Roberto Boiso Caballero
Expediente 596/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 596/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 09/12/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Roberto Boiso Caballero
- Abel Guzman
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, nueve de diciembre de dos mil veinte. Vista la cuenta precedente, téngase por recibido el oficio suscrito por el Magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del diverso oficio por el cual se le informó que la sentencia dictada en autos causó ejecutoria y se le devolvieron las constancias remitidas a momento de rendir informe consistentes en el toca I-149/2020. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, diecinueve de noviembre de dos mil veinte. Vista la cuenta precedente, se tiene por recibido el escrito de María Guadalupe Hernández Zurita, mediante el cual solicita se le reconozca el carácter de tercera interesada dentro del presente juicio. Sin que haya lugar a un mayor pronunciamiento, toda vez que el juicio en que se actúa, se encuentra totalmente concluido, dado que el veinte de octubre de dos mil veinte, se dictó sentencia, en la que se negó el amparo y protección de la justicia a la parte quejosa; resolución que causó ejecutoria el nueve de noviembre del presente año. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, diez de noviembre de dos mil veinte. Vista la cuenta precedente, como lo solicita el quejoso, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles expídanse a su costa las copias en los términos que solicita, previo recibo que de ello se deje en autos. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Morelia, Michoacán, a las diez horas con cuarenta minutos del veinte de octubre de dos mil veinte, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán; ante la licenciada Karla Martínez Arenas, secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo I-596/2020. Enseguida, la secretaria da cuenta al Juez con la totalidad de constancias que obran en el expediente, de las cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El Juez de Distrito provee: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, se da cuenta con las documentales ofertadas por la parte quejosa y por las autoridades responsables Magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, y Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en esta ciudad. Al respecto, el Juez acuerda: Con apoyo en los artículos 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, las probanzas descritas. KARLA MARTINEZ ARENAS 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.bd.f9 07/04/22 09:12:30 Dado que no hay más medios de prueba pendientes por admitir, ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, el secretario hace constar que la parte quejosa y tercero interesado los formuló. El juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa y a la parte tercero interesado formulándolos y al resto de las partes les precluye su derecho para hacerlo. Una vez cerrado el periodo de alegatos se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda. RESULTANDO: Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veinte de agosto de dos mil veinte (fojas 2-13), en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán con residencia en Morelia, Roberto Boiso Caballero y Abel Guzmán, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán de Ocampo y del Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán. KARLA MARTINEZ ARENAS 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.bd.f9 07/04/22 09:12:30 ??????????????? La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 1°, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Trámite del juicio de amparo. Por razón de turno, correspondió a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán conocer de la demanda de amparo de referencia, por lo que se registró bajo expediente 596/2020 y en proveído de veinticinco de agosto de dos mil veinte (fojas 22- 26) se admitió a trámite; se solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación; se otorgó la intervención legal que le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito1; se reconoció el carácter de terceros interesados a Rogelio, Fernando y Juan Daniel García Venegas y se ordenó su emplazamiento; y, se señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo con el resultado consignado en el acta que antecede; por lo que quedan los autos a la vista del juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda, en términos de los siguientes CONSIDERANDOS: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107 de la Ley de Amparo, 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura 1 El veintiséis de agosto de dos mil diecinueve, foja 26 vuelta. KARLA MARTINEZ ARENAS 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.bd.f9 07/04/22 09:12:30 Federal y sus modificaciones, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, dado que el acto reclamado fue emitido por una autoridad que reside en el lugar en el que este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión del acto reclamado. De conformidad con lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se analizará la certeza o inexistencia del acto reclamado, previa fijación del mismo. Al respecto resulta aplicable la tesis aislada P. VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 255, tomo XIX, abril 2004, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, registro 181810, del rubro y texto siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. KARLA MARTINEZ ARENAS 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.bd.f9 07/04/22 09:12:30 ??????????????? Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el citado precepto legal y atendiendo además al criterio mencionado, los actos reclamados por los quejosos al Magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán y del Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, consisten en: ? La sentencia dictada el quince de julio de dos mil veinte, en el toca de apelación I-149/2020, mediante el cual resolvió los recursos de apelación hecho valer por Ignacio Pineda García de Alba, en cuanto apoderado jurídico de Rogelio, Fernando y Juan Daniel todos de apellidos García Venegas, así como de Roberto Boiso Caballero y Abel Guzmán, por su propio derecho, contra la interlocutoria de trece de febrero del mismo año [que declaró parcialmente procedente el incidente de liquidación de gastos y costas planteado por Roberto Boiso y Abel Guzmán]. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia, P./J. 40/2000 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 32, tomo XI, abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, registro 192097, la cual es del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la KARLA MARTINEZ ARENAS 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.bd.f9 07/04/22 09:12:30 intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Tercero. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados al Magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán y al Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, ya que así lo manifestaron al rendir sus respectivos informes justificados (fojas 35 y 60). Certeza que se corrobora con las pruebas documentales que acompañaron a sus informes, consistentes en las copias certificadas del toca I-149/2020 [constante de un tomo] así como del juicio ordinario civil 666/2015, sobre nulidad e contrato de cesión de derechos y otras prestaciones [tres tomos]. Pruebas con valor pleno en términos del artículo 129, en relación con los diversos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de las que se advierte la sentencia de quince de julio de dos mil veinte; de ahí que se tenga debidamente probado el acto reclamado. Es aplicable al caso, por identidad de razón, la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publicó en el Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice 2000, al Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, materia común, registro 917812, que dice: KARLA MARTINEZ ARENAS 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.bd.f9 07/04/22 09:12:30 ??????????????? "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Cuarto. Análisis de las causales de improcedencia. Determinada la certeza de los actos reclamados es necesario examinar la procedencia del juicio constitucional, ya que en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia son de estudio preferente, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público. Lo anterior, con apoyo además en la jurisprudencia 814 visible a fojas 553, tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dispone: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." La parte tercera interesada, aduce que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones XII, XIII, XVI, XVII, XXI, XXII y XXIIl de la Ley de Amparo, toda vez que los peticionarios de amparo carecen de personería en el juicio natural, desde el dieciséis de noviembre del dos mil dieciocho. Argumentos que devienen infundados, toda vez que al margen de que hubiese concluido la representación por parte de los peticionarios de amparo en el juicio de origen, lo cierto es que ello no impide que puedan comparecer al presente juicio de amparo por su propio derecho, a reclamar la KARLA MARTINEZ ARENAS 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.bd.f9 07/04/22 09:12:30 resolución derivada del incidente de liquidación; en virtud de que los aquí quejosos promovieron dicho incidente con tal carácter -propio derecho- con el objeto de obtener liquidar los gastos y costas que fueron causados en el juicio en atención al trabajo prestado durante su substanciación, a lo que incluso fue condenada la parte actora. Por tanto, si comparecieron a esta instancia constitucional reclamando la sentencia que resolvió el recurso de apelación interpuesto en contra de la interlocutoria emitida en el incidente de liquidación que promovieron por propio derecho; resulta evidente que sí tienen interés jurídico en el juicio de amparo de que se trata. En consecuencia, al no advertir alguna otra ya sea invocada por las partes, o de oficio por este juzgador, procede entrar al estudio de la constitucionalidad de los actos reclamados. Quinto. Estudio de los conceptos de violación. La promovente de amparo hizo valer los conceptos de violación expuestos en su demanda, mismos que se tienen aquí por reproducidos como si al efecto se transcribiesen, en obvio de repeticiones innecesarias, pues este juzgador no se encuentra obligado a hacerlo. Lo anterior acorde con lo dispuesto en la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 83, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de mayo de 2010, Novena Época de rubro y texto siguientes: KARLA MARTINEZ ARENAS 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.bd.f9 07/04/22 09:12:30 ??????????????? "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Previo al estudio de los conceptos de violación, este juzgador, estima necesario destacar algunas de las actuaciones relacionadas con el acto reclamado, mismas que forman parte del toca de apelación I-149/2020 y son las siguientes: 1. El veinte de diciembre de dos mil dieciséis se dictó sentencia definitiva, en la que se determinó que no era procedente la acción de nulidad de contrato de cesión de derechos hereditarios que en la vía ordinaria civil ejercitaron Rogelio, Fernando y Juan Daniel García Venegas frente a Francisco Chávez Martínez, al Notario Público número 6 en el Estado [David Gálvez Hernández] y César García Alcaraz, en cuanto albacea de la sucesión testamentaria a bienes de Wilfrido García Venegas, por lo que absolvió a los demandados de las prestaciones formuladas en su contra y KARLA MARTINEZ ARENAS 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.bd.f9 07/04/22 09:12:30 se condenó a la actora al pago de gastos y costas del juicio, previa su regulación y aprobación judicial (fojas 58-90 del tomo I de pruebas). 2. Inconformes con dicha determinación Rogelio, Fernando y Juan Daniel García Venegas, interpusieron recurso de apelación, del que conoció el Magistrado de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, quien en sentencia de seis de abril de dos mil diecisiete, confirmó la sentencia impugnada y condenó a la pate apelante al pago de costas de esa instancia (fojas 92-109, del tomo I de pruebas). 3. Mediante escrito presentado el doce de septiembre de dos mil dieciocho, Roberto Boiso Caballero y Abel Guzmán, promovieron planilla de liquidación de sentencia (fojas 110-112, del tomo I de pruebas). 4. El veinte de marzo de dos mil diecinueve, el Juez Quinto de lo Civil del Distrito Judicial de Morelia, dictó sentencia interlocutoria en la que declaró improcedente el incidente de liquidación de gastos y costas planteado por Roberto Boiso Caballero y Abel Guzmán (fojas 210-216, tomo I de pruebas). 