirse que la audiencia constitucional se encuentra señalada para las doce horas con un minuto del diez de noviembre de dos mil veinte, por tanto, hágase de su conocimiento que cuenta con el tiempo necesario para formular las alegaciones que estime pertinentes, tomando en consideración que la cita que tiene programada ante este órgano jurisdiccional lo es el día de la fecha. Asimismo, se tiene por autorizada de conformidad con el artículo 12 de la Ley de Amparo a la profesionista que menciona. Finalmente, para la revisión del expediente electrónico es necesario estar registrado en el Sistema de Consulta en Línea del Poder Judicial de la Federación y proporcionar el nombre de usuario a este órgano jurisdiccional a efecto de proveer sobre su petición, de conformidad con el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. INGRID MALENY MERAZ MARRUFO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d8.8e 05/12/22 13:14:46 2 JUZGADO OCTAVO EXP. 974/2021 Notifíquese.

  4. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinte de octubre de dos mil veintiuno. Informe justificado. Téngase por recibido el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número Ocho de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán Texcoco, por sí y en representación de la misma, por medio del cual rinde su informe justificado, en tal virtud, con fundamento en el artículo 118 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes por el plazo de tres días, en términos del artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, conforme al artículo 2. Proporciona correo para oír y recibir notificaciones. Asimismo, se tiene a la citada autoridad responsable señalando el correo electrónico junta8.jlcavct@edomex.gob.mx, y el número telefónico 5558817463 para tal efecto, y atendiendo al estado de emergencia sanitaria por causa mayor de la epidemia de enfermedad generada por el virus SARSCOV2 (COVID-19), y conforme a los Acuerdos 8/2020 y 22/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a efecto de resguardar la integridad y salud del personal adscrito a éste órgano jurisdiccional y de las partes, realícense las notificaciones que tengan carácter personal a través del citado medio a dicha autoridad. Sin que se advierta que dicha autoridad haya señalado correo para que se le haga llegar el vínculo para la audiencia respectiva, por lo que se entiende que es su deseo no comparecer. INGRID MALENY MERAZ MARRUFO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d8.8e 05/12/22 13:14:46 2 JUZGADO OCTAVO EXP. 974/2021 Sin perjuicio de que pueda manifestar lo contrario con posterioridad. Atento lo anterior, póngase en conocimiento de la sección de Actuaría, a efecto de que tome en cuenta dicha información al momento de realizar las subsecuentes notificaciones relacionadas con el presente asunto para los fines conducentes. Razón notificar por lista quejoso. Finalmente, se tiene por recibida la razón del actuario adscrito a este juzgado, mediante la cual informa que se constituyó en el domicilio ubicado en Avenida de las Torres, Número 50 A, Colonia Benito Juárez, Municipio de Tultitlán, Estado de México, en busca del quejoso Roberto Carlos Navarrete Mancera, a efecto de notificarle el contenido del auto de once de octubre de dos mil veintiuno, de la que se advierte la imposibilidad que tuvo para llevar a cabo la diligencia encomendada por las razones que expone en la misma; en virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 27 y 29 de la Ley de Amparo, hágase la notificación del mencionado auto y de las subsecuentes, por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado. Notifíquese. EN CONSECUENCIA, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL CITADO AUTO QUE DICE... Naucalpan de Juárez, Estado de México, once de octubre de dos mil veintiuno. Recepción y registro de la demanda. Por recibida la demanda de amparo promovida Roberto Carlos Navarrete Mancera, contra actos que reclama de la Junta Especial Número Ocho de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Cuautitlán Texcoco y su Presidente adscrito. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este juzgado con el consecutivo 974/2021, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva a cabo este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 174 a 179 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince. Admisión de la demanda. Con fundamento en los artículos 1°, 2°, 3°, 5°, 37, 107, 108, 112 y 115 de la Ley de Amparo, se admite en sus términos. Del incidente de suspensión. Sin que haya lugar a tramitar el incidente de suspensión, toda vez que el mismo no fue solicitado y no se encuentra en los supuestos del artículo 127 de la Ley de Amparo. Promociones duplicadas y acuses. Enrique Camacho Flores 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.c9.7b 21/07/22 14:58:29 2 JUZGADO OCTAVO EXP. 974/2021 Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena al secretario judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente certificar y agregar a los autos aquéllos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior, procederá sólo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes; y c) acuses de recibo. Vista al Ministerio Público Federal. Dese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado, la intervención que legalmente le corresponde, de conformidad con el artículo 5, fracción IV de la Ley de Amparo, corriéndole traslado con una copia de la demanda de amparo, tal como lo establece el numeral 110 de la Ley