Roberto Allan Sussman Luvovsky

Expediente 902/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 15 actuaciones registradas, la última del 17 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
902/2022
Año
2022
Actuaciones
15
Última actuación
17/01/2023

Partes del expediente

  • Roberto Allan Sussman Luvovsky

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, diecisiete de enero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales a que haya lugar, el oficio signado por el Consultor Jurídico, adscrito a la Consultoría Adjunta de Control Constitucional y de lo Contencioso, mediante el cual manifiesta que no es la autoridad competente, por tanto devuelve a este juzgado federal el oficio 36157/2022, a efecto de que el mismo sea notificado correctamente. En mérito de lo anterior, tomando en consideración que en la promoción 18479, de veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, sea agregó el informe justificado remitido en representación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, por conducto de la Consultoría Jurídica General, de la Consejería Adjunta de Control Constitucional y de lo Contencioso en la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. En consecuencia, y en obvio de mayores dilaciones se ordena reexpedir oficio 36157/2022, por conducto de la autoridad antes precisada, por lo que para darle celeridad procesal se remitirá vía Estafeta, a efecto de hacerle de su conocimiento la determinación de quince de diciembre de dos mil veintidós. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Sergio Arturo Godínez Vega, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Vistos los autos del juicio de amparo 902/2022-II, promovido por Roberto Allan Sussman Livovsky; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado el ocho de julio de dos mil veintidós, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, recibida el once de julio siguiente en este órgano jurisdiccional, Roberto Allan Sussman Livovsky solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de actos del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Por auto de doce de julio de dos mil veintidós, este órgano jurisdiccional admitió a trámite la demanda, fijó fecha para el verificativo de la audiencia constitucional, solicitó el informe justificado a la autoridad responsable, dio la intervención que corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y seguida la secuela procesal se celebró la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa lugar donde en opinión del quejoso se materializan los efectos del decreto combatido. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y de la interpretación integral de la demanda, se precisa que el acto reclamado consiste en: La expedición y firma del "DECRETO por el que se prohíbe la circulación y comercialización en el interior de la República, cualquiera que sea su procedencia, de los Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina, Sistemas Similares sin Nicotina, Sistemas Alternativos de Consumo de Nicotina, cigarrillos electrónicos y dispositivos vaporizadores con usos similares, así como las soluciones y mezclas utilizadas en dichos sistemas", publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, específicamente en sus artículos PRIMERO y SEGUNDO. Apoya lo anterior, la jurisprudencia P./J. 40/2000, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado, en virtud de que así lo admitió la autoridad responsable en el informe justificado. Lo anterior se ve robustecido con el principio de derecho que establece la no sujeción a prueba alguna de las leyes nacionales, , implícito en lo dispuesto por el artículo 86 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispone así el numeral 2 de esta última. En apoyo de lo expuesto, por identidad de razón jurídica, se invoca jurisprudencia 2a./J. 65/2000 del rubro siguiente: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN." CUARTO. Causal de improcedencia fundada. Previamente al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, se procede al análisis de las causales de improcedencia, por ser una cuestión de estudio preferente. Una vez analizadas las constancias existentes en autos, quien resuelve estima que en el caso procede sobreseer en el juicio al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, cuyo texto es: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: (...) XII.- Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I, del artículo 5 de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." Como se observa, el precepto reproducido prevé la improcedencia del juicio constitucional contra actos que no afecten los intereses jurídicos ni legítimos del quejoso. En ese orden de ideas, resulta apropiado citar el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que interesa: "Art. 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;" Asimismo, conviene invocar los artículos 1, fracción I, y 5, fracción I, de la Ley de Amparo: "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.]. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa." De los dispositivos legales reproducidos, se desprende que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, por tanto para la procedencia de este juicio, debe concurrir la demostración plena del interés jurídico o legítimo. Es preciso señalar, que la parte quejosa acude al presente juicio a reclamar la constitucionalidad del decreto apuntado en párrafos precedentes con motivo de su sola vigencia, es decir, en su carácter de normas autoaplicativas, pues así lo destacó de forma expresa en su escrito de demanda. Al mismo tiempo, refirió que el decreto reclamado lo afecta al ser consumidor de los comúnmente denominados "productos de vapeo", es decir, sistemas electrónicos de administración de nicotina, sistemas similares sin nicotina, sistemas alternativos de consumo de nicotina, cigarrillos electrónicos y dispositivos vaporizadores con usos similares, así como las soluciones y mezclas utilizadas en dichos sistemas. Por tanto, tal manifestación denota con claridad la expresión de una afectación a su interés jurídico particular y no a un interés legítimo. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó, tratándose del interés jurídico, la necesidad de demostrar la existencia del derecho subjetivo vulnerado y el acto de autoridad que lo afecta; de donde deriva el agravio correspondiente el cual podrá o no estar justificado, pero legitima el ejercicio de la acción. La interpretación en comento, se encuentra contenida en la jurisprudencia 2a./J. 51/2019 (10a.), de rubro: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS." Así, el interés jurídico de quien promueve el juicio de amparo, sólo se actualiza en la medida en la cual el acto de autoridad reclamado produce una afectación real y actual a su esfera jurídica, entendiéndose por esfera jurídica, el cúmulo de derechos y obligaciones que legalmente le corresponden; por consiguiente, resulta indispensable para quien asegura resentir una lesión en sus intereses, acredite fehacientemente y sin lugar a dudas, que el acto autoritario afecta su esfera de derechos subjetivos otorgados por la ley, pues dicho juicio se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. De esta manera, si los actos de autoridad no se refieren a un derecho perteneciente a la esfera jurídica del peticionario de protección constitucional, éste carece de interés jurídico para combatirlos. En suma, la causa de improcedencia en estudio se actualiza cuando el acto de autoridad reclamado en el juicio de amparo, no incida en forma alguna en la esfera jurídica del promovente, ya sea porque no le imponga obligación o no se tenga un derecho subjetivo específico afectado con ese acto y, en todo caso, porque no quede demostrada de manera fehaciente tal afectación. En ese sentido, corresponde a la parte peticionaria del amparo la carga procesal de acreditar plenamente su interés jurídico y con ello estar en posibilidad de analizar la eventual trasgresión a un derecho subjetivo público cuya titularidad le corresponda. Es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 1/2002, del rubro siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA." En el caso, el decreto combatido no afecta el interés jurídico del promovente del amparo, pues no le causa un perjuicio directo e inmediato en su esfera jurídica, por las siguientes consideraciones jurídicas. El artículo 61, fracción XII, establece con claridad la improcedencia del juicio de amparo contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. A su vez, de conformidad con lo dispuesto por el precepto 107, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, tratándose del juicio de amparo contra Leyes y ordenamientos de carácter general, para que el medio de control constitucional resulte procedente necesariamente debe existir ese perjuicio o afectación que permita al gobernado accionarlo. Consiguientemente, dicho perjuicio puede ocasionarse con la simple entrada en vigor o, en su defecto, a través del primer acto que desarrolle el contexto de la norma en perjuicio del gobernado, es decir, con motivo de su primer acto de aplicación. En ese tenor, la norma puede reclamarse en dos oportunidades a saber: a) con motivo de su sola entrada en vigor (en su carácter de autoaplicativa), o bien, b) con motivo de su primer acto concreto de aplicación (en su carácter de norma heteroaplicativa). Así, las normas autoaplicativas se caracterizan por contener disposiciones vinculantes para al gobernado desde el inicio de su vigencia y, por ende, admiten la procedencia de la vía constitucional desde su entrada en vigor, pues desde ese momento crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho irrogando un perjuicio o afectación en la esfera de quien se encuentra obligado por el sólo hecho de su vigencia a su cumplimiento, pues las obligaciones derivadas de éstas surgen con independencia de la actualización