Roberto Canales Montes de Oca

Expediente 1055/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 52 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1055/2022
Año
2022
Actuaciones
52
Última actuación
16/11/2023

Partes del expediente

  • Roberto Canales Montes de Oca
  • Jaime Méndez Cerón

Actuaciones

Las 4 más recientes de 52.

  1. Principal

    VII. Naucalpan de Juárez, Estado de México, dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés. Téngase al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, acusando recibo de las constancias remitidas por este órgano jurisdiccional para la substanciación del recurso de revisión interpuesto en autos; asimismo, hace del conocimiento que lo admitió y registró con el número 284/2023. Notifíquese y por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Bernabé Vázquez Pérez, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  2. Principal

    VII. Naucalpan de Juárez, Estado de México, diez de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el oficio del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, se toma conocimiento de la remisión de los autos originales de los que deriva este cuaderno de antecedentes, a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Penal del Segundo Circuito, para el correcto turno del medio de impugnación hecho valer en autos. Notifíquese y por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Bernabé Vázquez Pérez, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  3. Principal

    VII. Naucalpan de Juárez, Estado de México, nueve de octubre de dos mil veintitrés. Téngase al quejoso **********, interponiendo recurso de revisión en contra de la determinación del veintisiete de septiembre del año en curso. Con fundamento en los artículos 80, 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88, 89 y 93 de la Ley de Amparo, se da trámite al citado recurso, por lo que una vez que se encuentren agregadas la totalidad de constancias de notificación a las partes, remítase mediante correo electrónico institucional a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Penal del Segundo Circuito, el oficio que contenga los datos de identificación de este expediente a efecto de que realice el turno correspondiente. Por lo anterior, una vez que se cuente con la boleta de turno expedida por la referida oficina, de la que se advierta el órgano jurisdiccional al que fue turnado el asunto, en obvio de mayores dilaciones remítanse las constancias que integran el juicio de amparo en que se actúa, así como el escrito de expresión de agravios, para su substanciación. Distribúyanse las copias del escrito de expresión de agravios entre las partes. Asimismo, se instruye al analista jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este juzgado de Distrito, para que a través de la opción "Vincular con otro Órgano", del submódulo "Expediente", haga disponible el expediente electrónico de este asunto, a fin de que el órgano de destino esté en aptitud de relacionarlo y vincularlo con el presente para que tenga los elementos idóneos a efecto de resolver el medio de impugnación de que se trata. Notifíquese y por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Bernabé Vázquez Pérez, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  4. Principal

