Roberto Arroyo Pérez

Expediente 349/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 45 actuaciones registradas, la última del 20 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
349/2020
Año
2020
Actuaciones
45
Última actuación
20/10/2022

Partes del expediente

  • Roberto Arroyo Pérez
  • Magistrados Que Integran la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala

Actuaciones

Las 4 más recientes de 45.

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, veinte de octubre de dos mil veintidós. Se autorizan copias certificadas. Agréguese a los autos el escrito signado por la tercera interesada Azucena Juárez Sedeño, a través del cual solicita copia certificada de las constancias que indica; por tanto, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su ordinal 2°, expídase a su costa copia certificada de las constancias que solicita, previa razón que de su recibo se otorgue en autos y teniendo como autorizados para tal efecto a las personas que señala. Ahora bien, atendiendo a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, hágase del conocimiento de la tercera interesada, que a efecto de dar cumplimiento a lo señalado en el párrafo que antecede, deberá observar lo señalado en el numeral 3 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, respecto del micrositio "servicios jurisdiccionales" el cual contiene el diverso micrositio "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en cada órgano jurisdiccional para la generación de citas para consultar expedientes y el desahogo de comparecencias o requerimientos. La generación de citas será un proceso automatizado que otorgará a la persona cuyo nombre se solicite, un código QR que, a su vez permitirá que el promovente y, en su caso otra persona autorizada en el expediente respectivo, ingresen al órgano jurisdiccional. El acceso estará condicionado a que al menos una de las personas que acuda a la cita se identifique como la persona que a cuyo nombre se generó, sin que la otra esté exenta de registrarse. El acceso podrá restringirse a quienes acudan fuera del horario previsto y a quienes no cumplan los requisitos pasar los filtros sanitarios. El QR podrá presentarse electrónicamente en un dispositivo móvil o podrá llevarse impreso, y dará derecho a que un máximo de dos personas accedan al órgano jurisdiccional ante el cual se programó la cita, sin que puedan utilizar ese pase para visitar órganos distintos. Asimismo, dígasele que en caso de generar la cita a través del código QR, deberán presentarse debidamente identificados con credencial oficial y vigente. Finalmente, para estar en posibilidad de coordinar la entrega de las copias, el solicitante o los autorizados deberán comunicarse al teléfono 241 418 8190, extensión 1308 (dentro de un horario de nueve a trece horas, de lunes a viernes) con la licenciada Sonia López Márquez, Secretaria del Juzgado, una vez que realicen la cita mencionada en el párrafo que antecede. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de Sonia López Márquez, Secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, veintisiete de junio de dos mil veintidós. Causa estado cumplimiento a la sentencia de amparo. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal de autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes hicieran valer recurso de inconformidad contra el auto del veinticinco de mayo de dos mil veintidós, que tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo; en consecuencia, se declara que el auto de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Una vez que obren en autos las constancias de notificación del presente proveído, sin ulterior acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo interpretado a contrario sensu, envíese el presente juicio constitucional al ARCHIVO, toda vez que se encuentra totalmente concluido. Valoración del expediente. Se establece que el presente expediente es depurable, una vez que transcurra el término de tres años a que se refiere el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, por ubicarse en el supuesto establecido en el ...del citado Acuerdo; POR HABERSE CONCEDIDO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL EN EL JUICIO; en la inteligencia que deberán conservarse la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada y los demás documentos que considere el titular del órgano jurisdiccional, los cuales deberán ser transferidos a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Dado que el presente juicio carece de relevancia documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo 15, del citado Acuerdo General, el expediente principal deberán transferirse a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, una vez que transcurran los plazos que disponen los artículos 18, penúltimo párrafo y 27 del Acuerdo General referido. Plazo de conservación. Resguárdese el juicio principal por el término de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Depuración de expediente. Depúrese el cuaderno principal dentro de los noventa días siguientes a que se haya cumplido el término a que se refiere el párrafo ante anterior, conservando la demanda, el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; la resolución relativa a la sentencia y los demás documentos que considere el titular del órgano jurisdiccional; lo que deberá justificarse en el acuerdo de desincorporación, debiéndose remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Transferencia. Terminado el proceso de depuración, solicítese la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Cuaderno original del incidente de suspensión. Ahora, mediante oficio CAP/DGAD/392/2021, de ocho de marzo de dos mil veintiuno, el Director General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, en atención a la consulta formulada por el Juez Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, informó que únicamente será depurable el original del incidente de suspensión cuando se concedan la suspensión definitiva o ambas medidas cautelares, de ocurrir lo contrario, es decir, si se concedió la suspensión provisional, pero se negó la definitiva, lo procedente será que el órgano jurisdiccional lo destruya al carecer dicho documento de relevancia jurídica. Luego, tomando en consideración que en el incidente de suspensión fue negada la medida definitiva; el incidente de suspensión es susceptible de destrucción. Así, respecto al original del incidente de suspensión, al haberse negado la suspensión definitiva, de conformidad con el numeral 21, inciso c), del citado acuerdo general, tan pronto haya transcurrido el término de tres años, es susceptible de destrucción. Por lo que respecta al duplicado del referido incidente, de conformidad con el numeral 20, fracción II, inciso a), del multicitado acuerdo general, tan pronto haya transcurrido el término de seis meses, procédase a la destrucción de este expediente. Resguárdese por el término de seis meses, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Destrúyase dentro de los treinta días siguientes a que se haya cumplido el término a que se refiere el párrafo anterior, debiéndose remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. En consecuencia, realícense las anotaciones correspondientes en las carátulas de los expedientes y en su momento en la relación que se integre para efectos de su transferencia o destrucción; asimismo, insértese copia certificada de este acuerdo en el cuaderno original y en el duplicado del incidente de suspensión, para constancia. No se ordena devolución de documentos. Sin que haya lugar a requerir a las partes para la entrega de documento, toda vez que estos no obran en autos. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Sonia López Márquez, Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.

