Roberto Buenaventura Gonzalez
Expediente 109/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 109/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 28/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California · Baja California
Partes del expediente
- Roberto Buenaventura Gonzalez
Actuaciones
- Principal
Mexicali, Baja California, veintiocho de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese el oficio de cuenta con evidencia criptográfica de la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, por medio del cual informa que mediante proveído de veintidós de febrero de dos mil veintiuno, recibió el oficio 3198/2021, así como los autos del juicio de amparo 109/2021-5 del índice de este Juzgado; asimismo, indica que dicho órgano jurisdiccional se avocó al conocimiento del citado asunto y acusa de recibo. En virtud de lo anterior y toda vez que no existen diligencias pendientes por desahogar, bajo la supervisión del Secretario encargado del trámite, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, así como el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este asunto como totalmente concluido. Ahora, con fundamento en los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, hágase constar que el cuaderno de juicio de amparo es susceptible de destrucción, al ubicarse en el supuesto previsto en el numeral 21, inciso j), del referido acuerdo.
- Principal
Mexicali, Baja California, dieciocho de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, de los que se advierte que en proveído de once de febrero de dos mil veintiuno, se declinó la competencia para conocer de la demanda que se trata, en favor del Juzgado de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, en turno, con sede en Tijuana. Asimismo, toda vez que del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) se advierte que se registró bajo el juicio de amparo 108/2021 del índice del Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, sin que hasta el momento se reciba acuse de recibo de la determinación en la que se pronunció respecto de la competencia declinada a su favor, solicítese al Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, a fin de que remita la información antes descrita, con la finalidad de enviar el cuaderno de antecedentes al archivo definitivo.
- Principal
Mexicali, Baja California, once de febrero de dos mil veintiuno. Demanda Vista la demanda promovida por el Licenciado Juan Manuel Molina García, quien se ostenta con el carácter de defensor particular y representante legal de Roberto Buenaventura González, contra actos de la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 109/2021-5; así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Incompetencia Ahora, es oportuno señalar que la demanda de amparo debe ser analizada en su integridad a efecto de determinar con exactitud la pretensión de la parte quejosa y así proveer lo que en derecho corresponda, sin cambiar su alcance y contenido. En ese orden, de la lectura integral a la demanda de amparo, se advierte que el quejoso reclama la dilación del procedimiento del Juicio de Reconocimiento de Inocencia bajo número de Toca Penal 1187/2017 por parte de la autoridad responsable. Acorde con la descripción previa del acto reclamado y tomando en consideración que Roberto Buenaventura González, según el escrito de demanda, actualmente se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social "El Hongo", con residencia en Tecate, Baja California, es posible establecer que este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Mexicali, carece de legal competencia por razón de territorio, para conocer de la demanda de amparo que se trata, conforme las razones que a continuación se exponen. En efecto, el artículo 37 de la Ley de Amparo establece las reglas para definir la competencia del Juez de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda. A. Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto de reclamo. B. Si el acto de reclamo puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda; y, C. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En el caso, se estima actualizada la primera hipótesis para definir la incompetencia de este órgano jurisdiccional, ya que los efectos y consecuencias de la omisión reclamada, se producirán indefectiblemente en el Centro de Reinserción Social con sede en el Municipio de Tecate, Baja California, toda vez que la omisión que reclama el aquí quejoso impacta directamente en su libertad, es decir, fuera de la jurisdicción de este Juzgado, conforme al Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por tanto, al reclamarse la dilación del procedimiento del Juicio de Reconocimiento de Inocencia bajo número de Toca Penal 1187/2017 por parte de la autoridad responsable, implica que éste continúe privado de su libertad en el lugar en el que actualmente se encuentra recluido -Tecate, Baja California- y, ante ello, es competente para conocer del presente juicio de amparo el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el domicilio del centro penitenciario en el que se encuentran el impetrante. Apoya lo anterior, por analogía, la jurisprudencia 1a./J. 54/2005 