Roberto Barajas Estrada

Expediente 1365/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 11 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1365/2023
Año
2023
Actuaciones
11
Última actuación
27/11/2023

Partes del expediente

  • Roberto Barajas Estrada

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Zapopan, Jalisco, veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por remisión expresa del artículo 2 de este último ordenamiento, se acuerda: Téngase por recibido el oficio de cuenta, firmado por la Directora de Amparos de la Procuraduría Fiscal del Estado dependiente de la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento realizado allega diversas constancias con las que pretende dar cumplimiento al fallo amparador. Ahora bien, en atención a lo anterior, se instruye al actuario judicial adscrito a este órgano jurisdiccional, para que con copia del oficio de cuenta y anexos de cuenta, notifique a la parte quejosa el presente proveído, a efecto de que, dentro del término de tres días (de conformidad con el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo), acredite ante esta instancia jurisdiccional haber comparecido ante la autoridad señalada en líneas pretéritas, a recoger el documento mercantil emitido en su favor y manifieste lo que a su interés legal convenga respecto del cumplimiento que comunican las autoridades responsables, ello, a efecto de que este juzgado federal emita pronunciamiento en torno al cumplimiento de la sentencia amparadora. Bajo apercibimiento de que en caso de no cumplir, o bien, no manifestar impedimento legal alguno, se procederá de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, esto es, se emitirá pronunciamiento en el que declare si la sentencia está cumplida. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa, con copia autorizada de las constancias referidas en el auto.

  2. Principal

    Zapopan, Jalisco, seis de noviembre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por remisión expresa del artículo 2 de este último ordenamiento, se acuerda: Téngase por recibido el oficio de cuenta, firmado por la Directora de Amparos de la Procuraduría Fiscal del Estado de Jalisco dependiente de la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco, mediante el cual solicita una prórroga para dar cumplimiento a lo requerido en auto de trece de octubre de dos mil veintitrés. En razón de lo anterior y acorde a lo que manifiesta, con fundamento en el artículo 297, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se otorga a la responsable el término de diez días legalmente computado, para que cumpla con lo requerido en auto de trece de octubre de dos mil veintitrés, en el entendido de que persiste el apercibimiento decretado en dicho proveído, en caso de incumplimiento. Notifíquese.

  3. Principal

    Zapopan, Jalisco, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por remisión expresa del artículo 2 de este último ordenamiento, se acuerda: Atento al contenido de la certificación secretarial que antecede, se advierte que que en proveído de fecha veintidós de septiembre de dos mil veintitrés, se requirió a la parte quejosa para que dentro del término de tres días informara si tenía conocimiento de la sucesión a bienes de ***, auto que se le notificó electrónicamente el veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés, sin que se manifestara. Ahora, visto el estado procesal de autos y debido a que de la información recabada se advierte que no se localizó sucesión radicada a nombre de la tercera interesada ***, además de que resulta necesario emplazarla al presente juicio; de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 17 constitucional, 4 y 18 de la Ley Orgánica de la Procuraduría Social del Estado de Jalisco, así como 843 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, gírese oficio a la Procuraduría Social del Estado de Jalisco y requiérasele para que dentro del término de diez días, previsto en la norma 297, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación que se le practique de este auto, designe a un Agente Social de su adscripción con el propósito de que denuncie la sucesión a bienes de la tercera interesada *** y gestione la designación de un albacea provisional, lo que deberá acreditar fehacientemente ante este órgano jurisdiccional y proporcionar el domicilio en el que podrá realizarse el emplazamiento a juicio de la sucesión indicada, por conducto del albacea que se nombre. Para ello, remítasele copia certificada del acta de defunción y de la comunicación oficial en donde consta que no se encontró sucesión radicada respecto de la tercera interesada de mérito. Apercíbasele que de incumplir con lo requerido, se le impondrá una multa por cincuenta unidades de medida y actualización, conforme con lo establecido en los artículos 237, fracción I, y 259 del ordenamiento de la materia, que equivale a la cantidad de $5,187 (cinco mil ciento ochenta y siete pesos 00/100 moneda nacional), la cual se obtiene de multiplicar por cincuenta el valor de la Unidad de Medida y Actualización, siendo este de $103.74 (ciento tres pesos 74/100 moneda nacional). Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 684, del Tomo LXXX, de la Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: «INTESTADOS, DENUNCIANTES DE LOS. El juicio sucesorio comprende todos los bienes y derechos del extinto, así como sus obligaciones, es de carácter universal y su procedimiento es de jurisdicción voluntaria mientras no exista contención entre los interesados; en él intervienen forzosamente los fiscos federal y local, ya que sólo es un trámite formal judicial o ante notario, por lo que se autoriza el consiguiente traspaso de bienes y, consecuentemente, tiene los caracteres de orden público y de interés social. La denuncia que se hace de un juicio sucesorio no es ejercicio potestativo de una acción real o personal, el denunciante no es un actor, pues hasta un extraño a los intereses que se tramiten en ese juicio puede ser denunciante; la sucesión, desde que se radica, está representada por un interventor, en su caso, o por el albacea, si el juicio ya está en ese estado y sólo uno u otro tiene personalidad para ocurrir al amparo, personalidad que no tiene el denunciante, por falta de legitimación.» (Énfasis agregado). También, sustenta lo considerado, por las razones que la informan, la tesis aislada del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 427, del Tomo III, Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1989, de la Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que indica: «JUICIO, NULIDAD DEL. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO). Si bien el artículo 924 del Código de Procedimientos Civiles no establece la prohibición para promover juicio de usucapión en contra de una persona fallecida, ello no significa que esté permitido legal y jurídicamente hacerlo, pues de acuerdo con los principios generales de derecho y diversos preceptos, por ejemplo los artículos 97 y 98 del citado ordenamiento legal, "puede intervenir en un procedimiento judicial toda persona que tenga interés, directo o indirecto en un negocio que amerite la intervención judicial" y "por los que no se hallaren en el pleno ejercicio de sus derechos civiles comparecerán sus representantes, legítimos o los que deban suplir su incapacidad conforme a derecho, los ausentes o ignorados serán representados como previene el título XI, Libro Primero del Código Civil", la acción debe ejercitarse contra una persona en pleno ejercicio de su capacidad jurídica o de su representante, que, a su vez, supone la satisfacción de dos requisitos: la existencia de una persona física o moral y la plena capacidad jurídica, o en su defecto la existencia, por resolución judicial o por disposición de la ley, de un representante legítimo de ella. De tal manera que, cuando muere una persona, contra la cual se tenía una acción, debe demandarse a su representante legal, albacea testamentario o intestamentario de la sucesión, y cuando esto no se hace, el juicio intentado resulta fraudulento, pues si bien conforme a la legislación civil la prescripción adquisitiva debe ejercitarse contra la persona que aparezca inscrita en el Registro Público de la Propiedad como propietario del inmueble que se pretende usucapir, cuando ha fallecido deberá demandarse al representante legal de la sucesión y si ésta no existe, tiene que denunciarse al Ministerio Público para que inicie el intestado.» (Énfasis añadido). Se difiere audiencia. Así las cosas, con el objeto de permitir que se cumpla con lo anterior, SE DIFIERE la AUDIENCIA CONSTITUCIONAL señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las TRECE HORAS DEL OCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su verificativo. Notifíquese.

  4. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.

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