Roberto Baez Mora

Expediente 1081/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 18 actuaciones registradas, la última del 29 de agosto de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1081/2018
Año
2018
Actuaciones
18
Última actuación
29/08/2019

Partes del expediente

  • Roberto Baez Mora

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintinueve de agosto de dos mil diecinueve. CAUSA EJECUTORIA SOBRESEE Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, específicamente la certificación que antecede de la que se advierte ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa a quien perjudica el sentido de la sentencia, hubiese interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de veinticuatro de julio de dos mil diecinueve, en la que se NEGÓ el amparo solicitado por Roberto Báez Mora; en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA dicha resolución, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS Hágase devolución de los registros de audio y video en formato de DVD, que contiene la caperta administrativa digitalizada de la causa penal 428/2018 que la autoridad responsable Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral Región Morelia, adjuntó a su informe. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Leonel López Pérez, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, encargado del despacho por ministerio de Ley, con motivo de la licencia oficial concedida al titular de este órgano jurisdiccional, en términos del oficio CCJ/ST/3826/2019, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, quien actúa con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza.- Doy fe.

  2. Principal

    POR LISTA NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA LA SIGUIENTE RESOLUCION: V I S T O S, para dictar sentencia, los autos que integran el juicio de amparo número 1081/2018-VII, promovido por Roberto Baez Mora, contra actos que reclama de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, y otras autoridades; R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Mediante escrito presentado el diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en Morelia, Michoacán, turnado a éste órgano jurisdiccional, al día siguiente; Roberto Baez Mora, acudió a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos que reclama de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, y otras autoridades: "IV.- NORMA GENERALES Y ACTOS RECLAMADOS. 1) De la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores se reclama el dictamen, discusión, aprobación y expedición del artículo 325 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 2) Del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos se reclama la promulgación y orden de publicación del artículo 325 del Código Nacional de Procedimientos Penales.. 3. De los jueces de control y enjuiciamiento en el Sistema Penal Acusatorio... a) Se reclama el auto de negativa del sobreseimiento de la causa penal 428/2018, dentro de la audiencia de fecha 13 de diciembre del 2018, solicitada por violación de derechos fundamentales al aplicar el artículo 325 del Código Nacional de Procedimientos Penales. b) La aplicación del decreto en cita, a través de la aplicación del artículo 325 del Código Nacional de Procedimientos Penales, mediante el acuerdo de fecha 21 de septiembre del 2018, dictado dentro de la causa penal 428/2018, que se instruye en mi contra por el hecho que la ley señala como delito de robo de vehículo, acto que da vista al procurador para que se pronuncie sobre el incumplimiento del Ministerio Público del artículo 324 del Código Nacional de Procedimientos Penales". En ese ocurso, la quejosa narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos humanos vulnerados, los contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio de amparo. Por razón de turno, correspondió conocer de dicho juicio a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, por lo que en auto de diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho, la admitió a trámite; se formó el expediente y lo registró bajo el número 1081/2018; se solicitó el informe con justificación a las autoridades señaladas como responsables; se dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público de la Federación, y se señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual se celebró al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, fracción I, 37 y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, y el diverso numeral 48 y 54, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el acuerdo 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, alusivo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Se procede a la fijación de los actos reclamados, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente al momento de la presentación de la demanda y con apoyo en la tesis del contenido literal y datos de localización siguientes: Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Amparo en revisión 2589/96. Grupo Warner Lambert México, S.A. de C.V. 25 de noviembre de 2003. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretarios: Martha Elba Hurtado Ferrer y Emmanuel G. Rosales Guerrero. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veinticinco de marzo en curso, aprobó, con el número VI/2004, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veinticinco de marzo de dos mil cuatro". De igual forma, se invoca la jurisprudencia del contenido y datos que enseguida se anotan: Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Amparo en revisión 546/95. José Chacalo Cohen y coags. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 1470/96. Bancomer, S.A., Grupo Fiduciario. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 507/96. Bernardo Bolaños Guerra. 12 de mayo de 1998. Mayoría de diez votos; once votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. Amparo en revisión 3051/97. Marco Antonio Peña Villa y coag. 19 de octubre de 1999. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el proyecto Juan Díaz Romero. Secretaria: Martha Velázquez Jiménez. Amparo en revisión 1465/96. Abraham Dantus Solodkin y coag. 21 de octubre de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Marco Antonio Bello Sánchez. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintisiete de marzo en curso, aprobó, con el número 40/2000, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintisiete de marzo de dos mil". En ese tenor, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que los actos reclamados consisten en: La discusión, aprobación, expedición y promulgación del artículo 325 del Código Nacional de Procedimientos Penales; y, La resolución emitida el trece de diciembre de dos mil dieciocho, en la que determinó negar el sobreseimiento de la causa penal 428/2018, Ahora, el quejoso señala también como acto reclamado el auto de veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho, dictado dentro de la causa penal 428/2018, en el que se determinó dar vista al Procurador General del Estado, para que se pronunciara sobre el incumplimiento del Ministerio Público del artículo 324 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sin embargo, dicha actuación no se tendrá como acto reclamado destacado, sino como una violación procesal, puesto que como se advierte, el quejoso también combate la determinación emitida el trece de diciembre de dos mil dieciocho, en la que se negó el sobreseimiento de la causa; lo anterior porque de la lectura del auto de veintiuno de septiembre se obtiene que el juez responsable sólo se limitó a dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 325 de la codificación en consulta, esto es, dar vista al Procurador ante la omisión del Ministerio Público en formular la acusación. Por lo tanto, esa vista al Procurador local se torna en un acto procedimental, que por sí sólo no afecta de manera inmediata y directa derechos sustantivos fundamentales tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. Lo anterior es así, si se toma en consideración que para que el sobreseimiento que prevé el último párrafo del multicitado artículo 325 tenga aplicación, dependerá de la actitud que tome el respectivo Procurador ante la omisión del Ministerio Público, por lo tanto, no sería factible exigir el sobreseimiento antes de que transcurriera el término a que hace referencia el precepto en cita. De ahí que si acorde a lo establecido en el artículo 211, último párrafo del Código Nacional de Procedimientos Penales, que refiere que el proceso comienza con la audiencia inicial y termina con la sentencia firme, el acto de veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho fue emitido en la etapa intermedia o de preparación a juicio, precisamente en fase de acusación, esto es, dentro del procedimiento, dicho acto en todo caso puede tenerse como un acto procesal que puede combatirse precisamente en forma conjunta cuando se reclame el acto que negó el sobreseimiento, pero como violación procesal, más no como acto destacado, por ser aquella negativa el acto que sí resulta reclamable en amparo indirecto, puesto que no obstante de tratarse de un acto emitido dentro del procedimiento, dada su naturaleza, se trata de un acto dentro de juicio de ejecución irreparable, que pudiera depararle perjuicio. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados al Juez de Control y enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral Región Morelia, Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, Cámara de Senadores del Congreso de la Unión y Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que al rendir su respectivo informe con justificación, aceptaron la existencia del acto que se les reclama. Además de que la notoria existencia de los actos legislativos no está sujeta a prueba de conformidad con lo dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: Época: Quinta Época Registro: 1002815 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 2011 Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto Materia(s): Común Tesis: 749 Página: 830 "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Amparo en revisión 2925/22.-Hernández Antonio.-23 de octubre de 1923.-Mayoría de ocho votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1556/22.-Martínez y Martínez Manuel.-23 de octubre de 1923.-Unanimidad de nueve votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 3403/22.-Sánchez Alarcón Juan.-23 de octubre de 1923.-Unanimidad de nueve votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1428/21.-Magos Reséndi Jesús.-6 de noviembre de 1923.-Unanimidad de diez votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1058/21.-Martínez y Martínez Epifanio.-6 de noviembre de 1923.-Mayoría de ocho votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Apéndice 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, Jurisprudencia, Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 231, Pleno, tesis 278". Asimismo, tiene aplicación la jurisprudencia 2ª./J.65/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que expresa: Época: Novena Época Registro: 191452 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XII, Agosto de 2000 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 65/2000 Página: 260 "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo. Contradicción de tesis 23/2000-SS. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito. 16 de junio del año 2000. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: José Francisco Cilia López. Tesis de jurisprudencia 65/2000. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión pública del dieciséis de junio del año dos mil". También apoya la tesis pronunciada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: Época: Séptima Época Registro: 233090 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Volumen 65, Primera Parte Materia(s): Común Tesis: Página: 15 "LEYES. NO SON OBJETO DE PRUEBA. El juzgador de amparo, sin necesidad de que se le ofrezca como prueba la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas, debe tomarla en consideración, aplicando el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba. Amparo en revisión 2529/73. David Garza Garza y otros. 7 de mayo de 1974. Unanimidad de quince votos. Ponente: Ernesto Solís López. Secretario: Raúl Solís Solís." Además, la existencia del acto reclamado que se hace consistir en el primer acto de aplicación del precepto que se tilda de inconstitucional, consistente en la negativa de sobreseimiento emitido en audiencia desahogada el trece de diciembre de dos mil dieciocho, dentro de la causa penal 428/2018, se corrobora con el disco compacto relativo al proceso penal en cita, que el juez responsable acompañó a su informe. Medio de convicción que tiene pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición de su numeral 2°, por ser un documento expedido por una autoridad judicial en ejercicio de sus funciones. Aunado a lo anterior, resulta aplicable las tesis que se reproducen en seguida: Época: Décima Época Registro: 2004362 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1 Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 43/2013 (10a.) Página: 703 "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del ´expediente electrónico´, como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga. Contradicción de tesis 455/2012. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito y el entonces Primer Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, actual Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito. 27 de febrero de 2013. La votación se dividió en dos partes: mayoría de cuatro votos por lo que se refiere a la competencia. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Unanimidad de cinco votos en cuanto al fondo. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario: José Díaz de León Cruz. Tesis de jurisprudencia 43/2013 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha diecisiete de abril de dos mil trece." Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153 "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. Quinta Época: Tomo I, pág. 654. Amparo directo. Chiprout Jacobo. 7 de noviembre de 1917. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 660. Amparo en revisión. Pérez Cano José. 6 de septiembre de 1918. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 1331. Amparo en revisión. Calderón Silvestre y vecinos de la Villa de Nombre de Dios. 20 de diciembre de 1918. Unanimidad de nueve votos. Tomo IV, pág. 978. Queja. Astorga J. Ascensión. 1o. de mayo de 1919. Mayoría de siete votos. Recurso de súplica 5/24. Shiemann Guillermo. 9 de junio de 1924. Unanimidad de once votos. Nota: En los Apéndices al Semanario Judicial de la Federación correspondientes a los Tomos de Quinta Época, así como en los Apéndices 1954, 1965 y 1975, la tesis aparece publicada con el rubro: ´DOCUMENTOS PUBLICOS´". CUARTO. Oportunidad de la presentación de la demanda de amparo. El juicio de amparo de que se trata se encuentra promovido en tiempo, pues la parte quejosa quedó notificada del acto reclamado, el trece de diciembre de dos mil dieciocho, puesto que la resolución reclamada fue emitida en forma oral, por lo que en términos de los artículos 63 y 84 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el ahora quejoso quedó notificado de esa resolución; en esos términos, la notificación surtió efectos al día siguiente, como lo dispone el precepto 82 de la ley adjetiva invocada, por lo que empezó a correr al día siguiente hábil al que surtió efectos la misma; por tanto, el término para la interposición del juicio de amparo inició el diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho y concluyó el ocho de enero del año en curso, término del cual se descuentan los días inhábiles correspondientes a sábado y domingo. Por otro lado, la demanda de amparo se presentó el dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho; en consecuencia, es de concluirse que la acción constitucional se ejerció dentro de los quince días a que alude el artículo 17 de la ley de la materia, pues tal presentación aconteció dentro del término con que contaba para la promoción de la demanda. QUINTO. Antecedentes. Previo al estudio del análisis de fondo, se estima necesario realizar una breve reseña de lo acontecido en el juicio de origen, para una mejor comprensión del asunto. 1. El veintiocho de junio de dos mil dieciocho, el Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Atención a Delitos de Alto Impacto, dejó a disposición del Juez de Control en Turno en esta ciudad, interno en el Centro de Reinserción Social "Lic David Franco Rodríguez", en esta ciudad, al ahora quejoso Roberto Baez Mora y otro, por haber sido detenidos en flagrancia por la probable comisión de un hecho tipificado en la ley como delito de robo de vehículo de motor terrestre, solicitando fecha para el desahogo de la audiencia de control de detención. 2. El veintinueve de junio de dos mil dieciocho, se llevó a cabo la audiencia inicial, ante el juez de control, dentro de la cual se calificó de legal la detención de los imputados y se decretó legal la retención de los imputados, y a su vez el Agente del Ministerio Público formuló imputación contra del ahora quejoso; éste emitió declaración y enseguida, solicitó se resolviera su situación jurídica. 3. En consecuencia, el Fiscal expuso su solicitud de vinculación a proceso, la defensa y asesora jurídica realizaron manifestaciones, procediendo el juez de Control a la emisión del auto de vinculación a proceso en contra de Roberto Baez Mora, por el hecho señalado como delito de robo de vehículo de motor terrestre. 4. En esa diligencia se decretó como medida cautelar prisión preventiva oficiosa, señalando como plazo de cierre de investigación complementaria el término de dos meses, término que culminaría el veintinueve de agosto de dos mil dieciocho. 5. En escrito presentado el veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho, el Agente del Ministerio Público litigante de la Fiscalía de Litigación de la Fiscalía de Atención Especializada a Delitos de Alto Impacto, formuló acusación en contra del ahora quejoso. 6. Por auto de veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho, el juez de control del sistema de justicia penal acusatorio y oral, región Morelia, advirtió que la acusación se formuló de forma extemporánea, puesto que consideró que el término para tal efecto feneció el diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, por lo que ordenó dar vista al Procurador de Justicia del Estado en términos del artículo 325 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para efecto de que dentro del término de los quince días siguientes a la notificación de ese auto, se pronunciara al respecto; bajo el apercibimiento que de no hacerlo así, se decretaría el sobreseimiento de la causa. 7. Por escrito presentado el veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho, el Titular de la Fiscalía de Atención Especializada a Delitos de Alto Impacto de la Procuraduría General de Justicia del Estado, en esta ciudad, por instrucciones del Procurador General de Justicia del Estado, formuló acusación contra el ahora quejoso, lo que se proveyó en la misma fecha, se corrió traslado a las partes y se fijó día y hora hábil para la celebración de la audiencia intermedia, la cual fue diferida a petición de la defensa y del Ministerio Público, ante la posibilidad de optar por el procedimiento abreviado, diferimiento que solicitó de nueva cuenta la defensa en audiencias levantadas el dieciséis y treinta de noviembre de dos mil dieciocho. 8. Mediante escrito presentado el doce de diciembre de dos mil dieciocho, el defensor público solicitó se fijara día y hora hábil para que se resolviera lo conducente al sobreseimiento de la causa, por considerar que la acusación se formuló fuera de tiempo, por lo que en esa fecha se fijaron las nueve horas del trece de diciembre del año en cita para resolver dicha cuestión. 9. En la referida audiencia que se efectuó en la fecha anotada, el juez de control declaró improcedente la solicitud de sobreseimiento, en los términos siguientes: "En mi opinión resulta improcedente por lo siguiente, en primer término se estableció que existieron violaciones al debido proceso, al principio acusatorio y a la imparcialidad del juzgador, sin embargo, no se establecieron específicamente dado que no se dio a conocer las razones por las cuales debieran ponderarse la violación a esos derechos fundamentales. Aun y cuando el artículo primero constitucional establece que es obligación de toda autoridad velar por que no se violenten derechos fundamentales y en su caso, en el presente caso no se estableció cuál fue la violación a los derechos fundamentales, por lo que me encuentro jurídicamente impedido para establecer si existe violación a los derechos fundamentales. Por lo que en mi opinión considero que la disposición legal a que se refiere el artículo 325 del Código Nacional de Procedimientos Penales, debe darse vista al procurador una vez que se ha incumplido con lo dispone el número 324 del mismo ordenamiento, para que se pronuncie, tal circunstancia lo que busca es darle continuidad al proceso, es decir solo implica que el proceso siga su curso, por lo que no implica imparcialidad, y además en términos de lo que establece el artículo 20, apartado a), fracción I, constitucional debe salvaguardarse como uno de los principios del proceso el esclarecimiento de los hechos, y para darle continuidad al proceso y arribar a una conclusión, por lo que es dable ponderar el mencionado fin del proceso penal. Además debe ponderarse el derecho de las víctimas a conocer la verdad de lo ocurrido, esto con base en lo que establece el artículo 7, fracción III, de la Ley General de Víctimas, por eso con base en el principio del proceso, como el derecho de las víctimas a que conozcan la verdad de lo ocurrido, no se considera que el artículo 325 del Código Nacional de Procedimientos Penales, constituya irregularidad constitucional y por ello no es procedente pronunciarme respecto de la inconstitucionalidad de tal precepto legal. En ese sentido siendo que existe la facultad para el procurador de emitir la acusación, lo cual se hizo dentro del parámetro legal, es decir dentro de los 15 días, en mi opinión no existe base objetiva para poder establecer que no se hubiese cumplido con la norma procesal y en consecuencia que genere ausencia de acusación, y a su vez el sobreseimiento de la causa como fue precisado por la defensa pública. Apoyando la presente determinación en la jurisprudencia del pleno de circuito, con número de registro 2015552, del rubro: ´Acusación, si el ministerio público omite formularla en el plazo de 10 días, una vez cerrada la investigación, debe prevenírsele por conducto de su superior jerárquico proceda conforme a alguna de las hipótesis previstas en el artículo 287 del Nacional de Procedimientos Penales, dentro del término de 3 días.