Roberto Antonio Sahagún Orozco

Expediente 953/2015 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 3 actuaciones registradas, la última del 21 de julio de 2015.

Datos del expediente

Expediente
953/2015
Año
2015
Actuaciones
3
Última actuación
21/07/2015

Partes del expediente

  • Roberto Antonio Sahagún Orozco

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio firmado por el Secretario del Tercer Tribunal Colegiado del Decimoctavo Circuito, mediante el cual remite copia certificada de la ejecutoria emitida en sesión de diez de julio de dos mil quince, en la que se determinó declarar fundado el incidente de inejecución de sentencia número 34/2015, por ende, remitió el juicio de amparo 158/2014, del índice de este Juzgado Federal, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que tenga a bien determinar respecto de la aplicación de las consecuencias previstas en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; lo anterior, se tiene por informado para todos los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  2. Principal

    Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que el quejoso , hubiese recurrido el auto de diecinueve de mayo de dos mil quince, por medio del cual se desecho de plano en el presente juicio. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°, se declara que dicho auto ha quedado firme, para todos los efectos legales correspondientes. se declara que este expediente es susceptible de destrucción... NOTIF.

  3. Principal

    CITATORIO. CON APOYO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO, SE PROCEDE A NOTIFICAR A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DE DIECINUEVE DE MAYO DE DOS MIL QUINCE, DICTADO EN EL JUICIO DE AMPARO 953/2015, POR MEDIO DE LISTA: Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ***, en su carácter de albacea de la sucesión testamentaria a bienes de ***, contra actos del Juez de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos. Registro de la demanda. Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 953/2015-III, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por el punto segundo del Acuerdo General 28/2001, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. De la personalidad del promovente. Por otra parte, con fundamento en el artículo 10 de la Ley de Amparo, este juzgado reconoce la personalidad con que se ostenta Roberto Antonio Sahagún Orozco, como albacea de la sucesión a nombre de María Guadalupe Orozco Rosales, con la copia certificada que anexa a su demanda de garantías. Desechamiento de demanda. Del análisis integral del libelo de amparo, se desprende que la parte quejosa señala como acto reclamado el acuerdo de treinta de abril de dos mil quince, a través del cual, la autoridad responsable desechó el recurso de queja hecho valer dentro de la carpeta de investigación número SC01/***/2013. Ahora bien, cabe destacar que dicho medio de impugnación, fue interpuesto en términos del artículo 226 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Morelos, en contra de la negativa del Fiscal de Delitos Diversos de la Fiscalía General del Estado de Morelos, en dar contestación a diversas peticiones formuladas por parte del quejoso, dentro de la carpeta de investigación antes citada, en las que de manera principal solicitó la judicialización de la carpeta de referencia. Dicho lo anterior, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, se estima que en el caso concreto, se actualiza de manera manifiesta e indudable una causal de improcedencia de carácter legal, en términos del artículo 61, fracción XX, de la precitada normatividad, misma que a la letra dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo". En primer lugar, cabe señalar que de las reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, a través de las cuales se instaura un nuevo sistema en materia de impartición de justicia, el artículo 20 Constitucional fue reformado. En términos generales, la aludida reforma, permite el acceso a mecanismos de justicia pronta y expedita y supone una respuesta inmediata dirigente por parte de la autoridad, con especial cuidado a las condiciones de vulnerabilidad de la persona y la urgencia que amerita el caso. Expuesto lo anterior y en el caso que nos ocupa, es de precisar que el acto del que se duele el ahora impetrante de amparo, es el acuerdo de treinta de abril de dos mil quince, a través del cual, se desechó el recurso de queja hecho valer por la parte quejosa, mismo que fue interpuesto en términos del artículo 226 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Morelos, en contra de la negativa del Fiscal de Delitos Diversos de la Fiscalía General del Estado de Morelos, en dar contestación a diversas peticiones formuladas por parte del quejoso, dentro de la carpeta de investigación SC01/10156/2013, en las que de manera principal solicitó la judicialización de la carpeta de referencia; es decir, la afectación medular de la que se duele el quejoso, ESTÁ REPRESENTADA POR LA ABSTENCIÓN POR PARTE DEL REPRESENTANTE SOCIAL DE JUDICIALIZAR LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN RADICADA EN ESA FISCALÍA. Así las cosas, el ahora quejoso, se duele de tales determinaciones en su carácter de víctima (como albacea de la sucesión testamentaria a bienes de María Guadalupe Orozco Rosales), del delito de falsedad ante autoridad, fraude procesal y lo que resulte en agravio de la aludida sucesión. La víctima del delito (como se ostenta el quejoso) es la persona dañada, la más débil de la relación víctima-victimario, por lo que necesita de derechos y garantías más efectivas y eficaces que hagan posible un a plena igualdad de la misma en el sistema penal; así las cosas, dentro de dicha reforma, SE OTORGÓ A LA VÍCTIMA LA FACULTAD PARA SOLICITAR LA REVISIÓN, POR PARTE DE UN JUEZ, DE LAS ACCIONES U OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO, MEDIANTE UN PROCEDIMIENTO ÁGIL QUE VIGILE QUE LA INVESTIGACIÓN SE DESARROLLE CON PUNTUALIDAD, CERTIDUMBRE Y EFICACIA. Esto es así, pues de acuerdo con la reforma aludida, el artículo 20, Constitucional fue modificado al crearse el apartado C "De los derechos de la víctima o del ofendido", donde se advierte una serie de prerrogativas a su favor, generando una amplia vigencia del principio acusatorio e imponiendo una gran participación de la víctima como sujeto real del proceso; así las cosas, CONFORME A DICHA REFORMA, ÉSTA ADQUIRIÓ UNA SERIE DE DERECHOS PROCESALES que conllevan en primer lugar, al derecho de acusar en delitos de acción privada y en delito de acción pública a instancia privada; el derecho a constituirse como actora civil para la reparación del daño y atraer como sujeto procesal al imputado y al tercero civilmente responsable; pero sobre todo, surge una cadena de derecho procesales tendentes no solo a la acreditación del delito y la reparación del daño, SINO A TENER UN PAPEL MÁS ACTIVO EN LAS CUESTIONES DE ÍNDOLE PROCESAL RELATIVAS A LA INTERPOSICIONES DE RECURSOS; pues basta con destacar el contenido de las fracciones II y VII, del citado apartado C, las cuales establecen como derecho fundamental de toda víctima: ".II. Coadyuvar con el Ministerio Público; a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, tanto en la investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes, y a intervenir en el juicio e interponer los recursos en los términos que prevea la ley. Cuando el Ministerio Público considere que no es necesario el desahogo de la diligencia, deberá fundar y motivar su negativa; . VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño". De lo anterior, se colige la posibilidad para la víctima de inconformarse ante la autoridad judicial de las omisiones del ministerio público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, entre otras. Aspecto que no se encontraba contemplado antes de la reforma constitucional a la que se ha venido haciendo alusión en el desarrollo de la presente determinación. Así las cosas, el Código de Procedimientos Penales para el Estado de Morelos, protege los derechos de las víctimas al darles un rol más importante en la cuestión procesal, pues basta con transcribir lo dispuesto en los numerales 125, 226 y 413, fracción I, que a la letra dicen: "Artículo 125. Derechos de la víctima u ofendido. Además de los previstos en la Constitución General de la República, los Tratados Internacionales ratificados conforme al artículo 133 Constitucional, por los Estados Unidos Mexicanos y otras leyes secundarias que de aquellas emanen, la víctima u ofendido tendrán los siguientes derechos: I. A ser tratados con respeto y dignidad. II. Intervenir en el proceso, conforme se establece en este Código; III. A que el Ministerio Público le reciba todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, o bien, a constituirse en acusador coadyuvante, para lo cual deberá nombrar a un licenciado en derecho, con cedula profesional, para que lo represente; Si carece de los recursos económicos para designarlo, se le designará un asesor jurídico gratuito. IV. Ser informado de las resoluciones que finalicen o suspendan el procedimiento, siempre que lo haya solicitado y tenga señalado domicilio conocido; V. Ser escuchado antes de cada decisión que decrete la extinción o suspensión de la acción penal y el sobreseimiento del proceso, siempre que lo solicite; salvo que la extinción de la acción penal se decrete en el auto de no vinculación del imputado a proceso. VI. Si está presente en el debate de juicio oral, a tomar la palabra después de los alegatos de clausura y antes de concederle la palabra final al imputado; VII. Si por su edad, condición física o psicológica, se le dificulta su comparecencia ante cualquier autoridad del proceso penal, a ser interrogado o a participar en el acto para el cual fue citado en el lugar en donde se encuentre; VIII. A recibir asesoría jurídica, protección especial de su integridad física o psicológica, con inclusión de su familia inmediata, cuando reciba amenazas o corra peligro en razón del papel que cumple en el proceso penal; IX. Solicitar la reapertura de la investigación cuando se haya decretado el archivo temporal; X. Apelar del sobreseimiento; y XI. Los demás que en su favor establezcan las leyes. La víctima u ofendido serán informados sobre sus derechos, en su primera intervención en el procedimiento". "Artículo 226. Control judicial. Las decisiones del Ministerio Público sobre el archivo temporal, abstenerse de investigar y no ejercicio de la acción penal, podrán ser impugnadas en queja por la víctima u ofendido ante el juez de garantía. En este caso, el juez convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en caso de que la resolución impugnada sea la de no ejercicio de la acción penal, al imputado y a su defensor. En caso de incomparecencia a la audiencia por parte de la víctima, el ofendido o sus representantes legales, a pesar de haber sido debidamente citados, el juez de garantía declarará sin materia la impugnación y confirmará la decisión de archivo temporal, abstenerse de investigar o no ejercicio de la acción penal. El juez podrá dejar sin efecto la decisión del Ministerio Público y ordenarle reabrir la investigación y continuar con la persecución penal, sólo cuando considere que no se está en presencia de los supuestos que la ley establece para disponer alguna de las decisiones mencionadas en el párrafo anterior." Del contenido del artículo 226, del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Morelos, se desprende la oportunidad para la víctima u ofendido de impugnar a través del recurso de queja, las decisiones del Ministerio Público sobre el archivo temporal, abstenerse de investigar y el acuerdo del no ejercicio de la acción penal ante el juez de garantía, quien convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en caso de que la resolución impugnada sea la de no ejercicio de la acción penal, al imputado y a su defensor. Por su parte, el artículo 413, fracción I, de la legislación adjetiva, sostiene que la resoluciones dictadas por el Juez de Control que hicieren imposible la prosecución del proceso penal, serán reclamables en apelación. Dicho numeral es del tenor siguiente: "Artículo 413. Resoluciones apelables. Serán apelables las siguientes resoluciones dictadas por el juez de control: I. Las que pusieren término al procedimiento, hicieren imposible su prosecución o lo suspendieren por más de treinta días;." De lo anterior se advierte que, en contra del acto reclamado consistente en el acuerdo de treinta de abril de dos mil quince, por medio del cual se desechó el recurso de queja interpuesto por Roberto Antonio Sahagún Orozco, procede el recurso de apelación. Luego entonces, previamente al juicio de amparo, el quejoso debió agotar el medio de impugnación antes mencionado. Lo anterior tiene apoyo en la jurisprudencia PC.XVIII. J/8 P (10a.), emitida por el Pleno del Decimoctavo Circuito, visible en la página 1006, Libro 14, Enero de 2015, Tomo II, publicado en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "ACCIÓN PENAL. LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO, PREVIO A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA DETERMINACIÓN DEL JUEZ FACULTADO PARA RESOLVER SOBRE SU NO EJERCICIO O DESISTIMIENTO, DEBE INTERPONER EL RECURSO DE APELACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 413, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE MORELOS (NUEVO SISTEMA PENAL ACUSATORIO).La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 118/2010(*), estableció que la víctima u ofendido del delito debe impugnar las determinaciones de no ejercicio o desistimiento de la acción penal ante el Juez facultado dentro del sistema acusatorio instaurado y que contra la resolución que se emita al respecto, procede el juicio de amparo, conforme al artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, dicho órgano no se pronunció en cuanto a la aplicabilidad del principio de definitividad respecto de la resolución emitida por el Juez facultado dentro del sistema acusatorio, sino del derecho de la víctima u ofendido de reclamar, en la vía constitucional, la determinación de no ejercicio o desistimiento de la acción penal. Ahora bien, el recurso de queja previsto en el artículo 226 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Morelos, constituye un medio de impugnación en sede judicial de las decisiones del Ministerio Público que pueden afectar los derechos de las víctimas u ofendidos, esto es, fuera del ámbito administrativo en el que se desenvuelve dicha representación social; y contra la resolución de ese recurso de queja procede el de apelación a que se refiere el artículo 413, fracción I, del código citado, por tratarse de una resolución que pone fin al procedimiento de investigación o que hace imposible su prosecución, esto es, a la primera de las etapas del procedimiento penal. Por ello, si el legislador estableció una doble instancia jurisdiccional para controvertir el no ejercicio o desistimiento de la acción penal, es inconcuso que la víctima u ofendido debe interponer el recurso de queja y luego el de apelación, y contra la resolución que se emita en esta última, podrá promover el juicio de amparo indirecto, ya que, en el caso, no opera algún supuesto de excepción al principio de definitividad. Lo anterior sin soslayar que en términos de la fracción VII del artículo 114 de la Ley de Amparo aplicable y abrogada, el amparo se pedirá ante el Juez de Distrito contra las resoluciones del Ministerio Público que confirmen el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal, conforme al artículo 21, párrafo cuarto, constitucional, pues dicha norma de procedencia del juicio constitucional perdió su vigencia, y aun cuando sea aplicada por analogía al texto constitucional vigente, no dispensa la aplicación del principio de definitividad, en caso de que la impugnación en sede judicial sea biinstancial, por lo que, de ser así, debe agotarse la vía jurisdiccional, toda vez que no existe motivo alguno que justifique que el juicio de amparo indirecto suplante al recurso de apelación establecido en la legislación ordinaria, de manera que sólo contra la resolución que decida en definitiva el control judicial del no ejercicio de la acción penal procederá el juicio de amparo indirecto. Todo lo anterior, conlleva a estimar improcedente el juicio de amparo promovido por Roberto Antonio Sahagún Orozco, ya que de acuerdo con los razonamientos esgrimidos en el cuerpo de la presente resolución, se surte de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo; en las narradas circunstancias, al actualizarse dicha causa de improcedencia, PROCEDE DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO, en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la citada legislación reglamentaria de los artículos 103 y 107, constitucionales. Domicilio procesal y autorizados. En otro aspecto, con base en el arábigo 27, fracción I, de la Ley de la Materia, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su demanda de garantías. Por último, en atención a lo dispuesto en la parte final del párrafo segundo del artículo 12 del cuerpo normativo en cita, se tiene por autorizadas para oír notificaciones e imponerse de los autos a las personas que indica, y con facultades amplias a los profesionistas que refiere, en razón de que no es necesario tener registrada la cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a que se refieren los artículos 184 al 187 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Reglamenta la Organización y Funcionamiento del propio Consejo, de fecha nueve de agosto de dos mil seis y publicado en el Diario Oficial de la Federación, el tres de octubre del mismo año. Notifíquese personalmente.

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