Roberto Campos Fabela
Expediente 1448/2015 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 20 actuaciones registradas, la última del 6 de abril de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1448/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 06/04/2016
Partes del expediente
- Roberto Campos Fabela
- Magistrado de la Primera Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
Toluca, Estado de México; seis de abril de dos mil dieciséis. Visto el inciso a) de la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término concedido a las partes para que manifestaran lo que a su interés conviniera sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria emitida en el presente juicio de amparo; en tal virtud, este órgano jurisdiccional procede a pronunciarse con base en los elementos que obran en el expediente, así como los datos aportados por la autoridad vinculada con su acatamiento. Así, en atención a que el cumplimiento de la sentencia de amparo es una cuestión de orden público, lo conducente es determinar si el fallo ha sido acatado en sus términos, lo anterior, con apoyo en la Jurisprudencia, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página diecinueve, Tomo I, Libro 12, noviembre de dos mil catorce, Materia Común, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que señala: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo.". Al respecto, tomando en consideración los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, se llega a la convicción de que la concesión de amparo ha sido cabalmente cumplimentada, por las consideraciones siguientes: I. Antecedentes de la sentencia ejecutoriada: 1. El cuatro de febrero de dos mil dieciséis, se emitió sentencia en el juicio de amparo que nos ocupa, en la que se concedió la protección de la justicia de la Unión. (Fojas 161 a 170) 2. Por auto de dos de marzo del año en curso, dicha sentencia causó ejecutoria y en esa actuación se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable. (Folio 175 y 176) II. Lineamientos de concesión del amparo y cumplimiento. Este Juzgado de Distrito concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, a fin que se atendieran los lineamientos, respecto de los cuales se ha dado cumplimiento, atento al siguiente análisis: Los efectos de la concesión de amparo son para que el Magistrado de la Primera Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México: "a) Atendiendo los lineamientos de la presente ejecutoria de amparo, la autoridad responsable deje insubsistente el auto de veinte de agosto de dos mil quince, únicamente en la parte en la que se impuso a Roberto Campos Fabela, en su carácter de Director de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Zinacantepec, Estado de México, una multa de cincuenta días salario mínimo; b) En su lugar dicte uno nuevo, donde atienda los lineamientos establecidos en la presente ejecutoria; y c) Lo anterior, sin perjuicio de su facultad de dictar las medidas de apremio que sean necesarias e idóneas a efecto de hacer cumplir sus determinaciones, pero en el caso de reiterar en contra del quejoso la aplicación de una medida de apremio consistente en una multa, debe cumplir puntualmente con los lineamientos trazados." En ese tenor, a través de misiva 1SR/TCA/2668/2016, de diez de marzo de dos mil dieciséis, el Secretario de Acuerdos de la Primera Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, remitió copia certificada del acuerdo dictado el nueve de ese mes y año por la Magistrada de ese tribunal, dentro del juicio administrativo 616/2015. (Foja 211 autos) Constancia a la cual se le concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agregada a las presentes actuaciones. Por auto de quince de marzo del año en curso, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con tal constancia se ordenó dar vista a las partes por el término de tres días, a efecto de que, en relación al cumplimiento dado al fallo protector, manifestaran lo que a su derecho conviniere. Establecido lo anterior, y al hacer un análisis de las constancias que integran el juicio en que se actúa, en el que se tuvo presente el límite señalado en la ejecutoria, así como la libertad de jurisdicción que fue otorgado a la responsable ordenadora, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional concluye que la autoridad responsable cumplió con los lineamientos de la sentencia constitucional, por las siguientes razones: El nueve de marzo de dos mil dieciséis, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, la Magistrada adscrita a la Primera Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México dejó sin efectos el auto de fecha veinte de agosto de dos mil quince, emitido por la propia autoridad en los autos del juicio administrativo 616/2015, únicamente en la parte en que se impuso al quejoso Roberto Campos Fabela, en su carácter de Director de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Zinacantepec, Estado de México, una multa de cincuenta días salario mínimo y, en su lugar, emitió uno nuevo en el que atendiendo a las directrices dadas en la ejecutoria, determinó que resultaba improcedente hacer efectivo el apercibimiento en contra del citado director, decretado mediante acuerdo de veinte