Roberto Arellano Magdaleno
Expediente 1070/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de octubre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1070/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 20/10/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Roberto Arellano Magdaleno
Actuaciones
- Principal
Agréguese a sus autos el oficio de cuenta de la Actuaria del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, mediante el cual informa que el auto que desechó la demanda de amparo promovida por XXX quedó firme al no haber sido recurrida a través del recurso de reclamación, de lo que este juzgado toma conocimiento.
- Principal
Agréguese a los presentes autos el oficio de la Actuaria del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, mediante el cual informa que se avocó al conocimiento del presente asunto, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Dado lo anterior, archívese este asunto como totalmente concluido, procediendo a realizar las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Por otra parte, y toda vez que el presente juicio, carece de relevancia documental, sin que se advierta del mismo documento alguno en original exhibido por las partes, lo anterior se hace constar de conformidad a lo señalado en el punto Décimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, con vigencia a partir de treinta días después de su publicación, según su artículo primero transitorio; en tal virtud, en términos del punto Vigésimo y Vigésimo Primero, supuesto II, del citado Acuerdo General, el presente expediente es susceptible de ser DESTRUIDO. Se ordena hacer la anotación correspondiente en las carátulas del expediente y anexo, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto décimo primero del acuerdo en comento. Finalmente, se hace constar que las partes no ejercieron el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales al momento de hacerse pública la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, a pesar de habérseles hecho el señalamiento respectivo en el acuerdo correspondiente a las partes.
- Principal
SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO REALIZADO EN DILIGENCIA DE NOTIFICACIÓN, POR LO QUE SE PROCEDE A REALIZAR LA NOTIFICACIÓN POR MEDIO DE LISTA, EN LOS TERMINOS SIGUIENTES: RADICACIÓN Vista la demanda de amparo promovida por ROBERTO ARELLANO MAGDALENO, contra los actos del JUEZ DE LO PENAL DE ACATLÁN DE OSORIO, PUEBLA, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente bajo el número 1070/2017. INCOMPETENCIA LEGAL Vista la demanda de amparo, se advierte que a este Juzgado Federal no le corresponde el conocimiento de la misma, toda vez que el acto reclamado debe ser materia de amparo directo. En efecto, el quejoso reclama del JUEZ DE LO PENAL DE ACATLÁN DE OSORIO, PUEBLA, la sentencia definitiva de veintiséis de junio de dos mil nueve, dictada en el proceso penal 54/2008 de su índice, por el delito de homicidio calificado, cometido en agravio de JORGE HERNÁNDEZ LIRA. Al respecto, este Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, DECLARA QUE CARECE DE COMPETENCIA LEGAL, para conocer de la demanda propuesta, toda vez que el acto reclamado debe ser materia de amparo directo, en los términos de lo que disponen los artículos 47, primer párrafo, y 170, fracción I, de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda." "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede:. I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional;" Del primero de los numerales indicados se desprende que cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que se estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. Del segundo de ellos, se advierte que el Juicio de amparo directo procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Asimismo, el dispositivo en análisis prevé que se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal. Aunado a lo anterior, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 38/2014, determinó que la competencia para conocer de los juicios de amparo directo, aun sin haber agotado el medio ordinario respectivo, lo son los Tribunales Colegiados, contradicción en lo que interesa su marco normativo establece: ".a) El juicio de amparo se tramitará en la vía directa o indirecta, en la forma que establezca la Ley de Amparo.b) Los Tribunales Colegiados de Circuito son competentes para conocer del juicio de amparo en la vía de tramitación directa. c) La vía de tramitación directa del amparo procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo (ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo). d) Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. e) Para la procedencia del juicio de amparo, deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos.f) Cuando se reciba en un Tribunal Colegiado de Circuito una demanda de amparo que deba tramitarse en la vía indirecta, declarará de plano carecer de competencia y la remitirá con sus anexos al órgano que estime competente. Con base en lo anterior, es posible afirmar que las disposiciones citadas se ocupan de establecer, por un lado, la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito para conocer de los juicios de amparo en la vía directa. Por otro lado, la regla sobre procedencia de la vía de amparo directo cuando se impugnen sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio (casos en los que se pueden plantear violaciones cometidas en ellos, o que cometidas durante el procedimiento, afecten las defensas del quejoso y trasciendan al resultado del fallo).Y, por otro lado más, la regla sobre procedencia del juicio de amparo o principio de definitividad, consistente en que deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley, por virtud de los cuales, los actos reclamados consistentes en sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Disposición esta última que además, resulta congruente con el contenido del artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, donde se dispone que el juicio de amparo es improcedente contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa por el que se pudieran modificar, revocar o nulificar. ".Entonces, respecto de una demanda de amparo promovida en contra de una sentencia que decide el juicio de origen en lo principal, cuando no se agotó el medio ordinario de defensa previsto en la ley; es inconcuso que sí procede la vía directa de tramitación del juicio de amparo, y que, en consecuencia, sí es competente un Tribunal Colegiado de Circuito