5. Roberto Boiso Caballero y Abel Guzmán interpusieron recurso de apelación en contra de dicha interlocutoria, medio de impugnación que correspondió conocer por razón de turno al Magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, quien dictó la sentencia correspondiente el veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve, en la que estimó que los agravios eran KARLA MARTINEZ ARENAS 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.bd.f9 07/04/22 09:12:30 ??????????????? inoperantes y confirmó la interlocutoria apelada (fojas 222-229 del tomo I de pruebas). 6. Inconforme con la anterior resolución, Roberto Boiso Caballero y Abel Guzmán promovieron juicio de amparo, el cual se registró con el número 682/2019, del índice de este Juzgado, en donde el cinco de septiembre de dos mil diecinueve, se determinó que el tribunal de alzada omitió precisar, por qué -a su juicio- los agravios vertidos en esa instancia no eran claros, ni estableció por qué no combatían la resolución impugnada, aunado a que sí se formularon diversos argumentos. Que en todo caso, el Magistrado debía analizar si con los agravios expuestos, los quejosos combatían los argumentos en que se apoyó el juez a quo para declarar improcedente el incidente de liquidación de gastos y costas materia de la interlocutoria de veinte de marzo de dos mil diecinueve, por lo que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal para que dejara insubsistente la resolución de veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve, dentro del toca de apelación I-137/2019; y emitiera una nueva (la cual podía ser en el mismo sentido) en la que siguiera los lineamientos trazados en la ejecutoria y diera contestación a los agravios hechos valer por Roberto Boiso Caballero y Abel Guzmán, en contra de la interlocutoria de veinte de marzo de dos mil diecinueve (foja 275-284 del tomo I de pruebas). 7. En cumplimiento a la citada ejecutoria de amparo, el siete de octubre de dos mil diecinueve, el Magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, dictó resolución, en la que señaló que KARLA MARTINEZ ARENAS 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.bd.f9 07/04/22 09:12:30 la incidencia planteada era de cuantía determinada, por lo que debía regularse en términos de lo dispuesto por el precepto 6º, de la Ley Arancelaria del Estado, pues atendiendo a la naturaleza de la acción ejercitada el monto que debía tomarse en cuenta para regularlas costas era el valor del inmueble de la controversia, el cual debía ser estimado por los peritos nombrados por las partes. Sin embargo, estimó que en la incidencia de que se ocupaba, los dictámenes emitidos por los peritos de las partes fueron discrepantes, por lo que consideró que el a quo, debió designar a un perito tercero, a fin de que la prueba se desarrollara de manera colegiada y así tener bases suficientes para decidir la incidencia planteada. Motivo por el que dejó insubsistente la sentencia de veinte de marzo de dos mil diecinueve y ordenó la reposición del incidente de liquidación de sentencia, con la finalidad de que, antes de emitir una nueva resolución, que dirimiera la incidencia planteada, el juez de oficio realizara lo siguiente: "Designe un perito tercero en discordia para que se integre de manera colegiada la prueba pericial ofrecida y admitida en el incidente de liquidación de sentencia, quien deberá emitir su dictamen apegándose a lo dispuesto por el artículo 6º, de la ley de Arancel de Abogados en el Estado de Michoacán; una vez hecho lo anterior, con plenitud de jurisdicción resuelva lo que en derecho proceda". 8. Una vez cumplido lo ordenado por la Sala, el trece de febrero de dos mil veinte, el Juez natural dictó la resolución interlocutoria correspondiente, en la que declaró parcialmente procedente el incidente de liquidación de sentencia planteado por Roberto Boiso Caballero y Abel Guzmán y condenó a la incidentada a pagar la suma de KARLA MARTINEZ ARENAS 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.bd.f9 07/04/22 09:12:30 ??????????????? $354,450.17 Trescientos cincuenta y cuatro mil cuatrocientos cincuenta pesos 17/100 M.N.) (foja 317-328 del tomo I de pruebas). 9. En desacuerdo con lo anterior, el veinticinco y veintiocho de febrero de dos mil veinte, tanto el incidentista como los incidentados, interpusieron recurso de apelación (fojas 3535 y 349), que por razón de turno le tocó conocer al Magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, quien el quince de julio de dos mil veinte, en la que revocó la interlocutoria recurrida. Lo anterior bajo el aspecto toral consistente en que los dictámenes periciales aportados por los peritos José Fernando Torres Casas y Andrés Vieyra Domínguez, carecían de eficacia probatoria, al haber dictaminado sobre una cuestión que no pertenecía a su especialidad, ya que son licenciados en derecho y no son expertos en materia de valuación. Lo anterior que constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo. Ahora bien, la parte quejosa señala en una porción de los conceptos de violación esencialmente, que la resolución reclamada vulnera su esfera de derechos, toda vez que en la especie, se surtía la figura procesal de la cosa juzgada, en razón de que tanto en la sentencia de amparo emitida el cinco de septiembre de dos mil diecinueve, en el juicio de amparo 682/2019, promovidos por los también aquí quejoso Roberto Boiso Caballero y Abel Guzmán; como en la pronunciada el siete de octubre en cumplimiento a dicha ejecutoria de amparo, en el toca I-137/2019, se resolvieron los aspectos consistentes en que: KARLA MARTINEZ ARENAS 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.bd.f9 07/04/22 09:12:30 1. La litis del incidente consistía en el pago de honorarios profesionales de abogados, lo que conllevaba determinar el valor del negocio para calcular y cuantificar el porcentaje que procedía conforme a la ley, eso era: "en autos existe un avalúo pericial sobre el valor del inmueble y practicado por experto autorizado en la materia, de ahí que el aludido artículo 6º, de la Ley de Arancel de Abogados para el Estado, imponga que el dictamen pericial a practicar sea en calificar el trabajo de abogados en el juicio y el resultado obtenido, para con ello aplicar el porcentaje que contiene el artículo 6º, de la ley Arancelaria para el Estado en relación con el 8º, de la misma ley estatal, luego entonces, esos aspectos ya fueron analizados y resueltos con anterioridad, y de los cuales la responsable estaba impedida para abordar su estudio de nueva cuenta." -en resolución de siete de octubre de dos mil diecinueve, dictada en el Toca I- 137/2019 (visible a foja 234 del Tomo de pruebas)-. 