Roberto Carlos Enriquez Delgadillo
Expediente 1376/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California. 15 actuaciones registradas, la última del 25 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1376/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 25/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California · Baja California
Partes del expediente
- Roberto Carlos Enriquez Delgadillo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
.VISTO EL ESTADO DE AUTOS DEL QUE SE ADVIERTE QUE LA SENTENCIA CAUSÓ ESTADO.SE ORDENA EL ARCHIVO
- Principal
S E N T E N C I A Vistos los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo 1376/2021-8; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el dos de diciembre de dos mil veintiuno, en el Buzón Judicial y posteriormente en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado y turnado a este Juzgado por razón de turno correspondió conocer del mismo, Roberto Carlos Enríquez Delgadillo, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto que enseguida se transcribe: "IV.- ACTO RECLAMADO La negativa verbal de pagarme mi AGUINALDO que tengo derecho a percibir. Negativa que me fue informada en la Jefatura del Departamento de Recursos Humanos de la Oficialía Mayor del Ayuntamiento de Mexicali." Escrito aclaratorio: ". . . que el ACTO que reclamo consiste en: a) 1. A la Comisión de Honor y Justicia del Ayuntamiento de Mexicali Ie reclamo la omisión de emitir la orden al Jefe de Departamento de Recursos Humanos de la Oficialía Mayor del Ayuntamiento de Mexicali, para el pago de todos los emolumentos que integran el aguinaldo en el mes de diciembre de dos mil veintiuno. II. Al Jefe de Recursos Humanos de Oficialía Mayor del Ayuntamiento de Mexicali le reclamo la omisión de pago de las percepciones económicas que tengo derecho a recibir por concepto de AGUINALDO." SEGUNDO. Trámite. Previo cumplimiento de prevención por razón de trámite, por cuestión de turno, el conocimiento de la demanda de referencia le correspondió a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, se registró en el libro de gobierno bajo el número de expediente 1376/2021-8 y por acuerdo de trece de diciembre de dos mil veintiuno, se admitió; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; otorgándose al Ministerio Público Federal adscrito en materia de amparo la intervención legal que le compete; seguida la secuela procedimental respectiva, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, misma que se difirió por cuestión de trámite y que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, es competente para resolver el presente juicio de derechos fundamentales, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107 de la Ley de Amparo y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; asimismo, en el Acuerdo General 03/2013, reformado por el 43/2018, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, atento a que se trata de un juicio de amparo indirecto promovido contra actos de autoridad con residencia en la circunscripción territorial en la que ejerce jurisdicción este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, dispone que toda sentencia debe contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados. En cumplimiento a tal disposición, se atenderá al escrito de demanda de amparo, así como a los demás datos que se desprendan de las constancias del expediente, a fin de determinar cuál fue la intención de la parte quejosa al promover el juicio de amparo y estar en condiciones de resolver la cuestión efectivamente planteada. Lo anterior encuentra apoyo, por identidad jurídica, en la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 255, del Tomo XIX, abril de 2004, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." De igual manera, es aplicable al caso, por no contravenir las disposiciones de la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo Sexto Transitorio, la jurisprudencia 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Con base en estas premisas, de la lectura integral de la demanda de amparo, en armonía con la totalidad de la información allegada a este expediente, se revela que la parte quejosa reclama: -La omisión del pago del aguinaldo. TERCERO. Consideración preliminar. Determinado el acto reclamado, lo siguiente es pronunciarse respecto de la certeza o inexistencia de éste, ya que por razón de método, en toda sentencia de amparo indirecto, dicha situación debe ocurrir previamente y, sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, se deben estudiar las causas de improcedencia señaladas o que a criterio de esta juzgadora se actualicen, para que finalmente de ser procedente el juicio, se analice el fondo de la cuestión planteada. Esta situación es así, porque de no existir los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, entrar al estudio de cualquier causa de improcedencia y, en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente sería imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o de la parte substancial del asunto, implica en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ciertos, el juicio de amparo sea procedente. Apoya la consideración anterior, la jurisprudencia XVII.2º.J/10, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, publicada en la página 68, Tomo 76-Abril de 1994, Octava Época de la Gaceta al Semanario Judicial de la Federación, que es del rubro y texto siguiente: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." CUARTO. Inexistencia del acto reclamado. La autoridad responsable Comisión de Honor y Justicia del Ayuntamiento de Mexicali, Baja California, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado negó la emisión del acto reclamado; aduciendo además que el acto reclamado hecho valer por el quejoso, no le resulta imputable a ese órgano colegiado, sino a la diversa autoridad responsable Jefe del Departamento de Recursos Humanos de la Oficialía Mayor del Ayuntamiento de Mexicali, Baja California. La parte quejosa no aportó prueba que desvirtúe dicha negativa, por lo que no se acreditó la existencia del acto reclamado imputado a la citada autoridad responsable; por tal motivo, se sobresee en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo, ante la inexistencia del acto reclamado. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 310, publicada en la página doscientos nueve del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de los años 1917-1995, tomo VI, Materia Común editado en el año de mil novecientos noventa y cinco, que a continuación se transcribe: "INFORME JUSTIFICADO, NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuye, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74 de la Ley de Amparo". QUINTO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto que se reclama a la autoridad responsable Jefe del Departamento de Recursos Humanos de la Oficialía Mayor del Ayuntamiento de Mexicali, Baja California, con residencia en esta ciudad, pues no obstante que negó la existencia del acto reclamado, dicha negativa se desvirtúa con la documental exhibida por la delegada de la Comisión de Honor y Justicia del Ayuntamiento de Mexicali, Baja California, consistente en copia certificada del acuerdo de inicio de procedimiento de remoción del expediente CHJ/PR/48/2019.. Documental a la que se otorga pleno valor probatorio conforme lo que disponen los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Sustenta lo expuesto la jurisprudencia 226, que emitió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, con el rubro y texto siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." SEXTO. Causales de improcedencia. Previo al estudio de fondo del asunto se debe abordar el estudio de las causas de improcedencia hechas valer por las partes o advertidas de oficio, por ser orden público y de estudio preferente, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, así como la jurisprudencia cuyo rubro y texto a la letra dice: Al caso resulta aplicable la tesis jurisprudencial II. 1° J/5, publicada en la página 95, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VII, Mayo de 1991, Octava Época, sustentada por el anterior Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, del rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público, deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Esta juzgadora advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XI, de la Ley de Amparo, al haber sido analizada la cuestión aquí reclamada por un Tribunal constitucional. Efectivamente, el artículo 61 de la Ley en cita dispone: "El juicio de amparo es improcedente: (.) XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior; (.)." Disposición la anterior que se concatena con la fracción VI, del citado artículo 61 de la mencionada Ley, que dice: "El juicio de amparo es improcedente: (.) VI.- Contra resoluciones de los tribunales colegiados de circuito: (.).". En este sentido, las resoluciones dictadas por los Tribunales Colegiados no pueden ser sometidas a ningún estadío procesal ulterior, salvo los juicios de amparo directo, en donde diriman cuestiones de constitucionalidad de leyes o interpreten directamente algún precepto constitucional; por tanto, las resoluciones que éstos emitan, en su calidad de tribunales de legalidad, son inatacables en la vía de amparo, dado que no existe alguna instancia superior para revisarlas, con lo cual se protege la estabilidad o seguridad jurídicas y por ende, sus determinaciones son definitivas y no admiten recurso alguno, esto es, inatacable, al adquirir la calidad de cosa juzgada; lo cual debe interpretarse en forma extensiva a la causa de improcedencia contenida en la fracción XI del referido ordinal 61 de la Ley de Amparo, en cuanto que es improcedente el amparo contra actos vinculados al trámite del juicio constitucional, en términos de la jurisprudencia 2a./J. 106/2016 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 33, Agosto de 2016, Tomo II, página 1075, Registro digital: 2012370, Décima Época, Materias(s): Común, del contenido siguiente: "SENTENCIAS DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO DICTADAS AL RESOLVER EL RECURSO DE REVISIÓN. LA INTERPOSICIÓN DE CUALQUIER MEDIO DE DEFENSA EN SU CONTRA CONFIGURA UNA CAUSA NOTORIA Y MANIFIESTA DE IMPROCEDENCIA QUE CONDUCE A SU DESECHAMIENTO DE PLANO. Acorde con el artículo 107, fracción VIII, inciso b), último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las sentencias pronunciadas por los Tribunales Colegiados de Circuito al resolver el recurso de revisión no admitirán recurso alguno; por ello, ningún tribunal, incluida la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tiene facultades para modificarlas y menos para revocarlas, en virtud de que con su sola emisión son definitivas e inatacables, y su contenido no puede desconocerse en cualquier otro juicio o instancia. Consecuentemente, la interposición de un segundo recurso de revisión o de cualquier otro medio de defensa contra la resolución dictada por un Tribunal Colegiado de Circuito al conocer del recurso de revisión que impugna la pronunciada por un Juez de Distrito o por un Tribunal Unitario de Circuito, al constituir una sentencia definitiva e inatacable que adquiere la calidad de cosa juzgada, configura una causa notoria y manifiesta de improcedencia que conduce a su desechamiento sin mayor trámite." También, en lo conducente, es orientadora la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación. Tomo XIII, Enero de 1994, página 8, Registro digital: 206130, Octava Época, Materias(s): Común, que textualmente dice: "COMPETENCIA. NO ES POSIBLE TENER COMO AUTORIDAD RESPONSABLE EN UN JUICIO DE AMPARO DE NATURALEZA INDIRECTO. A LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. Los Cuerpos Colegiados de referencia, son los encargados de tutelar las garantías individuales mediante el juicio de amparo. De ello deviene que cuando en una demanda de garantías indebidamente se le dé el carácter de autoridad responsable a un Tribunal Colegiado de Circuito, el juez de Distrito que provea respecto de la presentación de la demanda, debe de advertir que por cuanto a esa autoridad, la misma debe desecharse y resolver en ese sentido. Ciertamente, dentro de la técnica procesal del juicio de amparo, existen circunstancias, hipótesis o situaciones que conllevan la imposibilidad jurídica de que alcance su objetivo. Así, la ley de la materia prevé en su numeral 73, las llamadas "causales de improcedencia", dentro de las cuales hay causas que operan siempre de manera absoluta, bien en atención a la índole de la autoridad contra la cual pretendiera intentarse el juicio, o bien a la naturaleza del acto reclamado. En ese sentido, la fracción I, del citado numeral 73, previene que el juicio es improcedente: "I. Contra actos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación." Ahora bien, esta hipótesis válidamente debe considerarse aplicable también para el caso en que en una demanda de garantías fue señalada como autoridad responsable a un Tribunal Colegiado de Circuito, habida cuenta que por regla general, las resoluciones que los Cuerpos Colegiados en mención pronuncien, son también inobjetables. Este último argumento se robustece si también se analiza al efecto la fracción II, del numeral 73 del ordenamiento legal en cita, la cual establece que el juicio de amparo es improcedente: "II. