ROBERTO CARLOS MENDEZ SIERRA y Otros.

Expediente 702/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 7 actuaciones registradas, la última del 13 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
702/2023
Año
2023
Actuaciones
7
Última actuación
13/10/2023

Partes del expediente

  • ROBERTO CARLOS MENDEZ SIERRA y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Firmeza de auto. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se obtiene que feneció el plazo de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa hiciera valer el recurso de queja contra el proveído de veintidós de septiembre de dos mil veintitrés, en el que se tuvo por no presentada la demanda en relación a la quejosa *** y, desechada respecto de los quejosos ***, sin que lo hubiesen hecho; consecuentemente, se determina que dicha resolución causó estado. Se ordena archivo. Consecuentemente, se ordena archivar el presente como asunto totalmente concluido. Valoración de expediente. *** Devolución de documentos. Sin que haya lugar a pronunciarse al respecto, en atención a que los anexos al escrito de demanda, se presentaron vía electrónica. *** Anotaciones en el libro de control y Sistema Integral de Expedientes. Háganse las anotaciones en el libro de control y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).

  2. Principal

    AL NO SER ATENDIDO EL AVISO POR LA PARTE QUEJOSA; CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C, DE LA LEY DE AMPARO, SE LE NOTIFICA POR LISTA QUE SE FIJAN EN LOS ESTRADOS DE ESTE JUZGADO QUINTO DE DISTRITO, ASÍ COMO EN EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE), LA DETERMINACIÓN DE VEINTIDÓS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, QUE EN SU PARTE CONDUCENTE DICE: Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se obtiene que feneció el plazo de cuatro días restantes a los promoventes del amparo *** en acuerdo de seis de septiembre pasado, para que acreditaran la calidad con la que se ostentaron, esto es, de ser representantes legales de ****; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento ahí contenido y, con fundamento en el artículo 114, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo promovida. Demanda. Por otra parte, del estado de autos, se advierte que ***, en su carácter de apoderados legales de ***, todos de apellidos ***, solicitan el amparo y protección de la justicia federal contra actos que atribuyen a la autoridad: Juez Primero Civil de Salvatierra, Guanajuato. La parte quejosa señala como acto reclamado lo siguiente: La resolución del recurso de revocación de catorce de julio de dos mil veintitrés, dictada dentro del juicio sucesorio intestamentario ***, que confirmó el auto por el que se pronunció respecto a la cesión de derechos realizados entre ***. Consideraciones previas. Conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En relación con ello, debe precisarse que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, incluso, en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. Actos de imposible reparación en los juicios sucesorios. Ahora, esta juzgadora estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dichos preceptos establecen el sistema para la procedencia del juicio de amparo indirecto. En ese sentido, se tiene que el amparo indirecto procede contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo que se actualicen dentro o fuera de juicio o después de que éste ha concluido. Además, de la porción constitucional se advierte que la procedencia del amparo indirecto contra actos dentro de juicio está expresamente condicionada a que éstos tengan una ejecución de imposible reparación. Así, cuando se trata de actos dentro de juicio, el amparo en la vía indirecta procede cuando aquéllos tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, los que consisten en afectar materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Con base en estas disposiciones, puede afirmarse que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio constitucional indirecto contra actos de imposible reparación, ya que, mediante una definición legal reiteró, su propósito de que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que esos actos para ser calificados como de imposible reparación necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos. Es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además, debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos «que afecten materialmente derechos», lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aún antes del dictado del fallo definitivo; y, La segunda, en el sentido de que estos «derechos» afectados materialmente revistan la categoría de derechos «sustantivos», expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Es importante tener presente que estas dos notas distintivas necesariamente deben actualizarse concomitantemente, pues, de lo contrario, no se estará ante un acto de imposible reparación al carecer de uno de sus elementos esenciales. Ahora, debe agregarse que debido a la naturaleza del juicio de donde emana el acto reclamado, los juicios sucesorios son procedimientos especiales que se distinguen de los ordinarios por su tramitación, los cuales se dividen en dos, -testamentarios e intestados-.