Roberto Antonio García Ramírez

Expediente 128/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 6 actuaciones registradas, la última del 5 de agosto de 2019.

Datos del expediente

Expediente
128/2019
Año
2019
Actuaciones
6
Última actuación
05/08/2019

Partes del expediente

  • Roberto Antonio García Ramírez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Agréguese a los presentes autos el oficio signado por el Secretario del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, residente en esta ciudad, mediante el cual devuelve los autos originales del juicio de amparo 128/2019, promovido por ***, por conducto de su apoderado legal *** y copia certificada de la ejecutoria pronunciada en el amparo en revisión **; acúsese el recibo de estilo correspondiente. Ahora bien, y toda vez que la superioridad resolvió en los siguientes términos: "PRIMERO. Se CONFIRMA la resolución recurrida. SEGUNDO.- Se SOBRESEE en el juicio de amparo, promovido por ***, por conducto de su apoderado legal ***, contra la autoridad y por el acto precisado en el resultando primero de esta sentencia, analizados en el considerando tercero de la misma." Consecuentemente, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno; glósese a los autos el cuaderno de antecedentes que se formó con motivo del recurso de revisión, en el entendido que sólo se deberán agregar la caratula respectiva y las actuaciones originales que obren en el mismo. En atención a lo anterior, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, se determina: De acuerdo con el punto vigésimo primero, fracción II, del citado acuerdo, el expediente principal transcurrido cinco años a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, se DESTRUIRÁ en su totalidad, porque se sobreseyó en el juicio y de la certificación secretarial de cuenta, no se aprecia documento alguno en original exhibido por las partes En términos de los puntos 11, párrafo segundo, 20 y 21 del citado Acuerdo General Conjunto, este expediente no es de relevancia documental jurídica e histórica.

  2. Principal

    Visto el oficio de cuenta, téngase al Secretario de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, informando que admitió el recurso de revisión, interpuesto por ********************, en contra del auto de veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, emitido en el juicio de amparo********************, el cual se registró como amparo en revisión laboral ********************

  3. Principal

    Visto el escrito de cuenta presentado por ***, mediante el cual interpone recurso de revisión en contra del auto de veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, dictado en autos del juicio de amparo en que se actúa (fojas 27 a 31). En tales condiciones, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 81, fracción I, inciso e), 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo vigente, remítase el expediente original de los autos, así como del escrito de agravios y la copia que corresponda al Ministerio Público de la Federación, al Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito en turno, con residencia en esta ciudad, una vez que se encuentre debidamente integrado el expediente con motivo de la interposición del citado recurso de revisión. Córrase traslado a las demás partes con copia del escrito de expresión de agravios, para los efectos legales que estimen procedentes; y, fórmese cuaderno de antecedentes debidamente certificado con copia de las constancias correspondientes.