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas." En este sentido, debe decirse que la transcrita causal de improcedencia tiene como finalidad proteger la estabilidad o seguridad jurídica, ya que éstas no existirían si fuera factible combatir en nuevos juicios de amparo las resoluciones pronunciadas en un juicio constitucional o en cumplimentación de éstos, además de que la cadena de juicios que en tal supuesto pudiera originarse sería interminable. En esta tesitura, la causa de improcedencia de que se habla, contenida en la fracción XI, del ordinal 61 de la Ley de Amparo transcrito en párrafos que anteceden, se refiere a actos materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo y se contrae a los amparos promovidos 1) por el mismo quejoso, 2) contra las mismas autoridades y 3) por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Luego, la cosa juzgada encuentra su génesis en la necesidad de preservar la seguridad de los gobernados en el goce de sus libertades y derechos y como objeto primordial, proporcionar certeza respecto de las relaciones en que se han suscitado litigios, mediante la inmutabilidad de lo resuelto en una sentencia ejecutoriada. De esta forma, la cosa juzgada requiere de al menos una identidad entre la cosa demandada, la causa, las personas y la calidad con que intervinieron, como se desprende de la jurisprudencia 1a./J. 161/2007 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 197, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, febrero de 2008, Novena Época, Materia Común, Registro digital 170353, que dice: "COSA JUZGADA. PRESUPUESTOS PARA SU EXISTENCIA. Para que proceda la excepción de cosa juzgada en otro juicio es necesario que entre el caso resuelto por la sentencia y aquel en que ésta se invoque concurran identidad en la cosa demandada (eadem res), en la causa (eadem causa petendi), y en las personas y la calidad con que intervinieron (eadem conditio personarum). Ahora bien, si la identidad en la causa se entiende como el hecho generador que las partes hacen valer como fundamento de las pretensiones que reclaman, es requisito indispensable para que exista cosa juzgada se atienda no únicamente a la causa próxima (consecuencia directa e inmediata de la realización del acto jurídico) sino además a la causa remota (causal supeditada a acontecimientos supervenientes para su consumación) pues sólo si existe esa identidad podría afirmarse que las cuestiones propuestas en el segundo procedimiento ya fueron materia de análisis en el primero, y que por ello deba declararse procedente la excepción con la finalidad de no dar pauta a posibles sentencias contradictorias. Lo anterior, en el entendido de que cuando existan varias acciones contra una misma persona respecto de una misma cosa, deben intentarse en una sola demanda todas las que no sean contrarias, ya que el ejercicio de una extingue las otras, salvo que fuera un hecho superveniente debidamente acreditado. Por tanto, es claro que esto último no se daría si la causa remota que se involucra en uno y otro son distintas, con mayor razón si la causa próxima también es otra.". A lo anterior, se agrega que la cosa juzgada puede actualizarse en un plano material indirecto o reflejo, que es a lo que se denomina cosa juzgada refleja, que se entiende como el efecto que tiene lo resuelto en una previa sentencia ejecutoriada sobre un juicio posterior, donde sin existir la coincidencia de los elementos personales y objetivos en ambos procesos, prevalece una interdependencia en los conflictos de interés y, en consecuencia, lo resuelto de fondo dentro de un proceso anterior es jurídicamente aplicable en otro posterior, en tanto que resuelve uno de los puntos de litigio (en el fondo); a fin de evitar el dictado de sentencias contradictorias que vulneren la seguridad y certeza jurídica de los gobernados. Tal premisa fue establecida en la jurisprudencia I.3o.C. J/66 (9a.) del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 2078, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro V, Febrero de 2012, tomo 3, Décima Época, Materia Civil, Registro digital 160323, de rubro y texto siguiente: "COSA JUZGADA. INFLUENCIA DE UN JUICIO ANTERIOR POR SER REFLEJA AL QUE VA A FALLARSE, NO OBSTANTE QUE NO EXISTA IDENTIDAD EN LAS COSAS O ACCIONES EJERCITADAS. Para que exista cosa juzgada es necesario que entre el caso resuelto por sentencia definitiva y aquel en que se invoca, concurran identidad de las cosas, en las causas, en las personas de los litigantes y en la calidad con que lo fueren, esto es, que se haya hecho con anterioridad un pronunciamiento de derecho entre las mismas partes, sobre las mismas acciones, la misma cosa y la misma causa de pedir. De ese modo las excepciones vertidas por la demandada, que derivan de haber celebrado un contrato verbal de compraventa respecto del inmueble materia de la controversia, quedó resuelto en forma definitiva al considerarse que no acreditó la existencia del citado contrato, respecto de lo cual sí existe un pronunciamiento de fondo, que causó ejecutoria y constituye cosa juzgada, misma que no se puede variar a riesgo de vulnerar la garantía de seguridad jurídica. Ahora bien, la cosa juzgada refleja opera cuando existen circunstancias extraordinarias que, aun cuando no sería posible oponer la excepción de cosa juzgada a pesar de existir identidad de objeto de un contrato, así como de las partes en dos juicios, no ocurre la identidad de acciones en los litigios, pero no obstante esa situación, influye la cosa juzgada de un pleito anterior en otro futuro; es decir, el primero sirve de sustento al siguiente para resolver, con la finalidad de impedir sentencias contradictorias, creando efectos en esta última, ya sea de manera positiva o negativa, pero siempre reflejantes. La cosa juzgada tiene por objeto, en términos generales, evitar la duplicidad de procedimientos cuando en el primero de ellos se resuelve una cuestión jurídica, y para que surta efectos en otro juicio es necesario que entre el caso resuelto por la sentencia