2. Que el Tribunal de Alzada inobservó lo determinado en el citado toca I-137/2019, atinente a que de conformidad con lo previsto por el artículo 142 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, el Juez o Magistrado que conociera del incidente, debía aun de oficio nombrar perito para cuantificar la cantidad líquida. Asimismo, cita las tesis de los rubros: "COSA JUZGADA. DEBE ANALIZARSE DE OFICIO CUANDO EL JUZGADOR ADVIERTE SU EXISTEBNCIA, AUNQUE NO HAYA SIDO OPUESTA COMO EXCEPCIÓN POR ALGUNA DE LAS PARTES"; e "INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE SENTENCIA.NO PUEDE DESCONOCER UN DERECHO YA RECONOCIDO EN LA MISMA". Conceptos de violación que resultan infundados. KARLA MARTINEZ ARENAS 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.bd.f9 07/04/22 09:12:30 ??????????????? En principio, cabe mencionar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que la institución de la cosa juzgada se entiende como la inmutabilidad de lo resuelto en las sentencias firmes, sin que pueda admitirse válidamente que éstas sean modificadas por circunstancias excepcionales, al descansar precisamente en dicha inmutabilidad, los principios de seguridad y certeza jurídica. La cosa juzgada se configura sólo cuando una sentencia no puede ser impugnada por los medios ordinarios o extraordinarios de defensa; sin desconocer que existen fallos que, no obstante su firmeza no adquieren autoridad de cosa juzgada, ya que pueden ser modificados cuando cambien las circunstancias que imperaban cuando se emitió la decisión, como ocurre, verbigracia, en materia familiar con las resoluciones judiciales firmes dictadas en negocios de alimentos. Asimismo, se ha entendido que para que exista cosa juzgada se requiere que se haya hecho anteriormente un pronunciamiento de derecho entre las partes, sobre las mismas acciones, la misma cosa y la misma causa de pedir, por lo que debe existir identidad de las partes, identidad de la cosa u objeto materia de los juicios de que se trate, e identidad de la causa de pedir o hecho jurídico generador del derecho que se haga valer. En apoyo a lo anterior, es de citar la Jurisprudencia P./J. 86/2008, consultable en la página 590, del Tomo XXVIII, Septiembre de 2008, Materia: Común, Novena Época del KARLA MARTINEZ ARENAS 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.bd.f9 07/04/22 09:12:30 Semanario Judicial de la Federación, registro 168958, que dice: "COSA JUZGADA. SUS LÍMITES OBJETIVOS Y SUBJETIVOS. La figura procesal de la cosa juzgada cuyo sustento constitucional se encuentra en los artículos 14, segundo párrafo y 17, tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene límites objetivos y subjetivos, siendo los primeros los supuestos en los cuales no puede discutirse en un segundo proceso lo resuelto en el anterior, mientras que los segundos se refieren a las personas que están sujetas a la autoridad de la cosa juzgada, la que en principio sólo afecta a quienes intervinieron formal y materialmente en el proceso (que por regla general, no pueden sustraerse a sus efectos) o bien, a quienes están vinculados jurídicamente con ellos, como los causahabientes o los unidos por solidaridad o indivisibilidad de las prestaciones, entre otros casos. Además, existen otros supuestos en los cuales la autoridad de la cosa juzgada tiene efectos generales y afecta a los terceros que no intervinieron en el procedimiento respectivo como ocurre con las cuestiones que atañen al estado civil de las personas, o las relativas a la validez o nulidad de las disposiciones testamentarias, entre otros." Así como la diversa Jurisprudencia, consultable en la página 49 del Volumen 72, Quinta Parte, Materia Común, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, registro: 242962, que dice "COSA JUZGADA, EXISTENCIA DE LA. Para que exista cosa juzgada es necesario que se haya hecho anteriormente un pronunciamiento de derecho entre las mismas partes, sobre las mismas acciones, la misma cosa y la misma causa de pedir; por tanto, debe existir identidad de partes, identidad de cosa u objeto materia de los juicios de que se trate, e identidad en la causa de pedir o hecho jurídico generador del derecho que se haga valer. Precisado lo anterior, debe decirse que en la especie no estamos en presencia del aludido presupuesto procesal, en razón de que basta imponerse del contenido de la sentencia KARLA MARTINEZ ARENAS 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.bd.f9 07/04/22 09:12:30 ??????????????? emitida en el juicio de amparo 682/2019 en cita, para poder advertir que ahí se determinó lo siguiente: 1. Que el juez natural, no precisó por qué -a su juicio- los agravios que expresó en la alzada, no eran claros o bien, debió establecer por qué los agravios no combatían la resolución impugnada. 2. Aunado a que los quejosos hicieron varios argumentos por los cuales consideraron que fue errónea la aplicación por parte del juez a quo de los artículos 136, 137, 143 y 145, del Código de Procedimientos Civiles del Estado así como de los diversos 6° y 8° de la Ley de Arancel de Abogados para el Estado de Michoacán. Enseguida se destacará los agravios no estudiados: ? Porqué consideraron que si bien la cuantía era indeterminada sí era determinable, ya que la prestación del juicio de origen estaba relacionada con el bien inmueble materia de contrato de cesión, acciones y derechos hereditarios sobre el cual se demandó la nulidad; ? Que precisamente debió fijarse la cuantía con base en los inmuebles afectos a la cesión de derechos; ? Que el juez ilegalmente desestimó el dictamen emitido por José Fernando Torres Casas, bajo el argumento de que no precisó sobre la importancia del derecho, los trabajos prestados, el éxito obtenido, y las circunstancias del cliente, ya que el juzgador tenía a su disposición el expediente original íntegro, del cual podía observar esos aspectos y compararlos con dicho dictamen para con ello KARLA MARTINEZ ARENAS 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.bd.f9 07/04/22 09:12:30 determinar la cuantía del negocio; eso era, que el juez contaba con todos los elementos necesario para determinar la cuantía y valor del negocio pero prefirió declararlo improcedente; ? Que no es correcta la declaración de improcedencia, cuando no está en controversia el derecho al cobro de costas; ? Que el artículo 8 de la Ley de Arancel de abogados era inaplicable en el caso, porque dicho presupuesto normativo se refiere a la cuantificación de costas cuando el cliente contrató los servicios del profesionista y no de quien resultó condenado al pago de aquellas en un juicio, como erróneamente lo sostuvo el juez de origen. 