citada. Notificación prioritaria por otros medios electrónicos. Tomando en cuenta que de conformidad con el acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de marzo último, se deben adoptar medidas preventivas de riesgos laborales y acciones para promover y vigilar su cumplimiento en los centros de trabajo, así como de protección al público en general; por consiguiente, con la finalidad de evitar la propagación del mismo, inclusive en pro del derecho a la salud del personal actuante en este juzgado, se determina respecto a las notificaciones que deban realizarse hasta en tanto se regularicen las actividades de este órgano jurisdiccional o en tanto el suscrito no emita diversa instrucción en el presente asunto, para llevar a cabo las comunicaciones procesales de mérito, lo siguiente: Toda vez que el Agente del Ministerio Público adscrito solicitó a este órgano jurisdiccional que las notificaciones que deban realizársele sean a través del correo electrónico rafacarranza1@yahoo.com, del cual pueden confirmarse en el número telefónico que los actuarios adscritos cuentan y deberán guardar en total confidencialidad, por consiguiente: En aplicación analógica del artículo 28, fracción III, de la Ley de Amparo, al requerirlo el orden público derivado de las medidas de contingencia sanitaria para evitar la propagación del virus Enrique Camacho Flores 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.c9.7b 21/07/22 14:58:29 3 JUZGADO OCTAVO EXP. 974/2021 SARSCoV2 (COVID-19), en observancia al acuerdo del Secretario de Salud, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de marzo del año en curso, notifíquese por dicho medio electrónico a la parte procesal referida, debiendo el actuario respectivo levantar la razón correspondiente en la que haga constar su envío, así como la confirmación de su recepción. Hágase del conocimiento de las partes que por las razones ya expuestas en torno a la contingencia sanitaria, las notificaciones que deban realizarse por lista se publicarán únicamente en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, en conformidad con el artículo 29 de la Ley de Amparo. Tratándose de instituciones públicas que figuren como partes en los juicios de amparo con cualquier carácter (quejosas, terceras interesadas, autoridades responsables): Las que cuenten con convenio de interconexión celebrado con el Poder Judicial de la Federación y declaratoria de interconexión tecnológica, en términos de los artículos 3 de la Ley de Amparo, 20, 53, 65, 71, 74 al 78, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, así como numerales 1, 2 y el capítulo tercero "De la interconexión tecnológica en el juicio de amparo indirecto", del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, deberán ser notificados mediante el uso de dicha herramienta tecnológica. Al respecto, se hace notar a los actuarios de la adscripción que: (i) conforme al artículo 2 del acuerdo últimamente mencionado, las declaratorias de interconexión tecnológica se publican en el Diario Oficial de la Federación, y se difunden a través del Portal de Servicios en Línea y del Sistema de Seguimiento de expedientes; por lo que deberán consultar sendos medios de difusión, (ii) asimismo, observar las reglas previstas en el preindicado acuerdo para la obtención de las constancias de notificación. Las que no cuenten con el referido convenio de interconexión Enrique Camacho Flores 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.c9.7b 21/07/22 14:58:29 4 JUZGADO OCTAVO EXP. 974/2021 celebrado con el Poder Judicial de la Federación y declaratoria de interconexión tecnológica, deberán ser notificadas a través de los medios de comunicación ordinarios, en el entendido de que previo a la remisión física de oficios, se instruye a los actuarios a efectos de que realicen la consulta de la probable existencia de un correo electrónico donde las autoridades responsables puedan ser notificadas por este medio y se confirme su recepción. Requerimiento de informes justificados. Con fundamento en el artículo 118 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable para que rinda su informe con justificación, bajo los términos y condiciones siguientes: a) Dentro del plazo de tres días improrrogables siguientes al en que reciba el oficio de notificación relativo; b) Oportunidad en la que deberá exponer las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, debiendo acompañar copia certificada, íntegra y legible de las constancias necesarias para apoyarlo, derivadas del juicio de origen, en la inteligencia que de no contar con tales documentales, será suficiente la remisión de dicho informe. De conformidad con lo establecido por los artículos 237, fracción I, 238, 244, 245 y 260, fracción II, de la ley de la materia, se apercibe a las autoridades responsables con la aplicación de multa por el equivalente de cien días de salario mínimo general vigente en el país1: i) En el supuesto de que se niegue a recibir las notificaciones derivadas del juicio; y ii) Se abstenga o sea omisa en rendir el informe con justificación o lo hagan sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional. Esta última sanción se aplicará al resolverse el fondo del asunto con independencia de presumir cierto el acto reclamado. 