Roberto Careaga Flores
Expediente 135/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 47 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 135/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 47
- Última actuación
- 08/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Roberto Careaga Flores
- María del Rocío Reyes Palacio
Actuaciones
Las 4 más recientes de 47.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, ocho de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que la resolución dictada el cuatro de octubre de dos mil veintiuno, mediante la cual se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo, ha sido notificada a todas las partes y que el término genérico de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de inconformidad ha fenecido para todas ellas. Lo anterior, en virtud de que la última notificación se efectuó por lista a la parte quejosa el once de octubre de dos mil veintiuno, la cual surtió efectos al siguiente día hábil, es decir, el trece de octubre siguiente y, por ende, el aludido plazo transcurrió del catorce de octubre al cinco de noviembre de dos mil veintiuno, previo descuento de los siguientes días: i) dieciséis, diecisiete, veintitrés, veinticuatro, treinta y treinta y uno de octubre de dos mil veintiuno, por ser sábados y domingos, inhábiles de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo; y, ii) uno y dos de noviembre, declarados inhábiles por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal mediante sesión celebrada el dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, comunicada mediante circular 9/2021 del Secretario Ejecutivo del Pleno. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha determinación ha quedado firme; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), archívense las presentes actuaciones como asunto concluido e insértese este acuerdo en el original y duplicado del incidente de suspensión. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el que, por una parte, se concedió el amparo, no es de relevancia documental, pero sí es susceptible de depuración después de transcurridos tres años. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se concedió la suspensión provisional y se declaró sin materia la definitiva, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Por otro lado, ya que resulta innecesario conservar la prueba documental que remitió la autoridad responsable 1. Jueza de Ejecución de Sentencias Penales del Estado de Puebla, como justificación a su informe, se ordena devolverle: ( La copia certificada de diversas constancias derivadas de la carpeta de ejecución 19/2017/JES/E, con la cual se formó el anexo I del presente juicio. No ha lugar a solicitarle el acuse de recibo respecto de la constancia devuelta, toda vez que la responsable se encuentra en el lugar de residencia de este juzgado Federal; por tanto, se instruye al actuario judicial que corresponda entregar el oficio respectivo, y cerciorarse que lo acuse de dicha misiva, se haga constar la entrega de la documental descrita. Notifíquese por lista al quejoso Roberto Careaga Flores y a la tercera interesada María del Rocío Reyes Palacios; por oficio a las autoridades responsables, a la autoridad tercera interesada y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, por cualquier medio de comunicación interna al Actuario Judicial adscrito que le corresponda notificar el oficio dirigido a la jueza responsable...
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(publicación citatorio) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE 04 DE octubre DE 2021, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: "San Andrés Cholula, Puebla, cuatro de octubre de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que mediante proveído de veintiuno de septiembre pasado, se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada para que manifestaran lo que a su derecho e interés conviniera respecto del cumplimiento que la responsable ha dado al fallo protector, sin que ninguna de ellas haya desahogado la aludida vista. En consecuencia, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad responsable encargada del cumplimiento del fallo protector con los elementos que obran en autos. 1. Antecedentes. El diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, este juzgado de distrito dictó sentencia en el presente juicio, en la que, por una parte, sobreseyó y, por otra, concedió el amparo al quejoso Roberto Careaga Flores, respecto a la falta de acuerdo al escrito presentado el diecisiete de noviembre de dos mil veinte, dentro de la carpeta de ejecución 19/2017/JES/E, por el cual promovió un "incidente de inejecución de sentencia por prescripción"; por las razones expuestas en el considerando séptimo y para los efectos precisados en el considerando octavo de la sentencia. Inconforme con el sobreseimiento y con el considerando noveno del fallo -en el que se dio vista al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción por hechos constitutivos de delito-, el referido quejoso interpuso recurso de revisión, del cual conoció el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, dentro del amparo en revisión R-122/2021, en donde mediante ejecutoria dictada el veintiséis de agosto de dos mil veintiuno confirmó, por unanimidad de votos, la sentencia recurrida en lo que fue materia de la revisión. En ese tenor, por acuerdo emitido el seis de septiembre del año en curso, se tuvo por recibida la referida ejecutoria de amparo y, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requirió a la autoridad responsable 1. Juez de Ejecución de Sentencias Penales del Estado de Puebla dar cumplimiento a la misma. Luego, por auto de veintiuno de septiembre pasado se tuvo a dicha autoridad responsable remitiendo diversos oficios por los cuales informó el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo y, para tal efecto, anexó diversas documentales derivadas de la carpeta de ejecución de origen. En consecuencia, con su contenido, se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada para que manifestaran lo que estimaran conducente sobre tal cumplimiento, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. 