  3. Principal

    Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte quejosa, el contenido del proveído de veinticinco de mayo de dos mil veintidós: En Apizaco, Tlaxcala, veinticinco de mayo de dos mil veintidós. Análisis cumplimiento de sentencia. Visto el estado procesal de autos y la certificación de cuenta, y conforme al artículo 107, fracción XVI, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, dispone que no puede archivarse ningún juicio de amparo, sin que quede cumplida la sentencia en que se haya concedido a la parte quejosa la protección constitucional. En la sentencia dictada el doce de abril de dos mil veintiuno (fojas 95 a 117), se negó el amparo y protección de la Justicia Federal a Roberto Arroyo Pérez. Inconforme con tal determinación, el quejoso Roberto Arroyo Pérez, interpuso recurso de revisión, mismo que fue radicado por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, con el número 150/2021 y resuelto por ejecutoria de diez de marzo de dos mil veintidós (fojas 333 a 371), cuyos puntos resolutivos fueron: "PRIMERO. Se revoca la sentencia de amparo recurrida. SEGUNDO. Para los efectos plasmados en la parte final del último considerando de esta ejecutoria la Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a Roberto Arroyo Pérez, contra el acto y autoridades precisadas en el resultando primero de este fallo". En consecuencia, por auto de veintiocho de marzo de dos mil veintidós (fojas 372 a 374), se tuvo por recibida la ejecutoria dictada por la superioridad y requirió el cumplimiento de la misma a fin de que los Magistrados que Integran la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado De Tlaxcala realizaran lo siguiente: "1. Deje insubsistente la resolución reclamada y. 2. Dicte otra en la que el ejercicio de la libertad jurisdiccional que le confiere, atento a los lineamientos de esa ejecutoria, dicte una nueva de manera fundada y motivada, en la que atienda de manera puntual el principal tema que surge con motivo de la promoción de las diligencias de alimentos provisionales origen del recurso de queja a resolver, relativo a la falta de cumplimiento de los requisitos para la procedencia de una pensión de alimentos provisionales, ante la presencia de un procedimiento instado con anterioridad ante el mismo juzgado familiar por los idénticos acreedores, en el que se convino ante la presencia judicial una pensión semanal, y que le fue planteado por el acreedor alimentario al contestar los agravios de la inconforme." Posteriormente, se tuvo por recibido el oficio SASCFP3-353-2022 signados por la Secretaria de Acuerdos adscrita a la Tercera Ponencia de la Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, mediante el cual remitió las constancias con las que manifestó haber dado cumplimiento a la sentencia de amparo, con el cual se ordenó dar vista a la parte quejosa y tercero interesada por el plazo de tres días, para que estuvieran en aptitud de manifestar lo que a su interés legal conviniera. Ahora, a las documentales remitidas por la autoridad responsable, este juzgador les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos ...Con apoyo en las constancias de autos, datos aportados por la autoridad responsable, se procede a analizar si la misma se encuentra cumplida o no. Del análisis de las constancias remitidas, se advierte que la Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, realizó lo siguiente: Implícitamente dejó insubsistente la resolución de doce de marzo de dos mil veinte, en el toca civil de queja 27/2020. El diecinueve de abril de dos mil veintidós, dictó una nueva determinación, en la que revocó la resolución de veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve, dictada por el Juez Segundo de lo Familia del Distrito Judicial de Cuautémoc en el expediente 600/2019 de su índice. Lo anterior, por los argumentos siguientes: "Por lo tanto, este Tribunal de Alzada estima que contrario a lo manifestado en vía de agravio por la aquí quejosa, la determinación de reducir la pensión alimenticia del cuarenta y cinco al veinte por ciento (a través del recurso de revocación planteado), más allá de una ampliación inexacta del artículo 157 del Código Civil Vigente en el Estado, vulneró el principio de exhaustividad dado que la Jueza Familiar de la causa, no se ocupó del planteamiento de inconformidad efectivamente planteado por el deudor alimentario, es decir, omitió determinar si la promoción de dos procedimientos de diligencia de alimentos provisionales y la admisión a trámite de ambos, transgreden los principios de certeza jurídica y tutela jurídica efectiva en perjuicio del recurrente. En consecuencia, esta Alzada determina que tal omisión constituye en efecto, una transgresión al principio de exhaustividad, pues es claro que si bien la Juez Familiar de la causa, hizo referencia al planteamiento de inconformidad relativo a que no se podían seguir los trámites de alimento provisionales en contra del recurrente (por la misma persona en favor de los mismo acreedores alimentarios), determinó revocar el acuerdo impugnado, aduciendo que no se habían ponderado las verdaderas necesidades de los menores, ni se encontraba acreditado cuáles eran las percepciones del deudor alimentario, omitiendo señalar si era jurídicamente viable que subsistieran los dos procedimientos de alimentos provisionales