´. [.] No es obstáculo a la anterior determinación, el criterio sustentado por la primera sala de la suprema corte de justicia de la nación en el amparo en revisión 119/2018 al que hizo alusión la defensa, pues se considera que se trata de un criterio aislado, por lo que con base en lo que establece la ley de amparo, al no constituir jurisprudencia, en forma alguna obliga al de la voz a aplicar tal criterio, antes bien tomando en consideración que el diverso criterio invocado si constituye jurisprudencia, es por ello que se sustenta la anterior determinación. Por las razones antes indicadas, es improcedente la incidencia planteada por la defensa pública respecto de dictar un sobreseimiento en la presente causa". Determinación la anterior que se reclama en esta instancia constitucional. SEXTO. Análisis de causales de improcedencia. Establecida la existencia de los actos fijados en el considerando segundo, se impone analizar la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Al respecto, cobra aplicación la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: Época: Octava Época Registro: 394770 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, ParteTCC Materia(s): Común Tesis: 814 Página: 553 "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO. Octava Época: Recurso de revisión 827/88. Comisariado Ejidal de Tepatepec, Municipio de Francisco I. Madero, Hidalgo. 8 de febrero de 1989. Unanimidad de votos. Recurso de revisión 7/89. María Antonieta Puertas Ibarra y otra. 23 de febrero de 1989. Unanimidad de votos. Amparo directo 205/89. María Esther Reyes Valdez. 4 de mayo de 1989. Unanimidad de votos. Amparo directo 281/89. Ofelia Serrano de Hernández. 18 de mayo de 1989. Unanimidad de votos. Amparo directo 531/89. Jorge Godínez Márquez. 7 de febrero de 1990. Unanimidad de votos. NOTA: Tesis II.1o.J/5, Gaceta número 41, pág. 81; Semanario Judicial de la Federación, tomo VII-Mayo, pág. 95". Previo al estudio de fondo del asunto, conforme a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, se deben examinar las causas de improcedencia, ya sea que las invoquen las partes o se adviertan de oficio, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente. En ese contexto, la directora General de Apoyo Jurídico de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en representación del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, al rendir su informe con justificación, precisó: "[.] la parte quejosa señala como acto reclamado el trece de diciembre de dos mil dieciocho, donde le fue negado el sobreseimiento de la causa penal instruida en su contra; sin embargo, el artículo que tilda de inconstitucional no le fue aplicado puntualmente en dicho proveído, sino en el de veintiuno de septiembre anterior; por lo que, el acto que señala como reclamado donde manifiesta la inconstitucionalidad del artículo 325 del Código Nacional de Procedimientos Penales, reviste el carácter de acto consumado, ya que el proceso penal se encuentra concluido y el acuerdo donde le fue aplicado el numeral ya fue dictado". En esos términos, concluyó que se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XVI de la Ley de Amparo, ya que los actos que se reclaman han sido consumados. Previo a dar respuesta a la improcedencia alegada por la responsable es de destacarse que atento a los motivos por los cuales aquella autoridad responsable manifiesta se actualiza la referida causal de improcedencia, el sustento jurídico es diverso al señalado en su informe de ley, esto es así, pues la improcedencia cuya motivación realiza se encuentra prevista en el artículo 61, fracción XIV, del ordenamiento jurídico en consulta, por lo que se hace la corrección en la cita de los preceptos legales que señala la responsable. Apoya lo anterior la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "ERRORES NUMÉRICOS O CUALQUIER OTRO DE POCA IMPORTANCIA. DEBEN SER CORREGIDOS POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO Y LOS JUECES DE DISTRITO, APLICANDO ANALÓGICAMENTE EL ARTÍCULO 79 DE LA LEY DE AMPARO.". En el caso, la responsable refiere que la quejosa fue notificada del auto de veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho desde el dos de octubre de ese año; por lo tanto, su demanda resulta extemporánea; sin embargo, es el caso que como ha quedado anotado, ese acto no puede ser reclamable como un acto destacado, dada su naturaleza, esto es, por ser un acto dictado dentro del procedimiento que no vulnera derechos sustantivos, no se trata de un acto que sea de imposible reparación; por lo tanto no resulta exigible que el quejoso recurriera dicho acto en amparo indirecto, puesto que para ello era necesario que el acto de aplicación infringiera algún derecho sustantivo para ser recurrido en amparo. En efecto, resulta necesario precisar que tratándose de amparo contra leyes, cuando éstas se combaten con motivo de su primer acto de aplicación, de acuerdo a la técnica que para su estudio ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es menester estudiar primero la procedencia contra el acto de aplicación con motivo del cual se ataque la legislación Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que el primer acto de aplicación de una disposición de observancia general que permite impugnar su constitucionalidad a través del juicio de amparo debe trascender a la esfera jurídica del gobernado y, a la vez, generar un perjuicio que se traduzca en cualquier afectación a su patrimonio jurídico. Lo anterior es así, cuenta habida que cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, no debe desvincularse el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación, por ser éste el que precisamente causa perjuicio al promovente del amparo y no el ordenamiento jurídico que se tilda de inconstitucional, de ahí que deba analizarse, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado; es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. En vía de orientación es aplicable el criterio del siguiente contenido y datos de localización: Época: Novena Época Registro: 186675 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XVI, Julio de 2002 Materia(s): Común Tesis: 2a. LXX/2002 Página: 445 "AMPARO CONTRA LEYES. EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN QUE PERMITE IMPUGNARLAS ES AQUEL EN QUE POR PRIMERA VEZ SE ACTUALIZARON LAS HIPÓTESIS NORMATIVAS CORRESPONDIENTES EN PERJUICIO DEL QUEJOSO. Para determinar si se está en presencia del primer acto de aplicación de una ley, no es suficiente que de las constancias anexas a la demanda de amparo o de la propia manifestación de la parte quejosa, el Juez de Distrito conozca de la existencia de juicios de amparo anteriores o contemporáneos, sino que debe existir plena evidencia de que se trata del primer acto por su fecha de emisión, en el que se actualizaron las hipótesis normativas relativas en perjuicio y con conocimiento del quejoso, cuando se han promovido dos o más juicios de garantías contra la misma norma, y en cada uno de ellos se reclaman actos de aplicación diversos, debe decretarse el sobreseimiento respecto de la ley, pero no en el juicio cuya demanda fue presentada en segundo lugar, sino en aquel donde se venga impugnando el segundo o ulteriores actos de aplicación, distinguidos estos por la fecha en que se actualizaron las hipótesis normativas en perjuicio del quejoso, ya que de no proceder de esta manera, podría estimarse improcedente el juicio donde se reclamó el primer acto de aplicación por haberse presentado la demanda con posterioridad y también decretarse el sobreseimiento en el asunto presentado en primer término, en atención a que no fue el primer acto de aplicación de la disposición combatida, lo que se traduciría en un estado de indefensión para el quejoso. Contradicción de tesis 4/2002-PL. Entre las sustentadas por el Primero y el Décimo Segundo Tribunales Colegiados, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 24 de mayo de 2002. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el asunto Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Claudia Mendoza Polanco. Nota: Esta tesis no constituye jurisprudencia ya que no resuelve el tema de la contradicción planteada". Finalmente, al no advertirse la actualización de diversa causal de improcedencia, corresponde el estudio de fondo de los conceptos de violación aducidos por la parte quejosa. SÉPTIMO. Conceptos de violación. No se transcribirán los conceptos de violación que esgrime la parte impetrante en su demanda, por no exigirlo el artículo 74 de la Ley de Amparo, ni alguna otra disposición. Es aplicable, la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: Época: Novena Época Registro: 164618 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXI, Mayo de 2010 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 58/2010 Página: 830 "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. Contradicción de tesis 50/2010. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo del Noveno Circuito, Primero en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito y Segundo en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito. 21 de abril de 2010. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Arnulfo Moreno Flores. Tesis de jurisprudencia 58/2010. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del doce de mayo de dos mil diez". OCTAVO. Estudio del fondo del asunto. Análisis de constitucionalidad del artículo 325 del Código Nacional de Procedimientos Penales que se reclama con motivo del acto concreto de aplicación consistente en el acuerdo de trece de diciembre de dos mil dieciocho. Son infundados los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, aun suplidos en su deficiencia en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. El quejoso refiere que el artículo 325 del Código Nacional de Procedimientos Penales, violenta las garantías de imparcialidad, debido proceso, igualdad procesal y legalidad, previstas en los artículos 17, segundo tercero, y 20, Apartado A, fracción V y 21, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Señala que ello es así porque el citado artículo 325 del Código Nacional de Procedimientos Penales otorga al Agente del Ministerio Público una doble oportunidad para formular acusación en su contra. Que la norma es inconstitucional, porque permite al juzgador instructor del proceso coadyuvar con el Ministerio Público, esto es, permite que desarrolle una doble función, como juzgador y auxiliar del órgano ministerial, lo que considera se materializó desde el momento en que el juez responsable giró oficio al Procurador del Estado, para que se pronunciara al respecto de la acusación en el plazo de quince días, ante la omisión del Ministerio Público; lo anterior considera compromete el principio de imparcialidad jurisdiccional. En consecuencia, considera se vulnera la igualdad procesal y se viola el debido proceso, porque constituye un derecho humano que el quejoso sea juzgado por un juez imparcial y objetivo, así como al respeto al derecho de igualdad entre las partes en el proceso. En ese orden de ideas, básicamente el peticionario del amparo combate el artículo 325 de Código Nacional de Procedimientos Penales, al considerar que es violatorio de los derechos humanos de debido proceso e igualdad entre las partes. En ese sentido, en relación a la porción en la que hace referencia a la violación al debido proceso, cabe señalar que es infundado su argumento relativo a que el artículo 325 del Código Nacional de Procedimientos Penales viola el debido proceso. Lo anterior es así, porque el derecho fundamental al debido proceso que debe imperar en cualquier procedimiento de naturaleza jurisdiccional es el que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha identificado como formalidades esenciales del procedimiento, cuyo conjunto integra la "garantía de audiencia", las cuales permiten que los gobernados ejerzan sus defensas antes de que las autoridades modifiquen su esfera jurídica definitivamente, tales derechos son: I) la notificación del inicio del procedimiento; II) la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; III) la oportunidad de alegar; y, IV) una resolución que dirima las cuestiones debatidas y cuya impugnación ha sido considerada Sala como parte de esta formalidad. Luego, también como integrantes de ese debido proceso, están una serie de garantías mínimas que debe tener toda persona cuya esfera jurídica pretenda modificarse mediante la actividad punitiva del Estado; por tanto, dentro de esa categoría de garantías del debido proceso, se identifican dos especies: a).