Roberto Aquino de la Paz
Expediente 329/2015 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 18 de agosto de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 329/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 18/08/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Roberto Aquino de la Paz
Actuaciones
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, dieciocho de agosto de dos mil quince. Vistos los autos y la certificación que antecede se provee; tomando en consideración que ha transcurrido el término de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo en vigor, sin que la parte quejosa interpusiera el recurso de queja contra el acuerdo de veintisiete de julio de dos mil quince, por el que se tuvo por no presentada la demanda de garantías; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio, en los términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; por tanto, atento a lo previsto en el artículo 214 de la ley de la materia, ARCHÍVESE el expediente como asunto concluido. Se destaca que en el presente juicio no se formaron cuadernos de suspensión. Se hace del conocimiento de las partes, que este juicio de amparo será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por otra parte, como este expediente es un asunto total y definitivamente concluido, y en términos de los párrafos que anteceden se ubica en una de las hipótesis a que se refiere el artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; además, este Juzgador considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el segundo párrafo del artículo vigésimo primero en relación con el artículo cuarto del mencionado acuerdo; por lo tanto, este expediente es susceptible de destrucción, así que, una vez que transcurran más de cinco años posteriores a la notificación de este proveído que ordena el archivo, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula de este asunto. Notifíquese.
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, veintisiete de julio de dos mil quince. Visto el estado que guardan los presentes autos y advirtiéndose que el quejoso Roberto Aquino de la Paz, no cumplió con el requerimiento que se le hizo en proveído de catorce de julio de dos mil quince, esto es, para que ratificara dentro de los tres días siguientes a su legal notificación el escrito presentado ante este Juzgado, por el que desahogaría el requerimiento formulado con fecha seis de julio del año en curso; en consecuencia, se tiene por no presentado el ocurso de fecha diez de julio del actual, y con fundamento en el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de garantías, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. MEESA I A
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, catorce de julio de dos mil quince. Agréguese a los autos el escrito de cuenta que en el proemio aparece signado por el quejoso Roberto Aquino de la Paz, del que se advierte que la firma que en el mismo aparece, difiere notablemente con la estampada por éste en el escrito inicial de demanda; en consecuencia, por seguridad jurídica, se requiere al quejoso de referencia, para que dentro del término de tres días siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, comparezca ante este juzgado identificada con documento oficial vigente, para que manifieste sí reconoce como suya dicha firma, por haberla estampado de su puño y letra, y por ende, la ratifique; en el entendido que de no cumplir con lo anterior, se tendrá por no presentado el escrito de cuenta. Determinación que encuentra apoyo en la jurisprudencia sustentada por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos ochenta y cinco, Tomo III, Primera Parte, Enero a Junio de mil novecientos ochenta y nueve, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, cuyo rubro y texto es como sigue: "FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA QUE YA OBRA EN AUTOS, DEBEN MANDARSE RECONOCER LAS FIRMAS DISCREPANTES Y DICTAR EL ACUERDO QUE LEGALMENTE CORRESPONDA. Cuando un escrito presente una firma que sea notoriamente distinta de la que ya obra en autos, debe mandarse reconocerlas, con fundamento en el artículo 30 de la Ley de Amparo, advirtiendo al ocursante de los delitos en que incurren quienes declaran con falsedad ante la autoridad judicial, así como del contenido del artículo 211 de la Ley de Amparo y después se dictará el acuerdo que corresponda, con vista a la propia diligencia de reconocimiento. Es importante distinguir que la firma notoriamente diferente, no equivale a la falta de firma, pues ambas son hipótesis distintas". Notifíquese personalmente al quejoso. I-A
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, seis de julio de dos mil quince. Vista la demanda de garantías promovida por Roberto Aquino de la Paz, por propio derecho, contra actos del Subprocurador de Justicia del Estado y Agente de Ministerio Público, llevador del legajo de investigación número 542/TH/2013, residentes en Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, que hace consistir literalmente en: "IV.- ACTO RECLAMADO.- DEL Primero de los mencionados Subprocurador Regional del Istmo, la negativa de judicializar el legajo de Investigación número 542/TH/2013, Y DEEL Agente del Ministerio Público llevador del citado legajo la negativa de darme una respuesta a mis solicitudes de que se judicialice dicho legajo y se me haga efectiva la reparación del daño." (sic). Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 329/2015. Ahora bien, a fin de que este órgano jurisdiccional provea lo procedente respecto de la admisión de la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 114 fracción II en relación con el artículo 108 fracción II y V ambos de la Ley de Amparo, requiérase al promovente para que dentro del término de cinco días, contados a partir del día siguientes al que quede notificado del presente acuerdo, mediante escrito y con las copias necesarias, que formaran parte de su demanda y bajo protesta de decir verdad, proporcione el nombre, domicilio correcto del acusado, dentro del legajo de investigación 542/TH/2013; en virtud que en términos del artículo 5°, fracción III, inciso b) le resulta el carácter de tercero interesado, toda vez que tiene un interés contrario al quejoso, a efecto de emplazarlo al juicio de garantías y no dejarlo en estado de indefensión; o bien manifieste el impedimento legal que para ello tuviere. Sustentado lo anterior, en la jurisprudencia 1a./J. 42/2011, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 200, Tomo XIV, Julio de 2011, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: "INDICIADO. TIENE EL CARÁCTER DE TERCERO PERJUDICADO CUANDO EL ACTO RECLAMADO EN EL JUICIO DE GARANTÍAS SEA LA RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL. Los incisos a) y b) de la fracción III del artículo 5o. de la Ley de Amparo, establecen como regla la no existencia de tercero perjudicado cuando el acto reclamado provenga de un juicio o controversia del orden penal; sin embargo, dicho precepto legal debe ser interpretado en la actualidad atendiendo a la reforma del artículo 21, cuarto párrafo, de la Ley Fundamental, que entró en vigor el primero de enero de mil novecientos noventa y cinco y a la fracción VII del artículo 114 de la Ley de Amparo, vigente a partir del diez de junio del año dos mil; debiendo, de esta forma, considerarse como una excepción a la citada regla, el caso en el que en un juicio de amparo se señale como acto reclamado la aprobación de la resolución de no ejercicio de la acción penal respecto de una denuncia, acusación o querella que se hace sobre determinada persona. Ello en virtud de que en este supuesto el quejoso es precisamente la parte ofendida, que considera que la conducta de los indiciados materia de la averiguación previa, es constitutiva de delito y, por tanto, la resolución reclamada, vulnera garantías en su perjuicio, pero como hasta antes de la reforma al artículo 21 constitucional vigente a partir del primero de enero de mil novecientos noventa y cinco no se encontraba previsto el presupuesto de procedencia del juicio de amparo contra resoluciones de aprobación de inejercicio de la acción penal y, por tanto, en la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales tampoco se había regulado la figura del tercero perjudicado en el juicio de amparo en que se reclame ese tipo de resoluciones, debe concluirse que, para el caso, tampoco resulta aplicable lo dispuesto en el inciso c) de la fracción III del artículo 5o. de la Ley de Amparo, ya que aun cuando en este tipo de juicios de amparo, los indiciados tienen interés directo en que subsista el acto reclamado, la intención del legislador no pudo ser la de contemplarlos en tal disposición con el carácter de terceros perjudicados, por no encontrarse previsto en la época de creación de la norma el presupuesto de procedencia del juicio de amparo que se ha mencionado. Consecuentemente, la figura del tercero perjudicado en los juicios de amparo que se promuevan contra resoluciones de aprobación de inejercicio de la acción penal, aun cuando no se encuentra prevista en alguna de las fracciones del artículo 5o. de la Ley de Amparo, debe entenderse integrada, a este precepto, en razón de las reformas al artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación de treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro." Se apercibe al promovente que de no cumplir con lo anterior dentro del plazo concedido, con fundamento en el artículo 114, penúltimo párrafo de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda de garantías. Ahora bien, como el quejoso señala como domicilio para oír y recibir notificaciones "los estrados", indíquesele que como la Ley de Amparo no prevé ese tipo de notificaciones, las mismas se practicarán por medio de lista que se fija en lugar visible del Juzgado, en términos del artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, hasta en tanto señale domicilio para tal efecto y se tiene como autorizado en términos del artículo 12 de la ley de amparo a Manuel de Jesús Lescas León, Ulrico López Terán y Mariano Vásquez Blas. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. IA
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