3. Motivo por el que este Órgano Constitucional determinó, que en todo caso, el Magistrado debía analizar si con dichos agravios, los quejosos combatieron los argumentos en que se apoyó el juez a quo para declarar improcedente el incidente de liquidación de gastos y costas materia de la interlocutoria de veinte de marzo de dos mil diecinueve. Por ello, concedió el amparo y protección de la Justicia federal para que: "Deje insubsistente la resolución dictada el veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve, dentro del toca de apelación I- 137/2019; y, emita una nueva [la cual puede ser en el mismo sentido] en la que siga los lineamientos trazados en la presente ejecutoria y dé contestación a los agravios hechos valer por Roberto Boiso Caballero y Abel Guzmán, en contra de la interlocutoria de veinte de marzo de dos mil diecinueve. KARLA MARTINEZ ARENAS 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.bd.f9 07/04/22 09:12:30 ??????????????? Es decir, sin analizar el fondo del asunto, este Juzgado de Distrito, concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, a efecto de que el Magistrado responsable con plenitud de jurisdicción diera contestación a los agravios expuestos por los quejosos. Esto en virtud de que se estimó, que el ad quem no señaló las razones por las que considerase que los agravios eran inoperantes, aunado a que sí se expusieron diversos argumentos con los que argumentaron era erróneo lo aducido por el a quo. Todo ello con plenitud de jurisdicción y sin abordar el análisis de fondo de los conceptos de violación; de ahí que no pueda estimarse válidamente, que lo ahora resuelto en la resolución reclamada constituya cosa juzgada. De igual forma, tampoco asiste la razón a los impetrantes, en cuanto a que las consideraciones que vertió el Magistrado responsable en la resolución tildada de inconstitucional, fueron materia de análisis de la resolución emitida en el toca I-137/2019. En primer lugar, porque los peticionarios de amparo parten de una premisa falsa, a saber, que ahí se determinó que el objeto de la prueba pericial, era dictaminar el trabajo de los abogados en el juicio y el resultado obtenido; y con ello, aplicar el porcentaje contenido en el artículo 6º, en relación con el 8º, de la Ley Estatal. Sin embargo, del análisis de la sentencia de mérito se observa, que en realidad lo que ahí se precisó, fue que el KARLA MARTINEZ ARENAS 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.bd.f9 07/04/22 09:12:30 asunto de que se trataba era de cuantía determinada o determinable y no indeterminada o indeterminable, por lo que el monto de los honorarios debía ser con base en el valor del inmueble en controversia, de conformidad con el artículo 6º, de la Ley de Arancel de Abogados y la pericial no debía aludir a los supuestos previstos en el artículo 8º del citado cuerpo de leyes, eso era a la importancia del derecho que se ventile, los trabajos que se presten, el éxito obtenido y las circunstancias especiales del cliente, pues al efecto precisó lo siguiente: "Por ende, el precepto legal aplicable al incidente en cuestión, es el citado en el artículo 6º, del mencionado arancel, el cual establece la formas en que habrán de pagarse los honorarios profesionales cuando se trate de una cantidad determinada o determinable, como ocurre en el supuesto a estudio, no así el precepto 8º, del mismo ordenamiento legal, toda vez que éste último sólo opera cuando el proceso derive de una cantidad indeterminada o indeterminable, lo cual no aconteció en la especie, porque como ya se dijo, el monto de los honorarios debe ser en base al valor del inmueble de la controversia planteada, motivo por el cual existe una base para fijar el porcentaje de lo obtenido y por ende es cuantificable pecuniariamente. Razón por la cual no fue correcto que el juez de la causa estimara que la prueba pericial ofertada en autos, debía acudir a los supuestos previstos por el artículo 8º, de la ley de Arancel de Abogados en el Estado, es decir, la importancia del derecho que se ventile, los trabajos que se presenten, el éxito obtenido y las circunstancias especiales del cliente, al ser tales extremos requeridos cuando se trate de negocios de cuantía indeterminada o indeterminable, lo que no acontece en la especie, pues el negocio que nos ocupa versa sobre cuantía determinada o determinable, y por ende el numeral aplicable es el artículo 6º, de la Ley Arancelaria, no así el 8º, del mismo cuerpo legal." Es decir, nunca se señaló que el dictamen pericial a practicar era para calificar el trabajo de abogados en el juicio y el resultado obtenido para aplicar el porcentaje a que se refiere el artículo 6º, de la Ley de Arancel de Abogados del KARLA MARTINEZ ARENAS 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.bd.f9 07/04/22 09:12:30 ??????????????? Estado, en relación con el 8º del propio ordenamiento; sino por el contrario, se expuso que el negocio debía atender únicamente al valor del inmueble, y no aludir a los supuestos del precepto citado en último término. Por ende, el Magistrado Civil responsable, sí estaba en condiciones de resolver en la sentencia reclamada, que los dictámenes fueran emitidos por personas con la experticia en valuación y no licenciados en derecho, atento a que ello no fue materia de análisis de la diversa resolución emitida en el toca I-137/2019, lo que es más los dictámenes ni siquiera fueron valorados como se verá más adelante. En segundo lugar, porque si bien en la aludida sentencia -la emitida en el toca I-137/2019- el Magistrado de la Primera Sala ordenó la reposición del procedimiento; ello tuvo como finalidad que la prueba ofertada por el incidentista aquí quejoso, se integrara de manera colegiada, y que al ser el asunto de cuantía determinada, se apegase a lo dispuesto por el artículo 6º, de la Ley de Arancel de Abogados del Estado de Michoacán. Esto bajo la perspectiva de que los dictámenes desahogados en autos eran discordantes; pero de ninguna manera ordenó el perfeccionamiento de tal medio de convicción, o el desahogo de diversa experticia. Es decir, no puede hablarse de cosa juzgada, ya que lo analizado en la primer interlocutoria fue la integración de la pericial y en la segunda fue la valoración de los