ejecutoriada y aquel en que ésta sea invocada, concurran identidad de cosas, causas y personas de los litigantes, así como la calidad con que contendieron; y no obstante que en el caso no exista identidad en las cosas o acciones ejercitadas, no puede negarse la influencia que ejerce la cosa juzgada del pleito anterior sobre el que va a fallarse, la cual es refleja.". De esta forma, aun en aquellos casos en los que la eficacia de la cosa juzgada no tiene un efecto directo respecto a un juicio diverso, al no existir una identidad tripartita (partes, objeto y causa), lo resuelto en el fondo, de manera firme en un procedimiento previo, tiene una eficacia indirecta o refleja dentro de otro juicio instado con posterioridad, puesto que precisamente bajo los principios constitucionales de seguridad y certeza jurídicas, el órgano jurisdiccional del conocimiento debe asumir esas decisiones inmutables que son indispensables para apoyar su fallo en el fondo, sobre aquel o aquellos elementos estrechamente interrelacionados con lo sentenciado a priori y evitar así la emisión de sentencias contradictorias que, además, vulneren la firmeza de lo ya juzgado. En esta última modalidad (refleja), no es indispensable la concurrencia de las tres clásicas identidades referidas (mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas), sino que sólo se requiere de la concurrencia de los supuestos: 1. La existencia de un proceso resuelto ejecutoriadamente; 2. La existencia de otro proceso en trámite; 3. Que los objetos de los dos pleitos sean conexos, por estar estrechamente vinculados o tener relación sustancial de interdependencia, a grado tal, que se produzca la posibilidad de fallos contradictorios; 4. Las partes del segundo juicio hayan quedado obligadas con la ejecutoria del primero; 5. En ambos se presente un hecho o situación que sea un elemento o presupuesto lógico necesario para sustentar el sentido de la decisión del litigio; 6. Que en la sentencia ejecutoriada se establezca un criterio preciso, claro e indubitable sobre ese elemento o presupuesto lógico; y 7. Para la solución del segundo juicio se requiera asumir un criterio sobre el elemento o presupuesto lógico común, por ser indispensable para apoyar lo fallado. De tal suerte, en las sentencias emitidas en los juicios de amparo, la cosa juzgada se rige en principio con las mismas bases que la generalidad de los procesos, porque igualmente tiene el objeto primordial de proporcionar certeza respecto de las relaciones en que se susciten litigios, mediante la inmutabilidad de lo resuelto en una sentencia ejecutoriada, pero tiene ciertas particularidades en los elementos establecidos uniformemente por la doctrina, cuya identidad se requiere para que la cosa juzgada opere: sujetos, objeto y causa, siguiendo el criterio contenido en la tesis I.4o.C.36 K., publicada en la página 1842, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIX, Febrero de 2009, Novena Época, Materia Común, Registro digital 167948, del rubro y texto siguientes: "COSA JUZGADA. ELEMENTOS PARA SU EFICACIA REFLEJA. La cosa juzgada encuentra su fundamento y razón en la necesidad de preservar y mantener la paz y la tranquilidad en la sociedad, con medidas que conserven la estabilidad y la seguridad de los gobernados en el goce de sus libertades y derechos, y tiene por objeto primordial proporcionar certeza respecto a las relaciones en que se han suscitado litigios, mediante la inmutabilidad de lo resuelto en una sentencia ejecutoriada. La cosa juzgada puede surtir efectos en otros procesos, de dos maneras: la más conocida, es la eficacia directa, y opera cuando los elementos de sujetos, objeto y causa son idénticos en las dos controversias de que se trate; la segunda es la eficacia refleja, con la cual se robustece la seguridad jurídica, al proporcionar mayor fuerza y credibilidad a las resoluciones judiciales, evitando que criterios diferentes o hasta contradictorios sobre un mismo hecho o cuestión, puedan servir de sustento para emitir sentencias distintas en asuntos estrechamente unidos en lo sustancial o dependientes de la misma causa; esto es, la tendencia es hacia la inexistencia de fallos contradictorios en temas que, sin constituir el objeto directo de la contienda, son determinantes para resolver litigios. En esta modalidad no es indispensable la concurrencia de las tres clásicas identidades sino sólo se requiere que las partes del segundo proceso hayan quedado vinculadas con la sentencia ejecutoriada del primero; que en ésta se haya tomado una decisión precisa, clara e indubitable, sobre algún hecho o una situación determinada, que constituya un elemento o presupuesto lógico, necesario para sustentar jurídicamente la decisión de fondo del objeto del conflicto, de manera tal, que sólo en el caso de que se asumiera criterio distinto respecto a ese hecho o presupuesto lógico relevante, pudiera variar el sentido en que se decidió la contienda habida entre las partes; y, que en un segundo proceso que se encuentre en estrecha relación o sea interdependiente con el primero, se requiera nuevo pronunciamiento sobre aquel hecho o presupuesto lógico, como ocurre especialmente con relación a la causa de pedir, es decir, a los hechos o actos invocados por las partes como constitutivos de sus acciones o excepciones. Por tanto, los elementos que deben concurrir para que se produzca la eficacia refleja de la cosa juzgada, son: a) La existencia de un proceso resuelto ejecutoriadamente; b) La existencia de otro proceso en trámite; c) Que los objetos de los dos pleitos sean conexos, por estar estrechamente vinculados o tener relación sustancial de interdependencia, a grado tal, que se produzca la posibilidad de fallos contradictorios; d) Que las partes del segundo hayan quedado obligadas con la ejecutoria del primero; e) Que en ambos se presente un hecho o situación que sea un elemento o presupuesto lógico necesario para sustentar el sentido de la decisión del litigio; f) Que en la sentencia ejecutoriada se sustente un criterio preciso, claro e indubitable sobre ese elemento o presupuesto lógico; g) Que para la solución del segundo juicio se requiera asumir un criterio sobre el elemento o presupuesto lógico-común, por ser indispensable para apoyar lo fallado.". Conforme lo anterior, la eficacia del efecto reflejo de la cosa juzgada, al igual que su sentido directo, impide que se dicten sentencias contradictorias en diversos juicios cuando éstos derivan de una misma situación