1 Que acorde al decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas, diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, y que entró en vigor al día siguiente de su publicación, de conformidad con el artículo tercero transitorio, éste debe entenderse -salario mínimo- como Unidad de Medida y Actualización. Enrique Camacho Flores 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.c9.7b 21/07/22 14:58:29 5 JUZGADO OCTAVO EXP. 974/2021 Asimismo, con fundamento en el artículo 262, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, comuníquese a la autoridad responsable que si del contenido de su informe se advierte que afirmare una falsedad o negare la verdad o, en su caso remitiere constancias equivocadas, podrá ser sancionada en los términos que señala el indicado precepto. Cabe precisar que el requerimiento del informe justificado, dentro del plazo precisado en el artículo 118 de la Ley de Amparo, obedece al hecho de que la finalidad perseguida por el citado precepto es dar celeridad al trámite del juicio de amparo, en asuntos que por su naturaleza sea posible otorgar, sin mayor problema, la protección constitucional, toda vez que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se proclamó jurisprudencialmente sobre el alcance del derecho fundamental reconocido en el artículo 17 constitucional, a fin de observar la tutela que debe prevalecer por parte de los órganos jurisdiccionales, específicamente en el acceso efectivo a la administración de justicia con el objetivo de lograr que las instancias constituyan mecanismos expeditos, eficaces y confiables para los justiciables, criterio de cuyo cumplimiento derivará su eficacia y que resulta de observancia obligatoria para este órgano jurisdiccional, mismo que es del tenor literal siguiente: "JUSTICIA, ACCESO A LA. LA POTESTAD QUE SE OTORGA AL LEGISLADOR EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA FIJAR LOS PLAZOS Y TÉRMINOS CONFORME A LOS CUALES AQUÉLLA SE ADMINISTRARÁ NO ES ILIMITADA, POR LO QUE LOS PRESUPUESTOS O REQUISITOS LEGALES QUE SE ESTABLEZCAN PARA OBTENER ANTE UN TRIBUNAL UNA RESOLUCIÓN SOBRE EL FONDO DE LO PEDIDO DEBEN ENCONTRAR JUSTIFICACIÓN CONSTITUCIONAL."2. 2 "JUSTICIA, ACCESO A LA. LA POTESTAD QUE SE OTORGA AL LEGISLADOR EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA FIJAR LOS PLAZOS Y TÉRMINOS CONFORME A LOS CUALES AQUÉLLA SE ADMINISTRARÁ NO ES ILIMITADA, POR LO QUE LOS PRESUPUESTOS O REQUISITOS LEGALES QUE SE ESTABLEZCAN PARA OBTENER ANTE UN TRIBUNAL UNA RESOLUCIÓN SOBRE EL FONDO DE LO PEDIDO DEBEN ENCONTRAR JUSTIFICACIÓN CONSTITUCIONAL. De la interpretación de lo dispuesto en el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución General de la República se advierte que en ese numeral se garantiza a favor de los gobernados el acceso efectivo a la justicia, derecho fundamental que consiste en la posibilidad de ser parte dentro de un proceso y a promover la actividad jurisdiccional que, una vez cumplidos los respectivos requisitos procesales, permita obtener una decisión en la que se resuelva sobre las pretensiones deducidas, y si bien en ese precepto se deja a la voluntad del legislador establecer los plazos y términos conforme a los cuales se administrará la justicia, debe estimarse que en la regulación respectiva puede limitarse esa prerrogativa fundamental, con el fin de lograr que Enrique Camacho Flores 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.c9.7b 21/07/22 14:58:29 6 JUZGADO OCTAVO EXP. 974/2021 Lo que además, encuentra justificación en el artículo 25.1 y 25.23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos del que el Estado Mexicano es parte y cuya jurisprudencia es obligatoria para todos los juzgadores, por ser más favorable, acorde a lo establecido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 21/20144. Bajo ese marco legal, atendiendo a la situación en la que se encuentra inmersa la parte quejosa en la instancia de origen5, este las instancias de justicia constituyan el mecanismo expedito, eficaz y confiable al que los gobernados acudan para dirimir cualquiera de los conflictos que deriven de las relaciones jurídicas que entablan, siempre y cuando las condiciones o presupuestos procesales que se establezcan encuentren sustento en los diversos principios o derechos consagrados en la propia Constitución General de la República; por ende, para determinar si en un caso concreto la condición o presupuesto procesal establecidos por el legislador ordinario se apegan a lo dispuesto en la Norma Fundamental deberá tomarse en cuenta, entre otras circunstancias, la naturaleza de la relación jurídica de la que derivan las prerrogativas cuya tutela se solicita y el contexto constitucional en el que ésta se da.". Novena Época, Registro: 188804, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Septiembre de 2001, Materia(s): Constitucional, Tesis: P./J. 113/2001, Página: 5. 3 Artículo 25. Protección Judicial 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. 2. Los Estados Partes se comprometen: a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso. 4"JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. ES VINCULANTE PARA LOS JUECES MEXICANOS SIEMPRE QUE SEA MÁS FAVORABLE A LA PERSONA.". Época: Décima Época. Registro: 2006225. Instancia: Pleno. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 5, Abril de 2014, Tomo I. Materia(s): Común. Tesis: P./J. 21/2014 (10a.). Página: 204. 