*** Análisis del caso concreto. Primeramente, es necesario establecer que la cuarta etapa concluye con la sentencia de adjudicación; y, a fin de ser procedente el amparo en vía indirecta, en el juicio sucesorio debe recaer una determinación de no aprobación del proyecto de partición de los bienes de la herencia, pues de emitirse sentencia de adjudicación -la cual pone fin a juicio- es competencia de los Tribunales Colegiado de Circuito. En ese sentido, la parte quejosa indicó bajo protesta de decir verdad, a la cual se le otorga valor pleno como confesión que el sumario se encuentra en la cuarta etapa y está pendiente de emitirse la adjudicación en el juicio sucesorio. Por lo que, para ser procedente el juicio biinstancial en esa etapa, tiene que actualizarse la no aprobación del proyecto de partición de los bienes de la herencia, toda vez que la consecuencia de que no se apruebe dicho proyecto consiste en que no pueda dictarse la sentencia de adjudicación hasta que se elabore otro proyecto que cumpla con los lineamientos precisados en el juicio sucesorio. Así, si en el caso, los promoventes reclaman la resolución del recurso de revocación de catorce de julio de dos mil veintitrés, dictada dentro del juicio sucesorio intestamentario ***, que confirmó el auto por el que se pronunció respecto a la cesión de derechos realizados entre ****, es un acto intraprocesal en ese periodo y no puede reclamarse de manera autónoma en atención a la naturaleza del juicio hereditario. Por ende, no se da la primera de las notas distintivas para hacer procedente el amparo, que hace que los actos tengan una ejecución de imposible reparación, es decir, que afecte de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo, dado que los actos reclamados constituyen un acto inminentemente procesal y de posible reparación, y de ninguna manera se puede hablar de que sean de imposible reparación; pues, dado los antecedentes narrados, el juicio de origen concluirá con una sentencia de adjudicación, la cual si no es acorde a los intereses de los promoventes del amparo, podrán hacer valer el acto ahora reclamado como violación procesal; y, en caso de emitirse una resolución de no aprobación de adjudicación o partición de bienes, tienen a su alcance el juicio de amparo indirecto (pero será hasta su dictado). En esa tesitura, el acto reclamado no constituye un acto en la cuarta fase de dicho sucesorio cuyo efecto sea de imposible reparación, pues sus efectos sólo podrían, en determinado caso, traducirse en violaciones procesales que afecten derechos adjetivos susceptibles de ser reparados al dictarse la resolución que ponga fin a dicha etapa del juicio sucesorio de origen, si éstas son favorables a los intereses de los accionantes del amparo y, en caso contrario, de resultar opuestos a los mismos, pueden reclamarlos por el medio ordinario legal de defensa que le otorgue la ley de la materia para impugnarla. *** Protesta de ley. Por otra parte, conviene destacar que esta juzgadora cuenta con los elementos suficientes y objetivos que permiten arribar a la determinación de desechar la demanda. Ello, puesto que las partes quejosas han narrado bajo protesta de decir verdad los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes de los actos reclamados. *** Desechamiento. En las relatadas condiciones, al haber quedado evidenciado que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, con apoyo en el consecutivo 113 de ese ordenamiento legal, se desecha de plano la demanda de amparo en estudio. No se inadvierte que la causal de improcedencia en que se funda el presente desechamiento, podría estudiarse en la sentencia que resolviera el juicio; sin embargo, tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expedites en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la conclusión ahora formulada. Además, la anterior determinación no lesiona el derecho de acceso a la justicia de las promoventes del amparo y que por ello sea contrario al artículo 1 constitucional, dado que este derecho está sujeto a las condiciones necesarias y presupuestos procesales que establece la Ley de Amparo en aplicación, de ahí que las causales de improcedencia tienen una existencia justificada, la cual, debe ser analizada de oficio por quien resuelve y, en el caso, la examinada es procedente de manera notoria, manifiesta e indudable.