jurídica que crea efectos materiales iguales, no obstante que se refleje la afectación en diversas actuaciones pero con el mismo contenido jurídico. En congruencia con ello, la figura de la cosa juzgada refleja, en términos del citado artículo 61 fracción XI, establece la improcedencia del juicio de amparo en los casos en los que el acto reclamado, si bien no es aquél que fue materia de resolución en el diverso juicio constitucional, sí guarda vinculación estrecha con éste, porque se trata de actuaciones derivadas del mismo juicio con el mismo contenido jurídico y que crea efectos materiales iguales, como se deriva de la tesis XII.1o.52 C, del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, publicada en la página 1844, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIX, Febrero de 2009, Novena Época, Materia Civil, registro 167946, de rubro y texto: "COSA JUZGADA REFLEJA. CASO EN QUE SE ACTUALIZA E IMPLICA LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 73, FRACCIONES III Y IV, DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación relacionada de las fracciones III y IV del artículo 73 de la Ley de Amparo, se colige que el juicio de garantías es improcedente contra leyes o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas; lo cual tiene sustento fundamentalmente en el carácter inimpugnable e inmutable de la cosa juzgada, cuya finalidad es evitar que pueda replantearse en un futuro la misma controversia sobre situaciones jurídicas discutidas y resueltas en un fallo firme dictado en un anterior juicio de amparo. A su vez, la eficacia del efecto reflejo de la cosa juzgada, al igual que la cosa juzgada, impide que se dicten sentencias contradictorias en diversos juicios cuando éstos derivan de una misma situación jurídica que crea efectos materiales iguales, no obstante que se refleje la afectación en diversas actuaciones pero con el mismo contenido jurídico. En congruencia con lo anterior, la figura de la cosa juzgada refleja, en términos del citado artículo 73, fracciones III y IV, implica la improcedencia del juicio de amparo en los casos donde el acto reclamado, si bien no es aquel que fue materia de resolución definitiva en diverso juicio de garantías, sí guarda vinculación estrecha con éste, por cuanto se trata de actuaciones derivadas de la misma causa con el mismo contenido jurídico y que crea efectos materiales iguales; por tanto, resulta inconcuso que se actualiza la figura de la cosa juzgada refleja y, por ende, la improcedencia del juicio de garantías, cuando en un primer juicio la materia de estudio y la resolución definitiva hayan consistido en dejar a salvo los derechos de la parte actora en un incidente de liquidación para que se hicieran valer en la vía y forma que proceda, y el acto reclamado consista en la nueva decisión de la misma responsable, quien determina en el nuevo incidente de liquidación de intereses derivado de la misma causa, dejar a salvo los derechos de la parte actora; lo anterior es así, toda vez que aquel aspecto influye o se refleja en el segundo juicio de amparo, pues precisamente, ese contenido (dejar a salvo los derechos de la parte actora en el incidente de liquidación de intereses), es la vinculación que rige la resolución de ambos juicios o, en su caso, la influencia del primero para que se resuelva sobre el segundo.". Al ser de este modo, claramente se actualiza la causa de improcedencia referida, en atención a que, con relación a los conceptos de violación que expone la parte quejosa y que sustancialmente endereza para demostrar que la autoridad responsable violó sus derechos fundamentales al omitir pagarle la prestación de aguinaldo que dice tiene derecho al laborar como servidor público adscrito a la Dirección de Seguridad Pública Municipal; sin embargo, la cuestión de no pago de aquella prestación ya fue examinada por un tribunal de amparo. Cierto, el veinte de agosto de dos mil veintiuno, este órgano jurisdiccional resolvió en definitiva el juicio de amparo 852/2020, en el cual, entre otro acto, se reclamó el acuerdo de inicio del procedimiento de remoción del cargo de veintiuno de octubre de dos mil veinte, dictado en el expediente administrativo CHJ/PR/48/2019, negándose el amparo solicitado. Se recuerda que, en dicho auto de inicio de procedimiento, la autoridad responsable resolvió la siguiente cuestión: ". Hágase saber al C. ROBERTO CARLOS ENRIQUEZ DELGADILLO, que la suspensión preventiva en alusión, no prejuzga sobre su presunta responsabilidad y que la medida encuentra sustento en los elementos de convicción que obran en el expediente y que forman parte de la cuenta y antecedentes de la presente determinación, sin embargo, trae como consecuencia separar temporalmente a los miembros de su cargo, así como privarlos de los derechos establecidos las fracciones I, IV, V, VI, VII y VIII, del artículo 132 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Baja California, así como en las fracciones II, III, IV, V, VI y VII, deI artículo del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial de Mexicali, Baja California." De la transcripción se aprecia que la Comisión de Honor responsable resolvió que derivado de la suspensión temporal del cargo del quejoso se debían de suspender sus prerrogativas previstas en el artículo 132 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Baja California, en las hipótesis precisamente de pago de aguinaldo, cuestión reclamada en el presente juicio de amparo. En contra de la sentencia constitucional del citado juicio de amparo, el quejoso interpuso recurso de revisión que por razón de turnó tocó conocer al Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito quien al resolver el amparo en revisión administrativo 5732021, resolvió confirmar la sentencia recurrida. Es decir, el Órgano Colegiado resolvió que lo actuado por la autoridad responsable era constitucional. En este panorama, es evidente que el presente asunto es improcedente, por actualizarse la causa invocada, al existir cosa juzgada refleja, ya que la omisión que impugna el quejoso ya fue analizada por un Tribunal Colegiado, en el propio procedimiento de origen, el que, se reitera, con relación al tópico de pago de aguinaldo, lo cual no puede ser estudiado ni analizado de nueva cuenta en este juicio constitucional, ya que de hacerlo se atentaría contra la firmeza de una determinación que tiene la característica de cosa juzgada refleja, repítase, al haber sido emitida esa decisión en una