Roberto Barron Alvarez
Expediente 1047/2015 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de diciembre de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 1047/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 17/12/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Roberto Barron Alvarez
Actuaciones
- Principal
Téngase por recibido el escrito que suscribe *********, en su carácter de quejoso; mediante el cual solicita la devolución de los documentos que anexó a su demanda de amparo; al respecto, dígase al promovente, que deberá estarse a lo acordado en proveído de quince de los corrientes.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el auto que desechó la demanda promovida por *****************, no fue recurrido dentro del término legal; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I del acuerdo en cita, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó resolución en la que únicamente se desechó la demanda de garantías. Finalmente, con fundamento en el párrafo tercero del punto décimo primero del referido acuerdo, se previene a la parte quejosa para que dentro del plazo de noventa días, contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, acuda a este juzgado a recoger el documento que exhibió en su escrito de demanda, apercíbasele que de no hacerlo en el término indicado, dichos documentos podrán ser destruidos junto con el expediente.
- Principal
CONSTANCIA. En cumplimiento al acuerdo de tres de diciembre de dos mil quince por este medio se notifica a la PARTE QUEJOSA O la resolución dictada el quince de diciembre de la presente anualidad que dice: Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el auto que desechó la demanda promovida por *****************, no fue recurrido dentro del término legal; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I del acuerdo en cita, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó resolución en la que únicamente se desechó la demanda de garantías. Finalmente, con fundamento en el párrafo tercero del punto décimo primero del referido acuerdo, se previene a la parte quejosa para que dentro del plazo de noventa días, contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, acuda a este juzgado a recoger el documento que exhibió en su escrito de demanda, apercíbasele que de no hacerlo en el término indicado, dichos documentos podrán ser destruidos junto con el expediente.
- Principal
CONSTANCIA. En cumplimiento al acuerdo de tres de diciembre de dos mil quince por este medio se notifica a la PARTE QUEJOSA O la resolución dictada el tres de diciembre de la presente anualidad que dice: Visto lo de cuenta, se provee: téngase por recibida la demanda que promueve ----, contra actos del Juez Único Menor Mixto y el actuario adscrito a dicho órgano jurisdiccional, ambos con residencia en Valle de Santiago, Guanajuato; que considera violatorios en su perjuicio de los derechos humanos contenidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se ordena formar y registrar el expediente en el Libro de Gobierno, con el número 1047/2015-V. Ahora bien, el numeral 113 de la Ley de Amparo establece que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Cierto, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente acreditado y no requiere mayor demostración, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda; además, da la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata, es operante al caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, con independencia de los elementos que pudieran allegar las partes, y considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de manera que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que se hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. En la especie, el quejoso hace consistir el acto reclamado en: ".SEÑALO COMO ACTOS RECLAMADOS LAS DOS DILIGENCIAS PRACTICADAS EN EL EXPEDIENTE ---, DEL JUZGADO ÚNICO MENOR MIXTO, CON RESIDENCIA EN VALLE DE SANTIAGO, GUANAJUATO, ya que las dos diligencias me causa perjuicio ya que la de de fecha veintiuno de septiembre del presente año, donde se hizo el y se ordenó el cambio de depositario llevado a cabo dentro del expediente --- del índice del Juzgado Único Menor Mixto, con residencia en Valle de Santiago, Guanajuato, llegaron a mi casa a recoger los bienes que habían sido embargados en ese juicio y sobre lo cual no tenía yo conocimiento, ya que únicamente se habían embargado y se había dejado de depositaria a -----------, por ello no me habían privado del goce de dichos bienes. Quiero además aclarar que el día que embargaron los bienes con fecha bienes cinco de febrero del 2015, y en dicha diligencia yo no intervine, por lo cual no tenía conocimiento del embargo de mis bienes, y el adeudo lo tiene---, y no yo, y a ella misma la habían declarado como depositaria de los bienes por lo cual seguían en mi casa hasta el día 16 DE NOVIEMBRE del 2015, cuando solicito el cambio de depositario y se llevaron mis bienes." En acatamiento a tal precepto, en la especie se surte la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente, que es del tenor, en lo que interesa, siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: "(...) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." Del citado numeral se desprende que es improcedente el juicio de amparo contra actos consentidos tácitamente, esto es, en contra de aquellos en que no se promueva el juicio de garantías dentro del término establecido por los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo. Por su parte, los referidos preceptos legales establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Así es, el último de los preceptos legales invocados se evidencia que la Ley de Amparo establece tres momentos a partir de los cuales debe computarse el plazo de quince días para la interposición del juicio de garantías, los cuales se cuentan, respectivamente, a partir del día siguiente: 1. A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación a la parte quejosa de la resolución o acuerdo que se reclame. 2. A partir del día siguiente al en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución o acuerdo que reclama, o de sus actos de ejecución. 