Roberto Carlos García Álvarez

Expediente 1039/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de julio de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1039/2016
Año
2016
Actuaciones
2
Última actuación
22/07/2016

Partes del expediente

  • Roberto Carlos García Álvarez

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, y dado que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido el auto emitido el veintiocho de junio del año en curso; en tal virtud, con fundamento en lo que disponen los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha determinación que desechó la demanda de garantías que promovió Roberto Carlos García Álvarez, ha quedado firme para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones respetivas en el libro de gobierno, cuando esté debidamente digitalizado, archívese como asunto concluido. Por tanto, con apoyo en la certificación de cuenta y con fundamento en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la trasferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto: a) De conformidad con el punto décimo fracción I, del citado Acuerdo General, Conjunto, corresponde al archivo judicial reciente, y no es de los considerados de relevancia histórica, documental ni jurídica. b) Asimismo, en términos del punto vigésimo primero del referido acuerdo este expediente es destruible, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción I, de dicho punto, al ser un juicio de amparo en que se desechó la demanda de garantías, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes, de igual forma el presente expediente se encuentra digitalizado y coincide con su similar electrónico. c) Transcurrido el término de tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico de Documentación y Análisis, designado para su resguardo, debiendo desintegrar el original de la demanda de amparo y auto definitivo. d) Pasados cinco años, del dictado del auto de archivo, este expediente es destruible, en razón de que se conservarán la demanda y del auto definitivo.

  2. Principal

    Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta suscrito por la Actuaria Judicial adscrita al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito; por el cual, devuelve los autos originales del juicio de amparo 1629/2014, y copia certificada del testimonio de dieciséis de junio del año en curso, dentro en el amparo en revisión número 119/2016 de su índice, mediante la cual se determinó: "PRIMERO. En la materia de revisión, se MODIFICA la sentencia recurrida. - - - - - SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a José Antonio Muñoz García, contra los actos y autoridades precisados en el resultando primero de eta ejecutoria, por los motivos expuestos en el último considerando de este fallo. TERCERO. Se declara SIN MATERIA el recurso de revisión adhesiva" Acúsese el recibo de estilo al tribunal oficiante y glósense las constancias que en original obran en el cuaderno de antecedentes, lo anterior, pues el mismo fue formado en su mayoría con copia del juicio que en esta fecha se recibe. Háganse las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno, Sistema de Seguimiento de Expedientes, y en la carátula del juicio en que se actúa, archívese el presente asunto. Además, glósese el original del incidente de suspensión respectivo y resguárdese su duplicado, hasta en tanto transcurran seis meses a partir del proveído que se dicta y, fenecido dicho plazo, procédase a su destrucción; ello, conforme a lo que establece el capítulo quinto, punto vigésimo, fracción III, del Acuerdo General Conjunto 01/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito. Por otro lado, con apoyo en la certificación que antecede y con fundamento en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la trasferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto: a) De conformidad con el punto décimo fracción I, del citado Acuerdo General, Conjunto, corresponde al archivo judicial reciente, y no es de los considerados de relevancia histórica, documental ni jurídica. b) Asimismo, en términos del punto vigésimo primero del referido acuerdo este expediente es depurable una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, por lo que únicamente deberá conservarse la demanda y la sentencia respectiva y procederse a la depuración del original del incidente, al haberse negado y concedido la suspensión definitiva, en términos de la fracción IV del mencionado punto. c) En ese sentido, transcurrido el término de tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico de Documentación y Análisis, designado para su resguardo, debiendo desintegrar el original de la demanda de amparo y sentencia definitiva, así como, las resoluciones relativas al otorgamiento de la medida cautelar y, en su caso, las concernientes a la violación de ésta. Asimismo, pasados cinco años, del dictado del presente auto, este expediente es depurable, en razón de que se conservarán la demanda y la sentencia constitucional, así como las resoluciones relativas al otorgamiento de la medida cautelar y, en su caso, las referentes a la violación de ésta, las cuales deberán ser digitalizadas.

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