resolución que ya fue examinada por un tribunal de amparo; de ahí la presente decisión. Así las cosas, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XI, de la Ley de Amparo; razón por la cual, con apoyo además en el numeral 63, fracción V, del ordenamiento en cita, procede sobreseer en este juicio constitucional. No obstante lo anterior, también se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con la fracción I del precepto 1 y fracción II del numeral 5, todos de la Ley de Amparo, en atención a las consideraciones siguientes. Para una mejor comprensión de lo anterior, resulta necesario la transcripción de los preceptos indicados. Ahora bien, por su parte la fracción XXIII del ordinal 61 de la Ley de Amparo, dispone "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Por otro lado, la fracción I del precepto 1 de la ley de la materia, precisa lo siguiente: "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]." Finalmente, la fracción II del numeral 5 de la Ley de Amparo, señala: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. [.]." De la interpretación sistemática de los artículos trascritos, se obtiene que el juicio de amparo procede contra actos de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Así también, de conformidad con lo dispuesto en los artículos antes transcritos, el juicio de amparo también procede contra actos de particulares, siempre y cuando realicen actos equivalentes a los de una autoridad, que afecten al gobernado y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Respecto a ese tópico, la Segunda Sala del Máximo Tribunal de la Nación, en la contradicción de tesis 76/99, resuelta el veintiocho de septiembre de dos mil uno, destacó como notas que distinguen a una autoridad para los efectos del juicio de amparo, las siguientes: a) La existencia de un órgano del Estado que establece una relación de supra a subordinación con un particular. b) Que esa relación tiene su nacimiento en la ley, por lo que dota al órgano del Estado de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. c) Que con motivo de esa relación emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular. d) Que para emitir esos actos no requiere acudir a los órganos judiciales ni precisa del consenso de la voluntad del afectado. Las consideraciones anteriores, dieron lugar a la tesis de jurisprudencia 2a./J. 164/2011, Registro digital 161133, instancia Segunda Sala, novena época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, septiembre de 2011, página 1089, cuyo rubro y contenido es el siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." De igual manera, para tener un concepto más claro de lo que debe entenderse por autoridad para efectos el juicio de amparo, resulta procedente atender a la tesis P. XXVII/97, registro digital 199459, instancia Pleno, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, febrero de 1997, página 118, que a la letra dice: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." Luego, si el amparo procede sólo contra actos de autoridad, es dable concluir que quedan excluidos los actos de particulares, siempre y cuando estos no realicen actos equivalentes a los de una autoridad; y dado que un ente público puede obrar como autoridad y como ente de derecho privado, es necesario distinguir los actos que emite como uno y otro, para lo cual debe atenderse a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación y supra a subordinación. De acuerdo con esta teoría las relaciones de coordinación, son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. Por su parte, las relaciones de supra a subordinación, son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destacan, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso-administrativo, mientras que en el parámetro constitucional el juicio de amparo. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Por lo tanto, si la relación jurídica de supra a subordinación regula los derechos fundamentales, por colocarse el gobernado como titular de las mismas frente a los actos unilaterales de las autoridades como limitantes o restricciones jurídicas a su poder de imperio, debe concluirse que, en el caso, la naturaleza jurídica de la relación entre el quejoso y la autoridad responsable, es determinante para efectos de la procedencia del presente juicio, pues se requiere que el acto que se reclame sea el que emita un funcionario o servidor público en su calidad de autoridad. Encuentra sustento a lo anterior, la tesis 2a. XXXVI/99, registro digital 194367, instancia Segunda Sala, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IX, marzo de 1999, página 307, que reza lo siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES. La teoría general del derecho distingue entre relaciones jurídicas de coordinación, entabladas entre particulares en materias de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dichas competencias para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; de subordinación, entabladas entre gobernantes y gobernados en materias de derecho público, donde la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación las garantías individuales consagradas en la Constitución y las de supraordinación que se entablan entre órganos del Estado. Los parámetros señalados resultan útiles para distinguir a una autoridad para efectos del amparo ya que, en primer lugar, no debe tratarse de un particular, sino de un órgano del Estado que unilateralmente impone su voluntad en relaciones de supra o subordinación, regidas por el derecho público, afectando la esfera jurídica del gobernado." En el caso, la parte quejosa reclama la falta de pago por concepto de aguinaldo por su función como miembro de la policía municipal, dependiente de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, con sede en esta ciudad; sin embargo, esa cuestión no deriva de una relación de supra a subordinación y el tópico es eminentemente laboral, en tanto que se encamina a obtener el reconocimiento de una prestación de esa naturaleza, como lo es el pago de aguinaldo; por ende, al tratarse de un tópico de particulares, es evidente que la relación entre la parte quejosa y la autoridad responsable, en este caso, es de coordinación, esto es, entre trabajador y patrón. Se invoca como apoyo la tesis III.4o.T. J/3 del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, Décima Época, Materias Común, Laboral, Libro 28, Marzo de 2016, Tomo II, página 1639, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice lo siguiente: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO TIENE ESE CARÁCTER EL ENTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO QUE ES OMISO EN EL PAGO DEL SALARIO O QUE INCUMPLE PRESTACIONES DE ÍNDOLE LABORAL, AL ACTUAR COMO PATRÓN EN UNA RELACIÓN DE COORDINACIÓN. Se considera "autoridad" a las personas que, con fundamento en una norma legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado. En este sentido, debe señalarse que el Estado tiene una doble personalidad; la primera, como ente de derecho público cuando actúa investido de imperio en sus relaciones frente a los gobernados; y, la segunda, como persona moral sujeto de derecho privado, cuando actúa como particular frente a otros sujetos particulares. En efecto, la teoría general del derecho hace una clasificación de las relaciones jurídicas en: de coordinación, supra-subordinación y supraordinación. Las primeras corresponden a las entabladas entre particulares, y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o reguladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra-subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, y se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos, destaca el contencioso administrativo, el propio juicio de amparo, así como los mecanismos de defensa de los derechos humanos. Este tipo de relaciones se caracteriza por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías como limitaciones al actuar del gobernante. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre órganos del propio Estado. En este contexto, si el Estado contrata a una persona para que desempeñe cualquier labor dentro de una entidad pública, la actuación del titular del órgano de que se trate, frente a la persona contratada, no será una actuación investida de imperio, sino una verdadera relación laboral surgida en un plano de igualdad (coordinación) entre el Estado como contratante y la persona que va a desempeñar un servicio material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del nombramiento que le fuere expedido o por el hecho de figurar en la lista de raya de los trabajadores. Luego, si en el caso el quejoso reclama de una dependencia de la administración pública o de un organismo descentralizado el incumplimiento de ciertas prestaciones derivadas de su relación laboral (falta de pago o descuentos a su salario), es inconcuso que dicho acto no tiene la naturaleza de acto de autoridad para efectos del amparo, pues las autoridades responsables (patrones) señaladas por el quejoso no tienen ese carácter, pues actúan como patrones en una relación de coordinación y no en un plano de supra-subordinación como autoridades investidas de imperio. Ni siquiera el acto reclamado (omisión o descuento del salario) es un acto que pueda considerarse para la procedencia del amparo, porque el salario está íntimamente vinculado con la relación obrero-patronal y con las condiciones fundamentales de la relación de trabajo entre el quejoso y la patronal, susceptible de impugnarse mediante el procedimiento laboral correspondiente y no a través del amparo." En virtud de lo anterior, se estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con la fracción I del precepto 1 y fracción II del numeral 5, todos de la Ley de Amparo, por lo que, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, al no constituir un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, por las razones expuestas a lo largo de la presente determinación. Corolario a lo anterior, cabe indicar que el hecho de que se actualice la causal de sobreseimiento indicada, y que por ello no sea dable analizar el fondo del asunto planteado, deriva del establecimiento de requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales estén en aptitud de analizar el fondo de los argumentos propuestos en una demanda de amparo (causales de sobreseimiento), lo cual no constituye en sí mismo una violación al derecho humano al recurso efectivo reconocido tanto en la Constitución Federal como en los tratados internacionales, puesto que así lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis CCLXXV/2012 (10a.), visible en el Semanario Judicial y su Gaceta, Décima Época, Libro XV, diciembre de dos mil doce, Tomo 1, página 525, de rubro siguiente: "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho humano a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica la necesidad de que los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos; así, de acuerdo con este principio, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho humano a un recurso judicial efectivo, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de manera que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y en cualquier caso cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es la materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho humano". En efecto, aunque es verdad que las reformas efectuadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos, implicaron un cambio en el sistema jurídico mexicano, no deja de ser menos cierto que tal circunstancia no significa que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartir justicia conforme a las disposiciones que se encuentran vigentes, sino que solo tienen la obligación de aplicar los instrumentos internacionales cuando éstos otorguen una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica en estudio, en cuyo caso lo plasmarán así en el fallo relativo; sin embargo, ello no conlleva a que los tribunales deban resolver invariablemente el fondo del asunto cuando no se superan los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis LXXXII/2012 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIV, noviembre de dos mil doce, Tomo 2, página 1587, de rubro siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA O PRO HOMINE. FORMA EN QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES DEBEN DESEMPEÑAR SUS ATRIBUCIONES Y FACULTADES A PARTIR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011. Si bien la reforma indicada implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional -principio pro persona o pro homine-, ello no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica que se analice, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada, ya que de hacerlo se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función". Asimismo, es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 3, febrero de dos mil catorce, página 487, en cuyo