de agosto de la anualidad pasada, pues si bien, por una parte, en el auto admisorio se requirió al aquí quejoso, en su calidad de Director de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Zinacantepec, en la entidad, para que dentro de un plazo de ocho días hábiles, legalmente computado, exhibiera copia certificada del expediente antecedente del acto reclamado, y por otro lado, en el apartado relativo a la suspensión del mismo, se le requirió para que en un diverso plazo de tres días hábiles siguientes al en que surtiera efectos su notificación, exhibiera las mismas constancias, era incuestionable que ello generó confusión en la autoridad requerida, motivo por el cual resultaba improcedente hacer efectivo el apercibimiento con el que se le conminó. Luego, atendiendo al análisis de las constancias de este juicio, es dable concluir que la autoridad obligada a cumplir la concesión de amparo acató los aspectos establecidos en la sentencia dictada por este órgano de control constitucional y cumplió los lineamientos de la ejecutoria de amparo emitida en este juicio, ya que el tribunal responsable, en autos del juicio administrativo 616/2015, dejó insubsistente el auto de veinte de agosto de dos mil quince, únicamente en la parte en la que se impuso a Roberto Campos Fabela, en su carácter de Director de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Zinacantepec, Estado de México, una multa de cincuenta días salario mínimo; y, en su lugar, dictó uno nuevo, en el que atendiendo a las directrices dadas en la ejecutoria, determinó que resultaba improcedente hacer efectivo el apercibimiento en contra del citado director, decretado mediante acuerdo de veinte de agosto de la anualidad pasada. Por tanto, se estima que la ejecutoria ha sido atendida en su núcleo esencial. De igual manera, en el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, no se advierte que se hubiese llevado a cabo un pronunciamiento de manera parcial o incompleta, pues por el contrario, se ajustó al tenor exacto del fallo, no extralimitándose en su cumplimiento, es decir, no fue más allá del alcance de la ejecutoria que concedió la protección constitucional. En las relatas circunstancias, al advertirse que la sentencia protectora se observó cabalmente, sin exceso o defecto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida. En ese tenor, con fundamento en el artículo 196, penúltimo párrafo y 214, ambos de la Ley de Amparo, se ordena su archivo por tratarse de un asunto total y definitivamente concluido. Por otra parte, atendiendo a la certificación de cuenta, se determina lo siguiente: De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la trasferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto: a) De conformidad con el punto décimo fracción I, del citado Acuerdo, corresponde al archivo judicial reciente, y no es de los considerados de relevancia histórica, documental ni jurídica. b) Asimismo, en términos del punto vigésimo primero del referido acuerdo este expediente es depurable, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción IV, del dicho punto, al ser un juicio en el que se concedió el amparo solicitado. c) Igualmente, de conformidad a lo dispuesto en la fracción III, último párrafo, del punto vigésimo primero del multicitado acuerdo, el original del incidente de suspensión derivado del presente juicio es susceptible de depurar, pues se concedió y se negó la medida cautelar solicitada; y procédase a la destrucción del duplicado del incidente de suspensión, una vez transcurrido el plazo a que alude dicho acuerdo; por ende, resulta innecesaria su glosa al presente expediente. d) Transcurrido el término de tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico de Documentación y Análisis, designado para su resguardo, debiendo desintegrar el original de la demanda de amparo y sentencia definitiva, así como, las resoluciones relativas al otorgamiento de la medida cautelar. e) Pasados cinco años, del dictado del presente auto, este expediente es depurable, en razón de que se conservarán la demanda y la sentencia constitucional, así como las resoluciones relativas al otorgamiento de la medida cautelar, las cuales se encuentran debidamente digitalizadas. Háganse las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno, Sistema de Seguimiento de Expedientes, y en la carátula del juicio en que se actúa. Notifíquese; personalmente al quejoso y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Así lo proveyó y firma el licenciado Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca quien actúa asistido con el licenciado Óscar Jesús Segundo Suárez, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Secretario de Acuerdos de la Primera Sala Regional del Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de México, mediante el cual informa sobre la forma en que dio cumplimiento a la ejecutoria de dos de los cursantes y remite una constancia para acreditar su dicho. Con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la partes con el contenido íntegro de la misiva y constancias que envía la responsable, para que manifiesten lo que en su derecho proceda; con el apercibimiento que de no hacerlo, en su oportunidad se emitirá el fallo correspondiente.