2. Análisis de la ejecutoria de amparo. En la sentencia de amparo de diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, se declaró inconstitucional la falta de acuerdo al escrito presentado el diecisiete de noviembre de dos mil veinte, dentro de la carpeta de ejecución 19/2017/JES/E, por el cual promovió un "incidente de inejecución de sentencia por prescripción", por estimarse una dilación violatoria del artículo 17 de la Constitución Federal, cuenta habida que la jueza responsable, sin motivo legal alguno, no dio trámite al citado incidente. En efecto, se sostuvo que a pesar de que la Ley Nacional de Ejecución Penal, en sus artículos del 120 al 129, establecía que el Juez de Ejecución contará con un plazo de setenta y dos horas para emitir un auto en el que admita, prevenga y deseche el procedimiento o controversia que se plantee, se señaló que transcurrieron un poco más de seis meses sin que la jueza de ejecución se pronunciara sobre el incidente propuesto por el quejoso, sin que ello se pudiera justificar con el argumento de que la promoción de diversos juicios de amparo mantuvo suspendido el procedimiento de ejecución de sentencia y que se estaría en aptitud de proveer lo conducente una vez que se resolvieran en definitiva los mismos. Ciertamente, se dijo que el hecho de que la suspensión provisional y/o definitiva otorgada en un incidente de suspensión derivado de un juicio de amparo pudiera tener como efecto que no se ejecutara un mandamiento de captura librado para dar cumplimiento a una condena firme, no era razón suficiente para que el juzgador no acordara los incidentes o controversias que presentaran las partes, y menos tratándose de solicitudes que tuvieran como fin declarar la prescripción de las sanciones. Lo último, si se consideraba que i) la suspensión del procedimiento por sustracción del sentenciado obedece a la paralización temporal de la causa, con la única finalidad de no actualizar en su perjuicio algún estado de indefensión derivado de su ausencia en el asunto, y que ii) el derecho de acceso pronto a la justicia, garantizado constitucionalmente, adquiere características especiales cuando se ejerce dentro de un procedimiento penal, más si recae sobre una cuestión de orden público e inclusive de estudio oficioso, como lo es la prescripción de la sanción penal. Por otro lado, se precisó que el lapso en que estuvieron vigentes las medidas cautelares otorgadas dentro de un juicio de amparo para que no se ejecuten las órdenes de captura que tienen como finalidad que un sentenciado cumpla con su pena de prisión, constituía más bien un elemento a ponderar para saber si la sanción había prescrito o no. Justamente, se mencionó que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 476/2012, sostuvo lo siguiente: ( Que la presentación de la demanda de amparo contra una orden de aprehensión o de comparecencia no interrumpe el plazo para la prescripción de la acción penal. ( Pero que si se concede la suspensión, el tiempo que ésta subsista, debía descontarse del necesario para que opere la prescripción, pues -refirió- no liberaba a la autoridad de su omisión en ejecutar cualquiera de esos mandatos, ya que el juicio amparo -dijo- es el principal instrumento de tutela constitucional de naturaleza jurisdiccional que podía promover un particular, por lo que sería un contrasentido que la actividad del quejoso, en defensa de sus derechos fundamentales, beneficiara al órgano estatal obligado a actuar para no caer en la prescripción. Sostener lo contrario a tales afirmaciones, -afirmó el Tribunal Constitucional- equivaldría a desincentivar a los gobernados de hacer uso del recurso eficaz y sencillo que tanto la Constitución General de la República, como los tratados internacionales establecen para tutelar y proteger sus derechos humanos. Así, en ese precedente se consideró que si mediante la promoción del amparo se obtenía la suspensión, tomando en cuenta su naturaleza jurídica, el tiempo que ésta subsista debía descontarse del plazo necesario para que operara la prescripción de la acción penal, en tanto -precisó la Corte- en ese lapso la autoridad estatal no pudo cumplimentar la orden de captura, siendo que la inactividad no resultó imputable al propio Estado, sino que derivaba de la existencia de un mandato de suspensión decretado por el juzgador de amparo, a instancias del propio gobernado. Entonces, se concluyó que la tramitación de los diversos juicios de amparo que se promovieron dentro de la carpeta de ejecución de origen, no era impedimento alguno para que la jueza responsable se pronunciara sobre el incidente intentado y, por ende, para que decidera sobre la prescripción o no de las sanciones. Más bien, se trataba de un factor determinante a tomar en cuenta al momento de resolver lo conducente, siempre que en esos juicios constitucionales se hubiera concedido la suspensión para que no se ejecutara la orden de reaprehensión que se libra para que se cumpla la condena de prisión. En consecuencia, se afirmó que la autoridad responsable no había tramitado ni mucho menos resuelto el "incidente de inejecución de sentencia por prescripción" dentro de los plazos que determina la Ley Nacional de Ejecución Penal ni en un plazo razonable, tomando en cuenta que habían transcurrido más de seis meses desde que se promovió el mismo, así como los siguientes aspectos: ( La simplicidad del asunto, ya que el problema de los hechos planteados y lo que se probaría no representaban complejidad técnica, jurídica ni material; ( La actividad procesal de los interesados no había dificultado, obstaculizado o impedido la pronta respuesta del problema planteado; ( La conducta dilatoria de la jueza responsable, había sido injustificada; ( La afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso, pues el transcurso de tiempo generado por la dilación en el trámite y por la falta de resolución, -se dijo-conculcó el derecho a la libertad personal, pues de resultar procedente el incidente promovido, su efecto sería que la sanción penal impuesta al quejoso quedará prescrita y, por ende, que quedara sin efectos la orden de reaprehensión girada en su contra para que cumpliera con esa pena de prisión. ( El análisis global del procedimiento, del que se advirtió que el caso sometido a litigio no contenía