5 Respecto del plazo razonable para fallar un recurso de amparo, y que lo convierta en eficaz, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se ha pronunciado en los siguientes casos: a. Caso Genie Lacayo Vs. Nicaragua, asentó que el concepto de "plazo razonable" no era un concepto de sencilla definición y fue acudiendo a la jurisprudencia de la Corte Europea que estableció inicialmente que se debían tomar en cuenta tres elementos para determinar la razonabilidad del plazo en el cual se desarrolla el proceso: "a) la complejidad del asunto; b) la actividad procesal del interesado; y c) la conducta de las autoridades judiciales.". b. A partir del Caso Valle Jaramillo y otros Vs. Colombia, el Tribunal consideró "pertinente precisar [.] que en dicho análisis de razonabilidad se debe tomar en cuenta la afectación generada por la duración del procedimiento en la situación jurídica de la persona involucrada en el mismo.". c. En el caso del Tribunal Constitucional Vs. Perú, dentro del examen de la violación del artículo 25 y en consideración a la razonabilidad del plazo, reafirmó que "los recursos de amparo resultarán ilusorios e inefectivos, si durante la tramitación de éstos se incurre en un retardo injustificado de la decisión.". d. En el Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua que el procedimiento que se siguió ante las diversas instancias que conocieron de los amparos desconoció el principio de plazo razonable- reiteró que "los recursos de amparo resultarán ilusorios e inefectivos, si en la adopción de la decisión sobre éstos incurre en un retardo injustificado.". Enrique Camacho Flores 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.c9.7b 21/07/22 14:58:29 7 JUZGADO OCTAVO EXP. 974/2021 órgano jurisdiccional requiere el informe justificado en el plazo antes señalado, a fin de buscar privilegiar la impartición de justicia y respeto a los derechos fundamentales establecidos en el artículo 17 constitucional, tal y como el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo dispuso en la tesis jurisprudencial en comento. En esa tesitura, dígasele a las autoridades señaladas como responsables que deberá rendir dicha información, en el correo oficial de este órgano jurisdiccional 8jdo2cto@correo.cjf.gob.mx, ello en atención a la naturaleza del presente asunto y de conformidad con lo establecido por el Acuerdo General 4/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, reformado, adicionado y modificado por los diversos 6/2020, 8/2020, 10/2020, 13/2020 y 18/2020, relativo a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19 y al Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19. Requerimiento a la responsable para que señale correo electrónico para recibir notificaciones: Sin perjuicio de lo anterior, dadas la circunstancias expuestas, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, y 2 del Acuerdo General 8/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus covid-19, requiérase a la autoridad responsable, para que informe en el mismo plazo de tres días antes indicado, si cuenta con usuario del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, el cual para su uso requiere únicamente de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o la Firma Electrónica del Servicio de Administración Tributaria (FIEL o e.firma), a fin de que a través del mismo pueda notificarse de las resoluciones jurisdiccionales emitidas por este Juzgado de Distrito, así como enviar digitalmente promociones al mismo. En el entendido de que, de no contar con usuario en dicho Enrique Camacho Flores 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.c9.7b 21/07/22 14:58:29 8 JUZGADO OCTAVO EXP. 974/2021 portal, podrá generar una mediante el uso de alguna de las firmas antes mencionadas, para lo cual, se le informa el manual actualizado de uso en la liga electrónica: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ juicioenlinea/Home/Ayuda. Y, de no ser posible lo anterior, por no contar con alguna firma electrónica, proporcione algún correo institucional al que se le puedan hacer llegar subsecuentes comunicaciones, así como el nombre y teléfono de la persona responsable del mismo, a fin de estar en posibilidad de confirmar la recepción de cualquier comunicación que les sea enviada por este medio, ello en términos de los dispositivos antes mencionados, en relación con los artículos 28, fracción III, y 30 de la Ley de Amparo, al requerirlo el orden público ante la situación de emergencia en la que se encuentra el país con motivo de la pandemia del virus SARS-CoV2 y, precisamente, con el objetivo de evitar la aglomeración de personas en las instalaciones de las autoridades y evitar su propagación del como una medida de prevención sanitaria. Con el apercibimiento de que de no cumplir con lo que aquí se ordena, o de no informar o indicar el impedimento que tenga para ello, se impondrá al faltante una multa por el equivalente a cien días del valor de la unidad de medida y Actualización6, de conformidad con el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en términos de los artículos 237 fracción I, 238 y 260 fracción II de la Ley en cita. En ese tenor, mientras solicita su intervención en el juicio mediante cualquiera de las firmas electrónicas de referencia, o bien llevan a cabo las gestiones necesarias para obtenerlas, una vez proporcionada la información últimamente indicada y en tanto este juzgado no ordene que alguna notificación deba practicarse de manera diversa, lo que se determinará en su momento y atendiendo 6 En la inteligencia que el valor Diario de la Unidad de Medida y Actualización será equivalente a $89.62 (ochenta y nueve pesos 62/100 moneda nacional), de conformidad con el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de enero de dos mil veintiuno; y todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en la leyes federales, estatales, de la Ciudad de