Roberto Alfredo Zavalza León y Otros.

Expediente 1079/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1079/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
20/12/2019

Partes del expediente

  • Roberto Alfredo Zavalza León
  • Roberto Alfredo Zavalza León y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Con base en la certificación de cuenta y dado que las partes no recurrieron el auto de veintiocho de noviembre del año en curso, que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que el citado proveído ha causado estado. Al no existir actuación por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se ordena el archivo definitivo de este expediente como concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo.

  2. Principal

    Culiacán, Sinaloa, veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve. Con vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés convenga, agréguese el informe justificado y documentos anexos rendido por el Magistrado Presidente y Secretario General de Acuerdos de la Sala Regional Zona Centro del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba documental la que se remite con el referido informe. Con sustento en el numeral 117 de la citada legislación, con el informe y documentos de referencia dese cuenta y hágase relación en la audiencia constitucional. De dicha documental que por ser pública, en términos de lo dispuesto por el artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a lo dispuesto por su numeral 2, merece eficacia demostrativa plena, según lo dispuesto por los ordinales 197 y 202 del primero de los ordenamientos legales citados. La parte quejosa promovió demanda de amparo contra actos del Magistrado de la Sala Regional Zona Centro del Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado de Sinaloa, a quien reclamó del juicio de nulidad 420/2019-IV, lo siguiente: a) La omisión de otorgar a las partes el término de tres días para formular los alegatos; b) La omisión de declarar cerrada la instrucción; y, c) La omisión de dictar sentencia. En ese sentido, de las constancias que remitió la autoridad responsable se advierte que en el caso, por lo que hace a la omisión de otorgar a las partes término para formular alegatos, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo por cesación de los efectos del acto reclamado, la cual se configura cuando los efectos del acto reclamado desaparezcan o se destruyan inmediata, total, incondicional y materialmente; supuesto en el que con tal destrucción el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos fundamentales, sin dejar huella en su esfera jurídica y patrimonial. Esto, pues como se dijo, la parte quejosa acudió a esta instancia constitucional a fin de reclamar, entre otras cosas, la omisión de la responsable de otorgar a las partes término para formular alegatos en el aludido expediente administrativo. Sin embargo, en la especie han cesado los efectos del acto reclamado, en virtud que como se advierte de las documentales remitidas por la autoridad responsable, el veintidós de noviembre actual emitió un proveído en el que concedió a las partes plazo de tres días para que formulen sus alegatos, lo que se ordenó notificar por lista de estrados (foja 31). En mérito de lo anterior, en la especie han cesado los efectos del acto reclamado, por lo que la omisión impugnada ha dejado de existir. Consecuentemente, el juicio de garantías es improcedente en términos de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, lo que obliga a decretar el sobreseimiento con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, del ordenamiento en consulta. Por otra parte, respecto a los diversos actos reclamados por la parte quejosa, consistentes en las omisiones de cerrar instrucción y dictar sentencia en los autos del expediente 420/2019-IV. Como se destacó en párrafos que anteceden, el veintidós de noviembre actual la responsable emitió proveído en el que concedió a las partes un plazo de tres días para que formulen sus alegatos. Por tanto, como al presentar la demanda de amparo aún no se había concedió a las partes plazo para formular alegatos, luego no podía pasarse a la etapa de cierre de instrucción. Bajo estas circunstancias, no existen las omisiones reclamadas, pues el estado del juicio natural a la fecha de la presentación de la demanda de garantías no permitía pasar a la etapa de cierre de instrucción, y en su caso, al dictado de la sentencia correspondiente. La anterior consideración tiene sustento en la jurisprudencia 2a./J. 99/2018 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, observable en la página 926, Libro 59, Octubre de 2018, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de la siguiente lectura: ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos. Máxime que el acto reclamado debe ser apreciado conforme la etapa procesal en que se encuentre el juicio de origen a la fecha de presentación de la demanda de amparo, pues los efectos de la eventual protección constitucional se deben constreñir a esa etapa. Al respecto, es ilustrativa la tesis 2a. CV/2013 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 732, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, cuyo rubro y texto son: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013. En consecuencia, con fundamento en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia por inexistencia de los actos reclamados. No es obstáculo para decretar el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional, pues son de tal manera claras y evidentes las causales de improcedencia que conducen al resultado apuntado, que aun esperando a celebrar la audiencia, la conclusión sería la misma y nada puede impedir el mencionado resultado, de manera que atendiendo al principio de celeridad procesal previsto por el artículo 17 Constitucional, carece de objeto esperar la audiencia para resolver en el mismo sentido lo que desde ahora es factible. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a.J, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en las páginas 386 y 387, del Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Cabe destacar que la jurisprudencia 1ª/J 49/2017, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 49, diciembre de 2017, tomo I, página 386, establece: SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. POR REGLA GENERAL, LA NEGATIVA DEL ACTO RECLAMADO NO CONSTITUYE UNA CAUSA NOTORIA, MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA PARA DECRETARLO CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación sistemática del contenido de los artículos comprendidos del 117 al 124 de la Ley de Amparo, se obtienen las reglas del procedimiento que deben respetarse durante el trámite del juicio de amparo indirecto, de donde se obtiene que rendidos los informes justificados por las autoridades responsables, con ellos debe darse vista a las partes, debiendo mediar un plazo de ocho días entre la fecha en que se ponen en su conocimiento y la diversa señalada para la celebración de la audiencia constitucional, lapso en que deberán aportar las pruebas que consideren necesarias de acuerdo con los lineamientos establecidos en el artículo 119 de la ley de la materia para acreditar sus pretensiones; tal prerrogativa resulta de mayor relevancia para la parte quejosa, porque cuando la autoridad responsable niega el acto reclamado, le genera una carga procesal probatoria, de la que debe hacer uso para controvertir el informe respectivo; para ello se requiere que el juicio se agote en todas sus etapas y que por tanto, la audiencia constitucional se celebre, porque ése es el último momento procesal en que puede aportar medios de prueba para lograr desvirtuar las manifestaciones de la autoridad y alegar lo que a su derecho convenga para demostrar que el acto sí existe y que es violatorio de sus derechos fundamentales; de manera que, por regla general, sobreseer en el juicio antes de que esa actuación ocurra, implica contrariar las reglas del procedimiento, pero sobre todo dejar en completo estado de indefensión a la parte quejosa, lo que indefectiblemente llevará a reponer el procedimiento respectivo, porque no constituye generalmente una justificación válida, el argumento de que se actúa así en aras de una impartición de justicia pronta y expedita conforme a lo que dispone el artículo 17 Constitucional, puesto que está por encima el derecho de defensa del actor constitucional que le otorga la posibilidad de contar con un recurso efectivo, como lo previene el propio numeral constitucional invocado y el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. No pasa inadvertido el criterio de jurisprudencia invocado, pero no resulta aplicable al caso concreto porque si bien estableció que por regla general la negativa del acto reclamado no constituye causa notoria, manifiesta e indudable para decretar sobreseimiento fuera de audiencia, se refiere a los actos en que la negativa le arroja la carga procesal a la parte quejosa para comprobar la existencia del acto reclamado. Sin embargo, en el presente asunto el sobreseimiento no deriva de acto negativo simple que arroje la carga de la prueba a la peticionaria de amparo para comprobar la existencia del acto reclamado, sino se actualiza a partir de acto positivo (acuerdo de veintidós de noviembre del año en curso, en el que se concedió a las partes plazo de tres días para que formulen sus alegatos), que pone de manifiesto que la autoridad responsable a la fecha de la admisión de la demanda de garantías, no estaba en posibilidad de cerrar la instrucción, y en su caso, dictar la sentencia respectiva, virtud que las partes no habían formulado sus alegatos. En consecuencia, no es aplicable la jurisprudencia ya que la causa de sobreseimiento deriva de la emisión del referido acuerdo de veintidós de noviembre de dos mil diecinueve que demuestra que a la fecha de la admisión de la demanda de garantías, la responsable no podía cerrar la instrucción, ni dictar sentencia, virtud que las partes no habían formulado alegatos, lo que hace innecesario esperar la celebración de la audiencia constitucional si esa actuación no cambiará, de ahí el sobreseimiento fuera de audiencia decretado. Atento a lo anterior, se deja sin efectos lo ordenado por proveído de cinco de noviembre del año en curso, única y exclusivamente en lo concerniente al señalamiento de la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con treinta minutos del cinco de diciembre de la presente anualidad. Comuníquese lo anterior a la autoridad responsable y háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que para tal efecto se lleva en este órgano jurisdiccional. Finalmente, agréguese el oficio signado por el Actuario adscrito a la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa con residencia en esta ciudad, mediante el cual en auto de veinticinco de noviembre del año en curso, se proveyó rinda informe justificado a este órgano jurisdiccional.