particularidades que representaran o justificaran el transcurso excesivo de tiempo en que había incurrido la autoridad. En ese tenor, se sostuvo se estaba en una clara infracción al derecho humano de acceso a la justicia al no tramitarse ni resolverse el "incidente de inejecución de sentencia por prescripción" promovido por el quejoso Roberto Careaga Florea, por causas imputables a la jueza de ejecución responsable. En tales condiciones, el amparo solicitado se concedió para el efecto de que la autoridad responsable 1. Juez de Ejecución de Sentencias Penales del Estado de Puebla realizara lo siguiente: 1. Dentro del plazo establecido en el artículo 123 de la Ley Nacional de Ejecución Penal -setenta y dos horas-, admitiera, previniera, desechara o, incluso, resolviera de plano el "incidente de inejecución de sentencia por prescripción" promovido por el ahora quejoso mediante escrito presentado el diecisiete de noviembre de dos mil veinte, dentro de la carpeta de ejecución 19/2017/JES/E de su índice, sin que pudiera desechar el mismo con el argumento de que la tramitación de diversos juicios de amparo han mantenido suspendido el procedimiento de ejecución de origen. 2. Notificara al quejoso la determinación que adoptara al respecto. Finalmente, se precisó que los efectos antes señalados se fijaron en función del acto reclamado declarado inconstitucional y con base en la etapa procesal en que se encontraba la promoción del "incidente de inejecución de sentencia por prescripción". 3. Estudio de los actos emitidos en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En lo que interesa, la autoridad responsable 1. Juez de Ejecución de Sentencias Penales del Estado de Puebla, en acuerdo dictado el diez de septiembre de dos mil veintiuno, dentro de la carpeta de ejecución 19/2017/JES/E, con fundamento en el artículo 123, fracción II, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, previno el "incidente de inejecución de sentencia por prescripción" promovido por el quejoso Roberto Careaga Flores mediante escrito presentado el diecisiete de noviembre de dos mil veinte, para el efecto de que él y su defensa en el plazo de tres días realizaran lo siguiente: ( Exhibieran los traslados necesarios conjuntamente con los anexos aludidos en el aludido escrito, a fin de que se estuviera en aptitud de correr traslado a la parte contraria y garantizar el principio de contradicción que regía el sistema bajo el cual se seguiría el trámite de la acción incidental promovida o, en su caso, haber cumplido con el descubrimiento probatorio por parte del resto de las partes. ( Proporcionaran el nombre y domicilio de quien ostentara el carácter de víctima en la causa penal 77/2015 del índice del Juzgado Cuarto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, con el objeto de que estuviera en aptitud de manifestar lo que a su derecho e interés conviniera en relación con el incidente promovido, anunciara las pruebas y los órganos de prueba que considerara pertinentes. Lo anterior, bajo el apercibimiento que de no cumplir, se desecharía el incidente promovido. Asimismo, la citada autoridad responsable remitió copia certificada de la constancia de notificación practicada al ahora quejoso el trece de septiembre de dos mil veintiuno, respecto del mencionado auto de diez de septiembre del actual. 4. Opinión jurisdiccional. Ante lo expuesto, este órgano jurisdiccional considera que los extremos a que se contrae la ejecutoria de mérito se llevaron a cabo, por lo que, con fundamento en el antepenúltimo párrafo, del artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia de amparo sin excesos ni defectos. Ciertamente, el juez responsable cumplió con el núcleo esencial del fallo protector, habida cuenta que: i) dentro del plazo establecido en el artículo 123 de la Ley Nacional de Ejecución Penal -setenta y dos horas-, previno el "incidente de inejecución de sentencia por prescripción" promovido por el ahora quejoso mediante escrito presentado el diecisiete de noviembre de dos mil veinte, dentro de la carpeta de ejecución 19/2017/JES/E; y, ii) notificó al quejoso la aludida prevención. No pasa desapercibido para este juzgador que en el acuerdo de prevención indicado, justo al principio, se indica que se encuentra fechado el nueve de septiembre de dos mil veintiuno; sin embargo, se estima que se trata de un mero error de mención insuficiente para considerarlo un defecto para no tener por cumplido el fallo protector, puesto que la cuenta de la Secretaria del Acuerdos del Juzgado de Ejecución de Sentencias Penales del Estado de Puebla es de fecha diez de septiembre de dos mil veintiuno y en la parte final de dicho auto, justo en donde firma el juez, se precisó que la determinación data del diez de septiembre de dos mil veintiuno. De ahí que se pueda afirmar que la prevención es de diez de septiembre de dos mil veintiuno y también que al quejoso se le notificó tal determinación, como lo asentó el Diligenciario adscrito al citado órgano jurisdiccional en su diligencia de trece de septiembre de la presente anualidad. Asimismo, no se soslaya que el juez responsable también remitió copia certificada de la determinación emitida el veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, dentro de la carpeta de ejecución de origen, mediante la cual, entre otras cuestiones, hizo efectivo el apercibimiento decretado al quejoso para el caso de que no diera cumplimiento a la prevención de diez de septiembre de este año y, por ende, desechó su "incidente de inejecución de sentencia por prescripción" promovido mediante escrito presentado el diecisiete de noviembre de dos mil veinte, por los motivos ahí expuestos. No obstante, debe decirse que tal resolución ya no forma parte de la materia de la ejecutoria de amparo; por lo que, si se encuentra inconforme con el desechamiento, se encuentran a salvo sus derechos para promover lo que en derecho corresponda. En virtud de lo expuesto, la ejecutoria de amparo se encuentra íntegramente cumplida. Notifíquese personalmente al quejoso Roberto Careaga Flores y a la tercera interesada María del Rocío Reyes Palacios; y, por oficio a las autoridades responsables, a la autoridad tercera interesada y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito..."