México, así como en cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización. Enrique Camacho Flores 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.c9.7b 21/07/22 14:58:29 9 JUZGADO OCTAVO EXP. 974/2021 al caso particular, con fundamento en los artículos 4o. y 17 de la Constitución Federal, 3o., 15, 27, fracción II, y 28, fracción III, de la Ley de Amparo, 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, tomando en consideración el alto riesgo de infección y propagación que, en el marco de la pandemia ocasionada por el virus COVID-19, representa no sólo para el personal de este órgano jurisdiccional, sino también para las partes, el llevar a cabo las notificaciones y entrega de oficios de manera impresa en papel, se le requiere para que reciba toda clase de notificaciones que sean remitidas por este juzgado, a través de cualquiera de los medios electrónicos de mérito. En el entendido de que, independientemente de ello, toda comunicación dirigida a este órgano jurisdiccional deberá ser presentada en términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, esto es, por escrito con firma autógrafa o mediante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, ya sea mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o la Firma Electrónica del Servicio de Administración Tributaria (FIEL o e.firma), debiendo en todo momento dar preferencia a la presentación a través de medios digitales. Por otra parte, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase a la Junta Especial Número Ocho de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Cuautitlán Texcoco, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de que quede notificada de este auto, informe si dentro del expediente de origen, las partes han promovido diversos juicios de amparo indirecto anteriores al presente sumario y de ser el caso, remita copia certificada, completa y legible de las constancias necesarias para acreditar su dicho. Obligaciones de las partes De igual forma, se les hace saber a las partes que cuando tengan conocimiento de cualquier causa de sobreseimiento en este asunto, se encuentran obligadas a comunicarlo de inmediato ante este juzgado federal, de conformidad con el artículo 64 primer párrafo de la Ley de Amparo, y se apercibe a la quejosa y a las autoridades responsables que de no hacerlo, se les podrá imponer una multa de Enrique Camacho Flores 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.c9.7b 21/07/22 14:58:29 10 JUZGADO OCTAVO EXP. 974/2021 treinta a trescientas Unidades de Medida y Actualización7, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26, inciso B, párrafo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 251 de la Ley de Amparo. En el mismo sentido, las partes que tengan conocimiento del fallecimiento de la parte quejosa, deberán comunicarlo en forma inmediata a este órgano jurisdiccional, bajo el apercibimiento que de no hacerlo así se les impondrá una multa de treinta a trescientas Unidades de Medida y Actualización8, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por dispuesto en los artículos 16 y 242 de la Ley de Amparo. De la información reservada de confidencial En cumplimiento a lo establecido en los artículos 8, 9, 23, 24, 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la cual fue publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en relación con los numerales 5, 6, 7, 8 y 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de lo Federación el cuatro de abril de dos mil cuatro, se requiere a las autoridades señaladas como responsables en el presente juicio de amparo, para que de conformidad con las disposiciones precisadas clasifiquen la información de reservada y confidencial que proporcionen a este órgano jurisdiccional en el momento de rendir el informe justificado correspondiente además de comunicar tal situación para que en su caso previo análisis de la información de En la inteligencia que el valor Diario de la Unidad de Medida y Actualización será equivalente a $89.62 (ochenta y nueve pesos 62/100 moneda nacional), de conformidad con el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de enero de dos mil veintiuno; y todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en la leyes federales, estatales, de la Ciudad de México, así como en cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización.. En la inteligencia que el valor Diario de la Unidad de Medida y Actualización será equivalente a $89.62 (ochenta y nueve pesos 62/100 moneda nacional), de conformidad con el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de enero de dos mil veintiuno; y todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en la leyes federales, estatales, de la Ciudad de México, así como en cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización. Enrique Camacho Flores 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.c9.7b 21/07/22 14:58:29 11 JUZGADO OCTAVO EXP. 974/2021 referencia exhibida con el informe de mérito, en términos del numeral 117 de la Ley de Amparo, se pueda permitir el acceso a las partes en la que se considere esencial para su defensa. Apercibimiento a la parte quejosa en relación a la denominación de las autoridades responsables. En términos del artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, el quejoso tiene la carga de señalar correctamente la denominación de la autoridad responsable, porque ello constituye un requisito de su demanda; por lo que se le apercibe para una vez enterado que dicha denominación de la autoridad