Roberto Arellano Lizárraga
Expediente 951/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 7 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 951/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 28/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Roberto Arellano Lizárraga
- Juez de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento Penal de la Región Sur, Ciudad.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Visto el oficio DPyRS/CPC/3299/2023, remitido vía correo electrónico por la autoridad señalada como responsable Director del Centro Penitenciario "El Castillo", con residencia en esta ciudad, mismo que fue enviado desde la dirección cpcastillo.mazatlán@gmail.com, a través del cual rinde informe justificado. Ahora, toda vez que el comunicado citado en el párrafo que antecede fue remitido por la vía indicada sin la evidencia criptográfica de la firma electrónica; en razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 297, fracción ll, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase a la referida autoridad, para que dentro del término de tres días contado legalmente, rinda nuevamente su informe de cuenta, en el entendido de que si decide remitirlo por medios electrónicos, éste deberá contener la respectiva firma electrónica, ya sea firma electrónica avanzada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), la cual podrá promover a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, o la e.firma emitida por el Servicio de Administración Tributaria, o bien, con firma autógrafa si lo presentan directamente en Oficialía de Partes de éste órgano jurisdiccional, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 52 Duodecies del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa del propio Consejo. En apoyo a lo anterior se cita la jurisprudencia Vll.1º.T.J/1K (11a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo lll, febrero de 2022, Materia Común, Undécima Época, registro digital 20242131 del tenor literal siguiente: Por otra parte, téngase recibido el escrito firmado autógrafamente por el licenciado José Ricardo Hernández Vázquez, autorizado del quejoso Roberto Antonio Arellano Lizárraga, por medio del cual ofrece pruebas documental vía informe, inspección judicial y testimonial a cargo de Marsela Rivera Lizárraga, Karen Leticia Herrera Beltrán y María Dolores Osuna Rendón; en atención a ello, de conformidad con el artículo 75 de la Ley de Amparo, se reserva acordar sobre su admisión hasta en tanto se reciba el informe justificado rendido por la autoridad judicial responsable, toda vez que, conforme al numeral en cita, en materia penal se debe verificar que el ofrecimiento de las pruebas no implique una violación a la oralidad o a los principios que rigen en el proceso penal acusatorio.
- Incidental
Téngase recibido el escrito firmado autógrafamente por el licenciado ******************** autorizado del quejoso ********************, a través del cual interpone incidente por defecto en el cumplimiento a la suspensión definitiva que le fue otorgada el catorce de noviembre de dos mil veintitrés, contra la Jueza de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento Penal del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad. En atención a lo anterior, con fundamento en los artículos 206 a 209 de la Ley de Amparo, SE ADMITE a trámite el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión definitiva; en consecuencia, córrase traslado a la autoridad responsable denunciada con una copia del ocurso de cuenta, para que dentro del término de tres días hábiles rinda su informe en relación al cumplimiento que, en su caso, haya dado a la medida suspensional de referencia y ofrezca las pruebas que estime pertinentes, en la inteligencia de que la falta o deficiencia del informe establece la presunción de ser cierta la conducta que se le reclama. Por otra parte, se tiene ofrecida la prueba instrumental de actuaciones que refiere en el escrito de cuenta. Ahora, atento a lo establecido en el numeral 208, fracción II, de la Ley de Amparo, se fijan las DIEZ HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL DOCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la celebración de la audiencia en este incidente. Lo expuesto, se hace del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar. Con independencia de lo anterior, se hace del conocimiento de la responsable denunciada que en términos del diverso 262, fracción III, de la ley de la materia, se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el incidente de suspensión no obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra.