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San Andrés Cholula, Puebla, cuatro de octubre de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que mediante proveído de veintiuno de septiembre pasado, se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada para que manifestaran lo que a su derecho e interés conviniera respecto del cumplimiento que la responsable ha dado al fallo protector, sin que ninguna de ellas haya desahogado la aludida vista. En consecuencia, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad responsable encargada del cumplimiento del fallo protector con los elementos que obran en autos. 1. Antecedentes. El diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, este juzgado de distrito dictó sentencia en el presente juicio, en la que, por una parte, sobreseyó y, por otra, concedió el amparo al quejoso Roberto Careaga Flores, respecto a la falta de acuerdo al escrito presentado el diecisiete de noviembre de dos mil veinte, dentro de la carpeta de ejecución 19/2017/JES/E, por el cual promovió un "incidente de inejecución de sentencia por prescripción"; por las razones expuestas en el considerando séptimo y para los efectos precisados en el considerando octavo de la sentencia. Inconforme con el sobreseimiento y con el considerando noveno del fallo -en el que se dio vista al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción por hechos constitutivos de delito-, el referido quejoso interpuso recurso de revisión, del cual conoció el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, dentro del amparo en revisión R-122/2021, en donde mediante ejecutoria dictada el veintiséis de agosto de dos mil veintiuno confirmó, por unanimidad de votos, la sentencia recurrida en lo que fue materia de la revisión. En ese tenor, por acuerdo emitido el seis de septiembre del año en curso, se tuvo por recibida la referida ejecutoria de amparo y, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requirió a la autoridad responsable 1. Juez de Ejecución de Sentencias Penales del Estado de Puebla dar cumplimiento a la misma. Luego, por auto de veintiuno de septiembre pasado se tuvo a dicha autoridad responsable remitiendo diversos oficios por los cuales informó el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo y, para tal efecto, anexó diversas documentales derivadas de la carpeta de ejecución de origen. En consecuencia, con su contenido, se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada para que manifestaran lo que estimaran conducente sobre tal cumplimiento, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. 2. Análisis de la ejecutoria de amparo. En la sentencia de amparo de diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, se declaró inconstitucional la falta de acuerdo al escrito presentado el diecisiete de noviembre de dos mil veinte, dentro de la carpeta de ejecución 19/2017/JES/E, por el cual promovió un "incidente de inejecución de sentencia por prescripción", por estimarse una dilación violatoria del artículo 17 de la Constitución Federal, cuenta habida que la jueza responsable, sin motivo legal alguno, no dio trámite al citado incidente. En efecto, se sostuvo que a pesar de que la Ley Nacional de Ejecución Penal, en sus artículos del 120 al 129, establecía que el Juez de Ejecución contará con un plazo de setenta y dos horas para emitir un auto en el que admita, prevenga y deseche el procedimiento o controversia que se plantee, se señaló que transcurrieron un poco más de seis meses sin que la jueza de ejecución se pronunciara sobre el incidente propuesto por el quejoso, sin que ello se pudiera justificar con el argumento de que la promoción de diversos juicios de amparo mantuvo suspendido el procedimiento de ejecución de sentencia y que se estaría en aptitud de proveer lo conducente una vez que se resolvieran en definitiva los mismos. Ciertamente, se dijo que el hecho de que la suspensión provisional y/o definitiva otorgada en un incidente de suspensión derivado de un juicio de amparo pudiera tener como efecto que no se ejecutara un mandamiento de captura librado para dar cumplimiento a una condena firme, no era razón suficiente para que el juzgador no acordara los incidentes o controversias que presentaran las partes, y menos tratándose de solicitudes que tuvieran como fin declarar la prescripción de las sanciones. Lo último, si se consideraba que i) la suspensión del procedimiento por sustracción del sentenciado obedece a la paralización temporal de la causa, con la única finalidad de no actualizar en su perjuicio algún estado de indefensión derivado de su ausencia en el asunto, y que ii) el derecho de acceso pronto a la justicia, garantizado constitucionalmente, adquiere características especiales cuando se ejerce dentro de un procedimiento penal, más si recae sobre una cuestión de orden público e inclusive de estudio oficioso, como lo es la prescripción de la sanción penal. Por otro lado, se precisó que el lapso en que estuvieron vigentes las medidas cautelares otorgadas dentro de un juicio de amparo para que no se ejecuten las órdenes de captura que tienen como finalidad que un sentenciado cumpla con su pena de prisión, constituía más bien un elemento a ponderar para saber si la sanción había prescrito o no. Justamente, se mencionó que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 476/2012, sostuvo lo siguiente: ( Que la presentación de la demanda de amparo contra una orden de aprehensión o de comparecencia no interrumpe el plazo para la prescripción de la acción penal. ( Pero que si se concede la suspensión, el tiempo que ésta subsista, debía descontarse del necesario para que opere la prescripción, pues -refirió- no liberaba a la autoridad de su omisión en ejecutar cualquiera de esos mandatos, ya que el juicio amparo -dijo- es el principal instrumento de tutela constitucional de naturaleza jurisdiccional que podía promover un particular, por lo que sería un contrasentido que la actividad del quejoso, en defensa de sus derechos fundamentales, beneficiara al órgano estatal obligado a actuar para no caer en la prescripción. Sostener