    VII. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés. V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 1055/2022-VII; y, R E S U L T A N D O I. ***********, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la justicia de la unión contra actos del Agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa de Trámite de Carpetas de Investigación de Cuautitlán, Estado de México, mismo que fue turnado a este Juzgado de Distrito. II. En proveído de doce de septiembre de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda, la cual quedó registrada con el número 1055/2022-VII; se requirió el informe justificado a la responsable, dio la intervención correspondiente a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional; sin embargo, el dieciséis de marzo del año en curso, se sobreseyó fuera de audiencia el juicio. TERCERO. Inconforme con la determinación anterior, la parte quejosa interpuso recurso de revisión el cual fue resuelto por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, el ocho de junio de dos mil veintitrés, en el que revocó el acuerdo dieciséis de marzo del año en curso, por vía de consecuencia el diverso de siete de febrero de dos mil veintitrés y ordeno continuar con el procedimiento para el efecto de que se culminara el procedimiento de investigación, hecho lo cual resolviera lo que legalmente procediera. CUARTO. En proveído de veintiuno de junio de dos mil veintitrés, se dio cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal antes citado y se señaló fecha y hora para la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo en términos del acta que antecede. . C O N S I D E R A N D O PRIMERO. El Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo previsto en los artículos 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo; 48 y 56, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en relación con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, pues en el caso el acto reclamado fue ejecutado y se atribuye a una autoridad que tiene su residencia en el lugar donde este órgano jurisdiccional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Conforme a lo que establece el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado en la demanda de amparo, se hace consistir en: - La omisión de la Agente del Ministerio Público adscrita a la Mesa de Trámite de Carpetas de Investigación de Cuautitlán, Estado de México, de declarar la prescripción punitiva, en términos del artículo 97, párrafo tercero del Código Penal vigente en el Estado de México, dentro de la carpeta de investigación número CUA/CAJ/ACI/032/187092/21/07, iniciada en contra del quejoso por el delito de fraude, cometido en agravio de Jaime Méndez Cerón. TERCERO. La autoridad responsable Agente del Ministerio Público adscrita a la Mesa de Trámite de Carpetas de Investigación de Cuautitlán, Estado de México, al rendir su informe justificado, aceptó el acto reclamado. Aunado a que así se advierte de las constancias que remitió en apoyo a su informe justificado. CUARTO. Al no existir causal de improcedencia hecha valer por las partes o que se advierta de oficio, procede el estudio de fondo del asunto. El quejoso formuló sus conceptos de violación contenidos en la demanda, cuya transcripción se estima innecesaria para su estudio, máxime que no existe disposición legal que obligue a actuar en ese sentido, lo cual no implica, en modo alguno, desatender los principios de congruencia y exhaustividad que rigen el dictado de toda sentencia. Determinación que encuentra apoyo, en la jurisprudencia número 2a./J. 58/2010, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 830, del Tomo XXXI, mayo de 2010, registro 164618, Novena Época, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del siguiente tenor: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X 'De las sentencias', del título primero "Reglas generales", del libro primero 'Del amparo en general', de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Son fundados los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, aunque para considerarlos así, sea necesario suplir la deficiencia de la queja, con apoyo en lo dispuesto en el ordinal 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, por tratarse de un asunto de carácter penal, en el que el directo agraviado tiene la calidad de imputado en el expediente de origen. Al respecto, es preciso señalar que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "Artículo 17. (.) Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. (.)". La disposición constitucional trascrita impone la obligación de resolver, en la medida de lo posible, todos los procedimientos, cualquiera que sea su materia, en el menor tiempo, cuando así lo ameriten las circunstancias del asunto en particular, en función del valor fundamental tutelado por la máxima ley del país, de que todo gobernado que tiene un problema le sea resuelto dentro de los términos máximos regulados en la legislación aplicable a cada caso, a fin de que no sean indefinidos. Esto es así, en virtud de que la duración excesiva de los procedimientos atenta contra la debida impartición de justicia, pues su retardo excesivo carente de plena justificación y sin que la legislación del caso concreto le permita o no se haya pronunciado el ente en función con esa facultad, se traducen en una denegación de ésta. Tiene aplicación la tesis de jurisprudencia 2a./J. 192/2007, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS} AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES". Por otra parte, el artículo 21 de la Constitución General de la República, en lo que aquí interesa, establece que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función; que el ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público; y la ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial. Así, dicho ordenamiento consagra el principio acusatorio en el que descansa el sistema penal mexicano, que consiste en la obligación que constitucionalmente se