  3. Principal

    Agréguese el oficio remitido por la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud por medio del cual informa que en nueve de julio del año en curso fue remitida a la Delegación de la Fiscalía General de la República en el Estado de Sinaloa, la averiguación previa PGR/SEIDO/UEIDCS/507/2015, en virtud de declinarse la competencia a dicha delegación. En razón de lo anterior, se tiene como autoridad responsable sustituta a la Delegación de la Fiscalía General de la República en el Estado de Sinaloa para cumplir con la ejecutoria de amparo. Cuando por virtud de reformas constitucionales o legales queda impedida para cumplimentar la sentencia la autoridad responsable obligada a ello, por no corresponder ya al ámbito de su competencia o por haber desaparecido, debe acatar el amparo la autoridad en la que recayó dicha obligación por corresponder a la esfera de su competencia, aunque no haya tenido el carácter de responsable en el juicio de garantías; pero previamente a la remisión del incidente de inejecución a la Suprema Corte, a fin de aplicar la sanción prevista en el artículo 107, fracción XVI, constitucional, y ante la existencia de la autoridad sustituta, el órgano que otorgó el amparo debe realizar el procedimiento respectivo para los efectos previstos por los artículos 104, 105 y demás relativos de la Ley de Amparo, en relación con dicha autoridad sustituta. En consecuencia, remítasele copia certificada de la sentencia de amparo en que se actúa, así como del auto de veinticuatro de septiembre del año en curso a la Delegación de la Fiscalía General de la República en el Estado de Sinaloa, para que dentro del término de cinco días legalmente computados cumpla con la ejecutoria de amparo. Apercibido que en caso de desacato sin causa justificada, con sustento en los numerales 192 y 258, los dos de la Ley de Amparo, se le impondrá multa equivalente a cien unidades de medida y actualización en términos del decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo; asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para el trámite de inejecución que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Instrúyase al secretario de trámite a fin que transcurrido el plazo concedido a las referidas autoridades dé cuenta para proveer lo conducente.

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