rubro señala: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente". En consecuencia, al actualizarse la causa de sobreseimiento de mérito, esta juzgadora está impedido para analizar los conceptos de violación formulados por el quejoso, dado que ello implica analizar el fondo del asunto, lo cual no es posible dado el sobreseimiento decretado. Sirve de apoyo a lo anterior, por no contravenir las disposiciones de la Ley de Amparo en vigor, el criterio jurisprudencial emitido por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, contenido en la tesis II.3o. J/58, publicada en la página 57, número 70, Octubre de 1993, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." Es de señalarse, que las tesis y jurisprudencias transcritas en apoyo a las consideraciones plasmadas en el cuerpo de este fallo, son aplicables de conformidad con lo establecido en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece, en tanto que no se opone a ninguno de los preceptos legales citados como fundamento. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la informan, la tesis aislada LXX/2012 (10ª), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1212, Tomo XII, Septiembre de 2012, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es el siguiente: "JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011, NO IMPLICA QUE LA EMITIDA CON ANTERIORIDAD A AQUÉLLA SE TORNE OBSOLETA. La citada reforma que dio origen a la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, no implica que la jurisprudencia emitida en términos de los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, con anterioridad a aquélla, se torne obsoleta, por el contrario, sigue vigente y obliga en términos de los indicados preceptos mientras no se reforme dicha ley. No obsta a lo anterior el hecho de que tomando como sustento el cambio de parámetros que originó el nuevo contenido del artículo 1o. constitucional, los órganos autorizados para integrar jurisprudencia puedan variar algunos de los criterios sostenidos tradicionalmente, atendiendo para ello a las particularidades de cada asunto". SÉPTIMO. Transparencia. Se hace saber a las partes, en cumplimiento a los artículos 6°, apartado A, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 8, 66, 67, fracción II, 68, 110, fracciones V, VII, X y XI, 113, fracción I y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 73, fracción II, 111, 116 y Tercero Transitorio de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y considerando décimo quinto del reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley ya referida, así como los preceptos legales 1, 3, 5, 6, 7 y 8, de ese reglamento que fue creado para regular el Acceso de la Información que se encuentra bajo el resguardo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Órganos Jurisdiccionales que lo componen: que para efectos de la versión pública de la presente sentencia se ha suprimido la información considerada como reservada o confidencial, derivada de datos personales concernientes a las personas identificadas o identificables, tales como datos generales, sus bienes o posesiones, denominaciones de negociaciones o personas morales, y aquellos respecto de los cuales se pueda identificar a alguna persona física o moral. OCTAVO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 174, 180, fracción III, 182, 191 y 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, se ordena a la Secretaría supervise que el analista jurídico encargado del aludido sistema capture la presente resolución y, a fin de corroborar que se llevó a cabo la anterior, agregue la constancia que así lo acredite al expediente en que se actúa. En mérito de lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Roberto Carlos Enríquez Delgadillo, contra las autoridades responsables citadas en los considerandos cuarto y quinto de este fallo. SEGUNDO. En la versión pública, impresa o electrónica de la presente determinación, se suprimirán los datos considerados como confidenciales o reservados, en términos del considerando séptimo. TERCERO. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado y se ordena a la Secretaría supervise la captura de esta resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y agregue la constancia que así lo acredite. En cumplimiento a la presente resolución, se instruye al actuario judicial realice las acciones correspondientes conforme a la ley aplicable, para ello se giran los oficios correspondientes. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió María del Socorro López Villarreal, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, hasta hoy veintiuno de julio de dos mil veintidós, fecha en que lo permitieron las labores de este órgano jurisdiccional, y firma electrónicamente ante Manuel Alejandro Valero Ortiz, Secretario que autoriza, da fe y certifica que la presente resolución se encuentra debidamente incorporada al expediente electrónico del juicio de amparo 1376/2021-8.
- Principal
agréguese a los presentes autos para los efectos legales correspondientes, el oficio remitido por la delegada de la autoridad señalada como responsable Comisión de Honor y Justicia del Ayuntamiento de Mexicali, Baja California, por medio del cual remite copia certificada del desglose de la cantidad que está recibiendo el quejoso ****, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes a fin de que se impongan de su contenido. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y se fijan las diez horas con veinte minutos del veintiuno de abril del presente año, para su desahogo.
- Principal
... agréguese a los presentes autos para los efectos legales correspondientes, el oficio signado electrónicamente por la Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, con el que remite diverso comunicado signado por la delegada de la autoridad señalada como responsable Comisión de Honor y Justicia del Ayuntamiento de Mexicali, Baja California, al que anexo copia certificada de: Disco compacto que contiene el expediente CHJ/PR/48/2019. Dos discos compactos que contienen videograbaciones relacionadas con el citado procedimiento. Acuerdo de inicio de procedimiento de remoción del expediente CHJ/PR/48/2019, así como su respectiva notificación. Oficio CHJ/718/2022/JERC, de siete de marzo del año en curso, remitido a la Oficial Mayor del Ayuntamiento. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes a fin de que se impongan de su contenido.
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