de condición alguna. Entonces, las normas autoaplicativas pueden reclamarse en dos distintos momentos: a) dentro del plazo de treinta días computado a partir del día en de su entrada en vigor y; b) dentro de los quince días, siguientes a la actualización de alguna de las hipótesis previstas en la norma respectiva. Por su parte, las normas de carácter heteroaplicativo se distinguen, porque obligan al gobernado al cumplimiento de obligaciones de hacer o no hacer, mediante la actualización de un perjuicio surgido de un acto de aplicación, por ello, este tipo de normas pueden reclamarse sólo en una oportunidad a través del juicio de amparo indirecto, esto es, dentro del plazo de quince días siguientes al del primer acto de aplicación. Así, respecto de este tipo de normas puede cuestionarse su constitucionalidad sólo ante la actualización de su primera aplicación concreta, explícita o implícita en perjuicio del gobernado; empero, no con motivo de ulteriores aplicaciones. Robustece la consideración anterior la tesis de jurisprudencia P./J. 55/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, materia constitucional común, novena época, tomo VI, del mes de julio de mil novecientos noventa y siete, cuyo rubro es el siguiente: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA." Dicho lo anterior enseguida se citan los artículos primero y segundo del decreto combatido: "Artículo Primero.- Se prohíbe la circulación y comercialización en el interior de la República, cualquiera que sea su procedencia, de los Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina, Sistemas Similares sin Nicotina, Sistemas Alternativos de Consumo de Nicotina, cigarrillos electrónicos y dispositivos vaporizadores con usos similares, así como las soluciones y mezclas utilizadas en dichos sistemas. Artículo Segundo.- A quien incumpla con lo señalado en el artículo primero se le aplicarán las sanciones que señalen las disposiciones jurídicas aplicables.". Conforme a dichas disposiciones se prohíbe la circulación y comercialización en el interior de la República, cualquiera que sea su procedencia, de los Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina, Sistemas Similares sin Nicotina, Sistemas Alternativos de Consumo de Nicotina, cigarrillos electrónicos y dispositivos vaporizadores con usos similares, así como las soluciones y mezclas utilizadas en dichos sistemas. A quien incumpla con lo señalado en el artículo primero se le aplicarán las sanciones que señalen las disposiciones jurídicas aplicables. Lo anterior pone de relieve que, desde el inicio de su vigencia, esto es, el treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, prohíbe la circulación y comercialización de los referidos productos y, por ello, vincula a su destinatario desde su sola vigencia, sin que para ello se requiera la existencia de un acto de aplicación posterior el cual deba concretarse en su perjuicio. En esa tónica, el cumplimiento de la norma no está sujeto a condición alguna, pues desde el día en que entró en vigor actualiza la prohibición reclamada; lo cual permite sostener su naturaleza autoaplicativa. Es importante resaltar la naturaleza autoaplicativa de la norma, vinculada con la obligatoriedad de ésta desde su sola vigencia; mientras el interés jurídico se relaciona con la afectación que la vigencia de la norma irroga en la esfera legal del gobernado. Extremo éste, el cual debe probarse, pues sólo a quien perjudica el contenido de la norma puede ocurrir al presente juicio a cuestionar su regularidad constitucional, pues no basta la imposición de la norma de obligaciones a los gobernados desde su sola vigencia, puesto el accionante de amparo debe acreditar encontrarse obligado a su cumplimiento, por ubicarse en las hipótesis reguladas y, además, la generación de afectación en su esfera legal, sin la necesidad de un acto posterior de aplicación. Cobra aplicación la tesis aislada 3a. LII/91, del rubro: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO CONTRA LEYES. NO SE ACREDITA ÚNICAMENTE POR LA CIRCUNSTANCIA DE QUE SE TRATE DE UNA LEY AUTOAPLICATIVA.". En este orden de ideas, para considerar que el decreto combatido irroga una afectación en la esfera de derecho de la parte quejosa con su sola entrada en vigor, es necesario demostrar que desde el inicio de su vigencia circulaba y/o comercializaba los bienes cuya prohibición expresa está contemplada en éste, es decir, sistemas electrónicos de administración de nicotina, sistemas similares de nicotina, sistemas alternativos de consumo de nicotina, cigarrillos electrónicos y vaporizadores o similares a éstos y, las soluciones, mezclas, cartuchos y unidades desmontables de tabaco correspondientes a sistemas en mención. Sin embargo, la parte quejosa soslayó exhibir algún medio probatorio del que se desprendiera este aserto, esto es, que éste tiene como actividad la circulación y/o comercialización al interior del país de tales artefactos y productos. Consiguientemente, no