para conocer del juicio de amparo respectivo. Lo anterior, sobre la base de que, acorde con el marco constitucional y legal analizado en los capítulos precedentes, la circunstancia de que una sentencia que decide el juicio de origen en lo principal, no se haya impugnado a través del medio ordinario de defensa previsto en la ley; no tiene relevancia respecto de la determinación de la procedencia de la vía directa del amparo, ni sobre la determinación de la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito para conocer del juicio de amparo directo, sino solamente adquirirá importancia hasta el estadio procesal en el que se analice la procedencia del juicio de amparo, lo que debe ocurrir con posterioridad a la fijación de la competencia del Tribunal Colegiado respectivo." Consideraciones que dieron origen a la jurisprudencia que a continuación se indica: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor." De una interpretación sistemática de la jurisprudencia citada en líneas que preceden, se tiene que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias y resoluciones que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas. En el caso, el quejoso reclama la sentencia definitiva dictada en su contra por el JUEZ DE LO PENAL DE ACATLÁN DE OSORIO, PUEBLA, en el proceso penal 54/2008 de su índice, y por ende, se está ante el supuesto contenido en el artículo 47 de la Ley de Amparo, pues se estima que quien es competente para conocer de la demanda de amparo lo es un Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Penal, ya que, se itera, el acto reclamado lo constituye una sentencia de primera instancia que decide el juicio en lo principal. Sin que pase desapercibido el tercer párrafo de la fracción I del aludido precepto 170 que establece que "para la procedencia" del juicio de amparo directo deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificadas o revocadas, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Así, para la "procedencia del juicio de amparo directo", el análisis de si procede o no algún recurso, sólo puede realizarlo el órgano competente, es decir, quien debe conocer de los Juicios de Amparo directo. Por ello, se colige que el acto reclamado en el presente expediente, no es competencia de un Juez de Distrito sino de un Tribunal Colegiado de Circuito en términos de los artículos 47 y 170 de la Ley de Amparo Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 47 y 170 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, el suscrito juzgador declara que carece de competencia legal para conocer del presente juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis visible en la página 55 del Tomo VI Segunda Parte-1, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, señala: "AMPARO DIRECTO. ES PROCEDENTE CONTRA LAS RESOLUCIONES QUE PONEN FIN AL JUICIO.- Conforme al artículo 107 de la Constitución General del país, fracción V, si bien es verdad que el inciso c), referido a los juicios del orden civil en los cuales se comprenden los del orden mercantil, sólo alude a "sentencias definitivas", contra las cuales procede el amparo directo. Sin embargo, lo cierto es que esta vía es procedente también para promover el amparo contra las resoluciones dictadas en juicios civiles o mercantiles, que ponen fin al juicio, pues así se debe concluir de acuerdo a una interpretación íntegra y sistemática de la fracción V, del 107 constitucional, y de los artículos 44 y 158 de la Ley de Amparo. Efectivamente, cabe destacar en primer término, que la mencionada fracción V en su primer párrafo dispone en términos generales y de manera expresa que el amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, se pedirá ante el Tribunal Colegiado de Circuito, es decir, que establece la procedencia de esa vía para impugnar la legalidad de ambas clases de resoluciones (sentencias definitivas o las que dan por terminado el juicio), no obstante que en el inciso c) sólo se mencionen las sentencias definitivas, ya que, por otro lado, el artículo 44 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales corrobora este punto de vista al establecer que: "el amparo contra sentencias definitivas o laudos, sea que la violación se cometa durante el procedimiento, o contra resoluciones que pongan fin al juicio, se promoverá por conducto de la autoridad responsable ...". Ello pone de manifiesto que se trata del amparo directo, porque el indirecto se promueve ante el Juez de Distrito, sin distinción alguna por cuanto a la materia; por el contrario, este artículo se refiere en forma genérica a sentencias definitivas, laudos y resoluciones que ponen fin al juicio". En consecuencia, remítase la demanda de amparo de que se trata y sus copias, al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito en Turno, para los efectos legales procedentes, solicitando se sirva acusar el recibo de estilo correspondiente. Con copia simple de la demanda de amparo de que se trata fórmese expediente de amparo, regístrese, hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto concluido. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene por señalado domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de demanda y como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ADÁN URIOSO MARTÍNEZ, RUBÉN CARDOSO GALENO y JOSÉ IGNACIO SANTAMARÍA MALDONADO, y con las restricciones de dicho artículo a los demás profesionistas que indica, toda vez que no cuenta con el debido registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, ni acreditan tener la licenciatura en derecho o abogado. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, como lo ordena el artículo 17 constitucional; para los casos en los que en el presente juicio de amparo se deban realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a las partes y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero y 26, fracción I, ambos de la ley de la materia, previa razón que se asiente por el actuario, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, éste deberá asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Finalmente en conformidad con los preceptos 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 11, fracción VI, 16 y 68, éste último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano al emitir la sentencia respectiva y con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública, protegiendo aquella considerada legalmente como confidencial o reservada.
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