Roberto Canales Montes de Oca

Expediente 358/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de abril de 2019.

Datos del expediente

Expediente
358/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
09/04/2019

Partes del expediente

  • Roberto Canales Montes de Oca

Actuaciones

  1. Principal

    IV... Vista la certificación que antecede, ... el auto de veinticinco de marzo del año en curso, se declara que ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese el presente asunto como totalmente concluido. ... el presente expediente no es de relevancia documental y es susceptible de destrucción.

  2. Principal

    Con fundamento en el artículo 29 de la Ley de Amparo, se notifica a la parte quejosa por medio de lista de acuerdos que se fija en estrados el proveído de veinticinco de marzo de dos mil diecinueve, dictado en el juicio de amparo indirecto 358/2019-IV, el cual es del tenor siguiente: Proveído 25/Marzo/2019.- "... Vista la demanda de amparo, promovida por ..., por derecho propio, contra actos del Juez Primero Civil de Primera Instancia de Cuautitlán, Estado de México y otra autoridad, regístrese su ingreso en el libro de gobierno bajo el número 358/2019-IV. En principio es menester verificar si existe algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. En ese contexto, del referido ocurso se aprecia que la parte quejosa reclama el auto de quince de marzo de dos mil diecinueve, en el que se declaró improcedente el recurso de revocación interpuesto en contra del diverso de cuatro de ese mismo mes y año, por no haberse justificado su inasistencia a la Audiencia de Conciliación y Depuración Procesal, llevada a cabo dentro del juicio de origen 1329/2018, del índice del juzgado responsable, prevista en el artículo 2.121 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México. Del análisis integral de la demanda de garantías, de oficio se advierte actualizado el supuesto previsto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, toda vez que existe causa manifiesta e indudable de improcedencia, que da lugar a su desechamiento de plano. En el particular se actualiza la hipótesis normativa contenida en el ordinal 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, de la ley de la materia. En ese contexto, es necesario destacar que para efectos de la procedencia de la acción constitucional, los actos dentro de juicio a que se refieren los numerales en comento, han sido precisados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como aquellos que afectan de modo directo e inmediato los derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afecten derechos adjetivos o procesales. "DERECHOS SUSTANTIVOS. Son los que lesionan los derechos fundamentales del agraviado, los cuales se encuentran tutelados en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República, a través de las llamadas garantías individuales, en virtud de que la afectación no se destruye con el sólo hecho de que quien la sufra obtenga una sentencia favorable en el juicio. DERECHOS ADJETIVOS. Son los que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, pues inciden dentro del procedimiento legal, de acuerdo a como se desarrolla éste, debido a la intervención de las partes con vista a la obtención de resolución favorable; por lo cual, sí esto se logra, tales actos se extinguen sin haber causado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado". Por lo que, la distinción entre un derecho sustantivo y un adjetivo para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, versa en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento respectivo. En ese sentido, los diversos 107 fracción III, inciso b) Constitucional y 107 fracción V, de la Ley de Amparo, disponen que cuando se reclamen actos dentro del juicio, el amparo sólo procederá contra aquéllos cuya ejecución sea de imposible reparación, los cuales han sido precisados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como aquellos que afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Carta Magna y nunca en los casos en que se refieran a aquellos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto respecto de cualquier acto dentro del juicio. Es decir, que procede éste solamente en contra de actos autoritarios que lesionen de manera directa derechos sustantivos de las partes y que trasciendan del ámbito puramente procesal para incidir en la esfera de derechos materiales de los gobernados, resultando por lo tanto improcedente el que se promueva en contra de los que únicamente los producen de carácter formal dentro del proceso que correspondan a las posiciones que las partes van adquiriendo con vista a la obtención de un fallo favorable, pues cuando este objetivo se obtiene, se extinguen aquellos derechos sin afectar los derechos fundamentales. De modo tal, que el concepto de irreparabilidad no consiste en la imposibilidad jurídica de que la violación de que se trate puede ser analizada nuevamente al dictar la resolución, sino en que con motivo de sentencia favorable, no se actualice el daño o perjuicio, pues de acuerdo con los principios procesales de preclusión y firmeza de las resoluciones judiciales, no todas las actuaciones del procedimiento son reclamables en el amparo indirecto, ya que de otro modo se contravendría la regla del inciso a), fracción III, del artículo 107, Constitucional. En el caso, se estima actualizada la causal de improcedencia advertida porque del análisis integral del ocurso de garantías, se observa que la parte quejosa reclama esencialmente el auto de quince de marzo de dos mil diecinueve, en el que se declaró improcedente el recurso de revocación interpuesto en contra del diverso de cuatro de ese mismo mes y año, por no haberse justificado su inasistencia a la Audiencia de Conciliación y Depuración Procesal, llevada a cabo dentro del juicio de origen 1329/2018, del índice del juzgado responsable, prevista en el artículo 2.121 