- Incidental
ÚNICO. SE CONCEDE a ******************** la suspensión definitiva solicitada, en contra de los actos que reclamó a la autoridad señalada en el considerando único de esta resolución, por las razones expuestas en dicho apartado. NOTIFÍQUESE. Así lo resolvió y firma electrónicamente el licenciado Juan Antonio Gutiérrez Gaytán, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa, asistido de la secretaria de juzgado, licenciada Miriam Suheid Flores Osuna, con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Incidental
Visto el estado de autos, de donde se advierte que se omitió requerir informe previo a la autoridad responsable Director del Centro Penitenciario "El Castillo", con sede en esta ciudad, y notificarle el auto relativo a la suspensión provisional decretada en auto de ocho de lo que cursan; en atención a ello, y tomando en consideración que la suspensión definitiva fue resuelta el día catorce siguiente, únicamente respecto a la autoridad judicial, se ordena proveer lo siguiente: Con fundamento en los artículos 138, 140 y 143 de la Ley de Amparo, provéase en el incidente de suspensión en que se actúa, relativo al juicio de amparo 951/2023 promovido por Roberto Arellano Lizárraga, por su propio derecho, contra actos del Director del Centro Penitenciario "El Castillo", con sede en esta ciudad, y otra autoridad, lo concerniente a la suspensión provisional respecto a la autoridad señalada en primer orden. AUDIENCIA INCIDENTAL. Se señalan las ONCE HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo la audiencia en este incidente. INFORME PREVIO. En acatamiento a lo previsto en la fracción III del numeral 138 del ordenamiento invocado, pídase a la autoridad responsable Director del Centro Penitenciario "El Castillo", con sede en esta ciudad, su informe previo, el que deberá rendir dentro del término de CUARENTA Y OCHO HORAS, contado a partir del momento de su notificación, enviándole para tal efecto copia autorizada de la demanda que se provee; en el entendido de que deberá concretarse a expresar si son o no ciertos los hechos que se le atribuyen, a fin de determinar la existencia de los actos reclamados, pudiéndose agregar las razones que se estime pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión. APERCIBIMIENTO. Con fundamento en el artículo 260, fracción I, y 238 de la actual Ley de Amparo, se apercibe a la autoridad responsable, que de no rendir el informe previo, se hará acreedora a una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización. Asimismo, de expresar la responsable un hecho falso o de negar la verdad, al rendir el informe de que se trata, incurrirán en el delito contemplado en el arábigo 262 de la legislación reglamentaria de referencia, sancionado con una pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientas unidades de medida y actualización, y destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos. ESTUDIO DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL. La parte quejosa solicita la suspensión de los actos reclamados consistentes en [1] el auto de vinculación a proceso decretado en su contra, y, [2] la medida cautelar que se le impuso consistente en prisión preventiva oficiosa, emitidos dentro de la causa penal 577/2023 del índice del Juzgado de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento Penal en la Región Sur del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad. Ahora bien, los aspectos que el Juzgador debe considerar para resolver sobre la suspensión de los actos reclamados y los requisitos que el quejoso deben reunir para su procedencia, se encuentran contemplados tanto en la norma constitucional citada, como en los artículos 128, 129, 131 y 138 de la Ley de Amparo, los cuales han sido interpretados por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 2a. XXIII/2016 (10a.), a saber: 1. SOLICITUD EXPRESA DEL QUEJOSO. Este requisito contenido en la fracción I del numeral 128 de la Ley de Amparo, se tiene por satisfecho con la demanda de amparo y la solicitud de la medida cautelar en el capítulo de suspensión. 2. EXISTENCIA DEL ACTO CUYA SUSPENSIÓN SE SOLICITA. El requisito relativo a la existencia de los actos reclamados se acredita con las manifestaciones que formuló la parte quejosa bajo protesta de decir verdad, cuando menos, de manera presuntiva, y únicamente para resolver la suspensión provisional. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 5/93, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 12, agosto de 1993, registro 206395, de rubro: "SUSPENSION PROVISIONAL. PARA DECIDIR SOBRE SU PROCEDENCIA, DEBE ATENDERSE A LAS MANIFESTACIONES DEL QUEJOSO RESPECTO DE LA CERTIDUMBRE DEL ACTO RECLAMADO." 3. QUE EL ACTO RECLAMADO SEA SUSCEPTIBLE DE SUSPENSIÓN. En la especie, los actos reclamados que nos ocupan son de naturaleza positiva y por ende, sus efectos son susceptibles de ser suspendidos. 4. EL QUEJOSO DEBE RESENTIR UNA AFECTACIÓN A SU INTERÉS JURÍDICO O LEGÍTIMO (INTERÉS SUSPENSIONAL). De lo previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 128, fracción I y 131 de la Ley de Amparo, se obtiene que para otorgar la suspensión de los actos reclamados, es indispensable que la parte promovente además de solicitar la medida cautelar, demuestre indiciariamente que cuenta con interés suspensional. Ahora bien, de los argumentos vertidos por el quejoso, se advierte que el aquí quejoso Roberto Arellano Lizárraga, tiene el carácter de inculpado en la causa penal 577/2023, del índice administrativo de la responsable, en la cual se le vinculó a proceso y se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, con lo cual demuestra sus interés suspensional. 5. NO SE SIGA PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL NI SE CONTRAVENGAN DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO, SEGÚN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 129 DE LA CITADA LEY. El artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo, establece el diverso requisito para el otorgamiento de la medida cautelar, consistente en que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público. Así, el diverso 129 de la ley de la materia, establece una serie de supuestos en los que, por regla general, se causa afectación al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, frente a los cuales el juzgador de amparo no debe conceder dicha medida cautelar. Al respecto, el numeral en cita no define los conceptos de orden público e interés social, sino que únicamente contiene (en forma enunciativa, no limitativa) un catálogo de supuestos, los cuales contravienen tales conceptos, como se aprecia de aquel texto normativo al incluir el legislador la frase "se considera", entre otros casos. No obstante ello, el orden público y el interés social han sido definidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de manera ejemplificativa y, en ese matiz, ha sostenido que se afectan esas instituciones cuando, con la suspensión, se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría. En ese contexto, corresponde al Juzgador examinar la presencia de tales factores en cada caso, atendiendo desde luego, al contenido de los actos que se reclaman; ello teniendo presentes las condiciones esenciales para el desarrollo armónico de una comunidad, es decir, las reglas mínimas de convivencia social, a modo de evitar que con la suspensión se causen perjuicios mayores que los que se pretende evitar con esta institución. Entonces, no se tendrá colmado el requisito previsto en la fracción II del artículo 128 de la Ley de Amparo, cuando en caso de concederse la suspensión de los actos o las leyes reclamadas, implique que dejen de producirse actos o hechos tendentes a satisfacer necesidades colectivas, que reporten un beneficio a la sociedad, o bien, que eviten un trastorno o perjuicio público, esto es, que no procederá otorgar la referida medida precautoria cuando se siga perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones de orden público. En el caso, se estima que los actos reclamados no generan una afectación al orden público e interés social, toda vez que respecto al acto de vinculación a proceso, los efectos de la medida suspensional son que el quejoso quede a disposición de este órgano jurisdiccional de amparo en lo que se refiere a su libertad, pero a disposición de la autoridad judicial responsable para efectos de la continuación del procedimiento penal, lo cual se encuentra previsto en el artículo 166, segundo párrafo, de la Ley de Amparo; y en lo que respecta a la medida cautelar identificada como prisión preventiva oficiosa, ésta fue declarada como inconvencional en la contradicción de criterios 40/2023 del Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, al resolver la suscitada entre el Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en sesión celebrada el trece de julio de dos mil veintitrés. 6. ANÁLISIS PONDERADO EN EL CASO CONCRETO ENTRE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO Y LA NO AFECTACIÓN AL ORDEN PÚBLICO Y AL INTERÉS SOCIAL. Para decidir sobre el otorgamiento de la suspensión provisional solicitada, se debe ponderar simultáneamente la apariencia del buen derecho, con el perjuicio al interés social o al orden público que se ocasionaría con su concesión. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 204/2009 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, diciembre de 2009, registro 165659, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "SUSPENSIÓN. PARA DECIDIR SOBRE SU OTORGAMIENTO EL JUZGADOR DEBE PONDERAR SIMULTÁNEAMENTE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO CON EL PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL O AL ORDEN PÚBLICO." Así, a fin de conceder la suspensión de los actos reclamados, una vez satisfechos el resto de los requisitos legales, basta la comprobación de la apariencia del buen derecho, de modo que sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado, lo que deberá sopesarse con el perjuicio que pueda ocasionarse al interés social o al orden público con la concesión de la medida, esto es, si el perjuicio al interés social o al orden público es mayor a los daños y perjuicios de difícil reparación que pueda sufrir la quejosa. Bajo esa óptica, procede conceder la suspensión provisional solicitada, de conformidad con el artículo 163 de la Ley de Amparo, respecto al auto de vinculación a proceso decretado en contra de Roberto Arellano Lizárraga, hasta en tanto se dicte la suspensión definitiva, para efecto de que quede a disposición de este órgano jurisdiccional de amparo en lo que se refiere a su libertad, pero a disposición de la autoridad judicial responsable para efectos de la continuación del procedimiento penal, en términos del artículo 166, segundo párrafo, de la citada ley. Luego, respecto al diverso acto reclamado consistente en la prisión preventiva oficiosa decretada en su contra, con motivo de su vinculación a proceso, dentro de la causa penal 577/2023 del índice del Juzgado de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento Penal en la Región Sur del Sinaloa, con residencia en esta ciudad, es importante mencionar que el Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, al resolver la contradicción de criterios 40/2023, suscitada entre el Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en sesión celebrada el trece de julio de dos mil veintitrés, la declaró procedente en los términos siguientes: 1. El Pleno determinó, esencialmente, que era viable conceder la suspensión provisional con efectos restitutorios, cuando el acto reclamado en el juicio de amparo indirecto fuera la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. 2. Que lo anterior era así, porque se actualizaba la apariencia del buen derecho con las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los casos Tzompaxtle Tecpile y otros contra México y García Rodríguez y otro, contra México, en el que, entre otras cuestiones, se condenó al Estado mexicano y se declaró la inconvencionalidad de dicha medida. 3. Por ello, se concluyó que cuando el quejoso solicite la suspensión provisional ante la imposición de la prisión preventiva oficiosa, ésta debería tener efecto de tutela anticipada y el juez de la causa, con base en las disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, convocaría a una audiencia de revisión de medidas cautelares dentro de un plazo de cuarenta y ocho horas, en la que prescindiera de la reclamada en el juicio de garantías, y podía imponer una diversa previo contradictorio. En atención a la ejecutoria de la Contradicción de Criterios sintetizada se emitió, el día veintidós de septiembre de dos mil veintitrés, la jurisprudencia PR.P.CN. J/13 P (11a.), del Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Norte, con residencia en Ciudad de México, de Registro digital: 2027280, Undécima Época, Materias(s): Común, Penal, localizable en el Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. CUANDO SE RECLAMA LA IMPOSICIÓN DE LA PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA, LA PERSONA JUZGADORA NO DEBERÁ LIMITARSE A LOS EFECTOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 166, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO, SINO QUE DEBERÁ OTORGARLA CON EFECTOS RESTITUTORIOS DE TUTELA ANTICIPADA, YA QUE LAS SENTENCIAS VINCULANTES EMITIDAS POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, EN LOS CASOS TZOMPAXTLE TECPILE Y OTROS Y GARCÍA RODRÍGUEZ Y OTRO EN LAS QUE FUE DECLARADA INCONVENCIONAL ESA MEDIDA, CONSTITUYEN UN FACTOR DETERMINANTE PARA TENER POR DEMOSTRADA LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, al resolver diversos recursos de queja, realizaron un análisis jurídico para determinar si era procedente o no conceder la suspensión provisional con efectos restitutorios cuando el acto reclamado en un juicio de amparo es la imposición de la prisión preventiva oficiosa. Así, uno de los órganos contendientes concedió la suspensión provisional únicamente para el efecto de que, en lo que se refiera a su libertad, la parte quejosa quedara a disposición del órgano jurisdiccional de amparo en el lugar que éste señalara y a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer del procedimiento penal para efectos de su continuación, en términos de lo dispuesto en los artículos 163 y 166, fracción I, de la Ley de Amparo; asimismo, argumentó que no era factible conceder la suspensión con efectos restitutorios, en virtud de que con ello se inobservarían los artículos 19 constitucional, 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 217 de la Ley de Amparo, así como la jurisprudencia P./J. 20/2014 (10a.) derivada de la contradicción de tesis 293/2011, resuelta por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por otra parte, el diverso órgano jurisdiccional contendiente, concedió la suspensión provisional con efectos restitutorios, en observancia a una tutela provisional anticipada, al considerar que el artículo 128 de la Ley de Amparo no impide conceder la suspensión para dicho efecto, esto es, al no ser una disposición absoluta, ya que la mencionada normativa constituye la regla general al analizar la suspensión de los actos que se impugnen en el juicio de amparo y, por ende, pueden existir excepciones a ese lineamiento general. Igualmente, destacó que no se protegen los derechos de la parte quejosa con motivo de la suspensión en aplicación estricta de los artículos 163 y 166 de la Ley de Amparo, de manera que, de conformidad con las sentencias internacionales en las que se determinó la responsabilidad del Estado Mexicano, por la inconvencionalidad de la figura de la prisión preventiva oficiosa, concedió la medida suspensional para efecto de que el Juez de Control señalara fecha para la celebración de una audiencia de revisión de medida cautelar y fijara una diversa, haciendo la precisión de que sólo se podría imponer la prisión preventiva en caso de ser justificada. Criterio jurídico: El Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que con base en una interpretación conforme del artículo 166 de la Ley de Amparo, en correlación con el artículo 107, fracción X, constitucional, es posible conceder la suspensión provisional con efectos restitutorios cuando el acto reclamado sea la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, debido a que las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los casos Tzompaxtle Tecpile y otros contra México y García Rodríguez y otro contra México (en las que entre otras cuestiones, se condenó al Estado Mexicano y se declaró la inconvencionalidad de dicha medida cautelar) son vinculantes y, por tanto, acreditan la apariencia del buen derecho, el peligro en la demora y la no afectación al orden público. Justificación: Tal como se resolvió en la contradicción de tesis 293/2011, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la que derivaron las jurisprudencias P./J. 20/2014 (10a.) y P./J. 21/2014 (10a.), el bloque de constitucionalidad está conformado tanto por los derechos humanos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como por aquellos que se encuentren inmersos en los tratados internacionales, mismos que fueron incorporados a nuestra Norma Fundamental por mandato del propio artículo 1o., creando así un parámetro de regularidad constitucional amplificado, que los relaciona entre sí, sin distinción jerárquica. Asimismo, la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos es vinculante para el Estado Mexicano, aun en los casos en donde no sea condenado, bajo la verificación de la existencia de las mismas razones que motivaron el pronunciamiento, por lo que debe armonizarse la jurisprudencia interamericana con la nacional y, de no ser ello posible, aplicar el criterio que resulte más favorable a la protección de los derechos humanos. Bajo las anteriores consideraciones, para determinar si resulta procedente conceder la suspensión provisional con efectos restitutorios, cuando el acto reclamado sea la imposición de la prisión preventiva oficiosa, la persona juzgadora de amparo no sólo debe limitarse a los efectos establecidos en el artículo 166, fracción I, de la Ley de Amparo, es decir, que el quejoso quede a disposición de la persona juzgadora de Distrito únicamente en cuanto a su libertad personal y a disposición del Juez de la causa para la continuación del procedimiento, sino que es posible una concesión de tutela anticipada, toda vez que los pronunciamientos hechos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en las sentencias correspondientes a los casos ya señalados en donde se declaró la inconvencionalidad de la prisión preventiva oficiosa, son elementos que permiten la actualización de la apariencia del buen derecho, pues ello hace presumible que hay probabilidades jurídicas considerables para que el acto reclamado, en su momento, sea declarado inconstitucional. De modo que, cuando la parte quejosa solicite la suspensión provisional por la imposición de dicha medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, ésta deberá otorgarse con efectos de tutela anticipada, frente a lo cual, el Juez de la causa, con base en las disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, deberá convocar a una audiencia dentro de un plazo de cuarenta y ocho horas, en la que prescinda de la prisión preventiva oficiosa reclamada en el juicio de amparo y podrá imponer una diversa, previo contradictorio entre las partes, en el expreso entendido de que la prevalencia del principio pro persona y la interpretación conforme, no implican la inobservancia de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la inaplicación de algún precepto constitucional o secundario, desvirtuar la finalidad específica de los mecanismos jurídicos regulados en el orden jurídico nacional, la eliminación de cierta figura procesal, ni en absoluto el cuestionamiento del Texto Constitucional, toda vez que, el pronunciamiento sobre si deberá prevalecer la jurisprudencia nacional o la internacional, será materia de evaluación que deba realizar la persona juzgadora de Distrito en el fondo del asunto, es decir, la tutela anticipada es una medida provisional y no sustituye la sentencia definitiva, por lo que la suspensión deberá ser concedida en los términos antes señalados." Por consiguiente, la referida contradicción de tesis es un criterio obligatorio para éste órgano jurisdiccional, dado que declaró la inconvencionalidad de la figura identificada como prisión preventiva oficiosa. En efecto, al tratarse de una figura -prisión preventiva oficiosa- contraria a lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los casos Tzompaxtle Tecpile y otros contra México y García Rodríguez y otro contra México, así como a lo resuelto por el Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Norte, con residencia en Ciudad de México, al resolver la contradicción de criterios 40/2023, no es legalmente válido que una decisión jurisdiccional justifique su aplicación en diversos aspectos, porque bajo ninguna razón legal se puede aceptar la subsistencia de esa figura jurídica por haberse ya resuelto por un Pleno Regional al cual pertenece este circuito, que la prisión preventiva oficiosa resulta inconvencional. En esa tesitura, de conformidad con el artículo 147 de la Ley de Amparo, se concede a Roberto Arellano Lizárraga la suspensión provisional solicitada, por lo que hace a la ejecución del acto que nos ocupa, hasta en tanto se resuelva sobre la suspensión definitiva, para efecto de que: El Director del Centro Penitenciario "El Castillo", con sede en esta ciudad, en atención a que el juez responsable, con base en las disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el término de cuarenta y ocho horas, -en aplicación analógica a la revisión de medidas cautelares que prevé el artículo 162-, esta conminado a señalar fecha para la celebración de una nueva audiencia de revisión en la que, -con intervención de las partes-, en la que prescinda de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa reclamada en el juicio de amparo, y previo cumplimiento de los principios del sistema oral-acusatorio, esencialmente el de contradicción, proceda al debate de imposición de diversas medidas cautelares, en su carácter de autoridad ejecutora dé cumplimiento a lo que determine dicho juzgador en la citada audiencia de debate. En el expreso entendido de que, la prevalencia del principio pro persona y la interpretación conforme, no implican la inobservancia de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la inaplicación de algún precepto constitucional o secundario, desvirtuar la finalidad específica de los mecanismos jurídicos regulados en el orden jurídico nacional, la eliminación de cierta figura procesal, ni en absoluto el cuestionamiento del Texto Constitucional, toda vez que, el pronunciamiento sobre si deberá prevalecer la jurisprudencia nacional o la internacional, será materia de evaluación en el fondo del asunto, es decir, la tutela anticipada es una medida provisional y no sustituye la sentencia definitiva, por lo que la suspensión deberá ser concedida en los términos antes señalados. Similar criterio derivó del recurso de queja 196/2023, promovido en el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo indirecto 802/2023, del índice de este juzgado, del cual conoció el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Segundo Circuito, con sede en esta ciudad. Sin que resulte procedente fijar garantía alguna para que tenga efectividad dicha medida suspensional, dado los efectos para los cuales fue concedida, de conformidad con el artículo 168, último párrafo, de la Ley de Amparo. TERCERO INTERESADO. Hágase del conocimiento la presente determinación por medio de oficio, al tercero interesado Agente del Ministerio Público de lo Penal adscrito a la Unidad Especializada en Delitos Sexuales de la Región Sur, de esta ciudad.
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