  3. Principal

    Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se obtiene que feneció el plazo de cuatro días restantes a los promoventes del amparo *** en acuerdo de seis de septiembre pasado, para que acreditaran la calidad con la que se ostentaron, esto es, de ser representantes legales de ****; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento ahí contenido y, con fundamento en el artículo 114, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo promovida. Demanda. Por otra parte, del estado de autos, se advierte que ***, en su carácter de apoderados legales de ***, todos de apellidos ***, solicitan el amparo y protección de la justicia federal contra actos que atribuyen a la autoridad: Juez Primero Civil de Salvatierra, Guanajuato. La parte quejosa señala como acto reclamado lo siguiente: La resolución del recurso de revocación de catorce de julio de dos mil veintitrés, dictada dentro del juicio sucesorio intestamentario ***, que confirmó el auto por el que se pronunció respecto a la cesión de derechos realizados entre ***. Consideraciones previas. Conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En relación con ello, debe precisarse que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, incluso, en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. Actos de imposible reparación en los juicios sucesorios. Ahora, esta juzgadora estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dichos preceptos establecen el sistema para la procedencia del juicio de amparo indirecto. En ese sentido, se tiene que el amparo indirecto procede contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo que se actualicen dentro o fuera de juicio o después de que éste ha concluido. Además, de la porción constitucional se advierte que la procedencia del amparo indirecto contra actos dentro de juicio está expresamente condicionada a que éstos tengan una ejecución de imposible reparación. Así, cuando se trata de actos dentro de juicio, el amparo en la vía indirecta procede cuando aquéllos tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, los que consisten en afectar materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Con base en estas disposiciones, puede afirmarse que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio constitucional indirecto contra actos de imposible reparación, ya que, mediante una definición legal reiteró, su propósito de que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que esos actos para ser calificados como de imposible reparación necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos. Es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además, debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos «que afecten materialmente derechos», lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aún antes del dictado del fallo definitivo; y, La segunda, en el sentido de que estos «derechos» afectados materialmente revistan la categoría de derechos «sustantivos», expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Es importante tener presente que estas dos notas distintivas necesariamente deben actualizarse concomitantemente, pues, de lo contrario, no se estará ante un acto de imposible reparación al carecer de uno de sus elementos esenciales. Ahora, debe agregarse que debido a la naturaleza del juicio de donde emana el acto reclamado, los juicios sucesorios son procedimientos especiales que se distinguen de los ordinarios por su tramitación, los cuales se dividen en dos, -testamentarios e intestados-.*** Análisis del caso concreto. Primeramente, es necesario establecer que la cuarta etapa concluye con la sentencia de adjudicación; y, a fin de ser procedente el amparo en vía indirecta, en el juicio sucesorio debe recaer una determinación de no aprobación del proyecto de partición de los bienes de la herencia, pues de emitirse sentencia de adjudicación -la cual pone fin a juicio- es competencia de los Tribunales Colegiado de Circuito. En ese sentido, la parte quejosa indicó bajo protesta de decir verdad, a la cual se le otorga valor pleno como confesión que el sumario se encuentra en la cuarta etapa y está pendiente de emitirse la adjudicación en el juicio sucesorio. Por lo que, para ser procedente el juicio biinstancial en esa etapa, tiene que actualizarse la no aprobación del proyecto de partición de los bienes de la herencia, toda vez que la consecuencia de que no se apruebe dicho proyecto consiste en que no pueda dictarse la sentencia de adjudicación hasta que se elabore otro proyecto que cumpla con los lineamientos precisados en el juicio sucesorio. Así, si en el caso, los promoventes reclaman