3. A partir del día siguiente al en que la parte quejosa se haya ostentado sabedora de los referidos actos. Bajo ese tenor, el legislador dispuso de tres momentos a partir de los cuales debe contabilizarse el plazo de quince días, para la presentación de la demanda de amparo. Es decir, conforme al artículo 18 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo debe promoverse desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame, pero también permite al quejoso promoverlo desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de ellos o de sus actos de ejecución, e incluso, al en que se haya ostentado sabedor de los mismos. Así, resulta clara la intención del legislador en establecer que el inicio del cómputo para la promoción del juicio de amparo, fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las tres hipótesis identificadas en dicho precepto legal, de lo que se sigue que los mismos son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno. Por otra parte, es pertinente destacar que el artículo 17 de la Ley de Amparo, de forma general, establece el plazo para promover el juicio de amparo, ya sea en la vía directa o indirecta. Por tanto, la esencia del referido numeral 17, se sustenta en el conocimiento del acto reclamado, puesto que es suficiente que de constancias se advierta la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado, para que ésta constituya el punto de partida a efecto de determinar la oportunidad del juicio de amparo, siempre y cuando no exista prueba que demuestre lo contrario. En el caso concreto, se advierte que la demanda en estudio se promovió de forma extemporánea, al haberse presentado después de los quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo; ello es así, toda vez que como puede observarse de la certificación de cuenta, se desprende que existe en el libro de registro de demandas, el diverso juicio de amparo número 916/2015-V, promovido por el mismo quejoso y las mismas autoridades; lo que constituye un hecho notorio para este órgano jurisdiccional. Ahora bien, el quejoso refiere en su escrito de demanda, que tuvo conocimiento el dieciséis de noviembre de dos mil quince; sin embargo, en el diverso juicio de amparo 916/2015-VI, del índice de este órgano jurisdiccional, señaló como acto reclamado la diligencia de veintiuno de septiembre de dos mil quince, en donde se ordenó el cambio de depositario, en el expediente número ----, del índice del Juzgado Único Menor Mixto, con sede en Valle de Santiago, Guanajuato, en el que se embargaron bienes que aduce son de su propiedad, el cinco de febrero de dos mil quince, manifestando bajo protesta de decir verdad que tuvo conocimiento de dichos actos el veinticuatro de septiembre de la presente anualidad. Con base en la anterior información, se advierte que el quejoso, tuvo conocimiento, cuando menos, desde el veinticuatro de septiembre de dos mil quince; es por ello que el plazo para promover la demanda de amparo transcurrió del veinticinco del mismo mes al dieciséis de octubre, ambos de dos mil quince, sin contar los días veintiséis y veintisiete de septiembre, tres, cuatro, diez, once y doce de octubre, todos de la presente anualidad, por ser inhábiles; por lo tanto, es evidente que consintió el acto reclamado, toda vez que al día de su presentación en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en esta ciudad, ha transcurrido evidentemente el término de quince días que prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo, para que las partes puedan promover el juicio de amparo. En mérito de lo anterior, si la demanda de amparo se presentó hasta el dos de diciembre de dos mil quince, según se aprecia del sello de recepción estampado en el escrito inicial de demanda, ha transcurrido el término de quince días concedido al peticionario de amparo, para promover el juicio biinstancial, por lo que resulta notoriamente extemporánea, ya que se presentó después de los quince días hábiles de que aparece, tuvo conocimiento del acto reclamado, y a que se refiere los artículos 17 y 18 de la Ley de la Materia, lo que hace manifiesta la actualización de la causal de improcedencia invocada por tratarse de un acto consentido tácitamente. Por ende, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar la solicitud de tutela, al actualizarse de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista por la XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente. Ahora bien, tomando en consideración que el quejoso solicita se le tenga como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este órgano jurisdiccional, lo que no es técnicamente posible, con fundamento en el numeral 27 fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo vigente, la presente determinación, así como las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, practíquensele mediante lista de acuerdos que se fije en los referidos estrados de este órgano jurisdiccional. Por otra parte, se tiene como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a --- y---; y en términos restringidos a las diversas personas que refiere, toda vez que dichos profesionistas no tienen registradas sus cédulas profesionales en el sistema correspondiente que se lleva dentro de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. Hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional en uso de las facultades conferidas por el numeral 20, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, respecto a la protección de datos personales en posesión de los particulares, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado y garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas de quienes intervienen en este expediente judicial, en relación con los diversos numerales 1, 2, 19, 21 y demás relativos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como del 57 de su Reglamento, cualquier uso no autorizado en los términos previstos en dicho ordenamiento legal, puede dar lugar a las sanciones establecidas en los diversos 64, 67, 68 y 69 de la citada legislación. De igual forma, con apoyo en los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 25, 28 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia a la información pública, protección de datos personales y archivo, publicado en seis de febrero de dos mil catorce en el Diario Oficial de la Federación, se hace constar que en la publicación de la sentencia que se dicte en el presente asunto, no se darán a conocer los datos personales y de identificación de las partes, por no existir consentimiento inequívoco y expreso para ello. Por otro lado, con apoyo en el artículo 21 último párrafo de la Ley de Amparo vigente, este tribunal habilita días y horas inhábiles, a efecto de practicar las notificaciones que deriven de la tramitación del presente juicio de amparo.
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