- La primera, que corresponde a todas las personas independientemente de su condición, nacionalidad, género, edad, etcétera, dentro de las que están, por ejemplo, el derecho a contar con un abogado, a no declarar contra sí mismo o a conocer la causa del procedimiento sancionatorio; y, b).- La segunda, que es la combinación del elenco mínimo de garantías con el derecho de igualdad ante la ley, y que protege a aquellas personas que pueden encontrarse en una situación de desventaja frente al ordenamiento jurídico, por pertenecer a algún grupo vulnerable, por ejemplo, el derecho a la notificación y asistencia consular, el derecho a contar con un traductor o intérprete, el derecho de las niñas y los niños a que su detención sea notificada a quienes ejerzan su patria potestad y tutela, entre otras de igual naturaleza. Al respecto es aplicable la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: Época: Décima Época Registro: 2005716 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I Materia(s): Constitucional, Común Tesis: 1a./J. 11/2014 (10a.) Página: 396 "DERECHO AL DEBIDO PROCESO. SU CONTENIDO. Dentro de las garantías del debido proceso existe un "núcleo duro", que debe observarse inexcusablemente en todo procedimiento jurisdiccional, y otro de garantías que son aplicables en los procesos que impliquen un ejercicio de la potestad punitiva del Estado. Así, en cuanto al "núcleo duro", las garantías del debido proceso que aplican a cualquier procedimiento de naturaleza jurisdiccional son las que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha identificado como formalidades esenciales del procedimiento, cuyo conjunto integra la "garantía de audiencia", las cuales permiten que los gobernados ejerzan sus defensas antes de que las autoridades modifiquen su esfera jurídica definitivamente. Al respecto, el Tribunal en Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 47/95, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, diciembre de 1995, página 133, de rubro: ´FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.´, sostuvo que las formalidades esenciales del procedimiento son: (i) la notificación del inicio del procedimiento; (ii) la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; (iii) la oportunidad de alegar; y, (iv) una resolución que dirima las cuestiones debatidas y cuya impugnación ha sido considerada por esta Primera Sala como parte de esta formalidad. Ahora bien, el otro núcleo es identificado comúnmente con el elenco de garantías mínimo que debe tener toda persona cuya esfera jurídica pretenda modificarse mediante la actividad punitiva del Estado, como ocurre, por ejemplo, con el derecho penal, migratorio, fiscal o administrativo, en donde se exigirá que se hagan compatibles las garantías con la materia específica del asunto. Por tanto, dentro de esta categoría de garantías del debido proceso, se identifican dos especies: la primera, que corresponde a todas las personas independientemente de su condición, nacionalidad, género, edad, etcétera, dentro de las que están, por ejemplo, el derecho a contar con un abogado, a no declarar contra sí mismo o a conocer la causa del procedimiento sancionatorio; y la segunda, que es la combinación del elenco mínimo de garantías con el derecho de igualdad ante la ley, y que protege a aquellas personas que pueden encontrarse en una situación de desventaja frente al ordenamiento jurídico, por pertenecer a algún grupo vulnerable, por ejemplo, el derecho a la notificación y asistencia consular, el derecho a contar con un traductor o intérprete, el derecho de las niñas y los niños a que su detención sea notificada a quienes ejerzan su patria potestad y tutela, entre otras de igual naturaleza. Amparo en revisión 352/2012. 10 de octubre de 2012. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Mario Gerardo Avante Juárez. Amparo directo en revisión 3758/2012. Maple Commercial Finance Corp. 29 de mayo de 2013. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretario: David García Sarubbi. Amparo en revisión 121/2013. 12 de junio de 2013. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretaria: Cecilia Armengol Alonso. Amparo en revisión 150/2013. 10 de julio de 2013. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretaria: Mercedes Verónica Sánchez Miguez. Amparo directo en revisión 1009/2013. 16 de octubre de 2013. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien reservó su derecho a formular voto concurrente. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Julio Veredín Sena Velázquez. Tesis de jurisprudencia 11/2014 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha siete de febrero de dos mil catorce. Esta tesis se publicó el viernes 28 de febrero de 2014 a las 11:02 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 03 de marzo de 2014, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013". En ese sentido, adverso a lo que sostiene el quejoso, el artículo 325 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no contraría el debido proceso, toda vez que, no afecta los derechos establecidos en el artículo 20 constitucional, pues en todo momento el imputado está enterado del procedimiento, el cual se encuentra previsto en la ley, y la actuación del juez de control, es solamente una intervención para que el procedimiento tenga continuidad y no se detenga, no priva al encausado de ningún derecho, de manera que no puede ser considerado contrario al texto Constitucional. En otro entorno, relativo a la porción del concepto de violación que señala como violación al derecho de igualdad entre las partes, dicho motivo de disenso resulta infundado. A efecto de demostrar lo infundado de dicho argumento es necesario citar el contenido de los artículos 324 y 325, ambos del Código Nacional de Procedimientos Penales. "Artículo 324. Consecuencias de la conclusión del plazo de la investigación complementaria Una vez cerrada la investigación complementaria, el Ministerio Público dentro de los quince días siguientes deberá: I. Solicitar el sobreseimiento parcial o total; II. Solicitar la suspensión del proceso, o III. Formular acusación. "Artículo 325. Extinción de la acción penal por incumplimiento del plazo Cuando el Ministerio Público no cumpla con la obligación establecida en el artículo anterior, el Juez de control pondrá el hecho en conocimiento del Procurador o del servidor público en quien haya delegado esta facultad, para que se pronuncie en el plazo de quince días. Transcurrido este plazo sin que se haya pronunciado, el Juez de control ordenará el sobreseimiento". De los preceptos trascritos se advierte que, a quien compete realizar la acusación es al respectivo Agente del Ministerio Público y el plazo para realizarla es solamente para éste, de manera que, si no formuló acusación y ello provocó que se diera vista a su superior (Procurador General), para que se pronuncie en el plazo de quince días, ello no viola el principio de igualdad entre las partes. Lo anterior es así, porque dado el enfoque del precepto legal en análisis, es dable concluir que la finalidad del legislador al plasmar que previo a decretar el sobreseimiento, debería observarse el procedimiento de dar vista al Procurador, no fue otra más que la de observar los principios que rigen el derecho penal acusatorio establecidos en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en específico el procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen. Esto es así, porque los derechos fundamentales deben analizarse en el contexto, no solo individual, sino inmersos en la sociedad formada por todos los ciudadanos del Estado, de esta forma, si el legislador estableció que si el Agente del Ministerio Público no formulaba acusación, se tenía que dar vista al Procurador para que procediera conforme a la ley. Ello no otorga una ventaja al representante social, sino que se trata de un plazo único que se divide para el Ministerio Público, que reconoce el interés de la sociedad en que se cumplan con las finalidades del proceso penal establecidas en la fracción I del artículo 20 Constitucional, esto es, el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen, por ello, se estableció el mecanismo para que no quede duda, que el Ministerio Público decidió no presentar acusación, es decir, cuando la representación social, por algún motivo, determinó que no es posible formularla. Sin que con ello se cause agravio al imputado, pues la oportunidad para el Ministerio Público no es ilimitada, y mucho menos es dable sostener que el juez de origen actúe como auxiliar, puesto que esa vista no implica que haya dado directrices de la forma o sentido en que debería formularse la acusación; toda vez que el numeral reprochado de inconstitucionalidad se limita a precisar que, si el Procurador no realiza el pronunciamiento correspondiente en el plazo que específica, procederá el sobreseimiento en la causa, pero sin exigir que el juez de origen tenga que establecer o precisar el sentido o directriz en que se habrá de emitir la acusación. En ese orden de ideas, resulta pertinente reiterar que el plazo de quince días que se ve ampliado otros quince, en términos del numeral 325 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no vulnera el principio de igualdad procesal entre las partes, puesto que como se advierte, tiende a observar los propósitos del proceso penal acusatorio. Por último, resulta inatendible el argumento que endereza el quejoso en el sentido de que la ejecutoria emitida en el amparo en revisión 119/2018, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional el artículo 325 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Lo anterior es así, porque contrario a lo que sostiene, de la consulta a la página oficial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo cual se invoca como un hecho notorio en términos de lo dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se advirtió que la resolución emitida dentro del amparo en revisión 119/2018, se falló el veintidós de mayo de dos mil diecinueve, bajo la ponencia de la ministra Norma Lucía Piña Hernández, en la que se desechó el recurso de revisión interpuesto por el Ministerio Público de la Federación adscrito al Juzgado de Distrito; se revocó la sentencia la sentencia recurrida; se negó el amparo; y se reservó jurisdicción al Tribunal Colegiado de origen para los efectos precisados en esa resolución. Así, es dable concluir que el artículo impugnado 325 del Código Nacional de Procedimientos Penales no es inconstitucional; consecuentemente, al no ser contrario al texto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la disposición normativa impugnada, y no existir queja deficiente que suplir lo procedente es negar el amparo y la protección de la Justicia Federal a Roberto Baez Mora. La negativa del amparo debe hacerse extensiva respecto de los actos de ejecución reclamados, al no ser en sí mismos violatorios de garantías. Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y, por ende, son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo expuesto, y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 79 y demás relativos de la Ley de Amparo vigente, se RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Roberto Baez Mora, en contra de los actos reclamados y autoridades señaladas como responsables en el considerando tercero de esta sentencia, por los motivos expuestos en el último considerando de este fallo. Notifíquese personalmente. Así, lo resolvió y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Marbella Juárez García, secretaria que autoriza y da fe, hasta hoy veinticuatro de julio de dos mil diecinueve, en que lo permitieron las labores del juzgado.- Doy fe.