- Principal
Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubiesen recurrido la sentencia dictada en el presente asunto, en la que se concedió el amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e), de la ley invocada, en relación con los numerales 288 y 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha determinación ha causado ejecutoria, para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. En mérito de lo anterior, glósese únicamente el original del incidente de suspensión, en virtud de que duplicado es susceptible de destrucción dentro del término de seis meses, de conformidad a lo dispuesto en la fracción III, del punto Vigésimo del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Ahora, al resolver el presente asunto, se resolvió conceder el amparo a Roberto Campos Fabela, para el efecto de que la autoridad responsable Director de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Zinacantepec, Estado de México: (.)a) Atendiendo los lineamientos de la presente ejecutoria de amparo, la autoridad responsable deje insubsistente el auto de veinte de agosto de dos mil quince, únicamente en la parte en la que se impuso a Roberto Campos Fabela, en su carácter de Director de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Zinacantepec, Estado de México, una multa de cincuenta días salario mínimo; - - - b) En su lugar dicte uno nuevo, donde atienda los lineamientos establecidos en la presente ejecutoria; y - - - c) Lo anterior, sin perjuicio de su facultad de dictar las medidas de apremio que sean necesarias e idóneas a efecto de hacer cumplir sus determinaciones, pero en el caso de reiterar en contra del quejoso la aplicación de una medida de apremio consistente en una multa, debe cumplir puntualmente con los lineamientos trazados. - - - No es óbice a lo anterior, que en el auto reclamado se haya señalado que la multa se impone al Director de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Zinacantepec, Estado de México, ya que independientemente de que la responsable al imponer la multa referida, lo haga mencionando que se impone a una autoridad, se entiende que aquélla está dirigida a la persona física o funcionario que en su actuar como autoridad omite totalmente cumplir con un requerimiento, y no a la dependencia, - - - Es así, pues la multa deberá cubrirla el quejoso como persona física y con su peculio, y no con el presupuesto de la dependencia en que labora." . En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable, para que dentro del plazo de tres días hábiles, informe respecto del cumplimiento peticionado, lo que deberá acreditar con las constancias que al efecto remita como complemento al desahogo del presente. Se apercibe a la citada responsable que de no hacerlo en el tiempo concedido, se le impondrá multa de cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, la cual se duplicará hasta llegar a mil días de salario, en caso de inobservancia, conforme a lo dispuesto en los numerales 192 y 258 de la Ley de Amparo aplicable al caso. Hecho lo anterior, se dará vista a las partes, con desahogo de la vista o sin ella, este órgano de control constitucional dictará resolución fundada y motivada en que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. Ahora, con independencia de lo anterior, se informa a la citada autoridad que de constituirse en actitud omisiva, también puede hacerse acreedora a las sanciones previstas en el artículo 267 de la Ley de Amparo, así como que en caso de eludir el acatamiento del fallo protector, con actos que no tiendan de manera directa a satisfacerlo, con apoyo en el precepto invocado y en armonía con el Acuerdo General número 5/2001, del veintiuno de junio de dos mil uno, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Penal en turno, para los efectos del artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Federal, esto es, para que el Máximo Tribunal determine lo conducente sobre la separación del cargo de la autoridad contumaz y la consigne al Juez de Distrito que corresponda, por el delito de abuso de autoridad, en términos del artículo 193 de la Ley de Amparo. Además, entérese a las autoridades requeridas, que aun cuando deje su puesto, seguirá siendo responsable del DESACATO AL FALLO CONSTITUCIONAL, durante el tiempo que duró su encargo y que por esa razón, también podrá ser consignada en términos de la fracción XVI, del artículo 107 constitucional. Tiene aplicación la Jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 10ª Época, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, visible en la página 5, cuyo rubro dice: CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. LA IMPOSICIÓN DE LAS SANCIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO ESTÁ CONDICIONADA A QUE EL JUEZ DE AMPARO REALICE LOS REQUERIMIENTOS CON LA PRECISIÓN NECESARIA EN CUANTO A LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA ACATAR EL FALLO Y A LOS ACTOS QUE LES CORRESPONDE EJECUTAR A CADA UNA DE ELLAS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).
- Incidental
Visto el auto que se dictó en esta misma fecha, en el cuaderno principal del que deriva esta incidencia, mediante el cual se declaró que la sentencia dictada por este Juzgado de Distrito, en la que se concedió el amparo en el presente asunto, causó ejecutoria, por lo que, procede declarar sin materia este incidente de suspensión y se dejan sin efectos las medidas decretadas en el mismo.
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