Roberto Alfredo Barradas Uscanga
Expediente 612/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 6 actuaciones registradas, la última del 18 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 612/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 18/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Roberto Alfredo Barradas Uscanga
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de julio de dos mil veintidós. Vistos los autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que el quejoso interpusiera recurso de revisión contra la sentencia que sobreseyó en el juicio, sin que lo haya hecho. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en virtud que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y que se sobreseyó en el juicio, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, este asunto encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la destrucción de este expediente. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.
- Principal
S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 612/2022, promovido por Roberto Alfredo Barradas Uscanga, contra los actos de las autoridades que se mencionan más adelante. ANTECEDENTES Según consta en auto, el quejoso se encuentra privado de su libertad en el Centro Federal de Readaptación Social número 13 "CPS-OAXACA", con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca. Tal circunstancia obedece a que el peticionario de amparo Roberto Alfredo Barradas Uscanga, se encuentra siendo procesado en la causa penal 362/2020 del índice del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, donde fue vinculado a proceso el veinticuatro de septiembre de dos mil veinte. Mediante escrito de veintinueve de enero de dos mil veintidós, el quejoso solicitó al Juez de Distrito Especializado del Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, su traslado voluntario del Centro Federal de Readaptación Social número 13 "CPS-OAXACA", con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca (donde actualmente se encuentra privado de su libertad) al Centro Federal de Readaptación Social número 5 Oriente Villa Aldama, Veracruz o cualquier otro en esa Entidad Federativa. Dicha promoción inicialmente fue recibida en el Segundo Tribunal Unitario del Décimo Tercer Circuito, quien por acuerdo de dieciocho de febrero de dos mil veintidós, lo envió al Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, en Funciones de Juez de Ejecución, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca. La administradora del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, tuvo por recibida la solicitud de traslado formando el expediente administrativo ST OAX/000248/2022, donde por determinación de catorce de marzo de dos mil veintidós, previo a turnar la solicitud de traslado del quejoso y a fin de allegar al Juez de Distrito en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, en Funciones de Juez de Ejecución, con residencial den San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, de la información necesaria para pronunciarse en torno a la competencia para resolver la petición de traslado, requirió al Centro Federal de Readaptación Social número 13 "CPS-OAXACA", con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, que remitiera la partida jurídica del interno aquí quejoso Roberto Alfredo Barradas Uscanga. Mediante escrito de seis de abril de dos mil veintidós, el aludido impetrante, nuevamente solicitó al Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, en Funciones de Juez de Ejecución, su traslado voluntario del Centro Federal de Readaptación Social número 13 "CPS-OAXACA", con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca (donde actualmente se encuentra privado de su libertad) al Centro Federal de Readaptación Social número 5 Oriente Villa Aldama, Veracruz; materia del presente juicio de amparo. Por determinación de treinta de mayo de dos mil veintidós, el administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, tuvo por recibida la diversa promoción del quejoso de seis de abril de dos mil veintidós, donde reiteró la solicitud de traslado al Centro Federal de Readaptación Social número 5 Oriente Villa Aldama, Veracruz, y al ya contar con la partida jurídica del disidente, en ese auto, ordenó remitir el expediente administrativo ST OAX/000248/2022, al Juez de Distrito en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, en Funciones de Juez de Ejecución, con residencial den San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, para la continuación de la solicitud de traslado del impetrante. El oficio 1164/2022-I que se expidió con motivo de la determinación referida en el párrafo anterior de treinta de mayo de dos mil veintidós, fue recibido por la autoridad jurisdiccional el treinta y uno de mayo de dos mil veintidós. Por acuerdo de tres de junio de dos mil veintidós, el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, en Funciones de Juez de Ejecución, tuvo por recibida la solicitud de traslado del quejoso contenida tanto en el escrito de veintinueve de enero de dos mil veintidós, con la que se formó el expediente administrativo ST OAX/000248/2022, como en el de seis de abril de dos mil veintidós, determinando que debido a que el disidente se encuentra siendo procesado en la causa penal 362/2020 del índice del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, es decir, no ha sido sentenciado y por tanto no se encuentra compurgando alguna pena, no resulta competente para determinar lo relativo al traslado del impetrante. Siendo esta circunstancia el último dato con que se cuenta en relación a la solicitud de traslado del impetrante contenida en el expediente administrativo citado anteriormente. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO Roberto Alfredo Barradas Uscanga, promovió juicio de amparo mediante escrito presentado el treinta de mayo de dos mil veintidós, a través de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec y enviado el mismo día a este Juzgado de Distrito, al que correspondió por razón de turno. El quejoso denunció la violación de los artículos 1, 8, 17 y 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La demanda fue remitida a este Juzgado de Distrito por razón de turno, donde quedó registrada con el número 612/2022; por auto de treinta y uno de mayo de dos mil veintidós este órgano jurisdiccional admitió a trámite la demanda; solicitó a las autoridades responsables informe justificado; dio la intervención que corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia de ley. Una vez agotados los trámites correspondientes, se llevó a cabo la audiencia constitucional en los términos del acta que antecede. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque las autoridades señaladas como responsables en este juicio de amparo indirecto tienen su residencia o los actos reclamados pretenden ejecutarse dentro de la demarcación territorial en la que este órgano de amparo ejerce jurisdicción. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues solo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada P. VI/2004, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En el caso, el contenido integral de la demanda de amparo, permite sostener que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables lo siguiente: Autoridades ordenadoras y ejecutoras Administrador del Centro de Justicia Penal Federal con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca. Juez de Distrito Especializado del Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca. De quienes reclama: La omisión de substanciar y señalar fecha y hora para que se resuelva la solicitud de traslado que voluntario que les hizo mediante escrito de seis de abril de dos mil veintidós. V. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Las autoridades responsables al rendir sus informes justificados, negaron categóricamente la existencia de los actos reclamados. No. Denominación autoridad responsable Sentido 1 Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, en funciones de Juez de Ejecución Niega 2 Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado Oaxaca Niega Siendo así, lo procedente es sobreseer en el juicio debido a que la parte quejosa no ofreció ni exhibió prueba alguna con la que se desvirtúe la negativa de las autoridades responsables; lo que actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, en lo conducente, dispone: Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y [.] Tal precepto, establece que en el supuesto de que no llegaran a existir los actos reclamados, sin que se probare su existencia en la audiencia constitucional respectiva, procede el sobreseimiento en el juicio de amparo. Cabe señalar, que la parte quejosa del juicio de amparo tiene la carga de la prueba, es decir, el promovente del amparo está obligado a demostrar, directamente o mediante los informes de las autoridades responsables, la existencia de los actos que impugna y a justificar con pruebas, que éstos sean inconstitucionales. Resulta ilustrativa la Jurisprudencia VI.2o.J/308, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 77, Tomo 80, Agosto de 1994, correspondiente a la Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, consultable en la Red Jurídica Nacional, con el número de registro 210769, de rubro y texto siguientes: ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados. Lo anterior, es así debido a que de las constancia que integran este asunto, entre las que se encuentra el expediente administrativo ST OAX/000248/2022, y demás documentales remitidas por las responsables, a las que se les otorga valor probatorio en términos de los artículos 129, 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; se observan las peticiones del quejoso que contienen la solicitud de traslado voluntario del Centro Federal de Readaptación Social número 13 "CPS-OAXACA", con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca (donde actualmente se encuentra privado de su libertad) al Centro Federal de Readaptación Social número 5 Oriente Villa Aldama, Veracruz o cualquier otro en esa Entidad Federativa, a que se refiere el escrito de veintinueve de enero de dos mil veintidós, y que originó la formación del citado expediente administrativo por parte de la administradora del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca. Con lo que se evidencia, la atención que se dio, por parte de la responsable administrativa a la petición del quejoso, pues, a efecto de turnar la solicitud de traslado a la autoridad jurisdiccional que debía desahogarla, por acuerdo de catorce de marzo de dos mil veintidós, requirió al Centro Federal de Readaptación Social número 13 "CPS-OAXACA", con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, que remitiera la partida jurídica del interno aquí quejoso Roberto Alfredo Barradas Uscanga. Una vez que contó con la citada partida jurídica del impetrante, por acuerdo de treinta de mayo de dos mil veintidós, donde también tuvo por recibido el diverso escrito del quejoso de seis de abril de dos mil veintidós, donde reiteraba su solicitud de traslado, turnó los escritos del quejoso contenidos en el expediente administrativo ST OAX/000248/2022, al Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, en Funciones de Juez de Ejecución. La autoridad jurisdiccional recibió el aludido expediente el treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, un día después de la presentación de la demanda de amparo -treinta de mayo de dos mil veintidós, circunstancia que denota la inexistencia de la omisión reprochada a dicha responsable, debido a que a la fecha de promoción de la demanda de amparo no se le había turnado la solicitud de traslado. DECISIÓN En consecuencia, como la parte quejosa no demostró la existencia del acto anteriormente precisado, se sobresee en el juicio por lo que hace a dichas autoridades y actos reclamados, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis de Jurisprudencia número 310, consultable en la página 209, Tomo VI, Parte SCJN, Apéndice de 1995, del Semanario Judicial de la Federación, consultable en la Red Jurídica Nacional, con el número de registro 394266, de rubro y texto siguiente: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. También cobra vigencia en su aplicación al caso, la tesis aislada VI.2o.A.4K que sustenta el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, visible en la página 903, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, febrero de 2002, Materia Común, Novena Época del siguiente tenor: PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." Precisión respecto de las jurisprudencias y tesis aplicadas. Se hace la precisión que las jurisprudencias y tesis aisladas citadas en esta sentencia, anteriores a la Undécima Época del Semanario Judicial de la Federación, continúan siendo obligatorias y aplicables, en términos de los artículos Décimo y Decimoprimero transitorios, respectivamente del Decreto publicado el siete de junio de dos mil veintiuno en el Diario Oficial de la Federación, por el cual, se reformó la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por **** contra las autoridades a que se refiere el apartado IV de esta resolución. NOTIFÍQUESE; VÍA ELECTRÓNICA A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de junio de dos mil veintidós. Incorpórese a los autos el informe justificado del administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado Oaxaca, sin que haya lugar a dictar mayor proveído, en virtud que dicho informe ya obra en autos agregado mediante acuerdo de nueve de junio de dos mil veintidós. Por otra parte, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba por parte de dicha responsable, las documentales que exhibe junto con el informe anterior, consistente en copia certificada del cuadernillo ST OAX/000248/2022 de su índice, sin perjuicio de relacionarla en la audiencia constitucional; de las citas constancias dese vista a las partes. NOTIFÍQUESE; ELECTRÓNICAMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de junio de dos mil veintidós. Con fundamento en los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe justificado del administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado Oaxaca, mediante el cual, niega la existencia de los actos reclamados y ténganse como prueba de su parte, las documentales que aporta; con lo anterior, dese vista a las partes. Asimismo, del estado de autos, precisamente del informe justificado del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, en funciones de Juez de Ejecución, se observa que ordena la vinculación de la solicitud de traslado (ST) 248/2022 al presente asunto, sin embargo, la analista jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) reporta que no es posible realizar tal gestión porque no tiene acceso a dicho expediente en el panel respectivo; por tanto, atentamente solicítese al aludido titular que conceda los permisos correspondiente a efecto de efectuar la vinculación de tales asuntos de manera permanente. NOTIFÍQUESE.
Quedan 2 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · 11,222 expedientes
- Roberta Aragón Matías86/2017
- Roberta Mendoza Cruz1888/2015
- Roberta Parra Medina599/2021
- Roberto A. Bermúdez Arellanes186/2017
- Roberto Alejandro Sánchez Guzmán867/2015
- Roberto Alemán Jiménez García451/2019
- Roberto Antonio Ramales Barón763/2017
- Roberto Arévalo Pérez1663/2014
- Roberto Bolaños Rodríguez1757/2016
- Roberto Bolaños Rodriguez564/2017
- Roberto Bolaños Rodríguez1658/2015
- Roberto Bravo Hernández758/2022