Roberto Calixto Zamora

Expediente 1630/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 19 actuaciones registradas, la última del 7 de septiembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
1630/2019
Año
2019
Actuaciones
19
Última actuación
07/09/2020

Partes del expediente

  • Roberto Calixto Zamora
  • Silvia Guevara Flores

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    En la Ciudad de México, siete de septiembre de dos mil veinte. Se tiene por recibido el oficio signado por la Secretaria del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, por medio del cual devuelve los autos originales del juicio de amparo número 1630/2019-VII, promovido por Roberto Calixto Zamora y otra, y al efecto remite copia certificada del testimonio de la resolución pronunciada en el toca de incidente de inejecución de sentencia IIS.-3/2020. Se hace del conocimiento de las partes que la superioridad resolvió lo siguiente: "ÚNICO. Se declara SIN MATERIA el incidente de inejecución de sentencia." Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se agrega a los autos para que surta sus efectos legales procedentes. Acúsese el recibo de estilo correspondiente de los autos originales del juicio de amparo y un testimonio; y previo al presente proveído, glósense las constancias originales que obren en el cuaderno de antecedentes que se formó con motivo de la remisión de los presentes autos. Por otra parte, vista la certificación que antecede y el estado en que se encuentran los presentes autos, se advierte que venció el término de quince días a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, para impugnar el pronunciamiento de doce de marzo de dos mil veinte, y toda vez que en el expediente en que se actúa no existe nada más que cumplimentar, en consecuencia, con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, a contrario sensu, archívese como asunto total y definitivamente concluido. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Ahora bien, de conformidad con lo previsto en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de diez de diciembre de dos mil doce y en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009 del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que este expediente es susceptible de depuración, en virtud de que se ubica en la hipótesis contenida en el capítulo Quinto, punto Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo en cita. Sin que haya lugar a conservar en su integridad el presente juicio de garantías, en virtud de que no se ubica en alguno de los casos de excepción establecidos en el último párrafo del punto Vigésimo Primero, a saber: 1) No es promovido por delitos contra la seguridad de la Nación, derecho internacional, humanidad, administración de justicia, ambiente y gestión ambiental; 2) Ni contra resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; 3) No es un asunto relativo a un conflicto laboral colectivo trascendente y; 4) No contiene alguna resolución de especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por lo tanto, procédase a su cumplimiento, previo desglose para su conservación, de la demanda y la sentencia respectiva, así como en su caso de los escritos aclaratorios, de ampliación de demanda y de aclaración de la misma, tal como lo dispone el manual citado y el punto Vigésimo Primero, fracción IV, del acuerdo en cita. Remítase el presente expediente al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que haya transcurrido el término de tres años, a que se refiere el punto Décimo Primero del Acuerdo General Conjunto aludido. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Alberto Torres Rivera, con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad de México, a cuatro de agosto de dos mil veinte. Visto el estado procesal del presente asunto, se impone destacar que en términos del artículo 88, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, es un hecho notorio que, del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio de dos mil veinte, a través de los Acuerdos Generales números 4/2020, 8/2020, 10/2020, 13/2020, 15/2020 y 18/2020 el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, ordenó la suspensión de los plazos y términos procesales en todos los asuntos judiciales; como medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales derivado del virus COVID-19. Por lo tanto, de conformidad con el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, dicha contingencia finalizó, en consecuencia, se reanudan dichos plazos y términos en el presente juicio conforme a los lineamientos contenidos en ese Acuerdo General, por lo que, se hace del conocimiento de las partes que los plazos, términos y vistas, ordenados en los acuerdos y requerimientos dictados en este juicio, se reanudarán a partir del día siguiente en que surta efectos la notificación del presente proveído; por lo que se deberán de estar a lo ahí determinado y a los apercibimientos respectivos. Ahora bien, vista la razón actuarial de trece de marzo del año en curso, suscrita por Ramiro Betancourt Olmos, actuario judicial adscrito a éste Juzgado Federal, mediante la cual, manifiesta la imposibilidad que tuvo para notificar personalmente a la parte quejosa el proveído de doce de marzo del presente año, por los argumentos expuestos en ésta. Como lo dispone el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena realizar la citada notificación, así como las subsecuentes por medio de lista que se fije para tales efectos en los estrados de este Juzgado, hasta en tanto señale nuevo domicilio dentro de la Ciudad de México para oír y recibir notificaciones. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 20/2008, de rubro y datos de localización siguientes: NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL AMPARO. DEBEN REALIZARSE POR LISTA CUANDO NO PUEDAN PRACTICARSE PERSONALMENTE POR NO ENCONTRARSE ALGUIEN EN EL DOMICILIO SEÑALADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. (No. Registro: 169,843, Novena Época, Instancia: Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXVII, Abril de 2008, Página: 238). Notifíquese, y por lista a la parte quejosa el proveído de doce de marzo del presente año. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Alberto Torres Rivera, quien autoriza. Doy fe.