  4. Principal

    Vistos los autos, se advierte que en proveído de veinticinco de febrero de dos mil diecinueve, se recibió el informe justificado del Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en esta ciudad; al cual adjuntó diversas copias certificada del juicio laboral . Por otra parte, debe decirse que, de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional analizará de oficio las causales de improcedencia y en el caso, se advierte que Roberto Antonio García Ramírez por conducto de su apoderado Jesús Montalván Ramírez, reclama la omisión del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad capital, de acordar las promociones que le presentó el siete y quince de enero de dos mil diecinueve, dentro del juicio laboral , en la que solicitó se haga efectiva la medida de apremio fijada a la parte demandada por la contumacia de cumplir con el laudo de doce de mayo de dos mil dieciséis. En ese orden, este Juzgado de Distrito considera que el acto reclamado de acuerdo a su naturaleza, no produce efectos que sean de imposible reparación al no afectar materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el estado mexicano es parte; en consecuencia, se actualiza la causal de improcedencia, prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo en relación con la diversa V, a contrario sensu, del numeral 107 del mismo ordenamiento. El artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de la Materia, establece que: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Por su parte, el precepto 107, fracción V, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en el juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ello los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales e los que el Estado Mexicano sea parte;". Por actos en el juicio que sean de imposible reparación, debemos entender aquéllos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, cuyos efectos ya no se puedan reparar en el curso del juicio del que derivan tales actos, como sería por ejemplo el embargo trabado en bienes del quejoso; la imposición de una multa, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, etcétera; esto, en razón de los daños y perjuicios que puedan revestir los particulares con esa clase de actos y que no se les puedan resarcir en ninguna actuación posterior dentro del procedimiento del que se trate, puesto que la privación de sus derechos ya no se puede reparar posteriormente, lo que impide la posibilidad que las violaciones cometidas en el procedimiento queden reparadas en la resolución que llegue a pronunciarse. Es aplicable al caso, la jurisprudencia I.1o.A.E. J/5 (10a.) del Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con Residencia en el Distrito Federal y Jurisdicción en toda la República, visible en la Décima Época, registro: 2011338, Libro 29, abril de 2016, Tomo III, materia común, página: 1902 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto (énfasis añadido): "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE O DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. SUS CARACTERÍSTICAS PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio general de que los actos tienen una ejecución irreparable o de imposible reparación, cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no cuando sólo afecten derechos adjetivos o procesales, porque la afectación irreparable o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufre obtenga una sentencia definitiva en el procedimiento natural, favorable a sus pretensiones. En consecuencia, a contrario sensu, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, conforme al artículo 107, fracción III, inciso b), de la ley de la materia, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación llegan a extinguirse sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque esa violación es susceptible de repararse posteriormente, al reclamar el acto terminal o resolución." Sentado lo anterior, se estima que la omisión que se reclama no afecta de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo. Lo anterior es así, dado que como se dijo la parte quejosa reclama una afectación cometida dentro de un procedimiento, y aun cuando alega violación al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente la falta de acuerdo a las promociones que presentó el siete y quince de enero de dos mil diecinueve, dentro del juicio laboral 47/2012, en las que solicitó se haga efectiva la medida de apremio fijada a la parte demandada por la contumacia de cumplir con el laudo de doce de mayo de dos mil dieciséis, emitido en el juicio laboral de origen, no puede considerarse como de ejecución irreparable, sino en todo caso, como una violación de carácter adjetivo, ya que no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento en el que se encuentra la particular, sino que se da justamente dentro del mismo. Esto significa que el acto reclamado no produce una afectación material a derechos sustantivos de la quejosa, es decir, la falta del acuerdo correspondiente a la promoción citada no tiene consecuencias de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, sino únicamente produce una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva. Ello, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 17 Constitucional, pues debe tenerse presente que dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en el que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción previsto para acudir al juicio de amparo en la vía indirecta. Así, tratándose de procedimientos jurisdiccionales, el derecho de acción, como facultad de provocar la actividad estatal, presenta la posibilidad de que la autoridad que conozca del asunto resuelva sobre la pretensión que es sometida a su conocimiento, por lo que debe sujetarse a los plazos y términos que rigen el procedimiento, en los que las partes deben obtener respuesta completa a sus pretensiones; de ahí que, por regla general, no es procedente el juicio de amparo en la vía indirecta. Tiene aplicación a lo antes expuesto, la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Décima Época, registro: 2011580, Libro 30, mayo de 2016, Tomo II, materia constitucional, común, página: 1086 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de contenido (lo subrayado es propio): "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." Sin que en el caso se actualice la excepción prevista en la jurisprudencia antes citada al no existir una abierta dilación del procedimiento o su paralización total. Ello se sostiene dado que, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 294/2018, sustentada por el Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito y el Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Circuito determinó que el estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio laboral, cuyo trámite y resolución se ha procurado agilizar por virtud de las recientes reformas legales en la materia, para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos y laudos, o en la realización de cualquiera otra diligencia, que la demanda de amparo será procedente cuando han transcurrido al menos cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que debieron legalmente pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos. Esos argumentos originaron la jurisprudencia que se encuentra pendiente de publicación, de contenido: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador." Ahora bien, el quejoso a través de su apoderado señaló haber presentado sus promociones el siete y quince de enero de dos mil diecinueve por lo que al día de la promoción de este juicio de amparo (treinta de enero de dos mil diecinueve), únicamente habían transcurrido diecisiete días hábiles (sin contar los días doce, trece, diecinueve, veinte, veintiséis y veintisiete de enero de dos mil diecinueve, por tratarse de sábados y domingos); por tanto, resulta evidente que no ha trascurrido el lapso que estimó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se considere la existencia de la dilación. En ese sentido, el acto reclamado no constituye una dilación prolongada del procedimiento del que deriva el acto reclamado y menos, una razón para asumir que éste se encuentre paralizado. De ahí que no es dable asumir que se surta un caso de excepción al criterio asumido, y en consecuencia, el presente juicio de amparo deviene improcedente. En esas condiciones, al haberse actualizado de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia antes citada, lo procedente es SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA el presente juicio desde este momento con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley Amparo. En virtud de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada en autos para las once horas con diez minutos del cuatro de marzo de dos mil diecinueve. Lo anterior hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar; y, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno.

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