Roberto Alfonso Carretero Viveros

Expediente 638/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 18 actuaciones registradas, la última del 24 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
638/2021
Año
2021
Actuaciones
18
Última actuación
24/01/2022

Partes del expediente

  • Roberto Alfonso Carretero Viveros
  • Todas las Partes
  • Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social, en Ciudad de México

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veinticuatro de enero de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya recurrido la sentencia autorizada el treinta de diciembre de dos mil veintiuno, en el que se sobreseyó el presente juicio de amparo, por tanto, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara, que dicha sentencia ha causado ejecutoria para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otro lado, se establece que el presente juicio es susceptible de depuración, esto a pesar de que se dictó una sentencia que sobreseyó el juicio y conforme a lo establecido por el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte es susceptible de destrucción; sin embargo, al haberse concedido la suspensión de plano de los actos reclamados, se estima que dicha medida tiene efectos definitivos, por lo que procede conservarse, con independencia del sentido de la resolución que lo tuvo por concluido, por lo que debe estarse a lo dispuesto en el capítulo 7, numeral 7.4 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal; por tanto, se establece como fecha probable de depuración el veinticuatro de enero de dos mil veinticinco. En cumplimiento al artículo 35 del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Sin que obste a la anterior determinación la circunstancia de que no obre el acuse de recibo dirigido a la autoridad responsable foránea en el presente asunto, en virtud que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 87 de la Ley de Amparo, la autoridad carece de legitimación para recurrir la sentencia que sobreseyó este asunto. Notifíquese.

  2. Principal

    EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS Y VÍA ELECTRÓNICA A LA PARTE QUEJOSA LA SENTENCIA AUTORIZADA EL 30/12/2021, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN II, INCISO C...RESULTANDO Primero. Por escrito presentado ante el secretario de guardia de este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz, el dieciocho de agosto del año en curso, Roberto Alfonso Carretero Viveros promovió juicio de amparo indirecto en contra de las autoridades y acto detallados en el escrito de demanda. Segundo. En proveído de esa misma fecha, se desechó parcialmente la demanda de amparo y se admitió respecto de los actos reclamados a las autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social, la cual se radicó bajo el número 638/2021-V; y luego de las formalidades de ley, el quince de diciembre de dos mil veintiuno, se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede, y CONSIDERANDO Primero. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz es competente para conocer del presente asunto, conforme a los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo y Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; por cuestión de la vía, en virtud de que se trata de un acto que se dice es susceptible de afectar directa e irreparablemente derechos fundamentales de los gobernados, tal como lo es el derecho a la salud, lo que permite que sea materia de impugnación en amparo indirecto; por razón de la materia (mixta), pues se actúa como órgano de instrucción en las materias penal y civil, así como de control constitucional, al conocer del amparo indirecto en primera instancia; y por territorio, pues los actos reclamados tienen ejecución material dentro de la circunscripción territorial en la cual este Juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión del acto reclamado. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, y analizando la demanda en su integridad y las constancias recabadas durante el procedimiento, procede determinar cuál es el acto o actos que constituyen la materia de estudio del juicio de amparo. En mérito de lo anterior, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: De las autoridades responsables Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social con residencia en la Ciudad de México y de la Directora Médica de la Unidad Médica de Alta Especialidad Número 14, Centro Médico Nacional "Adolfo Ruiz Cortines" en Veracruz, Veracruz: 1. La negativa a ministrarle atención médica adecuada al no proporcionarle los medicamentos Orfenadrina y Celefoxina; así como la negativa a expedirle incapacidades para no trabajar, a pesar de haber sufrido un accidente de trabajo. Tercero. Inexistencia de los actos reclamados. Las autoridades responsables Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social, por conducto de la Titular de División de Amparos Fiscales y la Directora Médica de la