señalada como responsable, sea incorrecta o bien, aquella sea inexistente, deberá corregir o aclarar el nombre que designó, con el apercibimiento que de ser omiso a esa eventualidad, se le sancionará declarándola inexistente, lo anterior, de conformidad con el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sirve de sustento a lo anterior la jurisprudencia número 2a./J.153/2019 (10ª), de la Segunda Sala, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, número de registro 2021029, cuyo rubro es el siguiente: "AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL JUICIO DE AMPARO. PREVIAMENTE A DECLARAR SU INEXISTENCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE DAR VISTA AL QUEJOSO Y APERCIBIRLO PARA QUE ACLARE LA DENOMINACIÓN DE AQUELLA QUE NO FUE POSIBLE EMPLAZAR. En términos del artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, el quejoso tiene la carga de señalar correctamente la denominación de las autoridades responsables, porque ello constituye un requisito de su demanda; el Juez, por su parte, tiene la facultad de declarar la inexistencia de la autoridad y suspender toda comunicación cuando ésta no fue localizada o se informe que no existe. Ahora bien, la declaratoria de inexistencia de una autoridad responsable debe estar precedida de la notificación personal y del apercibimiento al quejoso de que, si una vez enterado de esa eventualidad omite corregir o aclarar el nombre de la autoridad que designó como responsable o no prueba que sí existe bajo la denominación que indicó en la demanda, se le sancionará declarándola inexistente; notificación que encuentra fundamento en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de que se encuentre en condiciones de subsanar o corregir el error en que incurrió." De la audiencia constitucional. Con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo, se señalan las doce horas con un minuto del diez de noviembre de dos mil veintiuno, para que tenga verificativo. Enrique Camacho Flores 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.c9.7b 21/07/22 14:58:29 12 JUZGADO OCTAVO EXP. 974/2021 En el entendido que se llevará en términos de la Segunda Sección del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, en el que con motivo de la actual situación de emergencia que impera en el país, se ha implementado el uso de videoconferencia en los asuntos competencia de este órgano jurisdiccional, siempre y cuando se privilegié la igualdad entre las partes. Para tal efecto, en términos del artículo 28 del Acuerdo General citado en el párrafo precedente9, se previene a la parte quejosa, tercero interesado, autoridades responsables y agente del 9 Artículo 28. Para la preparación, celebración e integración a los autos de una audiencia por videoconferencia, se observarán las siguientes reglas: I. El órgano jurisdiccional notificará el citatorio para audiencia, el cual permitirá que todas las partes interesadas estén en posibilidad de acudir. El citatorio considerará un lapso de hasta quince minutos previos que permita a los intervinientes prepararse para el desahogo de la audiencia que establezca la normatividad aplicable, así como la implementación de la logística operacional. Tratándose de audiencias o sesiones públicas, podrá generarse una clave de acceso que dará a quien tenga interés en presenciarla la posibilidad de hacerlo, sin que pueda participar en la misma, utilizando el formato comúnmente conocido como seminario o conferencia web o en línea, o "webinar". En caso de no ser eso posible la publicidad se garantizará con el registro de la videoconferencia para su posterior consulta. II. En el proveído en el que se fije la fecha y hora en la que tendrá lugar, se deberán indicar los datos necesarios para acceder a la respectiva videoconferencia por vía electrónica y se requerirá a las partes para que indiquen, en la promoción electrónica mediante la que desahoguen dicho requerimiento, la o las personas que acudirán por vía electrónica en su representación. El citatorio se enviará únicamente a las partes que estén legitimadas para intervenir en la diligencia respectiva. III. Previamente al inicio de la audiencia mediante videoconferencia, el responsable técnico y/o el personal de apoyo realizarán las pruebas que permitan confirmar la adecuada calidad del audio y video para su desarrollo, de conformidad con lo dispuesto en el Anexo Técnico. IV. Transcurrido el lapso de preparación y llegada la hora de la audiencia, el secretario o secretario encargado de dar fe hará constar las partes que se encuentren presentes, se verificará su identidad, su personalidad y capacidad procesal, y se declarará iniciada. En caso de que ninguna persona adscrita al órgano jurisdiccional esté investida de fe pública, la juzgadora o juzgador deberá hacer constar verbalmente esta situación. V. Durante el desarrollo de la audiencia, las y los titulares deberán verificar que las partes intervinientes estén en posibilidad de observar, escuchar y comunicarse con todas las personas que participan en ésta, de manera clara y simultánea, salvo en los casos en que por disposición de ley sea necesaria la protección de la identidad de quien participa o cuando algunos intervinientes no puedan estar presentes durante el desarrollo de toda la videoconferencia, según lo dispuesto en el siguiente artículo. En todo caso deberá velarse por los derechos de las partes y el cumplimiento a los principios rectores de cada procedimiento. VI. En caso de advertir alguna falla técnica u otra situación extraordinaria