  3. Principal

    (04/AGOSTO/2020).- (ESTADO PROCESAL).- VISTOS.- SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO DECRETADO EN AUTOS, EN CONSECUENCIA, SE PUBLICA POR LISTA ELECTRÓNICA A LA QUEJOSA EL CONTENIDO DEL PROVEÍDO DE 12/03/2020, QUE DICE:" En la Ciudad de México, doce de marzo de dos mil veinte. Se tienen por recibidos el oficio y escrito de cuenta, el primero signado por la Subdirectora Jurídica de la Alcaldía Gustavo A. Madero, mediante el cual en atención al requerimiento formulado en proveído de dos de marzo de dos mil veinte (foja 41), indica que ya se entregó la respuesta a la petición formulada por el quejoso Roberto Calixto Zamora y que por lo que hace a Silvia Guevara Flores, también quejosa, no se ha presentado a recoger la respuesta a su petición y por lo que hace al escrito de cuenta que firman los quejosos en este asunto, se advierte que confirman que se les entregaron las respuestas a sus peticiones y las exhiben en copias simples; con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguense a los autos para los efectos legales conducentes. Ahora bien, no obstante que en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se establece que se debe de dar vista a la parte quejosa con las manifestaciones de cumplimiento de las autoridades responsables, para que dentro del plazo de tres días manifiesten lo que a su derecho convenga, lo cierto es que en atención al acuerdo de dos de marzo de dos mil veinte (foja 41), los quejosos ya exhibieron las constancias relativas al cumplimiento y manifiestan su inconformidad con las mismas, por lo que se advierte que ya existen elementos para emitir el pronunciamiento relativo a que se refiere el citado precepto. En primer término, cabe destacar que el amparo y la protección de la Justicia Federal, se otorgó para los siguientes efectos: En atención los razonamientos expresados, de conformidad con el artículo 77 de la Ley de Amparo, lo procedente es conceder a los quejosos el amparo y la protección de la Justicia Federal que solicitan, para el efecto de que las autoridades responsables, Titular de la Jefatura de la Unidad Departamental de Mercados y Titular de Coordinación de Ventanilla Única Delegacional, ambos de la Alcaldía Gustavo A. Madero, den la contestación correspondiente a las solicitudes formuladas por dichos quejosos el veintisiete de agosto de dos mil diecinueve y se la notifiquen en el lugar que señalaron en sus escritos de petición. Sin que ello implique que las autoridades responsables deban contestar en un determinado sentido las solicitudes de los aquí quejosos; lo que encuentra sustento en la tesis emitida por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Octava Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, en la página 81, de rubro: "PETICIÓN. EL DERECHO RELATIVO NO IMPLICA QUE LAS AUTORIDADES LA RESUELVAN EN UN DETERMINADO SENTIDO. De esta forma, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, las obligaciones de las autoridades responsables, consistente en: Dar contestación a la solicitud formulada por los quejosos el veintisiete de agosto de dos mil diecinueve. Notificarles la respectiva contestación en el lugar que señalaron en su escrito de petición. Ahora bien, con la finalidad de resolver sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, conviene imponerse del contenido de las peticiones de los quejosos: De lo anterior, se advierte que solicitaron la expedición de copias certificadas de los documentos que obren en los archivos de la delegación, sin que se advierta claramente qué documentos en específico son los que solicitaron ni a qué autoridad en específico fueron dirigidas sus peticiones. Ahora bien, como ha quedado establecido en párrafos que anteceden, los quejosos exhibieron copia simple de los oficios números AGAM/DGAJG/DG/ARR/0525/2020 y AGAM/DGAJG/DG/ARR/0524/2020, ambos de veintisiete de febrero de dos mil veinte, a través de los cuales el Director de Gobierno en la Alcaldía Gustavo A. Madero, dio respuesta a sus solicitudes; en el sentido de que determinaron que después de realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos de la Dirección a la que se encuentra adscrito, no se localizó antecedente alguno relacionado con el trámite solicitado, por lo que se encuentra impedido materialmente para atender la solicitud formulada por los quejosos, ahora, si bien es cierto que las referidas constancias constan en copia simple; también es verdad que fueron exhibidas por la propia parte quejosa y, por ende, hacen prueba plena en su contra; tal como lo establece la jurisprudencia número I.4o.C. J/5, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Enero de 1996, página 124, del rubro: "COPIAS FOTOSTÁTICAS. HACEN PRUEBA PLENA CONTRA SU OFERENTE.". En este orden de ideas, toda vez que ya se dio respuesta a las peticiones formuladas por los quejosos y les fueron notificadas, con fundamento en los artículos 192, 196 y 214 de la Ley de Amparo, SE TIENE POR CUMPLIDA LA EJECUTORIA. Sin que obste a la determinación las manifestaciones de los quejosos en el sentido de que no se puede tener por cumplida la ejecutoria, porque las respuestas a sus peticiones no fueron emitidas por la