lo contrario a tales afirmaciones, -afirmó el Tribunal Constitucional- equivaldría a desincentivar a los gobernados de hacer uso del recurso eficaz y sencillo que tanto la Constitución General de la República, como los tratados internacionales establecen para tutelar y proteger sus derechos humanos. Así, en ese precedente se consideró que si mediante la promoción del amparo se obtenía la suspensión, tomando en cuenta su naturaleza jurídica, el tiempo que ésta subsista debía descontarse del plazo necesario para que operara la prescripción de la acción penal, en tanto -precisó la Corte- en ese lapso la autoridad estatal no pudo cumplimentar la orden de captura, siendo que la inactividad no resultó imputable al propio Estado, sino que derivaba de la existencia de un mandato de suspensión decretado por el juzgador de amparo, a instancias del propio gobernado. Entonces, se concluyó que la tramitación de los diversos juicios de amparo que se promovieron dentro de la carpeta de ejecución de origen, no era impedimento alguno para que la jueza responsable se pronunciara sobre el incidente intentado y, por ende, para que decidera sobre la prescripción o no de las sanciones. Más bien, se trataba de un factor determinante a tomar en cuenta al momento de resolver lo conducente, siempre que en esos juicios constitucionales se hubiera concedido la suspensión para que no se ejecutara la orden de reaprehensión que se libra para que se cumpla la condena de prisión. En consecuencia, se afirmó que la autoridad responsable no había tramitado ni mucho menos resuelto el "incidente de inejecución de sentencia por prescripción" dentro de los plazos que determina la Ley Nacional de Ejecución Penal ni en un plazo razonable, tomando en cuenta que habían transcurrido más de seis meses desde que se promovió el mismo, así como los siguientes aspectos: ( La simplicidad del asunto, ya que el problema de los hechos planteados y lo que se probaría no representaban complejidad técnica, jurídica ni material; ( La actividad procesal de los interesados no había dificultado, obstaculizado o impedido la pronta respuesta del problema planteado; ( La conducta dilatoria de la jueza responsable, había sido injustificada; ( La afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso, pues el transcurso de tiempo generado por la dilación en el trámite y por la falta de resolución, -se dijo-conculcó el derecho a la libertad personal, pues de resultar procedente el incidente promovido, su efecto sería que la sanción penal impuesta al quejoso quedará prescrita y, por ende, que quedara sin efectos la orden de reaprehensión girada en su contra para que cumpliera con esa pena de prisión. ( El análisis global del procedimiento, del que se advirtió que el caso sometido a litigio no contenía particularidades que representaran o justificaran el transcurso excesivo de tiempo en que había incurrido la autoridad. En ese tenor, se sostuvo se estaba en una clara infracción al derecho humano de acceso a la justicia al no tramitarse ni resolverse el "incidente de inejecución de sentencia por prescripción" promovido por el quejoso Roberto Careaga Florea, por causas imputables a la jueza de ejecución responsable. En tales condiciones, el amparo solicitado se concedió para el efecto de que la autoridad responsable 1. Juez de Ejecución de Sentencias Penales del Estado de Puebla realizara lo siguiente: 1. Dentro del plazo establecido en el artículo 123 de la Ley Nacional de Ejecución Penal -setenta y dos horas-, admitiera, previniera, desechara o, incluso, resolviera de plano el "incidente de inejecución de sentencia por prescripción" promovido por el ahora quejoso mediante escrito presentado el diecisiete de noviembre de dos mil veinte, dentro de la carpeta de ejecución 19/2017/JES/E de su índice, sin que pudiera desechar el mismo con el argumento de que la tramitación de diversos juicios de amparo han mantenido suspendido el procedimiento de ejecución de origen. 2. Notificara al quejoso la determinación que adoptara al respecto. Finalmente, se precisó que los efectos antes señalados se fijaron en función del acto reclamado declarado inconstitucional y con base en la etapa procesal en que se encontraba la promoción del "incidente de inejecución de sentencia por prescripción". 3. Estudio de los actos emitidos en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En lo que interesa, la autoridad responsable 1. Juez de Ejecución de Sentencias Penales del Estado de Puebla, en acuerdo dictado el diez de septiembre de dos mil veintiuno, dentro de la carpeta de ejecución 19/2017/JES/E, con fundamento en el artículo 123, fracción II, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, previno el "incidente de inejecución de sentencia por prescripción" promovido por el quejoso Roberto Careaga Flores mediante escrito presentado el diecisiete de noviembre de dos mil veinte, para el efecto de que él y su defensa en el plazo de tres días realizaran lo siguiente: ( Exhibieran los traslados necesarios conjuntamente con los anexos aludidos en el aludido escrito, a fin de que se estuviera en aptitud de correr traslado a la parte contraria y garantizar el principio de contradicción que regía el sistema bajo el cual se seguiría el trámite de la acción incidental promovida o, en su caso, haber cumplido con el descubrimiento probatorio por parte del resto de las partes. ( Proporcionaran el nombre y domicilio de quien ostentara el carácter de víctima en la causa penal 77/2015 del índice del Juzgado Cuarto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, con el objeto de que estuviera en aptitud de manifestar lo que a su derecho e interés conviniera en relación con el incidente promovido, anunciara las pruebas y los órganos de prueba que considerara pertinentes. Lo anterior, bajo el apercibimiento que de no cumplir, se desecharía el incidente promovido. Asimismo, la citada autoridad responsable remitió copia certificada de la constancia de notificación practicada al ahora quejoso el trece de septiembre de dos mil veintiuno, respecto del mencionado auto de diez de septiembre del actual. 