Roberto Carlos Amaya Cruz

Expediente 1010/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Campeche. 4 actuaciones registradas, la última del 19 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1010/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
19/10/2022

Partes del expediente

  • Roberto Carlos Amaya Cruz

Actuaciones

  1. Principal

    San Francisco de Campeche, Campeche, diecinueve de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, de la que se obtiene que ha transcurrido el plazo legal de cinco días hábiles, dentro del que la parte promovente pudo recurrir en queja el proveído de diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, mediante el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo, sin haberlo hecho; por tanto, con fundamento en el artículo 97 inciso a), de la Ley de Amparo, en relación con los diversos numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al citado precepto legal, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, además como ya no existe cuestión pendiente en este asunto, se declara como concluido

  2. Principal

    San Francisco de Campeche, Campeche, veintiuno de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito de J***************, perito designado por este juzgado, con el que solicita se le conceda una prórroga para emitir el dictamen pericial que le fue encomendado, puesto que el trabajo realizado es extenso y no lo ha concluido. En consecuencia, atento a las manifestaciones del promovente, se concede por el plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES, contados a partir de la legal notificación del presente acuerdo, a fin de que el citado perito rinda su dictamen. Notifíquese, y personalmente a al perito **************

  3. Principal

    San Francisco de Campeche, Campeche, diecinueve de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte, que el presente juicio de amparo no se ha enviado al Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, para la sustanciación del recurso de queja interpuesto por las autoridades responsables Subdirectora de Área adscrita a la Oficina de la Abogada General de la Secretaría de Salud en representación de Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la Decretaría de Salud; y, Director de Área adscrito a la Oficina de la Abogada General del Secretaría de Salud en representación del Secretario de Salud y Subsecretario de Prevención y Promoción de Salud, ambos con residencia en la Ciudad de México, contra el proveído de treinta y uno de agosto del presente año, en virtud de no contarse con el escrito original firmado por el Director de Área adscrito a la Oficina de la Abogada General del Secretaría de Salud en representación del Secretario de Salud y Subsecretario de Prevención y Promoción de Salud, con residencia en la Ciudad de México. En ese tenor, como el medio de impugnación planteado por el Director de Área adscrito a la Oficina de la Abogada General del Secretaría de Salud en representación del Secretario de Salud y Subsecretario de Prevención y Promoción de Salud, con residencia en la Ciudad de México, se interpuso a través de telegrama agregado en proveído de veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno y en proveído de uno de julio de la presente anualidad, se le requirió exhibiera el escrito original de expresión de agravios y las copias simples del mismo, a fin de correr traslado a todas y cada una de las partes, de lo cual tuvo conocimiento desde el veintisiete de junio de la presente anualidad, pues así se advierte de la pieza postal de acuse de recibo del oficio 9156, sin que cumpliera con su exhibición; por tanto, con fundamento en los artículos 99 y 100 de la Ley de Amparo, se tiene por no interpuesto el recurso de queja presentado por la referida autoridad. En consecuencia, remítase de inmediato al Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, para la substanciación del recurso de queja, únicamente el interpuesto por el Subdirectora de Área adscrita a la Oficina de la Abogada General de la Secretaría de Salud en representación de Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la Decretaría de Salud. Notifíquese.