Jefatura de la Unidad Departamental de Mercados, y carecen de congruencia y exhaustividad, por los motivos que expone; lo anterior toda vez que como quedó evidenciado en los párrafos anteriores, de las peticiones formuladas por los promoventes, se advierte que fueron realizadas de manera genérica, sin que se especificara a qué autoridad en concreto se dirigían, por lo que se impone destacar que si bien es cierto que, la contestación a su petición fue emitida por el Director de Gobierno, también es cierto que dicha autoridad pertenece a la Alcaldía Gustavo A. Madero; por lo que basta que alguna de las autoridades pertenecientes a dicha institución, ya sea, interna o subordinada a éste, dé contestación a sus peticiones, para tener por cumplido el requisito del artículo 8 de la Constitución Federal. Apoya la anterior determinación la tesis aislada sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, contenida en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo 103-108 Sexta Parte, página 166, que literalmente establece: PETICIÓN, DERECHO DE. PLURALIDAD DE FUNCIONARIOS. No se viola el derecho de petición cuando la contestación la haya producido un funcionario inferior al titular, a quien, según el quejoso compete decidir la solicitud, porque es de hacerse notar que si ésta estuvo dirigida a diversos funcionarios de una secretaría de Estado conjuntamente, en una sola promoción, luego entonces no resulta irregular que el proveído de trámite provenga del último de los funcionarios a quien se listó finalmente como encargado de sustanciar la solicitud, máxime si en el caso la contestante forma una sola autoridad con aquélla ante quien se ocurrió. También resulta aplicable, la tesis número I.3o.A.591 A, visible en la página 169, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XV-I, Febrero de 1995, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Octava Época, que es del tenor literal siguiente: DERECHO DE PETICIÓN. LA AUTORIDAD A QUIEN SE HA DIRIGIDO LA PETICIÓN ESTA OBLIGADA A DAR CONTESTACIÓN A LA MISMA. El hecho de que materialmente le resulte imposible al Secretario de Hacienda y Crédito Público dar contestación a los escritos de petición que se le formulan, o atender todas y cada una de las solicitudes presentadas por los peticionarios o bien, aducir que para tal efecto existen unidades administrativas con facultades otorgadas por el Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, competentes para desahogar o despachar esas peticiones, en tanto que son departamentos administrativos subordinados, no justifica la omisión de la autoridad en dar respuesta al particular peticionario. Independientemente del cúmulo de trabajo que tiene que desarrollar el titular de la secretaría referida, el artículo 8o. constitucional establece la obligación de dar contestación a las peticiones formuladas, a aquellas autoridades a quienes van dirigidas éstas y no a otras diversas. Así pues, para satisfacer el derecho de petición será suficiente que se informe o haga del conocimiento del peticionario, en forma personal, bien que la autoridad en cuestión es incompetente para resolver su solicitud, bien que se ha turnado ésta a otra autoridad interna o subordinada sin que, necesariamente, deba resolverse el problema planteado en la petición o peticiones formuladas a la autoridad respectiva. En consecuencia, si bien es cierto que conforme al Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público existen unidades o departamentos administrativos encargados de atender las peticiones formuladas al titular de la dependencia, este hecho no lo exime del deber de turnar las peticiones a dichas unidades y hacer del conocimiento del peticionario el trámite que siguieron sus peticiones y a qué autoridad subordinada se remitieron. Aunado a lo anterior, respecto a la congruencia que aducen los quejosos, se observa que éstos solicitaron copias certificadas del acta de comparecencia de fecha cuatro de septiembre de dos mil quince, relacionadas con los locales trece y catorce del Mercado Público ochenta y uno (81), Villa comidas; al respecto, en los oficios números AGAM/DGAJG/DG/ARR/0525/2020 y AGAM/DGAJG/DG/ARR/0524/2020, ambos de veintisiete de febrero de dos mil veinte, el Director de Gobierno de la Alcaldía Gustavo A. Madero, les informó que después de haber realizado una búsqueda en los archivos que comprenden la Dirección a la que se encuentra adscrito, no localizó esas constancias, por lo que determinó que se encontraba materialmente imposibilitada para proporcionar las constancias solicitadas; lo anterior, hace patente que sí existe congruencia entre lo pedido por los quejosos y lo contestado por parte de la autoridad en mención. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Alberto Torres Rivera, con quien actúa y da fe. Doy fe.". NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    (12/MARZO/2020).- VISTOS.- EL OFICIO DE LA RESPONSABLE, MEDIANTE EL REALIZA DIVERSAS MANIFESTACIONES, EN CONSECUENCIA; TÉNGASE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA DICTADA EN EL PRESENTE JUICIO. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA QUEJOSA.

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