aludidos; de ahí que se arriba a la conclusión de que, la Jueza Familiar incumplió con su obligación de examinar todas las cuestiones o puntos litigiosos, tomando en cuenta los argumentos aducidos tanto por el recurrente en sus agravios, como aquellos en los que se sustenta la contestación, de tal forma que queden analizados y resuelto al dictarla sentencia correspondiente. Una vez advertido dicho vicio formal, es dable revocar la resolución materia del presente recurso de queja, pues la margen de los agravios hechos valer en esta instancia, al reasumir jurisdicción, esta Sala debe ponderar el examen de la cuestión efectivamente planteada en el recurso de revocación, ya que ello conlleva a decidir si se vieron vulnerados o no, los principios de seguridad jurídica y tutela judicial efectiva del deudor alimentario. De esta manera, es claro que si bien la Ley Adjetiva Civil del Estado, no restringe la posibilidad de promover más de un procedimiento de diligencias de alimentos provisionales, bajo el principio de certeza jurídica, si se advierte que existe un procedimiento anterior promovido por la misma persona o acreedores alimentarios, en contra del mismo deudor alimentario, la o el Juez Familiar de conocimiento, oficiosamente, puede ordenar que las partes involucradas, alleguen los medios de prueba suficientes e idóneos, para determinar si en el procedimiento primigenio, no se encuentra garantizada, la obligación de otorgar alimentos, y en tal caso, quedaría justificada la necesidad que haya de los alimentos. (.) Por lo tanto, esta Alzada estima que al no haber colmado el presupuesto legal de la necesidad de dar alimentos, previsto en la fracción III del citado artículo 1446 de la Ley Adjetiva Civil aplicable, lo procedente era desechar las diligencias de alimentos provisionales que fueron radicadas bajo el número 600/2019 del índice del Juzgado Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc". En consecuencia, es evidente que la Secretaria de Acuerdos adscrita a la Tercera Ponencia de la Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado acreditó haber dado cumplimiento a los efectos de la sentencia de amparo; lo anterior, pues dictó una nueva resolución en la que resolvió lo relativo a la falta de cumplimiento de los requisitos para la procedencia de una pensión de alimentos provisionales, ante la presencia de un procedimiento instado con anterioridad ante el mismo juzgado familiar por los idénticos acreedores. No existe defecto o exceso. Es pertinente dejar establecido que no existió defecto o exceso en el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, considerando que hay exceso cuando las responsables se extralimitan en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la determinación y que, por el contrario, habrá defecto, cuando las autoridades cumplen parcialmente con lo ordenado, o lo hace deficientemente; al respecto, como criterio orientador, se cita la jurisprudencia del rubro: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. ALCANCES Y LÍMITES EN SU ESTUDIO". Se estima que no hay defecto en el cumplimiento, en razón a que la responsable siguió lo ordenado en la sentencia protectora en los términos indicados con antelación. Tampoco existe exceso, pues la autoridad responsable no se extralimitó en el cumplimiento, pues no fue más allá de lo ordenado en la ejecutoria de amparo. Por tanto, no existió defecto en el cumplimiento porque la responsable no dejó de hacer algo que se le haya impuesto en la resolución de amparo; tampoco existe exceso, ya que la responsable no fue más allá del alcance de la ejecutoria que concedió el amparo. Se declara cumplido el fallo protector Por consiguiente, este órgano de control constitucional considera que se ha restituido a la parte quejosa en el goce de los derechos fundamentales violados, en términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo; en tal virtud, se declara cumplida la ejecutoria de amparo dictada dentro del presente juicio. Anotaciones y captura SISE Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de Juzgado de registro de juicios de amparo, y pro

  4. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, veintidós de abril de dos mil veintidós. Autoridad informa cumplimiento a ejecutoria de amparo. Agréguese el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos Adscrita a la Tercera Ponencia de la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, mediante el cual informa el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio de amparo y al efecto anexa las constancias con las que justifica lo anterior. Se da vista con cumplimiento. En consecuencia, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa y tercera interesada, debiendo correrle traslado con el oficio y anexo de cuenta, por el término de tres días computados legalmente para que manifieste lo que a su interés convenga respecto del cumplimiento dado por la autoridad responsable, con el apercibimiento que de no hacerlo este Juzgado proveerá lo que en derecho corresponda tocante a dicho cumplimiento del fallo protector. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa y tercero interesada. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Sonia López Márquez, Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.JFJM

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