  3. Principal

    V I S T O S, para dictar sentencia, los autos que integran el juicio de amparo número 1081/2018-VII, promovido por Roberto Baez Mora, contra actos que reclama de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, y otras autoridades; R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Mediante escrito presentado el diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en Morelia, Michoacán, turnado a éste órgano jurisdiccional, al día siguiente; Roberto Baez Mora, acudió a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos que reclama de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, y otras autoridades: "IV.- NORMA GENERALES Y ACTOS RECLAMADOS. 1) De la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores se reclama el dictamen, discusión, aprobación y expedición del artículo 325 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 2) Del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos se reclama la promulgación y orden de publicación del artículo 325 del Código Nacional de Procedimientos Penales.. 3. De los jueces de control y enjuiciamiento en el Sistema Penal Acusatorio... a) Se reclama el auto de negativa del sobreseimiento de la causa penal 428/2018, dentro de la audiencia de fecha 13 de diciembre del 2018, solicitada por violación de derechos fundamentales al aplicar el artículo 325 del Código Nacional de Procedimientos Penales. b) La aplicación del decreto en cita, a través de la aplicación del artículo 325 del Código Nacional de Procedimientos Penales, mediante el acuerdo de fecha 21 de septiembre del 2018, dictado dentro de la causa penal 428/2018, que se instruye en mi contra por el hecho que la ley señala como delito de robo de vehículo, acto que da vista al procurador para que se pronuncie sobre el incumplimiento del Ministerio Público del artículo 324 del Código Nacional de Procedimientos Penales". En ese ocurso, la quejosa narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos humanos vulnerados, los contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio de amparo. Por razón de turno, correspondió conocer de dicho juicio a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, por lo que en auto de diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho, la admitió a trámite; se formó el expediente y lo registró bajo el número 1081/2018; se solicitó el informe con justificación a las autoridades señaladas como responsables; se dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público de la Federación, y se señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual se celebró al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, fracción I, 37 y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, y el diverso numeral 48 y 54, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el acuerdo 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, alusivo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Se procede a la fijación de los actos reclamados, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente al momento de la presentación de la demanda y con apoyo en la tesis del contenido literal y datos de localización siguientes: Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Amparo en revisión 2589/96. Grupo Warner Lambert México, S.A. de C.V. 25 de noviembre de 2003. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretarios: Martha Elba Hurtado Ferrer y Emmanuel G. Rosales Guerrero. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veinticinco de marzo en curso, aprobó, con el número VI/2004, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veinticinco de marzo de dos mil cuatro". De igual forma, se invoca la jurisprudencia del contenido y datos que enseguida se anotan: Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Amparo en revisión 546/95. José Chacalo Cohen y coags. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 1470/96. Bancomer, S.A., Grupo Fiduciario. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 507/96. Bernardo Bolaños Guerra. 12 de mayo de 1998. Mayoría de diez votos; once votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. Amparo en revisión 3051/97. Marco Antonio Peña Villa y coag. 19 de octubre de 1999. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el proyecto Juan Díaz Romero. Secretaria: Martha Velázquez Jiménez. Amparo en revisión 1465/96. Abraham Dantus Solodkin y coag. 21 de octubre de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Marco Antonio Bello Sánchez. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintisiete de marzo en curso, aprobó, con el número 40/2000, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintisiete de marzo de dos mil". En ese tenor, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que los actos reclamados consisten en: La discusión, aprobación, expedición y promulgación del artículo 325 del Código Nacional de Procedimientos Penales; y, La resolución emitida el trece de diciembre de dos mil dieciocho, en la que determinó negar el sobreseimiento de la causa penal 428/2018, Ahora, el quejoso señala también como acto reclamado el auto de veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho, dictado dentro de la causa penal 428/2018, en el que se determinó dar vista al Procurador General del Estado, para que se pronunciara sobre el incumplimiento del Ministerio Público del artículo 324 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sin embargo, dicha actuación no se tendrá como acto reclamado destacado, sino como una violación procesal, puesto que como se advierte, el quejoso también combate la determinación emitida el trece de diciembre de dos mil dieciocho, en la que se negó el sobreseimiento de la causa; lo anterior porque de la lectura del auto de veintiuno de septiembre se obtiene que el juez responsable sólo se limitó a dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 325 de la codificación en consulta, esto es, dar vista al Procurador ante la omisión del Ministerio Público en formular la acusación. Por lo tanto, esa vista al Procurador local se torna en un acto procedimental, que por sí sólo no afecta de manera inmediata y directa derechos sustantivos fundamentales tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. Lo anterior es así, si se toma en consideración que para que el sobreseimiento que prevé el último párrafo del multicitado artículo 325 tenga aplicación, dependerá de la actitud que tome el respectivo Procurador ante la omisión del Ministerio Público, por lo tanto, no sería factible exigir el sobreseimiento antes de que transcurriera el término a que hace referencia el precepto en cita. De ahí que si acorde a lo establecido en el artículo 211, último párrafo del Código Nacional de Procedimientos Penales, que refiere que el proceso comienza con la audiencia inicial y termina con la sentencia firme, el acto de veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho fue emitido en la etapa intermedia o de preparación a juicio, precisamente en fase de acusación, esto es, dentro del procedimiento, dicho acto en todo caso puede tenerse como un acto procesal que puede combatirse precisamente en forma conjunta cuando se reclame el acto que negó el sobreseimiento, pero como violación procesal, más no como acto destacado, por ser aquella negativa el acto que sí resulta reclamable en amparo indirecto, puesto que no obstante de tratarse de un acto emitido dentro del procedimiento, dada su naturaleza, se trata de un acto dentro de juicio de ejecución irreparable, que pudiera depararle perjuicio. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados al Juez de Control y enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral Región Morelia, Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, Cámara de Senadores del Congreso de la Unión y Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que al rendir su respectivo informe con justificación, aceptaron la existencia del acto que se les reclama. Además de que la notoria existencia de los actos legislativos no está sujeta a prueba de conformidad con lo dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: Época: Quinta Época Registro: 1002815 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 2011 Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto Materia(s): Común Tesis: 749 Página: 830 "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Amparo en revisión 2925/22.-Hernández Antonio.-23 de octubre de 1923.-Mayoría de ocho votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1556/22.-Martínez y Martínez Manuel.-23 de octubre de 1923.-Unanimidad de nueve votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 3403/22.-Sánchez Alarcón Juan.-23 de octubre de 1923.-Unanimidad de nueve votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1428/21.-Magos Reséndi Jesús.-6 de noviembre de 1923.-Unanimidad de diez votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1058/21.-Martínez y Martínez Epifanio.-6 de noviembre de 1923.-Mayoría de ocho votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Apéndice 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, Jurisprudencia, Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 231, Pleno, tesis 278". Asimismo, tiene aplicación la jurisprudencia 2ª./J.65/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que expresa: Época: Novena Época Registro: 191452 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XII, Agosto de 2000 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 65/2000 Página: 260 "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo. Contradicción de tesis 23/2000-SS. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito. 16 de junio del año 2000. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: José Francisco Cilia López. Tesis de jurisprudencia 65/2000. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión pública del dieciséis de junio del año dos mil". También apoya la tesis pronunciada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: Época: Séptima Época Registro: 233090 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Volumen 65, Primera Parte Materia(s): Común Tesis: Página: 15 "LEYES. NO SON OBJETO DE PRUEBA. El juzgador de amparo, sin necesidad de que se le ofrezca como prueba la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas, debe tomarla en consideración, aplicando el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba. Amparo en revisión 2529/73. David Garza Garza y otros. 7 de mayo de 1974. Unanimidad de quince votos. Ponente: Ernesto Solís López. Secretario: Raúl Solís Solís." Además, la existencia del acto reclamado que se hace consistir en el primer acto de aplicación del precepto que se tilda de inconstitucional, consistente en la negativa de sobreseimiento emitido en audiencia desahogada el trece de diciembre de dos mil dieciocho, dentro de la causa penal 428/2018, se corrobora con el disco compacto relativo al proceso penal en cita, que el juez responsable acompañó a su informe. Medio de convicción que tiene pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición de su numeral 2°, por ser un documento expedido por una autoridad judicial en ejercicio de sus funciones. Aunado a lo anterior, resulta aplicable las tesis que se reproducen en seguida: Época: Décima Época Registro: 2004362 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1 Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 43/2013 (10a.) Página: 703 "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del ´expediente electrónico´, como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga. Contradicción de tesis 455/2012. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito y el entonces Primer Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, actual Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito. 27 de febrero de 2013. La votación se dividió en dos partes: mayoría de cuatro votos por lo que se refiere a la competencia. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Unanimidad de cinco votos en cuanto al fondo. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario: José Díaz de León Cruz. Tesis de jurisprudencia 43/2013 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha diecisiete de abril de dos mil trece." Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153 "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. Quinta Época: Tomo I, pág. 654. Amparo directo. Chiprout Jacobo. 7 de noviembre de 1917. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 660. Amparo en revisión. Pérez Cano José. 6 de septiembre de 1918. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 1331. Amparo en revisión. Calderón Silvestre y vecinos de la Villa de Nombre de Dios. 20 de diciembre de 1918. Unanimidad de nueve votos. Tomo IV, pág. 978. Queja. Astorga J. Ascensión. 1o. de mayo de 1919. Mayoría de siete votos. Recurso de súplica 5/24. Shiemann Guillermo. 9 de junio de 1924. Unanimidad de once votos. Nota: En los Apéndices al Semanario Judicial de la Federación correspondientes a los Tomos de Quinta Época, así como en los Apéndices 1954, 1965 y 1975, la tesis aparece publicada con el rubro: ´DOCUMENTOS PUBLICOS´". CUARTO. Oportunidad de la presentación de la demanda de amparo. El juicio de amparo de que se trata se encuentra promovido en tiempo, pues la parte quejosa quedó notificada del acto reclamado, el trece de diciembre de dos mil dieciocho, puesto que la resolución reclamada fue emitida en forma oral, por lo que en términos de los artículos 63 y 84 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el ahora quejoso quedó notificado de esa resolución; en esos términos, la notificación surtió efectos al día siguiente, como lo dispone el precepto 82 de la ley adjetiva invocada, por lo que empezó a correr al día siguiente hábil al que surtió efectos la misma; por tanto, el término para la interposición del juicio de amparo inició el diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho y concluyó el ocho de enero del año en curso, término del cual se descuentan los días inhábiles correspondientes a sábado y domingo. Por otro lado, la demanda de amparo se presentó el dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho; en consecuencia, es de concluirse que la acción constitucional se ejerció dentro de los quince días a que alude el artículo 17 de la ley de la materia, pues tal presentación aconteció dentro del término con que contaba para la promoción de la demanda. QUINTO. Antecedentes. Previo al estudio del análisis de fondo, se estima necesario realizar una breve reseña de lo acontecido en el juicio de origen, para una mejor comprensión del asunto. 1. El veintiocho de junio de dos mil dieciocho, el Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Atención a Delitos de Alto Impacto, dejó a disposición del Juez de Control en Turno en esta ciudad, interno en el Centro de Reinserción Social "Lic David Franco Rodríguez", en esta ciudad, al ahora quejoso Roberto Baez Mora y otro, por haber sido detenidos en flagrancia por la probable comisión de un hecho tipificado en la ley como delito de robo de vehículo de motor terrestre, solicitando fecha para el desahogo de la audiencia de control de detención. 2. El veintinueve de junio de dos mil dieciocho, se llevó a cabo la audiencia inicial, ante el juez de control, dentro de la cual se calificó de legal la detención de los imputados y se decretó legal la retención de los imputados, y a su vez el Agente del Ministerio Público formuló imputación contra del ahora quejoso; éste emitió declaración y enseguida, solicitó se resolviera su situación jurídica. 3. En consecuencia, el Fiscal expuso su solicitud de vinculación a proceso, la defensa y asesora jurídica realizaron manifestaciones, procediendo el juez de Control a la emisión del auto de vinculación a proceso en contra de Roberto Baez Mora, por el hecho señalado como delito de robo de vehículo de motor terrestre. 4. En esa diligencia se decretó como medida cautelar prisión preventiva oficiosa, señalando como plazo de cierre de investigación complementaria el término de dos meses, término que culminaría el veintinueve de agosto de dos mil dieciocho. 5. En escrito presentado el veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho, el Agente del Ministerio Público litigante de la Fiscalía de Litigación de la Fiscalía de Atención Especializada a Delitos de Alto Impacto, formuló acusación en contra del ahora quejoso. 6. Por auto de veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho, el juez de control del sistema de justicia penal acusatorio y oral, región Morelia, advirtió que la acusación se formuló de forma extemporánea, puesto que consideró que el término para tal efecto feneció el diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, por lo que ordenó dar vista al Procurador de Justicia del Estado en términos del artículo 325 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para efecto de que dentro del término de los quince días siguientes a la notificación de ese auto, se pronunciara al respecto; bajo el apercibimiento que de no hacerlo así, se decretaría el sobreseimiento de la causa. 7. Por escrito presentado el veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho, el Titular de la Fiscalía de Atención Especializada a Delitos de Alto Impacto de la Procuraduría General de Justicia del Estado, en esta ciudad, por instrucciones del Procurador General de Justicia del Estado, formuló acusación contra el ahora quejoso, lo que se proveyó en la misma fecha, se corrió traslado a las partes y se fijó día y hora hábil para la celebración de la audiencia intermedia, la cual fue diferida a petición de la defensa y del Ministerio Público, ante la posibilidad de optar por el procedimiento abreviado, diferimiento que solicitó de nueva cuenta la defensa en audiencias levantadas el dieciséis y treinta de noviembre de dos mil dieciocho. 8. Mediante escrito presentado el doce de diciembre de dos mil dieciocho, el defensor público solicitó se fijara día y hora hábil para que se resolviera lo conducente al sobreseimiento de la causa, por considerar que la acusación se formuló fuera de tiempo, por lo que en esa fecha se fijaron las nueve horas del trece de diciembre del año en cita para resolver dicha cuestión. 9. En la referida audiencia que se efectuó en la fecha anotada, el juez de control declaró improcedente la solicitud de sobreseimiento, en los términos siguientes: "En mi opinión resulta improcedente por lo siguiente, en primer término se estableció que existieron violaciones al debido proceso, al principio acusatorio y a la imparcialidad del juzgador, sin embargo, no se establecieron específicamente dado que no se dio a conocer las razones por las cuales debieran ponderarse la violación a esos derechos fundamentales. Aun y cuando el artículo primero constitucional establece que es obligación de toda autoridad velar por que no se violenten derechos fundamentales y en su caso, en el presente caso no se estableció cuál fue la violación a los derechos fundamentales, por lo que me encuentro jurídicamente impedido para establecer si existe violación a los derechos fundamentales. Por lo que en mi opinión considero que la disposición legal a que se refiere el artículo 325 del Código Nacional de Procedimientos Penales, debe darse vista al procurador una vez que se ha incumplido con lo dispone el número 324 del mismo ordenamiento, para que se pronuncie, tal circunstancia lo que busca es darle continuidad al proceso, es decir solo implica que el proceso siga su curso, por lo que no implica imparcialidad, y además en términos de lo que establece el artículo 20, apartado a), fracción I, constitucional debe salvaguardarse como uno de los principios del proceso el esclarecimiento de los hechos, y para darle continuidad al proceso y arribar a una conclusión, por lo que es dable ponderar el mencionado fin del proceso penal. Además debe ponderarse el derecho de las víctimas a conocer la verdad de lo ocurrido, esto con base en lo que establece el artículo 7, fracción III, de la Ley General de Víctimas, por eso con base en el principio del proceso, como el derecho de las víctimas a que conozcan la verdad de lo ocurrido, no se considera que el artículo 325 del Código Nacional de Procedimientos Penales, constituya irregularidad constitucional y por ello no es procedente pronunciarme respecto de la inconstitucionalidad de tal precepto legal. En ese sentido siendo que existe la facultad para el procurador de emitir la acusación, lo cual se hizo dentro del parámetro legal, es decir dentro de los 15 días, en mi opinión no existe base objetiva para poder establecer que no se hubiese cumplido con la norma procesal y en consecuencia que genere ausencia de acusación, y a su vez el sobreseimiento de la causa como fue precisado por la defensa pública. Apoyando la presente determinación en la jurisprudencia del pleno de circuito, con número de registro 2015552, del rubro: ´Acusación, si el ministerio público omite formularla en el plazo de 10 días, una vez cerrada la investigación, debe prevenírsele por conducto de su superior jerárquico proceda conforme a alguna de las hipótesis previstas en el artículo 287 del Nacional de Procedimientos Penales, dentro del término de 3 días.´. [.] No es obstáculo a la anterior determinación, el criterio sustentado por la primera sala de la suprema corte de justicia de la nación en el amparo en revisión 119/2018 al que hizo alusión la defensa, pues se considera que se trata de un criterio aislado, por lo que con base en lo que establece la ley de amparo, al no constituir jurisprudencia, en forma alguna obliga al de la voz a aplicar tal criterio, antes bien tomando en consideración que el diverso criterio invocado si constituye jurisprudencia, es por ello que se sustenta la anterior determinación. Por las razones antes indicadas, es improcedente la incidencia planteada por la defensa pública respecto de dictar un sobreseimiento en la presente causa". Determinación la anterior que se reclama en esta instancia constitucional. SEXTO. Análisis de causales de improcedencia. Establecida la existencia de los actos fijados en el considerando segundo, se impone analizar la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Al respecto, cobra aplicación la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: Época: Octava Época Registro: 394770 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, ParteTCC Materia(s): Común Tesis: 814 Página: 553 "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO. Octava Época: Recurso de revisión 827/88. Comisariado Ejidal de Tepatepec, Municipio de Francisco I. Madero, Hidalgo. 8 de febrero de 1989. Unanimidad de votos. Recurso de revisión 7/89. María Antonieta Puertas Ibarra y otra. 23 de febrero de 1989. Unanimidad de votos. Amparo directo 205/89. María Esther Reyes Valdez. 4 de mayo de 1989. Unanimidad de votos. Amparo directo 281/89. Ofelia Serrano de Hernández. 18 de mayo de 1989. Unanimidad de votos. Amparo directo 531/89. Jorge Godínez Márquez. 