dictámenes. KARLA MARTINEZ ARENAS 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.bd.f9 07/04/22 09:12:30 Lo que es más, ni siquiera abordó su análisis, tan es así que incluso precisó que el hecho de que se considerase la designación de un perito tercero en discordia, no significaba que debía concedérsele valor probatorio, porque ello dependía del arbitrio del juez, pues señaló: ".es por lo cual, que el a quo, debió ordenar el dictamen de un tercero a fin de que la prueba se desarrollara de manera colegiada y poder valorar adecuadamente los dictámenes periciales rendidos en el juicio, para cuyo efecto requería que la prueba estuviera debidamente integrada, es decir, colegiadamente, y así tener bases suficientes para decidir la incidencia planteada, pero sin que ello signifique que deba conceder valor probatorio a tales dictámenes, pues eso depende de su prudente arbitrio." Por lo que, una vez desahogado de manera colegiada la prueba pericial ofertada en autos, la responsable de forma correcta, a la luz de los agravios expresados en la alzada y opuesto a lo resuelto por el a quo, estaba en condiciones de definir que los dictámenes fueron emitidos por peritos que no pertenecían a su especialidad, ya que aquéllos eran licenciados en derecho, y no expertos en valuación. Aspectos que por cierto no combatió, por lo que deben permanecer incólumes por falta de ataque. En otro orden, también devienen infundados los conceptos de violación en donde la parte quejosa esgrime que el Magistrado responsable excluyó del análisis el dictamen pericial sobre avalúo de inmueble practicado por el Ingeniero Civil Igor Aguilera González, perito autorizado del Centro de Catastro del Estado, que le dan sustento y valor a los dictámenes periciales José Fernando Torres Casas y Andrés Vieyra Domínguez. KARLA MARTINEZ ARENAS 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.bd.f9 07/04/22 09:12:30 ??????????????? Para determinar lo anterior, resulta conveniente traer a glosa el contenido de los artículos 451, 452, y 454 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán, que a la letra dicen: "Artículo 451. La prueba pericial tendrá lugar en los negocios relativos a alguna ciencia o arte y en los casos en que expresamente lo prevengan las leyes." "Artículo 452. Los peritos deben tener título en la ciencia o arte a que pertenezca el punto sobre que ha de oírse su juicio si la profesión o arte estuvieren legalmente reglamentados." "Artículo 454. Cada parte nombrará un perito, a no ser que se pongan de acuerdo en el nombramiento de uno solo. El Juez designará un tercero para el caso de discordia." De lo que se sigue, que la prueba pericial tendrá lugar en los negocios relativos a alguna ciencia o arte y en los casos en que expresamente lo prevengan las leyes; que los peritos deben tener título en la ciencia o arte a que pertenezca el punto sobre que ha de oírse su juicio si la profesión o arte estuvieren legalmente reglamentados; y que cada parte nombrará un perito, a no ser que se pongan de acuerdo en el nombramiento de uno solo. Por su parte el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha señalado que los medios de prueba por estar relacionados con actuaciones judiciales pertenecen al ámbito del órgano jurisdiccional y, por ende, están sujetos a una reglamentación, pues la ley prevé las formas y los formalismos que las partes o el propio juzgador deben observar, para que las fuentes de prueba se incorporen al proceso. KARLA MARTINEZ ARENAS 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.bd.f9 07/04/22 09:12:30 Que en cambio, la prueba pericial es el prototipo de medio de prueba, porque por regla general, sólo puede tener vida con plenos efectos jurídicos, si existe un proceso. En tal caso, para afirmar la existencia de la prueba pericial, ésta debe seguir las formas que la propia ley impone a las partes, pues se trata de un medio de prueba en el que ambas partes están en posibilidad de interrogar a los especialistas sobre los precisos temas que han surgido en el proceso mismo, a partir de la demanda y de la contestación de la demanda, de lo que ha trascendido al juicio y es materia del litigio. En ese sentido, para hablar de la prueba pericial propiamente dicha, como medio de prueba, necesariamente han de observarse las formas previstas en la ley para su ofrecimiento y desahogo. También precisó, que puede ocurrir, en cambio, que la fuente de la prueba sea el peritaje realizado por uno o varios especialistas extrajudicialmente, pero que al juicio llegue como medio de prueba documental, sin que resulte válido pretender darle el tratamiento y el valor de una prueba pericial pues, insistió, la prueba pericial constituye un medio de prueba que surge a la vida jurídica en el propio proceso judicial, razón por la que, en su desahogo -a diferencia de los peritajes que llegan al juicio como pruebas documentales- han de seguirse las formas dispuestas en la ley2. En consecuencia, si en la especie los propios quejosos ofertaron la prueba pericial a efecto de determinar la estimación del negocio, es indudable que ésta debió desahogarse por los especialistas del caso -valuaciónobservando las formas previstas por la Ley. 2 Así lo resolvió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el juicio de amparo Directo 55/2013. KARLA MARTINEZ ARENAS 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.bd.f9 07/04/22 09:12:30 ??????????????? Lo anterior, por más que hubiesen tomado como sustento un dictamen pericial sobre avalúo de inmueble practicado por el Ingeniero Civil Igor Aguilera González, perito autorizado del Centro de Catastro del Estado, toda vez que por una parte la ley exige que los peritos tengan título en la ciencia o arte a que pertenezca el punto sobre que ha de oírse su juicio si la profesión o arte estuvieren legalmente reglamentados; y por otra, porque dicho dictamen fue allegado al incidente en forma de documento, respecto del cual la incidentada no tuvo la intervención prevista por la ley. En apoyo a lo anterior, es de citar la Tesis: 1a. CCCXCVIII/2014 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 715, del Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, Materia Constitucional, Civil, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, registro 2007982, que dice: "DICTAMEN PERICIAL EXTRAJUDICIAL. SU VALORACIÓN COMO PRUEBA DOCUMENTAL NO TRANSGREDE A LOS ARTÍCULOS 14 Y 17 CONSTITUCIONALES POR DENEGACIÓN DE JUSTICIA. El peritaje realizado por uno o varios especialistas de manera extrajudicial constituye una fuente de prueba; así, cuando tal dictamen llega al juicio como medio de prueba documental, por así haberlo ofrecido el interesado y haberse admitido en esos términos por el juzgador, no resulta válido pretender darle el tratamiento y el valor de una prueba pericial, esto, pues el artículo 402 es claro en prever que son los medios de prueba aportados y admitidos, los que habrá de valorar el juzgador en su conjunto, atendiendo a las reglas de la lógica y de la experiencia. Para llegar a esa conclusión, debe precisarse que la prueba pericial es el prototipo de medio de prueba, porque por regla general, sólo puede tener vida con plenos efectos jurídicos si existe un proceso; así, para afirmar la existencia de la prueba pericial, ésta debe seguir las formas que la propia ley impone a las partes, pues se trata de un medio de prueba en el que ambas partes están en posibilidad de interrogar a los especialistas sobre los temas que han surgido en el proceso mismo, a partir de la demanda y de su contestación de lo que ha trascendido al juicio y es materia del litigio. En ese sentido, para KARLA MARTINEZ ARENAS 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.bd.f9 07/04/22 09:12:30 hablar de la prueba pericial propiamente dicha, como medio de prueba, necesariamente han de observarse las formas previstas en la ley para su ofrecimiento y desahogo; puede ocurrir, en cambio, que la fuente de la prueba sea el peritaje realizado por uno o varios especialistas extrajudicialmente, pero que al juicio llegue como medio de prueba documental, en cuyo caso el órgano jurisdiccional habrá de valorarlo como una prueba documental, sin que tal circunstancia implique vulneración a los artículos 14 y 17 constitucionales por denegación de justicia, pues es evidente que en uno y otro caso, es decir, sea que se trate de un dictamen pericial llegado al juicio en forma de documento o que se trate de una prueba pericial que en su desahogo siga la reglamentación prevista en la ley, las partes han de tener la intervención que la ley les permite y, en su valoración, el juez ha de observar las reglas prescritas en los artículos 402 y 403 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en el sentido de que serán valorados en su conjunto, atendiendo a las reglas de la lógica y de la experiencia, quien deberá exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica realizada y de su decisión, con las reglas precisas sobre el valor de los documentos, según sean públicos o privados. Sin que impida estimar lo anterior, el hecho de que la autoridad responsable al desestimar los dictámenes emitidos por los peritos antes mencionados, hubiese omitido valorar el dictamen emitido por Igor Aguilera González como prueba documental; esto, porque fue la propia incidentista quien ofertó la pericial para determinar la estimación del negocio. Finalmente, se duele la parte quejosa de la consideración del Magistrado responsable por la que estimó innecesario el análisis de los agravios que expuso vía apelación, lo que dice le deja en estado de indefensión faltando de su obligación jurisdiccional, transgrediendo sus prerrogativas de equidad procesal, motivación, fundamentación del acto de autoridad; conceptos de violación que también se estima infundado. KARLA MARTINEZ ARENAS 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.bd.f9 07/04/22 09:12:30 ??????????????? Esto, porque de los agravios que expresó ante aquélla instancia, se observa que se dolió fundamentalmente de que promovieron el incidente por su propio derecho y que el juez natural en forma errónea, estimó la división de las costas bajo el argumento toral consistente en que había mancomunidad de acreedores. Por lo que, si en la sentencia que constituye el acto reclamado, se determinó revocar la sentencia interlocutoria recurrida, declarando improcedente el incidente de liquidación de sentencia; es indudable que a nada práctico conduciría realizar su estudio, dado que su materia ha desaparecido precisamente al revocar la resolución interlocutoria de primera instancia y declarar infundado el incidente de liquidación a estudio. En las condiciones apuntadas, ante lo infundado e inoperante de los conceptos de violación propuestos, lo que se impone es negar el amparo y protección de la justicia federal solicitados. Sexto. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se KARLA MARTINEZ ARENAS 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.bd.f9 07/04/22 09:12:30 proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada. Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Carta Magna; 33, 35, 37, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 124 y 217 de la Ley de Amparo; y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se: R E S U E L V E Primero. Por los motivos expuestos en el considerando quinto de esta resolución, la Justicia de la Unión no ampara ni protege a Roberto Boiso Caballero y Abel Guzmán, por su propio derecho, contra las autoridades y actos que quedaron precisados en el considerando segundo de esta resolución, por los motivos expuestos en el considerando quinto del propio fallo. Segundo. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese por lista, personalmente a las partes y por oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma el licenciado Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Karla Martínez Arenas, secretaria que autoriza y da fe. Razón.- En esta fecha se giraron los oficios 15008 y 15009 a las autoridades correspondientes; notificándoles el auto que antecede. Conste. KARLA MARTINEZ ARENAS 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.bd.f9 07/04/22 09:12:30 ??????????????? "2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria" Ofs. 15008. MAGISTRADO DE LA PRIMERA SALA CIVIL DEL SUSPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MICHOACÁN. 15009. JUEZ QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA CIVIL. CIUDAD DENTRO DE LOS AUTOS QUE INTEGRAN EL JUICIO DE AMPARO I- 596/2020-EDG, QUE PROMUEVE ROBERTO BOISO CABALLERO Y OTRO, CONTRA ACTOS DE UTED, SE DICTÓ UNA RESOLUCIÒN QUE A LA LETRA EXPRESA: AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Morelia, Michoacán, a las diez horas con cuarenta minutos del veinte de octubre de dos mil veinte, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán; ante la licenciada Karla Martínez Arena, secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo I-596/2020. Enseguida, la secretaria da cuenta al Juez con la totalidad de constancias que obran en el expediente, de las cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El Juez de Distrito provee: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, se da cuenta con las documentales ofertadas por la parte quejosa y por las autoridades responsables Magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, y Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en esta ciudad. Al respecto, el Juez acuerda: Con apoyo en los artículos 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, las probanzas descritas. Dado que no hay más medios de prueba pendientes por admitir, ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, el secretario hace constar que la parte quejosa y tercero interesado los formuló. El juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa y a la parte tercero interesado formulándolos y al resto de las partes les precluye su derecho para hacerlo. Una vez cerrado el periodo de alegatos se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda. RESULTANDO: Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veinte de agosto de dos mil veinte (fojas 2-13), en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán con residencia en Morelia, Roberto Boiso Caballero y Abel Guzmán, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán de Ocampo y del Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán. KARLA MARTINEZ ARENAS 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.bd.f9 07/04/22 09:12:30 La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 1°, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Trámite del juicio de amparo. Por razón de turno, correspondió a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán conocer de la demanda de amparo de referencia, por lo que se registró bajo expediente 596/2020 y en proveído de veinticinco de agosto de dos mil veinte (fojas 22-26) se admitió a trámite; se solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación; se otorgó la intervención legal que le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito3; se reconoció el carácter de terceros interesados a Rogelio, Fernando y Juan Daniel García Venegas y se ordenó su emplazamiento; y, se señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo con el resultado consignado en el acta que antecede; por lo que quedan los autos a la vista del juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda, en términos de los siguientes CONSIDERANDOS: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107 de la Ley de Amparo, 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, dado que el acto reclamado fue emitido por una autoridad que reside en el lugar en el que este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión del acto reclamado. De conformidad con lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se analizará la certeza o inexistencia del acto reclamado, previa fijación del mismo. Al respecto resulta aplicable la tesis aislada P. VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 255, tomo XIX, abril 2004, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, registro 181810, del rubro y texto siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el citado precepto legal y atendiendo además al criterio mencionado, los actos reclamados por los quejosos al Magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán y del Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, consisten en: ? La sentencia dictada el quince de julio de dos mil veinte, en el toca de apelación I-149/2020, mediante el cual resolvió los recursos de apelación hecho 3 El veintiséis de agosto de dos mil diecinueve, foja 26 vuelta. KARLA MARTINEZ ARENAS 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.bd.f9 07/04/22 09:12:30 ??????????????? valer por Ignacio Pineda García de Alba, en cuanto apoderado jurídico de Rogelio, Fernando y Juan Daniel todos de apellidos García Venegas, así como de Roberto Boiso Caballero y Abel Guzmán, por su propio derecho, contra la interlocutoria de trece de febrero del mismo año [que declaró parcialmente procedente el incidente de liquidación de gastos y costas planteado por Roberto Boiso y Abel Guzmán]. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia, P./J. 40/2000 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 32, tomo XI, abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, registro 192097, la cual es del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Tercero. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados al Magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán y al Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, ya que así lo manifestaron al rendir sus respectivos informes justificados (fojas 35 y 60). Certeza que se corrobora con las pruebas documentales que acompañaron a sus informes, consistentes en las copias certificadas del toca I-149/2020 [constante de un tomo] así como del juicio ordinario civil 666/2015, sobre nulidad e contrato de cesión de derechos y otras prestaciones [tres tomos]. Pruebas con valor pleno en términos del artículo 129, en relación con los diversos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de las que se advierte la sentencia de quince de julio de dos mil veinte; de ahí que se tenga debidamente probado el acto reclamado. Es aplicable al caso, por identidad de razón, la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publicó en el Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice 2000, al Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, materia común, registro 917812, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Cuarto. Análisis de las causales de improcedencia. Determinada la certeza de los actos reclamados es necesario examinar la procedencia del juicio constitucional, ya que en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia son de estudio preferente, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público. Lo anterior, con apoyo además en la jurisprudencia 814 visible a fojas 553, tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917- 1995, que dispone: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." La parte tercera interesada, aduce que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones XII, XIII, XVI, XVII, XXI, XXII y XXIIl de la Ley de Amparo, toda vez que los peticionarios de amparo carecen de personería en el juicio natural, desde el dieciséis de noviembre del dos mil dieciocho. KARLA MARTINEZ
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