impone al Ministerio Público de recabar dentro de la fase del proceso penal, denominada investigación no judicializada, los datos de prueba para acreditar un hecho señalado como delito y la probable participación en su comisión. En esas condiciones y dado que corresponde a dicha institución pública el acreditamiento de la actualización del delito, por imperativo constitucional, en todos los casos se le constriñe a realizar "la investigación y persecución de los delitos", debiendo para ello, necesariamente "buscar y presentar los datos de prueba o pruebas que acrediten, en su correspondencia la probable o la responsabilidad de los inculpados". Así pues, el referido artículo 21 de la Carta Magna, impone al Ministerio Público la obligación cuando así proceda de aportar los datos de prueba o pruebas que acrediten la existencia de un hecho delictuoso, por lo que constituye una obligación no una mera facultad potestativa. Ahora, conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, la etapa de investigación tiene por objeto determinar si hay fundamento para iniciar un proceso penal, mediante la obtención de datos de prueba que permitan sustentar la acusación y garantizar la defensa del indiciado. Esta etapa debe inicia con una denuncia o una querella y está a cargo -en una primera fase- del Ministerio Público, así como de la policía actuando bajo su conducción y mando, como lo dispone el primer párrafo del referido artículo 21 de la Ley Fundamental. Por tanto, cuando el Ministerio Público tenga conocimiento de un hecho que pudiera ser constitutivo de delito, debe promover y dirigir una investigación dentro de la que realizarán las diligencias que considere conducentes para el esclarecimiento de los hechos, las cuales deberán quedar registradas en la carpeta de investigación que para el efecto se integre. No obstante, debe también señalarse que en la etapa de investigación, el Ministerio Público puede incurrir en una actitud omisiva en relación con su deber de investigar los delitos; esto es, que en la referida etapa -sea en su fase inicial o complementaria- la autoridad ministerial incumpla su obligación de investigar el delito, al omitir realizar las diligencias y actos conducentes -que deben practicarse de oficio, o que soliciten las partes- para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos; conducta omisiva que si carece de justificación legal, desde luego puede conculcar derechos fundamentales de las partes en el conflicto penal. Por otra parte, los artículos 212, 213, 214, 221, 253, 254, 255, 256, 257 y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establecen que el ejercicio de la acción penal corresponde al Ministerio Público, el cual no podrá suspenderse, interrumpirse ni hacerse cesar salvo expresa disposición legal en contrario, así como el procedimiento que debe seguir para ejercer acción penal; y los supuestos en los que podrá abstenerse de toda investigación y la formulación de imputación. Luego, en la investigación inicial, como lo establecen los artículos 254 y 255 del Código Nacional de Procedimientos Penales, cuando el Ministerio Público no encuentre antecedentes, datos suficientes o elementos de que los que se puedan establecer líneas de investigación que permitan realizar diligencias tendentes a esclarecer los hechos que dieron origen a la investigación, podrá archivarla temporalmente. Asimismo, cuando de los antecedes del caso advierta que se actualiza una causa de sobreseimiento, podrá decretar el no ejercicio de la acción penal. Esto es, las obligaciones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, consistirán entre otras, en dictar en su caso, medidas y providencias necesarias para impedir que se pierdan o destruyan los indicios u objetos que pudieran tener relación con los delitos investigados; así como la de asesorar las actividades que la Policía Investigadora realice en el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos y ejercer sobre ésta la conducción y mando. De igual manera, el Ministerio Público deberá actuar durante todas las etapas del procedimiento en las que intervenga con absoluto apego a lo previsto en la Constitución Federal y en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Lo cual, permite decir, que la investigación debe ser objetiva y referirse tanto a los elementos de cargo como de descargo y conducida con la debida diligencia, a efecto de garantizar el respeto de los derechos de las partes. Por ello, es imperativo a cargo del Ministerio Público de pronunciarse sobre el ejercicio o no de la acción penal, o determinar el archivo temporal. Ahora bien, de las constancias certificadas que remitió la autoridad responsable, relativas a la carpeta de investigación de donde deriva la omisión reclamada, se advierte, en esencia, lo siguiente: El siete de julio de dos mil veintiuno, la Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Atención Inmediata y Justicia Restaurativa de Cuautitlán Izcalli, emitió el acuerdo de inicio de la carpeta administrativa, que radicó bajo el consecutivo NIC:CAJ/ACI/03/UAI/395/01530/21/07, con motivo de la querella que realizó Jaime Mendez Ceron, en contra de Roberto Canales Montes de Oca y otro, por el hecho delictuoso de fraude. En la misma fecha, al no considerarse competente remitió el asunto al Agente del Ministerio Público, en Turno de Cuautitlán Izcalli, mismo que toco conocer a la Agente del Ministerio Público adscrita a la mesa de Trámite de Cuautitlán, Estado de México, quien realizó diversas diligencias. Finalmente, la última actuación que existe en la carpeta de investigación NIC:CAJ/ACI/03/UAI/395/01530/21/07, es la entrevista del aquí quejoso Roberto Canales Montes de Oca, de cinco de septiembre de dos mil veintidós. En ese sentido, del análisis de las actuaciones que conforman la carpeta de investigación de donde deriva la omisión reclamada, se advierte que la autoridad ministerial responsable, no ha dado cabal cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues ha omitido realizar gestiones a fin de esclarecer los hechos o en su caso, pronunciarse sobre el ejercicio o no de la acción penal, o determinar el archivo temporal, así como determinar si está o no prescito el delito de fraude. Es así, pues de los antecedentes referidos, se desprende que la investigación inició desde el siete de julio del dos mil veintiuno y que desde entonces hasta la fecha no se advierte que durante ese tiempo se haya realizado alguna gestión con la finalidad de esclarecer los hechos denunciados, pues su última actuación que impulso el procedimiento fue el cinco de septiembre de dos mil veintidós, en la cual citó al investigado a fin de realizarle una entrevista. En suma, si de las constancias se advierte que, durante más de dos años, la autoridad ministerial ha sido omisa en recabar datos de prueba y resolver si está prescrito o no el delito de fraude, es inconcuso que se transgrede el derecho del quejoso de seguridad jurídica, pues continúa en incertidumbre respecto a la situación de investigado que tiene en la indagatoria. Incluso, cabe mencionar que si la representación social no ha advertido datos suficientes o elementos de los cuales se puedan establecer líneas de investigación que permitan realizar diligencias tendentes a esclarecer los hechos que dieron origen a la investigación, puede archivar temporalmente la investigación, en tanto obtenga más datos que permitan continuarla. En esas condiciones, es incuestionable que la dilación y abstención del Ministerio Público de pronunciarse sobre los resultados arrojados en la carpeta de investigación, dejan en estado de indefensión e inseguridad jurídica a la justiciable, lo cual hace nugatorio el espíritu y alcances del artículo 21 de la Constitución Federal. En efecto, resulta evidente que la autoridad responsable, no justifica el retardo en la integración de la carpeta de investigación, dado que se advierten escasas actuaciones por parte de la autoridad ministerial dirigidas a impulsar la indagatoria de los hechos denunciados. Máxime, si se considera que en el sistema de enjuiciamiento criminal de corte acusatorio y oral, la integración de la carpeta de investigación no requiere de una tarea investigadora tan estricta como en el sistema mixto, pues sólo debe contener elementos suficientes para justificar, racionalmente que el imputado sea presentado ante el Juez de Control. Esto es, en el sistema acusatorio el nivel de reforzamiento de los datos de prueba arrojados para establecer las razones que permiten presumir la existencia de un hecho delictivo, no es tan elevado como en la integración de una averiguación previa. Por tanto, no obstante el hecho de que ni la Constitución Federal ni el Código Nacional de Procedimientos Penales, no establezcan un término específico para integrar la carpeta de investigación, ello no implica que dicha facultad pueda ser ejercida de manera arbitraria, ya que existe la obligación del Ministerio Público, de tomar todas las medidas necesarias para la integración de la indagatoria tan luego como tenga conocimiento de la posible existencia de un delito, así como de darle seguimiento a las denuncias o querellas que se presenten y allegarse todos los elementos necesarios para lograr el esclarecimiento de los hechos, hasta concluir en la reserva del expediente, el no ejercicio de la acción penal, o la consignación ante autoridad judicial competente. En consecuencia, al haberse demostrado una trasgresión a los derechos constitucionales del quejoso Roberto Canales Montes de Oca, se determina conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitados, para el efecto de que la Agente del Ministerio Público adscrita a la mesa de Trámite de Cuautitlán, Estado de México, efectúe lo precisado a continuación. Dentro del término de cuarenta y cinco días hábiles, legalmente computados: De ser necesario, desahogue las diligencias que falten para la integración de la carpeta de investigación y, Con todos aquellos datos de pruebas que haya recabado, de manera fundada y motivada, emita su determinación acerca del ejercicio o no ejercicio de la acción penal, si ha prescito no el delito de fraude o en su caso, el archivo temporal. Es aplicable al caso en lo conducente, la jurisprudencia 24/2001, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "JUECES DE DISTRITO. ESTÁN FACULTADOS PARA APRECIAR SI HA TRANSCURRIDO UN PLAZO RAZONABLE PARA QUE EL MINISTERIO PÚBLICO EMITA ALGÚN PRONUNCIAMIENTO RESPECTO DEL EJERCICIO O NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL Y PARA, EN SU CASO, IMPONERLE UNO PARA QUE DICTE LA RESOLUCIÓN QUE CORRESPONDA COMO RESULTADO DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA La circunstancia de que el juicio de amparo indirecto sea procedente en contra de la abstención del Ministerio Público de pronunciarse sobre el ejercicio o no ejercicio de la acción penal, autoriza al juzgador de amparo a apreciar en cada caso concreto si ha transcurrido un plazo razonable para que la representación social dicte la resolución que conforme a derecho corresponda, con base en las manifestaciones del quejoso y las de la propia autoridad responsable en su informe con justificación, sin que ello implique otorgar al juzgador constitucional la facultad de estudiar el fondo de la denuncia o querella planteada por el gobernado, sino únicamente la de imponer, en su caso, a dicha representación un plazo prudente para que dicte su resolución.". Por lo expuesto y fundado, y con apoyo en lo previsto por los artículos 73, 74, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege **********, por los motivos y para los efectos expuestos en el último considerando del presente fallo. Notifíquese y por lista electrónica al quejoso y al tercero interesado. Lo resolvió y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Bernabé Vázquez Pérez, Secretario quien da fe, hasta hoy veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado Doy fe.

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