  4. Principal

    San Francisco de Campeche, Campeche, seis de septiembre de dos mil veintidós. Téngase por presentada la demanda de amparo promovida por *** a favor de ***, en contra de los actos y autoridades que precisa. Fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno con el número 1010/2022. Con fundamento en los artículos 125 y 126 de la Ley de Amparo, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DE PLANO de los actos consistentes en: la orden de deportación del Territorio Mexicano, para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan, esto es, que si aún no se ha realizado tal acto, las responsables no ejecuten la expulsión o deportación, quedando los solicitantes de amparo en el lugar en el que se encuentren a disposición del órgano constitucional de amparo que conoce del presente asunto. Sin perjuicio de que permanezcan a disposición de las autoridades administrativas para la continuación de algún procedimiento administrativo o averiguación previa que en su caso se les instruya, desde luego, con respeto y tutela de los derechos humanos consagrados en nuestra Carta Magna y los tratados internacionales que nuestro país ha suscrito con otros. Ahora bien, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 6, párrafo 1, incisos a), b), subincisos, 1), 2) y 3), 12, párrafos 1 y 2, 17, párrafo 1 y 2 inciso d; 18, párrafo 1; 20, párrafo 2, y 24, de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de junio de dos mil once; artículos I, II y XI, de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, publicada en el Diario Oficial de la Federación de seis de mayo de dos mil dos; artículo 2, de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, publicada en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de mil novecientos ochenta y siete; así como, los artículos 15 y 126, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se decreta la suspensión de plano para que cesen de inmediato los actos consistentes en: la detención, incomunicación, violencia psicológica y neutralización de los emigrantes cubanos, así como todo acto que se encuentra prohibido por los artículos 22 de la Constitución Federal y 15 de la Ley de Amparo, a que estén siendo sujetos los quejosos. Se hace saber a las autoridades responsables que en acatamiento a la presente suspensión deberán permitir a los quejosos entrevistarse con su defensor o autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, independientemente de las visitas que reciban de familiares en los horarios determinados para tales efectos. Sin que la suspensión de plano decretada con antelación, impida la continuación de los procedimientos establecidos en la Ley de Migración, ya que éstos son de orden público y no pueden suspenderse, sin embargo, deberán respetarse en todo momento los derechos humanos de los quejosos. De igual manera, la medida cautelar concedida no surtirá efectos y por consiguiente, no impedirá la detención de los quejosos, si se le pretende privar de la libertad en cumplimiento a una orden librada en su contra por autoridad diversa de las aquí señaladas como responsables o se les haya sorprendido en la comisión de delito flagrante. Asimismo, toda vez que de la lectura de la demanda se advierte que la representante de los quejosos manifiesta que este se duele de la privación de la libertad, que se traduce en una posible restricción de su libertad de tránsito, debe precisarse, que si el acto reclamado se trata realmente de una medida de aseguramiento decretada con fundamento en la Ley de Migración, la medida precautoria no surtirá el efecto, en atención a que no se satisface el requisito previsto en el artículo 128 fracción II, de la Ley de Amparo, para conceder la suspensión contra el posible aseguramiento del quejoso por parte de las autoridades administrativas, pues se atentaría contra el interés de la sociedad quien está interesada en que se cumpla con toda exactitud las disposiciones de la referida ley migratoria. Lo anterior se estima apegado a lo dispuesto por el artículo 11 de la Constitución Federal, que contiene el derecho a la libertad de tránsito dentro del territorio nacional, que incluye además otro derecho fundamental aplicable a extranjeros, que es la libertad de residencia; sin embargo, tales libertades no son absolutas, pues como se desprende de dicho precepto constitucional, están sujetas a límites y subordinadas a las facultades de la autoridad judicial, en los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa, por lo que toca a las limitaciones que establecen las leyes sobre migración o inmigración y de los extranjeros residentes considerados perniciosos; lo que redunda en que la autoridad migratoria ejerce la vigilancia correspondiente a través de las reglas que impone la Ley de Migración, específicamente, las previstas en los artículos 7, 31, 34, 35, 37, 40, 42, 43, 52, 57, 81, 92, 97, 99 y 106, así como los relativos de su reglamento; de ahí que el interés de la sociedad está por encima del interés particular. En ese sentido, si la detención de los quejosos obedece a que no se encuentran legalmente en el país, ya que refieren ser extranjeros, las autoridades responsables deberán presentar a la parte quejosa ante la autoridad migratoria en la estación correspondiente a fin de que regularice su situación migratoria, en términos de lo dispuesto por los artículos 132, 133 y 134, con relación a los numerales 99 y 106 de la Ley de Migración. En otro orden de ideas, por lo que hace al diverso acto reclamado consistentes en no expedirles la visa humanitaria ante las oficinas del Instituto Nacional de Migración, lo que se traduce en la privación de los quejosos del derecho de solicitar refugio en México, debe decirse, que tales actos no se ubican dentro de los que ameritan una suspensión de oficio y de plano, ello en términos de lo establecido por el artículo 126 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 11 de la Ley Sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, conforme al cual, toda extranjero que se encuentre en el territorio nacional, tiene derecho a solicitar, por sí, por su representante legal, o por interpósita persona, el reconocimiento de la condición de refugiado; de tal manera que no existe impedimento alguno para que los quejosos en cualquier momento puedan hacer la petición relativa sea por sí mismos, o por la persona que promovió el amparo en su favor, máxime que tales actos reclamados no se ubican dentro de los supuestos establecidos en el artículo 15 de la Ley de Amparo ni se trata de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De ahí que, no sea procedente conceder la suspensión de oficio y de plano respecto de los actos reclamados a que se ha hecho mención en este párrafo. La presente medida cautelar surtirá sus efectos desde luego, sin suspender actos diversos a los reclamados, en la inteligencia de que la suspensión así concedida NO AUTORIZA LIBERAR SIN RESTRICCIÓN A LOS QUEJOSOS, sino obliga a las responsables a no expulsarlos del territorio nacional, no deportarlos a su país de origen, ni trasladarlos del lugar en el que actualmente se encuentren, así como a no ser torturados ni amenazados, y sobre todo, las obliga a seguir el procedimiento migratorio correspondiente, en el que podrá determinar lo procedente. Ahora bien, tomando en consideración que los quejosos se encuentran detenidos en la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, con sede en Escárcega, Campeche, esto es, fuera de la ciudad de residencia de este Órgano Jurisdiccional y en aras de privilegiar la garantía constitucional de justicia pronta y expedita, con fundamento en los artículos 27, fracción II, de la Ley de Amparo vigente; 298, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia GÍRESE DESPACHO al Juez Primero Mixto Civil-Familiar-Mercantil de Primera Instancia del Tercer Distrito Judicial del Estado, con sede en Escárcega, Campeche, a fin de que localice a los quejosos, y en caso de encontrarlos, les comunique esta determinación y los requiera para que en ese acto procesal o dentro del término de tres días, a que se refieren los artículos 15 de la ley de la materia, manifiesten si ratifican o no la demanda de amparo promovida a su favor; apercibiéndolos que en caso de no hacerlo, o transcurrido el plazo concedido, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, quedando sin efecto las providencias aquí decretadas. Por otra parte, se tienen los estrados de este órgano jurisdiccional para efecto de oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, toda vez que así lo solicita la parte promovente.

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