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 58, tomo XXII, agosto de 2005, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 177673, que establece: "COMPETENCIA EN AMPARO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN ESTÁ RECLUIDO EL QUEJOSO, CUANDO LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA OMITE PROVEER SOBRE LA SOLICITUD DE LIBERTAD ANTICIPADA. Del artículo 36 de la Ley de Amparo se advierten tres reglas para fijar la competencia en amparo de los Jueces de Distrito, a saber: a) será competente el del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; b) cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, c) cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Ahora bien, si se toma en consideración que el reo, estando privado de su libertad en virtud de la sentencia condenatoria dictada en su contra, al solicitar el otorgamiento del beneficio de libertad anticipada continuará privado de ella, es indudable que conforme a la primera regla de competencia citada, dicho acto se seguirá ejecutando en el lugar donde aquél esté recluido y, por ende, cuando la autoridad administrativa omite proveer sobre la mencionada solicitud, resulta competente para conocer del juicio de garantías relativo el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el centro penitenciario". Asimismo, la Jurisprudencia 1a./J. 48/2005 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXI, junio de 2005, página 5, de la Novena Época, registro 178232, que a la letra dice: "COMPETENCIA EN AMPARO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN ESTÉ RECLUIDO EL QUEJOSO, EN EL MOMENTO EN QUE SE LE NIEGUE O NO SE DÉ TRÁMITE A SU SOLICITUD DE OTORGAMIENTO RESPECTO DE ALGUNO DE LOS BENEFICIOS PARA SUSPENDER LA EJECUCIÓN DE LA PENA DE PRISIÓN. Del artículo 36 de la Ley de Amparo se advierten tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: a) será competente el del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; b) cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, c) cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Ahora bien, si se toma en cuenta que el reo está privado de su libertad en el momento en el que solicita la concesión de alguno de los beneficios previstos en la ley para suspender la ejecución de la pena de prisión, es indudable que conforme a la primera regla de competencia citada, dicho acto se seguirá ejecutando en el lugar donde aquél esté recluido y, por ende, cuando se niegue el beneficio o no se dé trámite a la solicitud indicada, resulta competente para conocer del juicio de garantías relativo el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el centro penitenciario." De igual modo, cobra aplicación la jurisprudencia 1a./J. 14/2014 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, página 633, registro 2006160, que establece: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN POR LA CUAL SE DECLARA INCOMPETENTE UN JUEZ DE DISTRITO PARA PRONUNCIARSE SOBRE EL INCIDENTE DE LIBERTAD ANTICIPADA PROMOVIDO POR EL SENTENCIADO. SE SURTE A FAVOR DEL JUZGADOR EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE EL DOMICILIO DEL CENTRO PENITENCIARIO DONDE EL REO SE ENCUENTRE RECLUIDO. A partir de la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 18 de junio de 2008, en vigor a partir del 19 de junio de 2011, se introdujo el modelo penitenciario de reinserción social y judicialización del régimen y modificación y duración de las penas, lo cual originó, entre otras cuestiones, que sea el juez de ejecución y no una autoridad administrativa quien debe resolver sobre la petición de libertad anticipada. Ahora bien, para determinar cuál es el juzgador competente para conocer del juicio de amparo indirecto contra la resolución por la cual se declaró incompetente un juez de distrito para pronunciarse sobre el incidente de libertad anticipada promovido por el sentenciado en distinta jurisdicción del lugar donde compurga su pena, debe acudirse a la regla competencial contenida en el artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, y no a la excepcional prevista en el artículo 42 de la propia ley, pues esta última se refiere a los casos en que se señale a todos los jueces o tribunales unitarios de un distrito o circuito, respectivamente, como autoridades responsables, o que derivado de una serie de impedimentos no hubiere en el distrito o circuito de que se trate, órgano jurisdiccional que esté en aptitud de conocer y resolver un caso determinado. Lo anterior es así, ya que en el citado artículo 36 se prevén tres reglas para fijar la competencia de los jueces de distrito, a saber: a) cuando en su jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; b) cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, c) cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Por tanto, si se toma en cuenta que el reo está privado de su libertad cuando solicita la concesión de alguno de los beneficios previstos en la ley para suspender la ejecución de la pena de prisión, es indudable que conforme a la primera regla de competencia citada, dicho acto se seguirá ejecutando en el lugar donde aquél esté recluido y, por ende, cuando se