Unidad Médica de Alta Especialidad Número 14, Centro Médico Nacional "Adolfo Ruiz Cortines" en Veracruz, Veracruz, al rendir sus informes justificados, negaron la existencia de los actos reclamados. En ese contexto, frente a tal negativa es indispensable que, a efecto de establecer las consecuencias que se producen en el juicio para la tutela de los derechos de rango máximo, se analice a quién corresponde la carga procesal de acreditar la existencia del acto que se combate; es decir, a la autoridad que los niega o a la parte quejosa que al reclamarlos, los afirma. La Ley de Amparo es omisa en establecer una solución al respecto, por lo que debe acudirse a su ordenamiento supletorio, el cual acoge los principios lógico y ontológico en torno a la dinámica de la carga de la prueba, cuya aplicación permite conocer de qué forma se desplaza dicho gravamen procesal, en función de las posiciones que las partes asumen de acuerdo a las aseveraciones que realizan. Desde una perspectiva lógica, aplicable a los casos en que debe dilucidarse a quién corresponde demostrar algo, cuando existen dos asertos, uno positivo y otro negativo, debe determinarse que, dada la facilidad de acreditar el primero, ello es carga de quien lo formula, liberando a quien aduce el segundo, sobre todo cuando se trata de negaciones sustanciales, como en el caso. En ese tenor, cabe hacer mención que todo acto, por definición, supone la existencia de una conducta ya sea activa o pasiva. Dentro de la clasificación de los actos reclamados se distinguen entre los positivos y los negativos, considerando a los primeros, como los que implican un hacer, y a los segundos, como los que reflejan una omisión o abstención. Así, para diferenciarlos se atiende a su naturaleza y a los efectos que producen respecto de la realidad. La esencia del acto negativo versa, exclusivamente, sobre su característica que denota la omisión o la abstención de aquella parte a quien se atribuye. La negativa del acto, por lo contrario, no atiende a la naturaleza de aquél sino que propiamente constituye sólo una expresión sobre su existencia. En ello radica precisamente la diferencia entre un acto negativo y la negativa del acto. Como no se trata de conceptos iguales, la carga de la prueba en uno y otro supuesto se distribuye en forma desigual. La negativa simple del acto libera a quien la formula de la necesidad de probarla, pues, lógicamente, no es factible demostrar lo que se ha negado; de tal suerte que la carga de probar recae en su contraparte. Luego, si la negativa del acto no es simple sino calificada porque importa una afirmación, entonces quien la produce sí se encuentra en la necesidad de justificarla. La regla en cuestión se encuentra prevista por el artículo 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al disponer que el que niega sólo está obligado a probar, entre otras hipótesis, cuando la negación envuelva la afirmación expresa de un hecho. En tal virtud, si el acto por su naturaleza es negativo y aquella parte a quien se atribuye lo niega, no corresponde a su contraparte demostrar su existencia debido a que, ciertamente, no se encuentra en la posibilidad de probar la omisión o la abstención de su contraria, sino que, como la negativa expresada por ésta encierra la afirmación de que no incurrió en ella, debe acreditarlo. En ese tenor, a fin de determinar respecto de la existencia o no de los actos reclamados en el presente asunto, como se indicó, en relación con los actos de naturaleza negativa, por regla general, quien los reclama no está obligado a probar; no obstante, existen excepciones, con independencia de las manifestaciones realizadas por el quejoso, o bien, por el sentido del informe justificado. Se justifica lo anterior, porque el acto será cierto o inexistente en función de las obligaciones y facultades que la autoridad esté obligada a realizar, de ahí que para precisar la certeza de un acto de estas características, debe acudirse en principio a las normas legales que prevén su competencia para verificar si está obligada jurídicamente a realizar esa conducta, porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta, dejando de lado la exigencia objetiva de que se debe obrar en determinado sentido. En ese tenor, procede verificar la existencia de los actos reclamados, a la luz de las consideraciones que anteceden. El Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social, por conducto de la Titular de División de Amparos Fiscales, en su informe justificado negó la existencia de los actos reclamados, al afirmar que no cuenta con facultades para proporcionar atención médica, ni suministrar medicamento alguno, dado que se trata de temas médicos y no puede sustituir a los expertos en medicina, como se desprende del artículo 268 de la Ley del Seguro Social, así como el diverso 66 del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social. Las citadas disposiciones normativas establecen las atribuciones del Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social, las cuales son las siguientes: Ley del Seguro Social Artículo 268. El Director General tendrá las siguientes atribuciones: I. Presidir las sesiones de la Asamblea General y del Consejo Técnico; II. Ejecutar los acuerdos del propio Consejo; III. Representar legalmente al Instituto, con todas las facultades que corresponden a los mandatarios generales para pleitos y cobranzas, actos de administración y de dominio, y las especiales que requieran cláusula especial conforme al Código Civil Federal o cualesquiera otra ley, así como ante todas las autoridades. IV. Presentar anualmente al Consejo el informe de actividades, así como el programa de labores y el presupuesto de ingresos y egresos para el siguiente período; V. Presentar anualmente al Consejo Técnico el balance contable y el estado de ingresos y gastos; VI. Presentar anualmente al Consejo Técnico el informe financiero y actuarial; VII. Proponer al Consejo la designación o destitución de los trabajadores de confianza mencionados en la fracción IX del artículo 264; VIII Nombrar y remover a los trabajadores de confianza a que se refiere el artículo 256 de esta Ley, facultad que podrá ser delegada en los términos que establezca el Reglamento Interior del Instituto, que deberá señalar las unidades administrativas del mismo y su circunscripción geográfica. En cualquier caso los trabajadores de confianza a que se refiere esta fracción y la anterior deberán contar con la capacidad, experiencia y demás requisitos que se determinen en el Estatuto a que se refiere el artículo 286 I de esta Ley; IX. Realizar toda clase de actos jurídicos necesarios para cumplir con los fines del Instituto, y X. Ejercer las funciones en materia de presupuesto, conforme a lo dispuesto en esta Ley; XI. Presentar anualmente al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión los informes a que se alude en la presente Ley, y XII. Las demás que señalen las disposiciones de esta Ley y sus reglamentos. Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social Artículo 66. El Director General tendrá además de las atribuciones que le confiere el artículo 268 de la Ley, las facultades siguientes: I. Representar legalmente al Instituto como persona moral con todas las facultades que corresponden a los mandatarios generales para pleitos y cobranzas, actos de administración y de dominio y las especiales que requieran cláusula especial conforme al Código Civil Federal incluyendo la facultad expresa para conciliar ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje; II. Otorgar, conforme a las disposiciones aplicables, los estímulos al personal por el desempeño y dedicación en su quehacer institucional; III. Representar al Instituto como organismo fiscal autónomo ante todas las autoridades, con la suma de facultades generales y especiales que establezca la Ley; IV. Proponer al Consejo Técnico las políticas estratégicas para la conducción del Instituto; V. Ejecutar los acuerdos y resoluciones del Consejo Técnico y, en su caso, informar de los resultados; VI. Delegar la representación, incluyendo la facultad expresa para conciliar ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y demás disposiciones jurídicas aplicables; VII. Vetar los acuerdos del Consejo Técnico cuando impliquen inobservancia a la Ley, a sus reglamentos o no se ajusten a las políticas institucionales; VIII. Resolver bajo su inmediata y directa responsabilidad los asuntos urgentes, a reserva de informar al Consejo Técnico sobre las acciones realizadas y los resultados obtenidos; IX. Presentar anualmente al Consejo Técnico el informe de actividades, así como el programa de labores; el presupuesto de ingresos y egresos para el siguiente período; el balance contable; el estado de ingresos y gastos, así como el informe financiero y actuarial y, en su caso, proponer a dicho Consejo la elaboración de estudios sobre la revisión de la fórmula para el cálculo de la prima del seguro de riesgos de trabajo, de conformidad con lo que establece el artículo 76 de la Ley; X. Presentar a la consideración de la Asamblea General, los documentos a que se refieren los artículos 261 de la Ley y 14, fracción I, de este Reglamento; XI. Someter a consideración del Consejo Técnico para su aprobación, el Manual de Organización del Instituto, de acuerdo con la organización aprobada por dicho órgano colegiado; XII. Ejercer las funciones en materia de presupuesto, conforme a lo dispuesto en la Ley; XIII. Delegar en el Secretario General, titulares de órganos Normativos y de Operación Administrativa Desconcentrada, la facultad de nombrar y remover a los trabajadores de confianza en el ámbito de su competencia. El acuerdo delegatorio se publicará en el Diario Oficial de la Federación; XIV. Designar al encargado del despacho de los órganos Normativos y de Operación Administrativa Desconcentrada en el caso de las vacantes de los titulares de los