que impida el desarrollo de la audiencia, la o el juzgador determinará las medidas que estime necesarias para continuarla o, de ser el caso, suspenderla, supuesto en el que señalará una hora o fecha posterior para su reanudación. En los casos en que a criterio de la o el titular del órgano jurisdiccional resulte imposible desahogar la audiencia previamente ordenada a través del uso de videoconferencia, ordenará su desahogo de manera presencial. En cualquier caso, se fundará y motivará la determinación respectiva, sin que ello implique formal ni tácitamente una revocación de su determinación inicial. VII. Cuando así resulte procedente conforme a la legislación aplicable, en la audiencia se dará cuenta con las promociones y las pruebas ofrecidas por las partes previamente o durante ésta, de conformidad con las reglas aplicables según la materia de que se trate. La DGGJ emitirá lineamientos para que, en adición al registro mismo de la videoconferencia, las pruebas respectivas puedan vincularse con el expediente del asunto respectivo. VIII. Tratándose del desahogo de alegatos orales, el día y hora previsto para el desahogo de la audiencia se dará el uso de la voz a las partes, sus representantes o autorizados. Cuando la diligencia respectiva se desahogue ante tribunales colegiados de Circuito, éste deberá estar debidamente integrado. Consecuentemente, se encuentra prohibida la celebración de audiencias que no hayan sido publicitadas, que pretendan escuchar a una o sólo a algunas de las partes, así como las que se celebren sólo ante uno de los integrantes de un órgano jurisdiccional colegiado. IX. Cuando en una audiencia deba escucharse a niñas, niños o adolescentes, las y los titulares deberán velar porque su comparecencia, aun por videoconferencia, cumpla con los estándares constitucionales que rigen su derecho a participar en los asuntos que afecten sus derechos. De la misma forma, durante el desahogo de la audiencia deberá realizar los ajustes razonables para personas con discapacidad, así como velar por que quienes tienen derecho a ello, cuenten con traductor, intérprete, asesor jurídico, defensor público o con la asistencia o presencia de quienes deban participar conforme a la Constitución y las leyes aplicables. X. Al concluir la sesión se levantará un acta en la que se harán constar las actuaciones realizadas, las personas que intervinieron y las incidencias que pudieran haberse presentado, salvo en aquéllos procedimientos en los que el registro mismo de la audiencia cumpla con dicha finalidad conforme a la legislación aplicable. XI. Las audiencias, sesiones y diligencias judiciales se registrarán y el personal facultado para ello deberá relacionarla con el expediente electrónico respectivo, siguiendo para ambos aspectos las pautas establecidas en el punto 3 del Anexo Técnico. El registro de las diligencias, audiencias y, tratándose de sesiones, de la porción respectiva al asunto del que se trate, será parte del expediente electrónico. La participación de las partes por este medio generará los mismos efectos y alcances jurídicos de la audiencia que se realice con presencia física en los órganos jurisdiccionales conforme a la normativa aplicable. Enrique Camacho Flores 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.c9.7b 21/07/22 14:58:29 13 JUZGADO OCTAVO EXP. 974/2021 Ministerio Público de la Federación adscrita, para que en un plazo de de dos días o bien veinticuatro horas previas a la celebración de la audiencia, señalen a través de promoción electrónica o física, la o las personas que acudirán a la audiencia que tendría verificativo por videoconferencia en su representación; asimismo, deberán señalar un correo electrónico para el envió del citatorio respectivo, en el entendido de que el referido citatorio que contenga el vínculo para ingresar a la videoconferencia se enviará únicamente a las partes que estén legitimadas para intervenir en la diligencia respectiva. Bajo el apercibimiento que, de no cumplir con lo anterior, se entenderá que no es su deseo intervenir a la videoconferencia, llevándose a cabo entonces la audiencia correspondiente de manera tradicional (escrita), sin que ello implique que no puedan presentar escritos el día de la fecha señalada para dicha diligencia judicial. Asimismo, se hace saber a las partes, que para efecto de tener por acreditada su legitimación para asistir a la audiencia y por certeza de las partes, deberán contar con su identificación debidamente escaneada en el equipo en el que se conecten a la videoconferencia para que la exhiban a través de la herramienta "compartir pantalla", lo mismo acontecerá con cualquier documento que se vaya a incorporar a la audiencia, esto para conservar constancia de los mismos. En consecuencia, se instruye a la Coordinadora Técnica Administrativa adscrita al órgano jurisdiccional, realice las gestiones tendentes a su preparación. Por otra parte, se comunica a los participantes que para poder ingresar a dicha plataforma deberán contar con un equipo de comunicación (pc, celular o tableta) con cámara y micrófono, conexión a red wifi; asimismo, deberán realizar el enlace por lo menos con quince minutos de anticipación a su celebración, lo anterior a efecto de poder llevar a cabo la logística operacional, asimismo podrá ingresar a https://help.webex.com/esco/ n62wi3c/Get-Started-with-CiscoWebex-Meetings-for-Attendees, y https://help.webex.com/ldnyw95a4-CiscoWebexMeetings/Webex- Meetings#Get-Started, en donde se encuentran los tutoriales y requerimientos