se puede tener por acreditado el interés jurídico que debe asistirle al justiciable para reclamar la porción normativa combatida con motivo de su sola entrada en vigor; en efecto, porque el quejoso pasó por alto acreditar lo expuesto en los párrafos párrafo precedente, al no ofrecer prueba alguna con la cual acreditara circular y/o comercializar al interior de país los artefactos y productos apuntados, los cuales, están sujetos al decreto reclamado. Por identidad de razón jurídica, es aplicable la tesis II.1o.A.4 A (11a.), con el rubro: "INTERÉS JURÍDICO O LEGÍTIMO EN EL JUICIO DE AMPARO. PARA ACREDITARLO CONTRA EL "DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA TARIFA DE LA LEY DE LOS IMPUESTOS GENERALES DE IMPORTACIÓN Y DE EXPORTACIÓN", PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 19 DE FEBRERO DE 2020, EL QUEJOSO DEBE DEMOSTRAR QUE REALIZA LA IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE LOS PRODUCTOS UTILIZADOS PARA EL "VAPEO", QUE EN ESA DISPOSICIÓN SE PROHÍBE, SIN QUE SEA SUFICIENTE MANIFESTAR SU CALIDAD DE USUARIO O CONSUMIDOR DE ESOS PRODUCTOS. Consecuentemente, no existen elementos para considerar que, derivado de la calidad de usuario o consumidor de los artefactos y/o productos utilizados para el "vapeo", regulados en el decreto reclamado, se afecte la esfera jurídica del quejoso por razones de salud, pues la norma combatida no se impide o restringe su consumo en territorio nacional, sino prohíbe su circulación y comercialización en el interior de la República. A mayor abundamiento, el peticionario del amparo ni siquiera acreditó ser usuario o consumidor de los sistemas electrónicos de administración de nicotina, sistemas similares sin nicotina, sistemas alternativos de consumo de nicotina, cigarrillos electrónicos y dispositivos vaporizadores con usos similares, así como las soluciones y mezclas utilizadas en dichos sistemas; al omitir ofrecer prueba alguna para demostrarlo, con lo cual queda patente la falta de demostración del interés jurídico para combatir el decreto señalado. Es aplicable la jurisprudencia con el rubro: "INTERES JURIDICO. NECESIDAD DE ACREDITARLO EN EL AMPARO CONTRA LEYES." De igual manera la jurisprudencia XXVII.1o.(VIII Región) J/4 (10a.) del rubro siguiente: "INTERÉS JURÍDICO O INTERÉS LEGÍTIMO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. REQUISITOS PARA ACREDITARLO A PARTIR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, CONSTITUCIONAL DE 6 DE JUNIO DE 2011.". Asimismo, la jurisprudencia 2a/J. 16/94 con el rubro: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE." Consecuentemente, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, por lo que con apoyo en lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la misma ley, se sobresee en el presente juicio. QUINTO. Se habilitan horas y días inhábiles. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo y el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en aplicación supletoria al diverso 2 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que el Actuario adscrito, lleve a cabo las notificaciones a las partes en el presente juicio; lo anterior, a efecto de propiciar el adecuado y ágil despacho de los asuntos. Por lo expuesto y fundado se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio promovido por Roberto Allan Sussman Livovsky por los motivos señalados en el considerando cuarto de este fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, hoy veintiocho de octubre de dos mil veintidós, que lo permitieron las labores de este Juzgado Federal, ante el Secretario Jadilson Alonso Navarro, que da fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintiocho de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda el telegrama de cuenta; atento a su contenido, téngase a la autoridad responsable rindiendo su informe justificado, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a sus intereses convenga, asimismo, téngase por hechas las designaciones que refiere. En relación con las pruebas que ofrece la responsable, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por anunciadas las mismas, sin perjuicio de su relación al momento de celebrar la audiencia constitucional. Medios electrónicos. En términos de la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la copia de actuaciones por medios electrónicos como escáner, cámaras digitales o cualquier otro dispositivo eléctrico o electrónico; herramientas que deberán ser utilizadas con lealtad procesal, sin que se puedan reproducir documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Asimismo, por seguridad jurídica, se deberá dejar constancia en autos de tal acto, sin que ello implique que la fe pública del Secretario de Acuerdos quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados. Lo anterior, con apoyo en la tesis I.3o.C.725 C, de rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante la Secretaria María Elena González Blas, quien autoriza y da fe.

  4. Incidental

    Vistos para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 902/2022-II y, I.- Fijación clara y precisa del acto reclamado. Mediante escrito de demanda Roberto Allan Sussman Luvovsky, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, con suspensión de los actos reclamados de la autoridad responsable Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, de quien reclama: "La expedición y firma del DECRETO por el que se prohíbe la circulación y comercialización en el interior de la República, cualquiera que sea su procedencia, de los Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina, Sistemas Similares sin Nicotina, Sistemas Alternativos de Consumo de Nicotina, cigarrillos electrónicos y dispositivos vaporizadores con usos similares, así como las soluciones y mezclas utilizadas en dichos sistemas", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de mayo de 2022, específicamente en sus artículos PRIMERO y SEGUNDO. II.- Certeza del acto. La autoridad responsable manifestó ser cierto el acto reclamado que se le atribuye, consistente en la expedición y firma del aludido decreto, el cual se realizó en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 89, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. III.- Consideraciones y fundamentos para negar la suspensión definitiva. No obstante que la autoridad responsable manifestó ser cierto el acto reclamado que se le atribuye, lo procedente es negar la medida cautelar, toda vez que dada su naturaleza debe considerarse que no es la expedición del ordenamiento en sí lo que la parte quejosa aduce que le afecta, sino su aplicación. Sirve de apoyo la jurisprudencia VI.2o.C. J/174, cuyo rubro y texto establecen: "SUSPENSIÓN CONTRA UNA LEY. Es improcedente conceder la suspensión contra la expedición de leyes, porque la materia de la suspensión es la ejecución o aplicación de las mismas leyes, y no éstas en sí, y su inconstitucionalidad, que es lo que puede perjudicar a los quejosos, es materia del fondo del amparo y no del incidente de suspensión." Ahora bien, por lo que respecta a la aplicación de la norma precisada se niega la suspensión definitiva, porque al suspender la aplicación de dicha ley se contravendrían disposiciones de orden público. Los artículos 107, fracción X, de la Constitución Federal y 125, 128, 129, 130, 131, 136 y 139 de la Ley de Amparo, disponen esencialmente, que tratándose de la suspensión de los actos reclamados, se deben tomar en consideración los siguientes temas: -Los requisitos de procedencia de la suspensión, que en su conjunto determinarán si la medida cautelar debe concederse; -Los efectos de la suspensión, que consisten en la precisión detallada de lo que las autoridades deben hacer o no hacer en cumplimiento a la medida cautelar; -Las acciones o garantías que, en su caso, se requieran al quejoso para que subsistan los efectos de la suspensión; y, -A su vez, los requisitos de procedencia de la suspensión deben examinarse en un orden lógico y secuencial, de modo que la ausencia de alguno de ellos impedirá seguir avanzando en el análisis de los subsecuentes, al implicar la improcedencia de la medida cautelar. En ese contexto normativo constitucional y ordinario, los requisitos de procedencia de la suspensión son: Petición de parte. Conforme al artículo 128 de la Ley de Amparo, fuera de los casos en los que proceda la suspensión de oficio, debe existir solicitud del quejoso de ser concedida. La existencia del acto de autoridad que presuntamente vulnere los derechos humanos del quejoso es el presupuesto lógico jurídico. Que por su naturaleza, el acto reclamado sea susceptible de ser suspendido. Que el quejoso resienta una afectación a su interés jurídico o interés legítimo. Dado lo dispuesto en el artículo 131 de la Ley de Amparo, para efectos de la suspensión definitiva, la parte quejosa tendrá que acreditar, cuando menos de manera indiciaria, la afectación que le causa el acto reclamado a su interés legítimo o jurídico, pues para ese momento procesal, basta la comprobación que se obtenga a través de un hecho, circunstancia o documento, cierto y conocido por virtud del cual, realizando una deducción lógica, el juzgador de amparo pueda presumir válidamente que quien solicita la medida cautelar resulta agraviado con el acto reclamado. El orden público e interés social y su ponderación con la apariencia del buen derecho. En el artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo, se señala como requisito de procedencia que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; en el diverso artículo 129, se señala una serie de supuestos en los que, invariablemente, se causará afectación al interés social o se contravendrán disposiciones de orden público, frente a los cuales el juzgador de amparo no debe conceder dicha medida cautelar. Por consiguiente, en los demás casos distintos a los contenidos en dicha norma, el juzgador tendrá la facultad de calificar si con la suspensión de los actos reclamados no se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público. Además de ello, conforme al artículo 138 de la Ley de Amparo, el juzgador de amparo deberá realizar un ejercicio de ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social. Ahora bien, como se anticipó, con relación a los efectos y consecuencias del acto reclamado, consistente en la inconstitucionalidad del "Decreto por el que se prohíbe la circulación y comercialización en el interior de la República, cualquiera que sea su procedencia, de los Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina, Sistemas Similares sin Nicotina, Sistemas Alternativos de Consumo de Nicotina, cigarrillos electrónicos y dispositivos vaporizadores con usos similares, así como las soluciones y mezclas utilizadas en dichos sistemas" publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, se niega la suspensión definitiva, en virtud de que, de concederse se contravendrían disposiciones de orden público y de interés social; por lo que no se cumple con el requerimiento de la fracción II del artículo 128 de la Ley de Amparo, pues conforme a ésta la suspensión es improcedente, para lo cual, no basta que el acto pretenda perseguir una finalidad de interés social, sino que es necesario que se acredite que la concesión de la suspensión causaría tales perjuicios a dicho interés o que implicaría una contravención ineludible a disposiciones de orden público, por las características propias del acto. Bajo esa óptica procesal, de concederse la medida cautelar para que no se aplique la norma en cuestión, evidentemente se contravendría lo que establece la fracción II del artículo 128 de la Ley de la Materia, que condiciona el otorgamiento de la suspensión a que con ella no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, como en el caso acontece; ello es así, pues la sociedad está interesada en que no se impida al Estado llevar a cabo la regulación acorde y necesaria para cumplir con sus obligaciones en materia de salud pública. Cabe destacar que el orden público y el interés social son nociones íntimamente vinculadas, en la medida en que el primero tiende al arreglo o composición de la comunidad con la finalidad de satisfacer necesidades colectivas, de procurar un bienestar o impedir un mal a la población; mientras que el segundo se traduce en la necesidad de beneficiar a la sociedad, o bien, evitarle alguna desventaja o trastorno. En vinculación con los razonamientos expuestos con antelación, se considera que el orden público y el interés social se afectan cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes, o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría. Sobre el particular, es de citarse el criterio emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 47, Tercera Parte, página 58, que se lee: "INTERÉS SOCIAL Y DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO. SU APRECIACIÓN. La Suprema Corte sostiene, como se puede consultar en la tesis 131 del Apéndice de jurisprudencia 1917-1965, Sexta Parte, página 238, que si bien la estimación del orden público en principio corresponde al legislador al dictar una ley, no es ajeno a la función de los juzgadores apreciar su existencia en los casos concretos que se les someten para su fallo. El examen de la ejemplificación que contiene el artículo 124 de la Ley de Amparo para indicar cuándo se sigue perjuicio al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, revela que se puede razonablemente colegir en términos generales, que se producen esas situaciones cuando se priva a la colectividad con la suspensión de un beneficio que le otorgan las leyes, o se les infiere un daño con ella que de otra manera no resentiría. Por lo expuesto y fundado, con apoyo, en los artículos 125, 138, 140, 143 y 146 de la Ley de Amparo se R E S U E L V E: ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por Roberto Allan Sussman Luvovsky, respecto del acto reclamado y las autoridades responsables precisadas y, por las razones expuestas en el punto tercero de la presente resolución interlocutoria. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante la Secretaria María Elena González Blas, quien autoriza y da fe.

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