mismos; XV. Designar a los servidores públicos que deban representar al Instituto ante organismos internacionales, foros, eventos y reuniones nacionales e internacionales, en donde se discutan asuntos en materia de su competencia, y XVI. Las demás que le confieran la Ley, sus reglamentos y los acuerdos del Consejo Técnico. El Director General podrá delegar cualquiera de sus facultades en otros servidores públicos del Instituto, sin perjuicio de ejercerlas directamente, con excepción de aquellas que por disposición legal expresa o determinación de la Asamblea General le correspondan exclusivamente. Para tales efectos, el Director General podrá otorgar poderes generales y especiales con las facultades que le competan, entre ellas las que requieran autorización o cláusula especial, así como sustituirlos y revocarlos. De las disposiciones normativas transcritas se advierte claramente que dentro de las atribuciones que tiene la autoridad responsable Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social no se encuentran la de proporcionar atención médica a los derechohabientes de dicho Instituto, ni suministrar los medicamentos que les hayan sido recetados, como tampoco el emitir las incapacidades médicas que estos soliciten. Negativa que se robustece con lo afirmado por la propia autoridad responsable en su informe justificado, quien señala que de conformidad con los artículos 3, 4 y 5 del Reglamento de Prestaciones Médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social, los actos que reclama el justiciable son competencia de las Unidades Médicas de dicho Instituto. En ese tenor, resulta patente que la autoridad responsable Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social no se encuentra legalmente obligada a proporcionar atención médica ni suministrar los medicamentos que le hayan sido recetados al quejoso, ni para emitir las incapacidades médicas cuya omisión se reclama en esta vía constitucional; en virtud de no ser la autoridad legalmente competente para ello y, por tanto, deben tenerse por inexistentes las omisiones reclamadas respecto de dicha autoridad. Por otra parte, en relación con la autoridad responsable Directora Médica de la Unidad Médica de Alta Especialidad Número 14, Centro Médico Nacional "Adolfo Ruiz Cortines" en Veracruz, Veracruz, de quien se reclama también la omisión de proporcionar atención médica por no suministrar los medicamentos recetados al quejoso, así como la omisión de expedir las incapacidades médicas al mismo; al rendir su informe con justificación indicó no ser ciertos los actos reclamados, al señalar que no se le ha negado ninguna atención médica, ni la expedición de incapacidades, toda vez que el quejoso en ningún momento se remitió por alguna otra unidad médica del Instituto o acudió a urgencias a solicitar atención médica, es decir, no es paciente que se haya atendido en esa Unidad Médica de Alta Especialidad (fojas 152 a 162). Al respecto, los artículos 3, 4 y 5 del Reglamento de Prestaciones Médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social establecen lo siguiente: Artículo 3. El Instituto proporcionará los servicios médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios a los derechohabientes que señalan los artículos 84 y 109 de la Ley, a los familiares adicionales a que se refiere el artículo 242 y los asegurados en los ramos de cesantía en edad avanzada y vejez, en los supuestos que establecen los artículos 154 y 162 del mismo ordenamiento. Artículo 4. Para otorgar las prestaciones médicas a la población derechohabiente, el Instituto dispondrá de un sistema de unidades médicas organizadas en tres niveles de atención: I. Primer Nivel de Atención. Lo constituyen las unidades de medicina familiar en donde se otorga atención médica integral y continua al paciente; II. Segundo Nivel de Atención. Lo constituyen los hospitales generales de subzona, zona o regionales en donde se atiende a los pacientes, remitidos por los servicios de los distintos niveles de atención, de acuerdo a la zona que les corresponda, para recibir atención diagnóstica, terapéutica y de rehabilitación, de conformidad a la complejidad de su padecimiento, y III. Tercer Nivel de Atención. Lo constituyen las Unidades Médicas de Alta Especialidad, que cuentan con la capacidad tecnológica y máxima resolución diagnóstica terapéutica. En este nivel se atiende a los pacientes que los hospitales del segundo nivel de atención remiten, o por excepción los que envíen las unidades del primer nivel, de conformidad con la complejidad del padecimiento. Para efectos del otorgamiento de los servicios, los niveles de atención señalados en las fracciones I y II, se integrarán en las Áreas Médicas que correspondan. Artículo 5. Para efecto de recibir atención médica, integral y continua, el Instituto asignará a los derechohabientes su unidad médica de adscripción y médico familiar, acorde a la estructuración de los servicios establecida en el Área Médica