técnicos de la plataforma. Enrique Camacho Flores 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.c9.7b 21/07/22 14:58:29 14 JUZGADO OCTAVO EXP. 974/2021 De las notificaciones a las partes. Se instruye al actuario judicial para que los posibles diferimientos que se den en el presente asunto de la audiencia constitucional se practiquen a las partes por medio de lista que se publique en los estrados de este órgano jurisdiccional incluidas o las autoridades responsables, toda vez que el artículo 26 fracción 1, y 28 de la Ley de Amparo, prevé expresamente los supuestos en que el juzgador está obligado a comunicarles por esa vía, las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo, sin embargo el diferimiento de la audiencia constitucional no se precisó como una de esos casos de excepción de ahí que resulta suficiente que este acuerdo se notifique por medio de lista en términos del artículo 29 del ordenamiento legal citado, al actualizarse el supuesto previsto por el artículo 26, fracción III, de la ley de la materia. Similar razonamiento se hace en torno a las autoridades señaladas como responsables, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada, pues a través de ella se les informa en su domicilio o en el que señalaron para oír y recibir notificaciones los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución y los posteriores; de ahí que si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que la que se realizó en forma personal a las partes, es incuestionable que debe ajustarse a las directrices precisadas por el legislador en el invocado numeral 26, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que resulta innecesario girar oficio a las autoridades para comunicarles el diferimiento de la audiencia constitucional. Sirve de sustento a lo anterior la jurisprudencia número 2ª ./J.176/2012 (10ª), de la Segunda Sala del Alto Tribunal, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, enero 2013, Tomo 2, página 1253, Materia Común, cuyo rubro es el siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Domicilio para oír y recibir notificaciones. Enrique Camacho Flores 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.c9.7b 21/07/22 14:58:29 15 JUZGADO OCTAVO EXP. 974/2021 Ahora bien, no ha lugar a tener como domicilio para oír y recibir notificaciones del quejoso el que señala en su escrito de demanda, lo anterior, en atención a que se encuentra fuera de la residencia de este juzgado federal, por tanto, requiéraseles para que dentro del término de tres días contados a partir de la notificación del presente proveído, señale un domicilio dentro de la residencia de este órgano jurisdiccional, apercibido que de no hacerlo así, las notificaciones que se le deban hacer, incluso las de carácter personal, se realizarán por medio de las listas que se publiquen en este juzgado, de acuerdo a lo previsto en los artículos 27 y 29 de la Ley de Amparo, sin ulterior acuerdo. Atento a lo anterior, se comisiona al actuario adscrito a este juzgado, a fin de que se constituya en el domicilio ubicado en Avenida de las Torres, Número 50 A, Colonia Benito Juárez, Municipio de Tultitlán, Estado de México y notifique el contenido del presente proveído a la parte quejosa, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo. Autorizados. Se tienen por autorizadas de conformidad con el artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que menciona en su escrito de cuenta. Pruebas Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por anunciadas y ofrecidas las pruebas consistentes en la instrumental de actuaciones, y la presuncional legal y humana, las cuales serán tomadas en cuenta al momento de resolver el presente juicio de amparo, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional. Devolución de documentos. En caso de que al concluirse este juicio existan documentos originales, en términos de los capítulos séptimo y octavo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Enrique Camacho Flores 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.c9.7b 21/07/22 14:58:29 16 JUZGADO OCTAVO EXP. 974/2021 establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se requiere a la parte oferente del mismo para que presente a recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin al presente juicio. Con apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos de los artículos 18 y 20, del citado Acuerdo General. Para ello se instruye al secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos. Sin que se consideren como documentos originales la carta poder manuscrita, por no ser insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda; ni aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico. Transparencia y acceso a la información pública. Infórmese a las partes que al elaborarse la versión pública de la resolución que se dicte en el presente asunto, se suprimirá la información confidencial proporcionada por ellas, salvo que exista consentimiento de su parte para permitir el acceso a la misma, de conformidad con los artículos 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracciones I, II y III, 68 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, comuníqueseles también que no se requiere de su consentimiento para ese efecto ante la actualización de alguna de las hipótesis enunciadas en el artículo 117 del ordenamiento antes citado. Notifíquese.

Quedan 1 actuación en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México · 7,808 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano