Roberto Antonio Menchaca Dávila
Expediente 305/2018 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 305/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 07/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Roberto Antonio Menchaca Dávila
Actuaciones
- Principal
MESA V. Agréguese a los autos, el oficio proveniente del Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México; en atención a su contenido, permítase la vinculación del expediente electrónico ********************con el ******************** de su índice, a fin de que el juzgado de referencia pueda realizar la consulta del juicio a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). (...)
- Principal
MESA II Visto el estado de autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días que prevé el artículo 98, de la Ley de Amparo, para recurrir el auto de diecinueve de abril pasado -fojas 14 a 20-, donde se tuvo por no presentada la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Por lo anterior, archívese el presente como asunto concluido y de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este expediente es susceptible de destrucción. Se llega a esa conclusión, en virtud que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del diverso punto vigésimo primero, ambos del capítulo quinto, de dicho acuerdo, ya que se trata de un asunto en que se tuvo por no presentada la demanda de amparo******************** además, a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. En ese orden, como lo disponen los puntos décimo, fracción I, décimo primero, segundo párrafo y décimo tercero, todos del capítulo tercero y vigésimo quinto, del capítulo quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno******************** por lo cual, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el presente sumario al Centro Archivístico Judicial.
- Principal
MESA II.SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO A) DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, EL AUTO DE DIECINUEVE DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Vista la demanda de amparo presentada por Roberto Antonio Menchaca Dávila, contra actos del Juez Séptimo Penal de Delitos No Graves del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y otras autoridades, por violación a los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16 Constitucionales, se provee: RADICACIÓN Con fundamento en el numeral 112, de la Ley de Amparo, fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 305/2018-II-A. DESECHAMIENTO Ahora bien, antes de proveer lo pertinente respecto a la admisión del escrito de demanda, resulta necesario examinar si en el caso se actualiza algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del numeral 113, de la Ley de la Materia, que dispone: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. El precepto transcrito autoriza al Juez Federal a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación a las características en que descansa la improcedencia del juicio biistancial, cabe señalar que lo manifiesto se presenta cuando el motivo de inejercicio de la acción constitucional se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que se anexan. Lo indudable conlleva la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de modo que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no procediera formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin algún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por un medio de prueba durante el juicio. Resulta ilustrativa sobre el particular la jurisprudencia J/4, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, Mayo de 1998, página 890, que establece: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Ahora bien, de la lectura integral de la demanda se advierte que la parte quejosa señala como actos reclamados: El dictamen de catorce de marzo de dos mil dieciocho, en el que se determinó la clasificación definitiva de las lesiones dolosas cometidas en agravio del quejoso, rendido en la causa penal 212/2017 del índice del Juzgado Séptimo Penal de Delitos No Graves de la Ciudad de México. Acto que atribuye al Titular y peritos del Instituto de Ciencias Forenses del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. LA OMISIÓN DE ORDENAR QUE EL QUEJOSO SEA VALORADO EN FORMA PERSONAL POR LOS PERITOS ESPECIALISTAS DEL INSTITUTO DE CIENCIAS FORENSES DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN LA CAUSA PENAL 212/2017. Atribuida al Juez Séptimo Penal de Delitos No Grabes del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. En ese tenor, a criterio del suscrito se actualiza la causa de improcedencia contenida en la fracción XXIII del ordinal 61, fracción XXIII, con relación a los diversos 107 fracción V, y 159 fracción III, todos de la ley de Amparo, que son del tenor literal siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107.- El amparo indirecto procede: . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." En la especie, los actos reclamados consistentes en el dictamen de catorce de marzo de dos mil dieciocho, en el que se determinó la clasificación definitiva de las lesiones dolosas cometidas en agravio del quejoso, y la omisión de ordenar que el quejoso sea valorado en forma personal por los peritos especialistas del Instituto de Ciencias Forenses del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad De México, en la causa penal 212/2017 del índice del Juzgado Séptimo Penal de Delitos No Graves de la Ciudad de México, se traducen en violaciones de carácter procesal que por su naturaleza jurídica, sólo son reclamables en amparo directo, de conformidad con el artículo 173, Apartado A, fracción VII. Esto es así, porque en el caso de que existiera una violación a las garantías individuales del quejoso, éstas tendrían carácter intraprocesal, que pudieran afectar su defensa y trascender al resultado del fallo, lo cual, no sería un agravio de imposible reparación, como lo refiere el artículo 107, fracción V de la Ley de Amparo, para la procedencia del juicio de amparo indirecto, pues tal afectación, en caso de que así aconteciera, deberá determinarse precisamente al resolverse en definitiva el procedimiento penal, que en caso de favorecerle, tal violación formal sería reparada. Lo anterior es así, en razón de que la finalidad perseguida por la Ley de Amparo al reservar el conocimiento de determinadas violaciones para el juicio de garantías uninstancial, es la de evitar el entorpecimiento del procedimiento a través de la promoción de diversos juicios de amparo que harían interminable la solución del asunto natural, precisamente por eso el artículo 173, Apartado A, fracción VII, de la ley de la materia contempla que las violaciones al procedimiento penal sólo podrán reclamarse en amparo directo. En el caso, el suscrito juzgador estima que los citados actos reclamados, constituyen una violación de carácter procesal que por su naturaleza jurídica sólo son reclamables en amparo directo, toda vez que, de existir una violación a las garantías de la parte quejosa, pudiera ser reparable al resolverse el procedimiento penal, de ahí que no resulte ser un acto de imposible reparación; por tanto, los actos reclamados tienen el carácter de intraprocesal, mismos que no resultan ser de imposible reparación, y en interpretación a contrario sensu de la fracción V, del artículo 107 de la Ley de Amparo, se concluye que la demanda de amparo resulta improcedente contra el mencionado acto reclamado. La jurisprudencia 232, sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ciento cincuenta y siete, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1995, Octava Época, que es del tenor literal siguiente: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto "contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación...". El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo". Asimismo, es aplicable por identidad jurídica sustancial la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página trece, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que a la letra dice: "PRUEBAS. LA FORMA EN QUE PRETENDAN RECIBIRSE O DESAHOGARSE CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN RECLAMABLE COMO REGLA GENERAL, POR EL OFERENTE DE LAS MISMAS, EN AMPARO DIRECTO. El artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo establece que en los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso cuando no se le reciban las pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley. Ahora bien, cuando la violación procedimental que se reclama no consiste en la admisión o el desechamiento de una prueba, sino en la forma en que se pretendan recibir o desahogar las pruebas al oferente de las mismas, cabe concluir que el caso se ubica en la hipótesis prevista en la fracción III del numeral citado, es decir, en el caso de que las pruebas que legalmente se hayan ofrecido no se reciban conforme a la ley procediendo, en consecuencia, reclamar tal violación en la vía de amparo directo al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio en términos de lo dispuesto en el numeral 161 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, toda vez que hasta el momento en que se haya dictado el fallo definitivo se podrá apreciar si con motivo de la forma en que se recibieron o desahogaron las pruebas se vulneraron las defensas del oferente de las mismas, trascendiendo tal violación al resultado de la sentencia. Sin embargo, esta regla general admite una excepción: cuando la forma en que pretende llevarse a cabo la recepción o el desahogo de la probanza relativa en sí misma, pueda tener una ejecución de imposible reparación, lo cual ocurre de acuerdo con la tesis jurisprudencial 24/1992 del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia, con el rubro: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.", cuando se violen derechos sustantivos contenidos en las garantías individuales consagradas en la Constitución y nunca en los casos en que sólo se afecten derechos adjetivos o procesales, caso en el cual la violación respectiva podrá ser reclamada en amparo indirecto." También, apoya lo anterior, por contenido sustancial, la tesis sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página trescientos cuarenta y tres, Tomo XI, marzo de mil novecientos noventa y tres, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que dice: "PRUEBAS, DESECHAMIENTO DE LAS, DEBE RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO COMO VIOLACION PROCESAL. El acuerdo que desecha pruebas debe ser reclamado como violación procesal en amparo directo cuando exista sentencia definitiva en términos del artículo 159, fracciones III y XI, de la Ley de Amparo en materia civil, administrativa o laboral y del artículo 160, fracciones VI y XVII, de la propia ley en materia penal, por lo que si en su contra se interpone amparo indirecto ante Juez de Distrito, éste resulta improcedente y debe sobreseerse en términos de los preceptos citados y de los artículos 73, fracción XVIII, y 74, fracción III, de la ley de la materia." Por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, este último artículo aplicado en sentido contrario, así como el artículo 173, Apartado A, fracción VII, del mismo ordenamiento, se desecha la demanda de amparo respecto de los actos reclamados consistentes en el dictamen de catorce de marzo de dos mil dieciocho, en el que se determinó la clasificación definitiva de las lesiones dolosas cometidas en agravio del quejoso, y la omisión de ordenar que el quejoso sea valorado en forma personal por los peritos especialistas del Instituto de Ciencias Forenses del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad De México, en la causa penal 212/2017 del índice del Juzgado Séptimo Penal de Delitos No Graves de la Ciudad de México DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA En términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para recibir notificaciones de la parte quejosa, el que señala en su escrito de demanda, y como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Faraón Olvera De Luna, en virtud de contar con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, regulado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforman y derogan diversos disposiciones de otros acuerdos generales. Con fundamento en el párrafo segundo del artículo 24 de la Ley de Amparo, se tienen por autorizadas para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a Sandra Yahel Zermeño Urraca y Montserrat García Sánchez, habida cuenta que existe solicitud expresa del peticionario de amparo, en ese sentido. AUTORIZACIÓN PARA CONSULTAR Y PROMOVER EN EL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Respecto a su solicitud referente a la autorización para consultar y recibir notificaciones del presente asunto vía electrónica, con fundamento en artículo 3, párrafo quinto, de la Ley de Amparo, en relación con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico; se autoriza a la parte quejosa a consultar y promover en el expediente en que se actúa por el sistema electrónico establecido para tal efecto con los nombres de usuario "folvera" y "olveravelez". AUTORIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Con apoyo en la circular 12/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de dieciocho de marzo de dos mil nueve, se permite a la parte quejosa y sus autorizados, para que con cualquier medio tecnológico o innovación científica, obtengan la reproducción digital de las constancias que obran en el expediente, y hagan uso de ellas en una forma más ágil, en aras de una impartición de justicia pronta, en términos del numeral 17 Constitucional, en la inteligencia que su reproducción deberá estar supeditada a la supervisión de los servidores públicos adscritos a la Actuaría de este Juzgado de Distrito. EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS Con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se ordena expedir copia certificada del presente auto en un solo tanto, la cual podrá obtener en cualquier día hábil en un horario de diez de la mañana a doce de la tarde, previa razón de recibo que se asiente en autos, dado que no justifica porqué la requiere por duplicado. Sirve de apoyo la tesis jurisprudencial 20/2017, Décima Época, publicado en el Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "COPIA CERTIFICADA DE CONSTANCIAS O DOCUMENTOS QUE OBREN EN AUTOS. EL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES NO RESTRINGE SU EXPEDICIÓN A UN SOLO JUEGO. La expresión "copia certificada de cualquier constancia o documento que obre en los autos" del artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles no restringe a un solo juego el número copias certificadas que las partes pueden solicitar. En efecto, la ratio legis del artículo es proteger el acceso a toda la información contenida en los autos de un proceso judicial en el cual sean parte los solicitantes, por tanto, la expedición de copias certificadas atiende a los intereses procesales que tengan los individuos sujetos a proceso y no existe ninguna razón para sostener que dichos intereses siempre se satisfacen expidiendo solo un tanto de copias. Esta interpretación se refuerza si se toma en consideración el principio pro persona cuya finalidad es la interpretación y aplicación de criterios jurídicos atendiendo a la protección más amplia de los derechos humanos. No obstante, la expedición de más de un juego de copias certificadas, se encuentra condicionada a la justificación de uso que aporte la parte solicitante. Es decir, la solicitud de más de un juego de copias certificadas deberá acompañarse de las razones por las cuales quien las solicita requiere de su expedición. En consecuencia, las autoridades jurisdiccionales podrán negar expedir todos los tantos de copias solicitados cuando se abuse de dicho derecho. Así, si la autoridad jurisdiccional advierte que la parte solicitante solicitó un número excesivo, sin que se exponga alguna razón para justificar ese número de copias, se podrán expedir menos tantos de copias que los solicitados". HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Conforme al artículo 21, párrafo tercero, de la ley reglamentaria invocada, se habilitan horas y días inhábiles, para que los Actuarios de la adscripción practiquen alguna notificación, con el objeto de evitar dilaciones en el procedimiento. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Se instruye a los Secretarios, Oficiales Administrativos y Actuarios Judiciales, en lo conducente, supervisar y/o realizar la captura electrónica de acuerdos emitidos en este juicio, así como la digitalización de las promociones, diligencias, documentos y notificaciones que obren en el mismo, a fin de que el expediente electrónico concuerde en su totalidad con el impreso; ello, en términos del numeral 3º, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, en el inciso e) del artículo 12 del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, así como en los diversos artículos 5 y 89 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. CAPTURA SISE En cumplimiento al artículo 175, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo al registro de los movimientos de los juicios de amparo, procesos y recursos que se tramiten ante los órganos jurisdiccionales así como la captura diaria que aseguren la permanente actualización y veracidad contenida en ese Sistema, se ordena a la Secretaria supervise que la Analista Jurídica Especializada capture su ingreso en el citado Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Se autoriza al Secretario para firmar los oficios que deriven del trámite de este juicio de amparo e incidente de suspensión.
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