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México. Una vez sentado lo anterior, debe decirse que tal acto no puede considerarse como emitido dentro del juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, pues sólo produce efectos formales, cuyas consecuencias son susceptibles de extinguirse con la sentencia que llegue a pronunciarse en el expediente de origen, en caso de no serle favorable al peticionario de amparo, y en el supuesto de no ser así, éste estará en aptitud de impugnar lo relativo, a través del juicio de amparo directo que promueva en contra de la misma. En efecto, los artículos 170 y 171, de la Ley de Amparo, se apoyan en el principio de economía procesal, pues lo que con ello se pretende evitar es la proliferación o una cadena interminable de juicios de garantías con motivo de diversas actuaciones procesales; es decir, el legislador de amparo ha pretendido evitar que las partes contendientes en un procedimiento seguido ante tribunales judiciales, laborales o administrativos puedan agotar el juicio de garantías tantas veces como violaciones se cometan en el procedimiento, pues con ello se ocasionaría, por un lado, una constante interposición de juicios de amparo y, por otro, una injustificada demora en la resolución del conflicto. Con lo anterior, se pretende así que continúe el curso del procedimiento, sin mayores trabas y que el afectado con el fallo correspondiente, al impugnarlo, pueda hacer valer al mismo tiempo las violaciones de fondo y tantas violaciones al procedimiento como estimara le hubieran sido cometidos. Por tanto, es evidente que tal acto reclamado, no debe considerarse como emitido dentro de un procedimiento que tenga sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, ya que no afecta directamente alguno de los derechos sustantivos de los gobernados, protegidos por las garantías individuales consagradas en la Carta Magna; que deba impugnarse a través del amparo indirecto, de conformidad con lo establecido por la fracción V, del ordinal 107, de la ley reglamentaria del juicio de garantías, interpretado a contrario sensu, sino que en todo caso, se combatirán hasta que se dicte la sentencia definitiva en la hipótesis que ésta sea desfavorable al afectado, mediante el juicio de amparo directo, a través del cual se podrá subsanar tal violación. Máxime que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido como regla excepcional para la procedencia del amparo indirecto, tratándose de algunas violaciones formales, adjetivas o procesales que ordinariamente deben ser combatidas en amparo directo, cuando se reclame la sentencia definitiva; aquellos que por sus consecuencias, afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, y que la afectación no podría repararse aun obteniendo una sentencia favorable en el juicio de origen, por haberse consumado irreparablemente la violación a la garantía individual de que se trate; o aquellos actos procesales o formales, cuando afecten a las partes en grado predominante o superior, cuya violación sea de tal trascendencia y magnitud que justifique la procedencia del juicio de amparo biinstancial por tratarse de un acto de ejecución irreparable, hipótesis que en el caso a estudio tampoco se actualiza, de ahí la notoria improcedencia de la presente demanda de amparo en relación con el acto que se analiza. En consecuencia, al actualizarse de un modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia advertida, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo en relación con el 61, fracción XXIII, y el diverso 107, fracción V, aplicados a contrario sensu, del mismo ordenamiento, se desecha de plano la demanda de amparo. Ahora, toda vez que el domicilio que indica la parte quejosa para oír y recibir notificaciones se encuentra fuera de la residencia de este órgano de control constitucional; con fundamento en los artículos 26, fracción I, inciso c) y 27, fracción II, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, así como 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a dicha legislación, se comisiona al Actuario Judicial de la adscripción para que se constituya en el domicilio señalado por el promovente en su demanda y le notifique personalmente esta determinación; asimismo, le requiera para que en el acto de la diligencia o dentro del plazo de tres días hábiles, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación respectiva, señale domicilio en Naucalpan de Juárez, Estado de México, apercibido que de no hacerlo, sin ulterior acuerdo, las siguientes notificaciones, aun las personales, se practicarán por lista, sin perjuicio de que con posterioridad indique un domicilio para tal efecto en el lugar del juicio. Téngase autorizado a ..., en términos del artículo 12, párrafo segundo, última parte; en relación con el diverso 24, párrafo segundo, de la ley de la materia, toda vez que no acredita encontrarse legalmente facultado para ejercer la profesión de abogado, o tener registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los tribunales de circuito y juzgados de distrito; sin que obste que proporcione el número de cédula profesional; sin embargo, no corresponde a la persona que indica. De conformidad con la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal se autoriza la toma de fotografías de constancias que obren en el sumario, siempre y cuando no se trate de aquellas que por su naturaleza sean de carácter confidencial o reservadas, debiéndose asentar la razón de recibo respecto de la actuación que se desea fotografiar, por persona previamente autorizada para ello; en el entendido de que el uso de dichas reproducciones serán responsabilidad de quien las obtenga, así como de la persona que otorgue la autorización; por lo que queda expedito el derecho de las partes para oponerse o limitar esta permisión ..."

  3. Principal

    IV... Vista la demanda de amparo, ...

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