7 de febrero de 1990. Unanimidad de votos. NOTA: Tesis II.1o.J/5, Gaceta número 41, pág. 81; Semanario Judicial de la Federación, tomo VII-Mayo, pág. 95". Previo al estudio de fondo del asunto, conforme a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, se deben examinar las causas de improcedencia, ya sea que las invoquen las partes o se adviertan de oficio, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente. En ese contexto, la directora General de Apoyo Jurídico de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en representación del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, al rendir su informe con justificación, precisó: "[.] la parte quejosa señala como acto reclamado el trece de diciembre de dos mil dieciocho, donde le fue negado el sobreseimiento de la causa penal instruida en su contra; sin embargo, el artículo que tilda de inconstitucional no le fue aplicado puntualmente en dicho proveído, sino en el de veintiuno de septiembre anterior; por lo que, el acto que señala como reclamado donde manifiesta la inconstitucionalidad del artículo 325 del Código Nacional de Procedimientos Penales, reviste el carácter de acto consumado, ya que el proceso penal se encuentra concluido y el acuerdo donde le fue aplicado el numeral ya fue dictado". En esos términos, concluyó que se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XVI de la Ley de Amparo, ya que los actos que se reclaman han sido consumados. Previo a dar respuesta a la improcedencia alegada por la responsable es de destacarse que atento a los motivos por los cuales aquella autoridad responsable manifiesta se actualiza la referida causal de improcedencia, el sustento jurídico es diverso al señalado en su informe de ley, esto es así, pues la improcedencia cuya motivación realiza se encuentra prevista en el artículo 61, fracción XIV, del ordenamiento jurídico en consulta, por lo que se hace la corrección en la cita de los preceptos legales que señala la responsable. Apoya lo anterior la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "ERRORES NUMÉRICOS O CUALQUIER OTRO DE POCA IMPORTANCIA. DEBEN SER CORREGIDOS POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO Y LOS JUECES DE DISTRITO, APLICANDO ANALÓGICAMENTE EL ARTÍCULO 79 DE LA LEY DE AMPARO.". En el caso, la responsable refiere que la quejosa fue notificada del auto de veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho desde el dos de octubre de ese año; por lo tanto, su demanda resulta extemporánea; sin embargo, es el caso que como ha quedado anotado, ese acto no puede ser reclamable como un acto destacado, dada su naturaleza, esto es, por ser un acto dictado dentro del procedimiento que no vulnera derechos sustantivos, no se trata de un acto que sea de imposible reparación; por lo tanto no resulta exigible que el quejoso recurriera dicho acto en amparo indirecto, puesto que para ello era necesario que el acto de aplicación infringiera algún derecho sustantivo para ser recurrido en amparo. En efecto, resulta necesario precisar que tratándose de amparo contra leyes, cuando éstas se combaten con motivo de su primer acto de aplicación, de acuerdo a la técnica que para su estudio ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es menester estudiar primero la procedencia contra el acto de aplicación con motivo del cual se ataque la legislación Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que el primer acto de aplicación de una disposición de observancia general que permite impugnar su constitucionalidad a través del juicio de amparo debe trascender a la esfera jurídica del gobernado y, a la vez, generar un perjuicio que se traduzca en cualquier afectación a su patrimonio jurídico. Lo anterior es así, cuenta habida que cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, no debe desvincularse el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación, por ser éste el que precisamente causa perjuicio al promovente del amparo y no el ordenamiento jurídico que se tilda de inconstitucional, de ahí que deba analizarse, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado; es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. En vía de orientación es aplicable el criterio del siguiente contenido y datos de localización: Época: Novena Época Registro: 186675 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XVI, Julio de 2002 Materia(s): Común Tesis: 2a. LXX/2002 Página: 445 "AMPARO CONTRA LEYES. EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN QUE PERMITE IMPUGNARLAS ES AQUEL EN QUE POR PRIMERA VEZ SE ACTUALIZARON LAS HIPÓTESIS NORMATIVAS CORRESPONDIENTES EN PERJUICIO DEL QUEJOSO. Para determinar si se está en presencia del primer acto de aplicación de una ley, no es suficiente que de las constancias anexas a la demanda de amparo o de la propia manifestación de la parte quejosa, el Juez de Distrito conozca de la existencia de juicios de amparo anteriores o contemporáneos, sino que debe existir plena evidencia de que se trata del primer acto por su fecha de emisión, en el que se actualizaron las hipótesis normativas relativas en perjuicio y con conocimiento del quejoso, cuando se han promovido dos o más juicios de garantías contra la misma norma, y en cada uno de ellos se reclaman actos de aplicación diversos, debe decretarse el sobreseimiento respecto de la ley, pero no en el juicio cuya demanda fue presentada en segundo lugar, sino en aquel donde se venga impugnando el segundo o ulteriores actos de aplicación, distinguidos estos por la fecha en que se actualizaron las hipótesis normativas en perjuicio del quejoso, ya que de no proceder de esta manera, podría estimarse improcedente el juicio donde se reclamó el primer acto de aplicación por haberse presentado la demanda con posterioridad y también decretarse el sobreseimiento en el asunto presentado en primer término, en atención a que no fue el primer acto de aplicación de la disposición combatida, lo que se traduciría en un estado de indefensión para el quejoso. Contradicción de tesis 4/2002-PL. Entre las sustentadas por el Primero y el Décimo Segundo Tribunales Colegiados, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 24 de mayo de 2002. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el asunto Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Claudia Mendoza Polanco. Nota: Esta tesis no constituye jurisprudencia ya que no resuelve el tema de la contradicción planteada". Finalmente, al no advertirse la actualización de diversa causal de improcedencia, corresponde el estudio de fondo de los conceptos de violación aducidos por la parte quejosa. SÉPTIMO. Conceptos de violación. No se transcribirán los conceptos de violación que esgrime la parte impetrante en su demanda, por no exigirlo el artículo 74 de la Ley de Amparo, ni alguna otra disposición. Es aplicable, la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: Época: Novena Época Registro: 164618 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXI, Mayo de 2010 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 58/2010 Página: 830 "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. Contradicción de tesis 50/2010. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo del Noveno Circuito, Primero en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito y Segundo en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito. 21 de abril de 2010. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Arnulfo Moreno Flores. Tesis de jurisprudencia 58/2010. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del doce de mayo de dos mil diez". OCTAVO. Estudio del fondo del asunto. Análisis de constitucionalidad del artículo 325 del Código Nacional de Procedimientos Penales que se reclama con motivo del acto concreto de aplicación consistente en el acuerdo de trece de diciembre de dos mil dieciocho. Son infundados los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, aun suplidos en su deficiencia en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. El quejoso refiere que el artículo 325 del Código Nacional de Procedimientos Penales, violenta las garantías de imparcialidad, debido proceso, igualdad procesal y legalidad, previstas en los artículos 17, segundo tercero, y 20, Apartado A, fracción V y 21, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Señala que ello es así porque el citado artículo 325 del Código Nacional de Procedimientos Penales otorga al Agente del Ministerio Público una doble oportunidad para formular acusación en su contra. Que la norma es inconstitucional, porque permite al juzgador instructor del proceso coadyuvar con el Ministerio Público, esto es, permite que desarrolle una doble función, como juzgador y auxiliar del órgano ministerial, lo que considera se materializó desde el momento en que el juez responsable giró oficio al Procurador del Estado, para que se pronunciara al respecto de la acusación en el plazo de quince días, ante la omisión del Ministerio Público; lo anterior considera compromete el principio de imparcialidad jurisdiccional. En consecuencia, considera se vulnera la igualdad procesal y se viola el debido proceso, porque constituye un derecho humano que el quejoso sea juzgado por un juez imparcial y objetivo, así como al respeto al derecho de igualdad entre las partes en el proceso. En ese orden de ideas, básicamente el peticionario del amparo combate el artículo 325 de Código Nacional de Procedimientos Penales, al considerar que es violatorio de los derechos humanos de debido proceso e igualdad entre las partes. En ese sentido, en relación a la porción en la que hace referencia a la violación al debido proceso, cabe señalar que es infundado su argumento relativo a que el artículo 325 del Código Nacional de Procedimientos Penales viola el debido proceso. Lo anterior es así, porque el derecho fundamental al debido proceso que debe imperar en cualquier procedimiento de naturaleza jurisdiccional es el que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha identificado como formalidades esenciales del procedimiento, cuyo conjunto integra la "garantía de audiencia", las cuales permiten que los gobernados ejerzan sus defensas antes de que las autoridades modifiquen su esfera jurídica definitivamente, tales derechos son: I) la notificación del inicio del procedimiento; II) la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; III) la oportunidad de alegar; y, IV) una resolución que dirima las cuestiones debatidas y cuya impugnación ha sido considerada Sala como parte de esta formalidad. Luego, también como integrantes de ese debido proceso, están una serie de garantías mínimas que debe tener toda persona cuya esfera jurídica pretenda modificarse mediante la actividad punitiva del Estado; por tanto, dentro de esa categoría de garantías del debido proceso, se identifican dos especies: a).- La primera, que corresponde a todas las personas independientemente de su condición, nacionalidad, género, edad, etcétera, dentro de las que están, por ejemplo, el derecho a contar con un abogado, a no declarar contra sí mismo o a conocer la causa del procedimiento sancionatorio; y, b).- La segunda, que es la combinación del elenco mínimo de garantías con el derecho de igualdad ante la ley, y que protege a aquellas personas que pueden encontrarse en una situación de desventaja frente al ordenamiento jurídico, por pertenecer a algún grupo vulnerable, por ejemplo, el derecho a la notificación y asistencia consular, el derecho a contar con un traductor o intérprete, el derecho de las niñas y los niños a que su detención sea notificada a quienes ejerzan su patria potestad y tutela, entre otras de igual naturaleza. Al respecto es aplicable la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: Época: Décima Época Registro: 2005716 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I Materia(s): Constitucional, Común Tesis: 1a./J. 11/2014 (10a.) Página: 396 "DERECHO AL DEBIDO PROCESO. SU CONTENIDO. Dentro de las garantías del debido proceso existe un "núcleo duro", que debe observarse inexcusablemente en todo procedimiento jurisdiccional, y otro de garantías que son aplicables en los procesos que impliquen un ejercicio de la potestad punitiva del Estado. Así, en cuanto al "núcleo duro", las garantías del debido proceso que aplican a cualquier procedimiento de naturaleza jurisdiccional son las que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha identificado como formalidades esenciales del procedimiento, cuyo conjunto integra la "garantía de audiencia", las cuales permiten que los gobernados ejerzan sus defensas antes de que las autoridades modifiquen su esfera jurídica definitivamente. Al respecto, el Tribunal en Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 47/95, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, diciembre de 1995, página 133, de rubro: ´FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.