correspondiente. El Instituto otorgará atención médica de urgencia al derechohabiente en cualquiera de sus unidades médicas que cuenten con este servicio, independientemente de su adscripción, hasta su estabilización, egreso o posibilidad de traslado o referencia a la unidad que, por la complejidad de su padecimiento y por la zonificación de los servicios, le corresponda. De las disposiciones normativas transcritas se obtiene que corresponde al Instituto Mexicano del Seguro Social el proporcionar los servicios médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios a los derechohabientes; que para otorgar las prestaciones médicas a la población derechohabiente, dicho Instituto dispone de un sistema de unidades médicas organizadas en tres niveles de atención, entre las que se encuentra la de Tercer Nivel de Atención, la cual está constituida por las Unidades Médicas de Alta Especialidad, que cuentan con la capacidad tecnológica y máxima resolución diagnóstica terapéutica; que en dicho nivel se atiende a los pacientes que los hospitales del segundo nivel de atención remiten, o por excepción los que envíen las unidades del primer nivel, de conformidad con la complejidad del padecimiento. Destacándose que la autoridad responsable Directora Médica de la Unidad Médica de Alta Especialidad Número 14, Centro Médico Nacional "Adolfo Ruiz Cortines" en Veracruz, Veracruz, se ubica en el citado tercer nivel de atención médica y, por tanto, sí está dentro de su competencia el brindar atención médica a la población derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social. Sin embargo, ello no es suficiente para tener por acreditados los actos que le son reclamados, puesto que de conformidad con lo que establece el artículo 5 Reglamento de Prestaciones Médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social, corresponde al Instituto asignar a los derechohabientes su unidad médica de adscripción y médico familiar, acorde a la estructuración de los servicios establecida en el Área Médica correspondiente, para efecto de recibir atención médica, integral y continua. Al respecto, de las documentales exhibidas adjuntas al escrito de demanda de amparo, así como las diversas documentales exhibidas por el Director de la Unidad de Medicina Familiar número 63, con residencia en Tierra Blanca, Veracruz, y por el Director del Hospital General de Zona número 8 del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en Córdoba, Veracruz; al rendir su informe relacionado con la suspensión de plano concedida al quejoso, se advierte que el mismo tiene su adscripción en la Unidad de Medicina Familiar número 63 antes indicada; asimismo, que ha recibido atención médica en el Hospital General de Zona número 8, en la especialidad de traumatología y ortopedia (fojas 96 a 126, 143 y 144). A las citadas pruebas se les concede pleno valor probatorio, al tratarse de documentos públicos expedidos por autoridad competente, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2°. Es de invocarse la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, del tomo VI, de la quinta época del Apéndice de 1995, con número de registro 394182, de rubro y texto: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena. Con lo anterior, se pone de manifiesto, como lo afirma la autoridad responsable, si bien se encuentra legalmente constreñida a brindar el servicio de atención médica a los derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social, cierto es también, que el quejoso no se encuentra adscrito a la Unidad Médica que señaló como responsable, por tanto, no fue dicha autoridad la que emitió las recetas médicas que amparan los medicamentos que aduce el quejoso no le han sido suministrados; puesto que la atención medica que ha recibido le ha sido proporcionada por diversas Unidades Médicas distintas a la señalada como responsable; por lo cual se concluye que deben tenerse por inexistentes los actos que se le reclaman. Destacándose no poder analizarse las omisiones que reclama, en relación con las autoridades Director de la Unidad de Medicina Familiar Número 63, con residencia en Tierra Blanca, Veracruz, y Director del Hospital General de Zona, Número 8, residente en Córdoba, Veracruz, ambos del Instituto Mexicano del Seguro Social, por no haber sido señalados como responsables por la parte quejosa, a pesar de que en proveído de diecinueve de agosto de dos mil veintiuno, se le requirió para que expresara si en términos del artículo 111 de la Ley de Amparo, deseaba ampliar su demanda respecto a dichas autoridades, a lo cual fue omiso, por lo que en proveído de treinta de noviembre del año en curso, se hizo efectivo el apercibimiento con que fue conminado, consistente en que el presente asunto se resolvería en los términos planteados inicialmente. Luego, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio promovido contra los actos reclamados de las autoridades Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social con residencia en la Ciudad de México y de la Directora Médica de la Unidad Médica de Alta Especialidad Número 14, Centro Médico Nacional "Adolfo Ruiz Cortines" en Veracruz, Veracruz, pues dicha norma contempla, de manera expresa, que procede el sobreseimiento cuando "de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional", lo que en la especie se ha actualizado. Cuarto. Tratamiento de datos personales. Por otra parte en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 11, 73, fracción II, y 68 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y en atención a que durante la integración del expediente, las partes no expresaron su inconformidad respecto a la publicación de su nombre y demás datos personales en la sentencia que ahora se dicta, en tales condiciones, publíquense los mismos, con supresión de datos sensibles, en la inteligencia que dicho fallo quedará a disposición del público para su consulta cuando lo soliciten. Quinto. Expedición de copias. En aras de cumplir con la impartición de una justicia pronta, completa e imparcial, como lo establece el artículo 17 Constitucional, y con el fin de evitar las promociones de las partes solicitando copia de la sentencia, lo cual acarrearía la distracción del personal actuante de este juzgado en realizar los acuerdos correspondientes, de conformidad con lo establecido en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, expídase a costa de las partes una copia simple o certificada, según lo soliciten al momento de comparecer ante el personal actuante, de la sentencia dictada, previa razón de entrega que se realice y firma de recibo de parte interesada que se recabe. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, se RESUELVE Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Roberto Alfonso Carretero Viveros, respecto de las autoridades y actos reclamados, precisados en el considerando tercero de esta sentencia. Segundo. Publíquese la sentencia que ahora se dicta en términos del considerando cuarto. Cuarto. Expídase a costa de las partes una copia simple o certificada, según lo soliciten al momento de comparecer ante el personal actuante, de la sentencia dictada, previa razón de entrega que se realice y firma de recibo de parte interesada que se recabe. Notifíquese personalmente a la parte quejosa; vía electrónica a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita en materia de amparo y por oficio a las autoridades responsables.

  3. Principal

    RESULTANDO Primero. Por escrito presentado ante el secretario de guardia de este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz, el dieciocho de agosto del año en curso, Roberto Alfonso Carretero Viveros promovió juicio de amparo indirecto en contra de las autoridades y acto detallados en el escrito de demanda. Segundo. En proveído de esa misma fecha, se desechó parcialmente la demanda de amparo y se admitió respecto de los actos reclamados a las autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social, la cual se radicó bajo el número 638/2021-V; y luego de las formalidades de ley, el quince de diciembre de dos mil veintiuno, se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede, y CONSIDERANDO Primero. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz es competente para conocer del presente asunto, conforme a los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo y Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; por cuestión de la vía, en virtud de que se trata de un acto que se dice es susceptible de afectar directa e irreparablemente derechos fundamentales de los gobernados, tal como lo es el derecho a la salud, lo que permite que sea materia de impugnación en amparo indirecto; por razón de la materia (mixta), pues se actúa como órgano de instrucción en las materias penal y civil, así como de control constitucional, al conocer del amparo indirecto en primera instancia; y por territorio, pues los actos reclamados tienen ejecución material dentro de la circunscripción territorial en la cual este Juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión del acto reclamado. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, y analizando la demanda en su integridad y las constancias recabadas durante el procedimiento, procede determinar cuál es el acto o actos que constituyen la materia de estudio del juicio de amparo. En mérito de lo anterior, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: De las autoridades responsables Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social con residencia en la Ciudad de México y de la Directora Médica de la Unidad Médica de Alta Especialidad Número 14, Centro Médico Nacional "Adolfo Ruiz Cortines" en Veracruz, Veracruz: 1. La negativa a ministrarle atención médica adecuada al no proporcionarle los medicamentos Orfenadrina y Celefoxina; así como la negativa a expedirle incapacidades para no trabajar, a pesar de haber sufrido un accidente de trabajo. Tercero. Inexistencia de los actos reclamados. Las autoridades responsables Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social, por conducto de la Titular de División de Amparos Fiscales y la Directora Médica de la Unidad Médica de Alta Especialidad Número 14, Centro Médico Nacional "Adolfo Ruiz Cortines" en Veracruz, Veracruz, al rendir sus informes justificados, negaron la existencia de los actos reclamados. En ese contexto, frente a tal negativa es indispensable que, a efecto de establecer las consecuencias que se producen en el juicio para la tutela de los derechos de rango máximo, se analice a quién corresponde la carga procesal de acreditar la existencia del acto que se combate; es decir, a la autoridad que los niega o a la parte quejosa que al reclamarlos, los afirma. La Ley de Amparo es omisa en establecer una solución al respecto, por lo que debe acudirse a su ordenamiento supletorio, el cual acoge los principios lógico y ontológico en torno a la dinámica de la carga de la prueba, cuya aplicación permite conocer de qué forma se desplaza dicho gravamen procesal, en función de las posiciones que las partes asumen de acuerdo a las aseveraciones que realizan. Desde una perspectiva lógica, aplicable a los casos en que debe dilucidarse a quién corresponde demostrar algo, cuando existen dos asertos, uno positivo y otro negativo, debe determinarse que, dada la facilidad de acreditar el primero, ello es carga de quien lo formula, liberando a quien aduce el segundo, sobre todo cuando se trata de negaciones sustanciales, como en el caso. En ese tenor, cabe hacer mención que todo acto, por definición, supone la existencia de una conducta ya sea activa o pasiva. Dentro de la clasificación de los actos reclamados se distinguen entre los positivos y los negativos, considerando a los primeros, como los que implican un hacer, y a los segundos, como los que reflejan una omisión o abstención. Así, para diferenciarlos se atiende a su naturaleza y a los efectos que producen respecto de la realidad. La esencia del acto negativo versa, exclusivamente, sobre su característica que denota la omisión o la abstención de aquella parte a quien se atribuye. La negativa del acto, por lo contrario, no atiende a la naturaleza de aquél sino que propiamente constituye sólo una expresión sobre su existencia. En ello radica precisamente la diferencia entre un acto negativo y la negativa del acto. Como no se trata de conceptos iguales, la carga de la prueba en uno y otro supuesto se distribuye en forma desigual. La negativa simple del acto libera a quien la formula de la necesidad de probarla, pues, lógicamente, no es factible demostrar lo que se ha negado; de tal suerte que la carga de probar recae en su contraparte. Luego, si la negativa del acto no es simple sino calificada porque importa una afirmación, entonces quien la produce sí se encuentra en la necesidad de justificarla. La regla en cuestión se encuentra prevista por el artículo 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al disponer que el que niega sólo está obligado a probar, entre otras hipótesis, cuando la negación envuelva la afirmación expresa de un hecho. En tal virtud, si el acto por su naturaleza es negativo y aquella parte a quien se atribuye lo niega, no corresponde a su contraparte demostrar su existencia debido a que, ciertamente, no se encuentra en la posibilidad de probar la omisión o la abstención de su contraria, sino que, como la negativa expresada por ésta encierra la afirmación de que no incurrió en ella, debe acreditarlo. En ese tenor, a fin de determinar respecto de la existencia o no de los actos reclamados en el presente asunto, como se indicó, en relación con los actos de naturaleza negativa, por regla general, quien los reclama no está obligado a probar; no obstante, existen excepciones, con independencia de las manifestaciones realizadas por el quejoso, o bien, por el sentido del informe justificado. Se justifica lo anterior, porque el acto será cierto o inexistente en función de las obligaciones y facultades que la autoridad esté obligada a realizar, de ahí que para precisar la certeza de un acto de estas características, debe acudirse en principio a las normas legales que prevén su competencia para verificar si está obligada jurídicamente a realizar esa conducta, porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta, dejando de lado la exigencia objetiva de que se debe obrar en determinado sentido. En ese tenor, procede verificar la existencia de los actos reclamados, a la luz de las consideraciones que anteceden. El Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social, por conducto de la Titular de División de Amparos Fiscales, en su informe justificado negó la existencia de los actos reclamados, al afirmar que no cuenta con facultades para proporcionar atención médica, ni suministrar medicamento alguno, dado que se trata de temas médicos y no puede sustituir a los expertos en medicina, como