4. Opinión jurisdiccional. Ante lo expuesto, este órgano jurisdiccional considera que los extremos a que se contrae la ejecutoria de mérito se llevaron a cabo, por lo que, con fundamento en el antepenúltimo párrafo, del artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia de amparo sin excesos ni defectos. Ciertamente, el juez responsable cumplió con el núcleo esencial del fallo protector, habida cuenta que: i) dentro del plazo establecido en el artículo 123 de la Ley Nacional de Ejecución Penal -setenta y dos horas-, previno el "incidente de inejecución de sentencia por prescripción" promovido por el ahora quejoso mediante escrito presentado el diecisiete de noviembre de dos mil veinte, dentro de la carpeta de ejecución 19/2017/JES/E; y, ii) notificó al quejoso la aludida prevención. No pasa desapercibido para este juzgador que en el acuerdo de prevención indicado, justo al principio, se indica que se encuentra fechado el nueve de septiembre de dos mil veintiuno; sin embargo, se estima que se trata de un mero error de mención insuficiente para considerarlo un defecto para no tener por cumplido el fallo protector, puesto que la cuenta de la Secretaria del Acuerdos del Juzgado de Ejecución de Sentencias Penales del Estado de Puebla es de fecha diez de septiembre de dos mil veintiuno y en la parte final de dicho auto, justo en donde firma el juez, se precisó que la determinación data del diez de septiembre de dos mil veintiuno. De ahí que se pueda afirmar que la prevención es de diez de septiembre de dos mil veintiuno y también que al quejoso se le notificó tal determinación, como lo asentó el Diligenciario adscrito al citado órgano jurisdiccional en su diligencia de trece de septiembre de la presente anualidad. Asimismo, no se soslaya que el juez responsable también remitió copia certificada de la determinación emitida el veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, dentro de la carpeta de ejecución de origen, mediante la cual, entre otras cuestiones, hizo efectivo el apercibimiento decretado al quejoso para el caso de que no diera cumplimiento a la prevención de diez de septiembre de este año y, por ende, desechó su "incidente de inejecución de sentencia por prescripción" promovido mediante escrito presentado el diecisiete de noviembre de dos mil veinte, por los motivos ahí expuestos. No obstante, debe decirse que tal resolución ya no forma parte de la materia de la ejecutoria de amparo; por lo que, si se encuentra inconforme con el desechamiento, se encuentran a salvo sus derechos para promover lo que en derecho corresponda. En virtud de lo expuesto, la ejecutoria de amparo se encuentra íntegramente cumplida. Notifíquese personalmente al quejoso Roberto Careaga Flores y a la tercera interesada María del Rocío Reyes Palacios; y, por oficio a las autoridades responsables, a la autoridad tercera interesada y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito...
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(publicación aviso) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA EL ACUERDO DE 04 DE OCTUBRE DE 2021, QUE EN LO CONDUCENTE A: San Andrés Cholula, Puebla, cuatro de octubre de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que mediante proveído de veintiuno de septiembre pasado, se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada para que manifestaran lo que a su derecho e interés conviniera respecto del cumplimiento que la responsable ha dado al fallo protector, sin que ninguna de ellas haya desahogado la aludida vista. En consecuencia, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad responsable encargada del cumplimiento del fallo protector con los elementos que obran en autos. 1. Antecedentes. El diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, este juzgado de distrito dictó sentencia en el presente juicio, en la que, por una parte, sobreseyó y, por otra, concedió el amparo al quejoso Roberto Careaga Flores, respecto a la falta de acuerdo al escrito presentado el diecisiete de noviembre de dos mil veinte, dentro de la carpeta de ejecución 19/2017/JES/E, por el cual promovió un "incidente de inejecución de sentencia por prescripción"; por las razones expuestas en el considerando séptimo y para los efectos precisados en el considerando octavo de la sentencia. Inconforme con el sobreseimiento y con el considerando noveno del fallo -en el que se dio vista al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción por hechos constitutivos de delito-, el referido quejoso interpuso recurso de revisión, del cual conoció el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, dentro del amparo en revisión R-122/2021, en donde mediante ejecutoria dictada el veintiséis de agosto de dos mil veintiuno confirmó, por unanimidad de votos, la sentencia recurrida en lo que fue materia de la revisión. En ese tenor, por acuerdo emitido el seis de septiembre del año en curso, se tuvo por recibida la referida ejecutoria de amparo y, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requirió a la autoridad responsable 1. Juez de Ejecución de Sentencias Penales del Estado de Puebla dar cumplimiento a la misma. Luego, por auto de veintiuno de septiembre pasado se tuvo a dicha autoridad responsable remitiendo diversos oficios por los cuales informó el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo y, para tal efecto, anexó diversas documentales derivadas de la carpeta de ejecución de origen. En consecuencia, con su contenido, se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada para que manifestaran lo que estimaran conducente sobre tal cumplimiento, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. 2. Análisis de la ejecutoria de amparo. En la sentencia de amparo de diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, se declaró inconstitucional la falta de acuerdo al escrito presentado el diecisiete de noviembre de dos mil veinte, dentro de la carpeta de ejecución 19/2017/JES/E, por el cual promovió un "incidente de inejecución de sentencia por prescripción", por estimarse una dilación violatoria del artículo 17 de la Constitución Federal, cuenta habida que la jueza responsable, sin motivo legal alguno, no dio trámite al citado incidente. En efecto, se sostuvo que a pesar de que la Ley Nacional de Ejecución Penal, en sus artículos del 120 al 129, establecía que el Juez de Ejecución contará con un plazo de setenta y dos horas para emitir un auto en el que admita, prevenga y deseche el procedimiento o controversia que se plantee, se señaló que transcurrieron un poco más de seis meses sin que la jueza de ejecución se pronunciara sobre el incidente propuesto por el quejoso, sin que ello se pudiera justificar con el argumento de que la promoción de diversos juicios de amparo mantuvo suspendido el procedimiento de ejecución de sentencia y que se estaría en aptitud de proveer lo conducente una vez que se resolvieran en definitiva los mismos. Ciertamente, se dijo que el hecho de que la suspensión provisional y/o definitiva otorgada en un incidente de suspensión derivado de un juicio de amparo pudiera tener como efecto que no se ejecutara un mandamiento de captura librado para dar cumplimiento a una condena firme, no era razón suficiente para que el juzgador no acordara los incidentes o controversias que presentaran las partes, y menos tratándose de solicitudes que tuvieran como fin declarar la prescripción de las sanciones. Lo último, si se consideraba que i) la suspensión del procedimiento por sustracción del sentenciado obedece a la paralización temporal de la causa, con la única finalidad de no actualizar en su perjuicio algún estado de indefensión derivado de su ausencia en el asunto, y que ii) el derecho de acceso pronto a la justicia, garantizado constitucionalmente, adquiere características especiales cuando se ejerce dentro de un procedimiento penal, más si recae sobre una cuestión de orden público e inclusive de estudio oficioso, como lo es la prescripción de la sanción penal. Por otro lado, se precisó que el lapso en que estuvieron vigentes las medidas cautelares otorgadas dentro de un juicio de amparo para que no se ejecuten las órdenes de captura que tienen como finalidad que un sentenciado cumpla con su pena de prisión, constituía más bien un elemento a ponderar para saber si la sanción había prescrito o no. Justamente, se mencionó que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 476/2012, sostuvo lo siguiente: ( Que la presentación de la demanda de amparo contra una orden de aprehensión o de comparecencia no interrumpe el plazo para la prescripción de la acción penal. ( Pero que si se concede la suspensión, el tiempo que ésta subsista, debía descontarse del necesario para que opere la prescripción, pues -refirió- no liberaba a la autoridad de su omisión en ejecutar cualquiera de esos mandatos, ya que el juicio amparo -dijo- es el principal instrumento de tutela constitucional de naturaleza jurisdiccional que podía promover un particular, por lo que sería un contrasentido que la actividad del quejoso, en defensa de sus derechos fundamentales, beneficiara al órgano estatal obligado a actuar para no caer en la prescripción. Sostener lo contrario a tales afirmaciones, -afirmó el Tribunal Constitucional- equivaldría a desincentivar a los gobernados de hacer uso del recurso eficaz y sencillo que tanto la Constitución General de la República, como los tratados internacionales establecen para tutelar y proteger sus derechos humanos. Así, en ese precedente se consideró que si mediante la promoción del amparo se obtenía la suspensión, tomando en cuenta su naturaleza jurídica, el tiempo que ésta subsista debía descontarse del plazo necesario para que operara la prescripción de la acción penal, en tanto -precisó la Corte- en ese lapso la autoridad estatal no pudo cumplimentar la orden de captura, siendo que la inactividad no resultó imputable al propio Estado, sino que derivaba de la existencia de un mandato de suspensión decretado por el juzgador de amparo, a instancias del propio gobernado. Entonces, se concluyó que la tramitación de los diversos juicios de amparo que se promovieron dentro de la carpeta de ejecución de origen, no era impedimento alguno para que la jueza responsable se pronunciara sobre el incidente intentado y, por ende, para que decidera sobre la prescripción o no de las sanciones. Más bien, se trataba de un factor determinante a tomar en cuenta al momento de resolver lo conducente, siempre que en esos juicios constitucionales se hubiera concedido la suspensión para que no se ejecutara la orden de reaprehensión que se libra para que se cumpla la condena de prisión. En consecuencia, se afirmó que la autoridad responsable no había tramitado ni mucho menos resuelto el "incidente de inejecución de sentencia por prescripción" dentro de los plazos que determina la Ley Nacional de Ejecución Penal ni en un plazo razonable, tomando en cuenta que habían transcurrido más de seis meses desde que se promovió el mismo, así como los siguientes aspectos: ( La simplicidad del asunto, ya que el problema de los hechos planteados y lo que se probaría no representaban complejidad técnica, jurídica ni material; ( La actividad procesal de los interesados no había dificultado, obstaculizado o impedido la pronta respuesta del problema planteado; ( La conducta dilatoria de la jueza responsable, había sido injustificada; ( La afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso, pues el transcurso de tiempo generado por la dilación en el trámite y por la falta de resolución, -se dijo-conculcó el derecho a la libertad personal, pues de resultar procedente el incidente promovido, su efecto sería que la sanción penal impuesta al quejoso quedará prescrita y, por ende, que quedara sin efectos la orden de reaprehensión girada en su contra para que cumpliera con esa pena de prisión. ( El análisis global del procedimiento, del que se advirtió que el caso sometido a litigio no contenía particularidades que representaran o justificaran el transcurso excesivo de tiempo en que había incurrido la autoridad. En ese tenor, se sostuvo se estaba en una clara infracción al derecho humano de acceso a la