´, sostuvo que las formalidades esenciales del procedimiento son: (i) la notificación del inicio del procedimiento; (ii) la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; (iii) la oportunidad de alegar; y, (iv) una resolución que dirima las cuestiones debatidas y cuya impugnación ha sido considerada por esta Primera Sala como parte de esta formalidad. Ahora bien, el otro núcleo es identificado comúnmente con el elenco de garantías mínimo que debe tener toda persona cuya esfera jurídica pretenda modificarse mediante la actividad punitiva del Estado, como ocurre, por ejemplo, con el derecho penal, migratorio, fiscal o administrativo, en donde se exigirá que se hagan compatibles las garantías con la materia específica del asunto. Por tanto, dentro de esta categoría de garantías del debido proceso, se identifican dos especies: la primera, que corresponde a todas las personas independientemente de su condición, nacionalidad, género, edad, etcétera, dentro de las que están, por ejemplo, el derecho a contar con un abogado, a no declarar contra sí mismo o a conocer la causa del procedimiento sancionatorio; y la segunda, que es la combinación del elenco mínimo de garantías con el derecho de igualdad ante la ley, y que protege a aquellas personas que pueden encontrarse en una situación de desventaja frente al ordenamiento jurídico, por pertenecer a algún grupo vulnerable, por ejemplo, el derecho a la notificación y asistencia consular, el derecho a contar con un traductor o intérprete, el derecho de las niñas y los niños a que su detención sea notificada a quienes ejerzan su patria potestad y tutela, entre otras de igual naturaleza. Amparo en revisión 352/2012. 10 de octubre de 2012. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Mario Gerardo Avante Juárez. Amparo directo en revisión 3758/2012. Maple Commercial Finance Corp. 29 de mayo de 2013. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretario: David García Sarubbi. Amparo en revisión 121/2013. 12 de junio de 2013. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretaria: Cecilia Armengol Alonso. Amparo en revisión 150/2013. 10 de julio de 2013. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretaria: Mercedes Verónica Sánchez Miguez. Amparo directo en revisión 1009/2013. 16 de octubre de 2013. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien reservó su derecho a formular voto concurrente. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Julio Veredín Sena Velázquez. Tesis de jurisprudencia 11/2014 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha siete de febrero de dos mil catorce. Esta tesis se publicó el viernes 28 de febrero de 2014 a las 11:02 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 03 de marzo de 2014, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013". En ese sentido, adverso a lo que sostiene el quejoso, el artículo 325 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no contraría el debido proceso, toda vez que, no afecta los derechos establecidos en el artículo 20 constitucional, pues en todo momento el imputado está enterado del procedimiento, el cual se encuentra previsto en la ley, y la actuación del juez de control, es solamente una intervención para que el procedimiento tenga continuidad y no se detenga, no priva al encausado de ningún derecho, de manera que no puede ser considerado contrario al texto Constitucional. En otro entorno, relativo a la porción del concepto de violación que señala como violación al derecho de igualdad entre las partes, dicho motivo de disenso resulta infundado. A efecto de demostrar lo infundado de dicho argumento es necesario citar el contenido de los artículos 324 y 325, ambos del Código Nacional de Procedimientos Penales. "Artículo 324. Consecuencias de la conclusión del plazo de la investigación complementaria Una vez cerrada la investigación complementaria, el Ministerio Público dentro de los quince días siguientes deberá: I. Solicitar el sobreseimiento parcial o total; II. Solicitar la suspensión del proceso, o III. Formular acusación. "Artículo 325. Extinción de la acción penal por incumplimiento del plazo Cuando el Ministerio Público no cumpla con la obligación establecida en el artículo anterior, el Juez de control pondrá el hecho en conocimiento del Procurador o del servidor público en quien haya delegado esta facultad, para que se pronuncie en el plazo de quince días. Transcurrido este plazo sin que se haya pronunciado, el Juez de control ordenará el sobreseimiento". De los preceptos trascritos se advierte que, a quien compete realizar la acusación es al respectivo Agente del Ministerio Público y el plazo para realizarla es solamente para éste, de manera que, si no formuló acusación y ello provocó que se diera vista a su superior (Procurador General), para que se pronuncie en el plazo de quince días, ello no viola el principio de igualdad entre las partes. Lo anterior es así, porque dado el enfoque del precepto legal en análisis, es dable concluir que la finalidad del legislador al plasmar que previo a decretar el sobreseimiento, debería observarse el procedimiento de dar vista al Procurador, no fue otra más que la de observar los principios que rigen el derecho penal acusatorio establecidos en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en específico el procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen. Esto es así, porque los derechos fundamentales deben analizarse en el contexto, no solo individual, sino inmersos en la sociedad formada por todos los ciudadanos del Estado, de esta forma, si el legislador estableció que si el Agente del Ministerio Público no formulaba acusación, se tenía que dar vista al Procurador para que procediera conforme a la ley. Ello no otorga una ventaja al representante social, sino que se trata de un plazo único que se divide para el Ministerio Público, que reconoce el interés de la sociedad en que se cumplan con las finalidades del proceso penal establecidas en la fracción I del artículo 20 Constitucional, esto es, el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen, por ello, se estableció el mecanismo para que no quede duda, que el Ministerio Público decidió no presentar acusación, es decir, cuando la representación social, por algún motivo, determinó que no es posible formularla. Sin que con ello se cause agravio al imputado, pues la oportunidad para el Ministerio Público no es ilimitada, y mucho menos es dable sostener que el juez de origen actúe como auxiliar, puesto que esa vista no implica que haya dado directrices de la forma o sentido en que debería formularse la acusación; toda vez que el numeral reprochado de inconstitucionalidad se limita a precisar que, si el Procurador no realiza el pronunciamiento correspondiente en el plazo que específica, procederá el sobreseimiento en la causa, pero sin exigir que el juez de origen tenga que establecer o precisar el sentido o directriz en que se habrá de emitir la acusación. En ese orden de ideas, resulta pertinente reiterar que el plazo de quince días que se ve ampliado otros quince, en términos del numeral 325 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no vulnera el principio de igualdad procesal entre las partes, puesto que como se advierte, tiende a observar los propósitos del proceso penal acusatorio. Por último, resulta inatendible el argumento que endereza el quejoso en el sentido de que la ejecutoria emitida en el amparo en revisión 119/2018, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional el artículo 325 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Lo anterior es así, porque contrario a lo que sostiene, de la consulta a la página oficial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo cual se invoca como un hecho notorio en términos de lo dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se advirtió que la resolución emitida dentro del amparo en revisión 119/2018, se falló el veintidós de mayo de dos mil diecinueve, bajo la ponencia de la ministra Norma Lucía Piña Hernández, en la que se desechó el recurso de revisión interpuesto por el Ministerio Público de la Federación adscrito al Juzgado de Distrito; se revocó la sentencia la sentencia recurrida; se negó el amparo; y se reservó jurisdicción al Tribunal Colegiado de origen para los efectos precisados en esa resolución. Así, es dable concluir que el artículo impugnado 325 del Código Nacional de Procedimientos Penales no es inconstitucional; consecuentemente, al no ser contrario al texto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la disposición normativa impugnada, y no existir queja deficiente que suplir lo procedente es negar el amparo y la protección de la Justicia Federal a Roberto Baez Mora. La negativa del amparo debe hacerse extensiva respecto de los actos de ejecución reclamados, al no ser en sí mismos violatorios de garantías. Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y, por ende, son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo expuesto, y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 79 y demás relativos de la Ley de Amparo vigente, se RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Roberto Baez Mora, en contra de los actos reclamados y autoridades señaladas como responsables en el considerando tercero de esta sentencia, por los motivos expuestos en el último considerando de este fallo. Notifíquese personalmente. Así, lo resolvió y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Marbella Juárez García, secretaria que autoriza y da fe, hasta hoy veinticuatro de julio de dos mil diecinueve, en que lo permitieron las labores del juzgado.- Doy fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, tres de abril de dos mil diecinueve. REMITE INFORME JUSTIFICADO. Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, signado por el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Morelia, a través del cual cumple con el requerimiento hecho en auto de veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, y al efecto remite las constancias que le fueron requeridas. PRUEBA DOCUMENTAL. Con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se tiene por admitidas y desahogadas en atención a su propia y especial naturaleza la documental que la autoridad responsable remite consistente en los registros de audio y video en formato DVD, mismos que aduce la autoridad oficiante, contienen la carpeta administrativa digitalizada de la causa penal 428/2018, instruida a Roberto Báez Mora por el delito de robo de vehículo de motor terrestre en agravio de Nicolás Ortiz Tovar. DISCO ÓPTICO. Finalmente, por lo que respecta al disco óptico que remite la autoridad oficiante, glósese el mismo al expediente en que se actúa, debiéndose adoptar las medidas necesarias para garantizar su debida conservación; lo anterior, previo a corroborar que su contenido puede visualizarse al reproducirlo en el ordenador. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza.- Doy fe.

Quedan 14 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · 7,288 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano