Roberto Bernal Bello

Expediente 32/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Gro. 6 actuaciones registradas, la última del 10 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
32/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
10/02/2022

Partes del expediente

  • Roberto Bernal Bello

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL SIGUIENTE PROVEÍDO, POR ASÍ ORDENARLO EL DIVERSO DE 18/01/2022, QUE EN SU PARTE CONDUCENTE DICE...Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a diez de febrero de dos mil veintidós. Visto el estado de los autos, así como la certificación secretarial que antecede, de la que se aprecia que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído de veintiocho de enero del año en curso; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la ley de la materia, se declara que dicho proveído que desechó la demanda, ha causado estado. Hágase la anotación respectiva en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y con apoyo en el diverso artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este asunto como totalmente concluido. Entonces, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, específicamente en el artículo 21, inciso d), del capítulo octavo, relativo a la destrucción de expedientes judiciales, se determina que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos tres años, contados a partir de la emisión de este proveído, dado que carece de relevancia documental al no ubicarse en alguno de los supuestos a que alude el artículo 15 del referido Acuerdo General. Por otro lado, respecto de las documentales exhibidas por la parte quejosa como anexo a su escrito de desahogo de la prevención formulada (copias simples de diversas identificaciones a nombre del quejoso), toda vez que las mismas se encuentran catalogadas como no originales, en términos del Capítulo Primero de las disposiciones Generales del artículo 3, fracción XVIII del Acuerdo en cita, se dejan a su disposición para que comparezca a recogerlos en el plazo de tres días, previa copia simple y constancia de recibo que obre en autos, se le apercibe que de no hacerlo así una vez que transcurra el término de tres años, tales documentos serán destruidos junto con el expediente. En el entendido de que deberá generar cita para consulta del expediente, con la finalidad de que el día programado acuda a las instalaciones que albergan este órgano jurisdiccional, a efecto de que le sean devueltos dichos documentos, siempre que las cargas de trabajo del órgano jurisdiccional lo permitan dentro del tiempo de duración de su cita; en caso contrario, deberá agendar nueva cita de consulta del expediente, para su entrega-recepción, de lo cual se asentará la razón respectiva. Lo anterior es así, en virtud de que si bien con la entrada en vigor del Acuerdo General 21/2020, se da inicio a la tercera etapa de reactivación, en la que se adopta un esquema de trabajo en el que el Poder Judicial de la Federación, cumplirá en su totalidad con la prestación del servicio público de impartición de justicia, ésta se llevará a cabo con algunos ajustes que requerirán de un inevitable proceso de asimilación por parte del personal jurisdiccional y de los justiciables, al ser un hecho notorio que la pandemia subsiste como un peligro para la salud de todos. De manera que al no reactivarse la función jurisdiccional en un contexto de normalidad, implica que subsistan las medidas de sana distancia y de reducción de la movilidad, para enfrentar la contingencia, por lo que se requiere el máximo aprovechamiento de las capacidades productivas de los órganos jurisdiccionales utilizando las herramientas que proporciona el Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a diez de febrero de dos mil veintidós. Visto el estado de los autos, así como la certificación secretarial que antecede, de la que se aprecia que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído de veintiocho de enero del año en curso; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la ley de la materia, se declara que dicho proveído que desechó la demanda, ha causado estado. Hágase la anotación respectiva en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y con apoyo en el diverso artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este asunto como totalmente concluido. Entonces, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, específicamente en el artículo 21, inciso d), del capítulo octavo, relativo a la destrucción de expedientes judiciales, se determina que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos tres años, contados a partir de la emisión de este proveído, dado que carece de relevancia documental al no ubicarse en alguno de los supuestos a que alude el artículo 15 del referido Acuerdo General. Por otro lado, respecto de las documentales exhibidas por la parte quejosa como anexo a su escrito de desahogo de la prevención formulada (copias simples de diversas identificaciones a nombre del quejoso), toda vez que las mismas se encuentran catalogadas como no originales, en términos del Capítulo Primero de las disposiciones Generales del artículo 3, fracción XVIII del Acuerdo en cita, se dejan a su disposición para que comparezca a recogerlos en el plazo de tres días, previa copia simple y constancia de recibo que obre en autos, se le apercibe que de no hacerlo así una vez que transcurra el término de tres años, tales documentos serán destruidos junto con el expediente. En el entendido de que deberá generar cita para consulta del expediente, con la finalidad de que el día programado acuda a las instalaciones que albergan este órgano jurisdiccional, a efecto de que le sean devueltos dichos documentos, siempre que las cargas de trabajo del órgano jurisdiccional lo permitan dentro del tiempo de duración de su cita; en caso contrario, deberá agendar nueva cita de consulta del expediente, para su entrega-recepción, de lo cual se asentará la razón respectiva. Lo anterior es así, en virtud de que si bien con la entrada en vigor del Acuerdo General 21/2020, se da inicio a la tercera etapa de reactivación, en la que se adopta un esquema de trabajo en el que el Poder Judicial de la Federación, cumplirá en su totalidad con la prestación del servicio público de impartición de justicia, ésta se llevará a cabo con algunos ajustes que requerirán de un inevitable proceso de asimilación por parte del personal jurisdiccional y de los justiciables, al ser un hecho notorio que la pandemia subsiste como un peligro para la salud de todos. De manera que al no reactivarse la función jurisdiccional en un contexto de normalidad, implica que subsistan las medidas de sana distancia y de reducción de la movilidad, para enfrentar la contingencia, por lo que se requiere el máximo aprovechamiento de las capacidades productivas de los órganos jurisdiccionales utilizando las herramientas que proporciona el Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL SIGUIENTE PROVEÍDO, POR ASÍ ORDENARLO EL DIVERSO DE 18/01/2022, QUE EN SU PARTE CONDUCENTE DICE...Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a veintiocho de enero de dos mil veintidós. Visto el escrito presentado por el quejoso ******************** y la certificación secretarial que antecede; atento a su contenido, téngasele por desahogada la prevención realizada en auto de dieciocho de enero del presente año; por tanto, se procede a proveer en relación a la demanda de amparo. Respecto de la solicitud de que se admita a trámite la demanda de amparo, antes debe decirse que el artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el juez de Distrito está obligado a examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado, para lo cual, en principio, debe tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda, escrito de desahogo de la prevención formulada y los anexos que se acompañen. En el caso concreto, la acción de amparo ejercida resulta improcedente, por lo que la demanda debe desecharse de plano, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos***. Sobre ese tenor, conviene traer a colación los artículos 17 y 18 de la citada legislación ordinaria, a saber: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". De los dispositivos antes transcritos se advierte con toda claridad, que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, aquéllos en contra de los cuales no se promueva el amparo dentro del plazo de quince días, contados a partir del día siguiente, a) al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto reclamado; b) al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; y, c) al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos; salvo cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. En consecuencia, cuando un gobernado sufre una afectación en su esfera jurídica motivada por un acto de autoridad susceptible de impugnarse vía juicio de amparo, debe indefectiblemente plantear su demanda dentro del plazo de quince días siguientes a cualquiera de las tres hipótesis que regula el citado precepto, luego, si no obstante tener conocimiento de la existencia de un acto afectatorio, deja transcurrir el plazo que para ejercitar la acción respectiva reconoce la Ley de Amparo, tal conducta, a criterio del legislador debe tomarse como manifestación tácita de conformidad con la mencionada actuación supuestamente lesiva de sus derechos. Ahora bien, del escrito de desahogo de la prevención formulada se advierte que en esta instancia constitucional el acto reclamado se hace consistir en todos los actos del juicio especial de alimentos 37/2021-1 del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de los Bravo, residente en esta ciudad, por tratarse el promovente de un homónimo del demandado en el juicio de origen. Lo anterior es así, toda vez que, del contenido del escrito de desahogo de la prevención formulada, se advierte que el aquí quejoso bajo protesta de decir verdad manifestó que tuvo conocimiento del acto aquí reclamado y tuvo acceso a todas las actuaciones que integran el juicio especial de alimentos de origen 37/2021-1, del índice de la autoridad señalada como responsable, desde el dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno. De ahí, que el plazo de quince días para instar el juicio de amparo, transcurrió del dieciocho de noviembre al nueve de diciembre de dos mil veintiuno, descontándose de dicho computo los días veinte, veintiuno, veintisiete y veintiocho de noviembre; cuatro y cinco de diciembre del año pasado, por ser inhábiles; así como el uno de diciembre pasado, por haberse declarado inhábil, según fue informado mediante oficio CJE/SGC/SAA/2031/2021, signado por el Secretario General del Consejo de la Judicatura del Estado de Guerrero; por lo que, es indudable que a la fecha de presentación de la demanda que nos ocupa en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito de esta ciudad, a saber, el diecisiete de enero de dos mil veintidós, ya ha fenecido en exceso el plazo que otorga el numeral 17 de la legislación citada; y por ende, el acto reclamado fue consentido tácitamente por el solicitante de derechos. Asimismo, en el caso no se actualiza alguna de las hipótesis que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo en vigor, para exceptuar al impetrante del plazo de quince días a que se alude, dado que no se está en el caso de que se reclame una norma general autoaplicativa, mucho menos una sentencia definitiva en materia penal, el acto no tiene por efecto privar de derechos agrarios a algún núcleo de población, y tampoco implica peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. ***** De igual manera, se invoca el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del entonces Sexto Circuito, cuyo rubro y texto es el siguiente: "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala." En consecuencia, acorde a lo anteriormente considerado, al actualizarse la causa de improcedencia que prevé el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo; con fundamento en el numeral 113 de la legislación en cita, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por ********************.

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