la resolución del recurso de revocación de catorce de julio de dos mil veintitrés, dictada dentro del juicio sucesorio intestamentario ***, que confirmó el auto por el que se pronunció respecto a la cesión de derechos realizados entre ****, es un acto intraprocesal en ese periodo y no puede reclamarse de manera autónoma en atención a la naturaleza del juicio hereditario. Por ende, no se da la primera de las notas distintivas para hacer procedente el amparo, que hace que los actos tengan una ejecución de imposible reparación, es decir, que afecte de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo, dado que los actos reclamados constituyen un acto inminentemente procesal y de posible reparación, y de ninguna manera se puede hablar de que sean de imposible reparación; pues, dado los antecedentes narrados, el juicio de origen concluirá con una sentencia de adjudicación, la cual si no es acorde a los intereses de los promoventes del amparo, podrán hacer valer el acto ahora reclamado como violación procesal; y, en caso de emitirse una resolución de no aprobación de adjudicación o partición de bienes, tienen a su alcance el juicio de amparo indirecto (pero será hasta su dictado). En esa tesitura, el acto reclamado no constituye un acto en la cuarta fase de dicho sucesorio cuyo efecto sea de imposible reparación, pues sus efectos sólo podrían, en determinado caso, traducirse en violaciones procesales que afecten derechos adjetivos susceptibles de ser reparados al dictarse la resolución que ponga fin a dicha etapa del juicio sucesorio de origen, si éstas son favorables a los intereses de los accionantes del amparo y, en caso contrario, de resultar opuestos a los mismos, pueden reclamarlos por el medio ordinario legal de defensa que le otorgue la ley de la materia para impugnarla. *** Protesta de ley. Por otra parte, conviene destacar que esta juzgadora cuenta con los elementos suficientes y objetivos que permiten arribar a la determinación de desechar la demanda. Ello, puesto que las partes quejosas han narrado bajo protesta de decir verdad los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes de los actos reclamados. *** Desechamiento. En las relatadas condiciones, al haber quedado evidenciado que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, con apoyo en el consecutivo 113 de ese ordenamiento legal, se desecha de plano la demanda de amparo en estudio. No se inadvierte que la causal de improcedencia en que se funda el presente desechamiento, podría estudiarse en la sentencia que resolviera el juicio; sin embargo, tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expedites en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la conclusión ahora formulada. Además, la anterior determinación no lesiona el derecho de acceso a la justicia de las promoventes del amparo y que por ello sea contrario al artículo 1 constitucional, dado que este derecho está sujeto a las condiciones necesarias y presupuestos procesales que establece la Ley de Amparo en aplicación, de ahí que las causales de improcedencia tienen una existencia justificada, la cual, debe ser analizada de oficio por quien resuelve y, en el caso, la examinada es procedente de manera notoria, manifiesta e indudable.

  4. Principal

    Visto lo de cuenta, glósese al expediente el escrito signado por *****, mediante el cual pretenden cumplir la prevención realizada el veintiocho de agosto pasado. Sin embargo, no es dable tenerlos por cumplido; lo anterior, ya que; acreditan ser apoderados legales de ****; sin embargo, no lo hacen respecto de ****. Lo anterior, en virtud de que, si bien exhiben la escritura pública número ****o, expedida por el titular de la Notaría Pública número ***, del municipio de ***, Guanajuato, por la cual *** otorga en favor de **** un poder general para pleitos y cobranzas, actos de administración con cláusula especial; lo cierto es que la promovente del presente juicio de amparo lo es ****, no así *****. No cumplida prevención. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, no se tiene por desahogada la prevención de que se trata, por lo que, subsiste el apercibimiento decretado en el proveído referido respecto a ****. En el entendido que, de no dar cumplimiento con la prevención formulada, se tendrá a *** por no presentada la demanda. En esos términos, como pretendió atender la prevención en el día uno de los cinco días otorgados, hágase del conocimiento que le quedan cuatro días los cuales comenzarán a transcurrir a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación que de este auto se le practique.

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