justicia al no tramitarse ni resolverse el "incidente de inejecución de sentencia por prescripción" promovido por el quejoso Roberto Careaga Florea, por causas imputables a la jueza de ejecución responsable. En tales condiciones, el amparo solicitado se concedió para el efecto de que la autoridad responsable 1. Juez de Ejecución de Sentencias Penales del Estado de Puebla realizara lo siguiente: 1. Dentro del plazo establecido en el artículo 123 de la Ley Nacional de Ejecución Penal -setenta y dos horas-, admitiera, previniera, desechara o, incluso, resolviera de plano el "incidente de inejecución de sentencia por prescripción" promovido por el ahora quejoso mediante escrito presentado el diecisiete de noviembre de dos mil veinte, dentro de la carpeta de ejecución 19/2017/JES/E de su índice, sin que pudiera desechar el mismo con el argumento de que la tramitación de diversos juicios de amparo han mantenido suspendido el procedimiento de ejecución de origen. 2. Notificara al quejoso la determinación que adoptara al respecto. Finalmente, se precisó que los efectos antes señalados se fijaron en función del acto reclamado declarado inconstitucional y con base en la etapa procesal en que se encontraba la promoción del "incidente de inejecución de sentencia por prescripción". 3. Estudio de los actos emitidos en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En lo que interesa, la autoridad responsable 1. Juez de Ejecución de Sentencias Penales del Estado de Puebla, en acuerdo dictado el diez de septiembre de dos mil veintiuno, dentro de la carpeta de ejecución 19/2017/JES/E, con fundamento en el artículo 123, fracción II, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, previno el "incidente de inejecución de sentencia por prescripción" promovido por el quejoso Roberto Careaga Flores mediante escrito presentado el diecisiete de noviembre de dos mil veinte, para el efecto de que él y su defensa en el plazo de tres días realizaran lo siguiente: ( Exhibieran los traslados necesarios conjuntamente con los anexos aludidos en el aludido escrito, a fin de que se estuviera en aptitud de correr traslado a la parte contraria y garantizar el principio de contradicción que regía el sistema bajo el cual se seguiría el trámite de la acción incidental promovida o, en su caso, haber cumplido con el descubrimiento probatorio por parte del resto de las partes. ( Proporcionaran el nombre y domicilio de quien ostentara el carácter de víctima en la causa penal 77/2015 del índice del Juzgado Cuarto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, con el objeto de que estuviera en aptitud de manifestar lo que a su derecho e interés conviniera en relación con el incidente promovido, anunciara las pruebas y los órganos de prueba que considerara pertinentes. Lo anterior, bajo el apercibimiento que de no cumplir, se desecharía el incidente promovido. Asimismo, la citada autoridad responsable remitió copia certificada de la constancia de notificación practicada al ahora quejoso el trece de septiembre de dos mil veintiuno, respecto del mencionado auto de diez de septiembre del actual. 4. Opinión jurisdiccional. Ante lo expuesto, este órgano jurisdiccional considera que los extremos a que se contrae la ejecutoria de mérito se llevaron a cabo, por lo que, con fundamento en el antepenúltimo párrafo, del artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia de amparo sin excesos ni defectos. Ciertamente, el juez responsable cumplió con el núcleo esencial del fallo protector, habida cuenta que: i) dentro del plazo establecido en el artículo 123 de la Ley Nacional de Ejecución Penal -setenta y dos horas-, previno el "incidente de inejecución de sentencia por prescripción" promovido por el ahora quejoso mediante escrito presentado el diecisiete de noviembre de dos mil veinte, dentro de la carpeta de ejecución 19/2017/JES/E; y, ii) notificó al quejoso la aludida prevención. No pasa desapercibido para este juzgador que en el acuerdo de prevención indicado, justo al principio, se indica que se encuentra fechado el nueve de septiembre de dos mil veintiuno; sin embargo, se estima que se trata de un mero error de mención insuficiente para considerarlo un defecto para no tener por cumplido el fallo protector, puesto que la cuenta de la Secretaria del Acuerdos del Juzgado de Ejecución de Sentencias Penales del Estado de Puebla es de fecha diez de septiembre de dos mil veintiuno y en la parte final de dicho auto, justo en donde firma el juez, se precisó que la determinación data del diez de septiembre de dos mil veintiuno. De ahí que se pueda afirmar que la prevención es de diez de septiembre de dos mil veintiuno y también que al quejoso se le notificó tal determinación, como lo asentó el Diligenciario adscrito al citado órgano jurisdiccional en su diligencia de trece de septiembre de la presente anualidad. Asimismo, no se soslaya que el juez responsable también remitió copia certificada de la determinación emitida el veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, dentro de la carpeta de ejecución de origen, mediante la cual, entre otras cuestiones, hizo efectivo el apercibimiento decretado al quejoso para el caso de que no diera cumplimiento a la prevención de diez de septiembre de este año y, por ende, desechó su "incidente de inejecución de sentencia por prescripción" promovido mediante escrito presentado el diecisiete de noviembre de dos mil veinte, por los motivos ahí expuestos. No obstante, debe decirse que tal resolución ya no forma parte de la materia de la ejecutoria de amparo; por lo que, si se encuentra inconforme con el desechamiento, se encuentran a salvo sus derechos para promover lo que en derecho corresponda. En virtud de lo expuesto, la ejecutoria de amparo se encuentra íntegramente cumplida. Notifíquese personalmente al quejoso Roberto Careaga Flores y a la tercera interesada María del Rocío Reyes Palacios; y, por oficio a las autoridades responsables, a la autoridad tercera interesada y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito...
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