niegue el beneficio o no se dé trámite a la solicitud indicada, resulta competente para conocer del juicio de amparo el juez de distrito en cuya jurisdicción se ubique el centro penitenciario donde el sentenciado esté recluido." Ahora, el Acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en su considerando segundo, fracción XII, que a su vez remite al punto XV, establece lo siguiente: "[.] XV. DECIMOQUINTO CIRCUITO: Los juzgados de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por el municipio de Mexicali del Estado de Baja California y por el municipio de San Luis Río Colorado del Estado de Sonora. [.] Los juzgados de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Playas de Rosarito, Tecate y Tijuana. De la porción trascrita se desprende que los Juzgados de Distrito, con residencia en Tijuana, Baja California, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial que comprende Playas de Rosarito, Tecate y Tijuana. Bajo esa tesitura, es claro que la competencia para conocer del presente juicio se surte a favor del Juzgado de Distrito correspondiente, con sede en Tijuana, Baja California, donde tendrán lugar los efectos positivos del acto de omisión reclamado a la responsable. Por tanto, se declina la competencia para conocer de la demanda que se trata, en favor del Juez de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales del Estado de Baja California, en turno, con sede en Tijuana. Resulta de oportuna aplicación, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración, que aparece en la página 67, del tomo 193-198 Tercera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, bajo la voz: "COMPETENCIA, INSTITUCIÓN DE ORDEN PÚBLICO. ACEPTADA POR UNA AUTORIDAD, NADA IMPIDE QUE PUEDA CUESTIONARSE DESPUÉS. Aun cuando una autoridad judicial haya aceptado inicialmente el conocimiento de un negocio, nada impide que posteriormente pueda cuestionarse y establecerse la competencia sobre el mismo, en virtud de que las cuestiones de competencia, por ser de orden público, pueden plantearse en cualquier estado del juicio, mientras no se dicte la resolución que ponga fin a la instancia, y sin contravenir lo dispuesto por el artículo 52 de la Ley de Amparo, porque este precepto no prohíbe, y tampoco lo hace disposición otra alguna, que el Juez que haya admitido su competencia pueda rechazarla después." Asimismo, solicítese al Juez de Distrito correspondiente, que de no tener inconveniente alguno, una vez que se pronuncie respecto a la competencia que se declina a su favor, haga del conocimiento a este Órgano Jurisdiccional la determinación que asuma al respecto. Domicilio procesal y autorizados. Por otra parte, se tiene a la quejosa designando como domicilio procesal el señalado en su escrito de demanda; autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a la licenciada Dora Lorena Cárdenas Ríos; y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a la persona que menciona en su ocurso. Notificaciones respecto a los diferimientos. Se instruye al actuario judicial adscrito para que los posibles diferimientos de la audiencia constitucional, se notifiquen a las partes en el presente asunto por medio de lista que se fije y publique en los estrados de este Juzgado, así como en el portal de internet del Poder Judicial de Federal, incluida la autoridad responsable, toda vez que el artículo 26 fracción I, de la ley de la materia, prevé expresamente los supuestos en que el órgano de control constitucional está obligado a comunicarles personalmente las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, el diferimiento de la audiencia constitucional no se precisó como uno de los casos de excepción; de ahí, que resulta suficiente que este tipo de acuerdos se notifique por medio de lista en términos del artículo 29 del ordenamiento legal citado. Igual razonamiento se efectúa respecto a la autoridad señalada como responsable, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a la parte quejosa y tercera interesada, pues a través de ella se les informa en su domicilio o en el que señalaron para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución y los posteriores; de ahí que, si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que las que se realizan en forma personal a la partes; es inconcuso que debe ajustarse a las directrices precisadas por el legislador en el invocado numeral 26 fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que resulta innecesario librar oficio a la autoridad responsable para comunicarle el diferimiento de la audiencia constitucional; ya que la nueva fecha que se señale, puede consultarse en la lista de acuerdos que se publica en la página de internet http://www.dgepj.cjf.gob.mx. Derivado de lo anterior, en caso de que se difiera la audiencia constitucional en el presente asunto, la notificación de dicho auto se realizará únicamente a través de lista publicada en los estrados de este Juzgado y en la página de internet del Consejo de la Judicatura Federal; ello, con independencia de que si dicho auto contuviere algún aspecto que, por su trascendencia, deba ser plenamente conocido por las partes, se ordenará la notificación que corresponda. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio deban de realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario Judicial de la Adscripción pueda efectuar las mismas. Requerimiento sobre causa de sobreseimiento. Prevéngase a las partes para el caso de que tengan conocimiento sobre actualización de causa de sobreseimiento del presente sumario, quedan obligadas a comunicarlo a este Juzgado, bajo apercibimiento que de no hacerlo, se les impondrá multa de treinta a trescientas Unidades de Medida y Actualización vigentes, de conformidad con los numerales 64 y 251 de la Ley de Amparo. Transparencia. Asimismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 6°, fracción II, y 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3° fracción XXI, 5, 73, 113 y 116 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 7°, 20 y 43 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes el derecho que tienen entre otros, a oponerse a que se hagan públicos sus datos personales (incluidos los sensibles), así como que el presente asunto estará a disposición del público para su consulta cuando así se solicite conforme al procedimiento de acceso a la información. Aunado a lo anterior, que con independencia de que las partes manifiesten o no su oposición a la publicación de sus datos; la versión pública de la sentencia que, en su caso, se emita en el presente asunto, se suprimirán los datos personales (incluidos los sensibles) que puedan contener.
- Principal
Auto. Mexicali, Baja California, dieciséis de febrero de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal del juicio en que se actúa, así como la certificación secretarial que antecede, se obtiene que mediante circulares CAP/3/2020 y SECNO/1/2021, de la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal y de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, respectivamente, los plazos y términos procesales en los asuntos de los órganos jurisdiccionales de este Decimoquinto Circuito, permanecieron suspendidos desde el veintiuno de diciembre de dos mil veinte al dieciocho de enero de dos mil veintiuno, con motivo de la contingencia sanitaria causada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). Lo anterior, con excepción de aquellos considerados como urgentes y de los expresamente señalados para su continuación. Sin embargo, mediante circular SECNO/4/2021, emitida por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, se ordenó el levantamiento de la mencionada suspensión de plazos y términos procesales, a partir del diecinueve de enero de dos mil veintiuno, con la aplicación del Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia sanitaria generada por el virus Covid-19, lo cual impone la reanudación total de las actividades jurisdiccionales en el momento en que quedaron pausados. En tales condiciones, hágase del conocimiento de las partes, que de conformidad con el punto 2, fracción II, de la Circular SECNO/4/2021, se adoptan las medidas de ampliación de los plazos previstos en el numeral 2, fracciones III, V y VIII, del referido Acuerdo General 21/2020, considerando como fecha límite el diecinueve de febrero de dos mil veintiuno; en consecuencia, se reanuda el procedimiento en este juicio de amparo 437/2017-2, en etapa de cumplimiento al fallo protector. Por lo anterior y vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido la prórroga de quince días concedida mediante proveído de nueve de diciembre de dos mil veinte, al Instituto contra las Adicciones del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad -patrón sustituto-, a fin de que informara el cabal cumplimiento a la sentencia dictada en el presente juicio, o bien, los actos encaminados para ello, al haber sido notificado de dicho auto el diecisiete de diciembre del mismo año, tal y como se advierte del acuse de recibo que obra en autos, sin que haya informado al respecto. Atento a lo anterior, requiérase de nueva cuenta a la responsable citada en el párrafo que antecede, para que dentro del término de tres días contados a partir de que reciba el oficio respectivo, informe sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de que se trata. Apercibida que de no informar lo anterior, dentro del término que se señala, se le impondrá una multa de cien veces del valor diario de la unidad de medida y actualización, de conformidad con lo expuesto por el artículo 258 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral tercero transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicada en el Diario Oficial de la Federación. De igual forma, se hace de su conocimiento que en caso de incumplimiento se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito en turno para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación conforme lo dispone el artículo 193 del mismo ordenamiento legal. Finalmente, agréguese el oficio de cuenta signado por el Director General del Instituto de Psiquiatría del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad; en atención a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídase mediante oficio copia certificada de las constancias que indica.
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