se desprende del artículo 268 de la Ley del Seguro Social, así como el diverso 66 del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social. Las citadas disposiciones normativas establecen las atribuciones del Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social, las cuales son las siguientes: Ley del Seguro Social Artículo 268. El Director General tendrá las siguientes atribuciones: I. Presidir las sesiones de la Asamblea General y del Consejo Técnico; II. Ejecutar los acuerdos del propio Consejo; III. Representar legalmente al Instituto, con todas las facultades que corresponden a los mandatarios generales para pleitos y cobranzas, actos de administración y de dominio, y las especiales que requieran cláusula especial conforme al Código Civil Federal o cualesquiera otra ley, así como ante todas las autoridades. IV. Presentar anualmente al Consejo el informe de actividades, así como el programa de labores y el presupuesto de ingresos y egresos para el siguiente período; V. Presentar anualmente al Consejo Técnico el balance contable y el estado de ingresos y gastos; VI. Presentar anualmente al Consejo Técnico el informe financiero y actuarial; VII. Proponer al Consejo la designación o destitución de los trabajadores de confianza mencionados en la fracción IX del artículo 264; VIII Nombrar y remover a los trabajadores de confianza a que se refiere el artículo 256 de esta Ley, facultad que podrá ser delegada en los términos que establezca el Reglamento Interior del Instituto, que deberá señalar las unidades administrativas del mismo y su circunscripción geográfica. En cualquier caso los trabajadores de confianza a que se refiere esta fracción y la anterior deberán contar con la capacidad, experiencia y demás requisitos que se determinen en el Estatuto a que se refiere el artículo 286 I de esta Ley; IX. Realizar toda clase de actos jurídicos necesarios para cumplir con los fines del Instituto, y X. Ejercer las funciones en materia de presupuesto, conforme a lo dispuesto en esta Ley; XI. Presentar anualmente al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión los informes a que se alude en la presente Ley, y XII. Las demás que señalen las disposiciones de esta Ley y sus reglamentos. Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social Artículo 66. El Director General tendrá además de las atribuciones que le confiere el artículo 268 de la Ley, las facultades siguientes: I. Representar legalmente al Instituto como persona moral con todas las facultades que corresponden a los mandatarios generales para pleitos y cobranzas, actos de administración y de dominio y las especiales que requieran cláusula especial conforme al Código Civil Federal incluyendo la facultad expresa para conciliar ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje; II. Otorgar, conforme a las disposiciones aplicables, los estímulos al personal por el desempeño y dedicación en su quehacer institucional; III. Representar al Instituto como organismo fiscal autónomo ante todas las autoridades, con la suma de facultades generales y especiales que establezca la Ley; IV. Proponer al Consejo Técnico las políticas estratégicas para la conducción del Instituto; V. Ejecutar los acuerdos y resoluciones del Consejo Técnico y, en su caso, informar de los resultados; VI. Delegar la representación, incluyendo la facultad expresa para conciliar ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y demás disposiciones jurídicas aplicables; VII. Vetar los acuerdos del Consejo Técnico cuando impliquen inobservancia a la Ley, a sus reglamentos o no se ajusten a las políticas institucionales; VIII. Resolver bajo su inmediata y directa responsabilidad los asuntos urgentes, a reserva de informar al Consejo Técnico sobre las acciones realizadas y los resultados obtenidos; IX. Presentar anualmente al Consejo Técnico el informe de actividades, así como el programa de labores; el presupuesto de ingresos y egresos para el siguiente período; el balance contable; el estado de ingresos y gastos, así como el informe financiero y actuarial y, en su caso, proponer a dicho Consejo la elaboración de estudios sobre la revisión de la fórmula para el cálculo de la prima del seguro de riesgos de trabajo, de conformidad con lo que establece el artículo 76 de la Ley; X. Presentar a la consideración de la Asamblea General, los documentos a que se refieren los artículos 261 de la Ley y 14, fracción I, de este Reglamento; XI. Someter a consideración del Consejo Técnico para su aprobación, el Manual de Organización del Instituto, de acuerdo con la organización aprobada por dicho órgano colegiado; XII. Ejercer las funciones en materia de presupuesto, conforme a lo dispuesto en la Ley; XIII. Delegar en el Secretario General, titulares de órganos Normativos y de Operación Administrativa Desconcentrada, la facultad de nombrar y remover a los trabajadores de confianza en el ámbito de su competencia. El acuerdo delegatorio se publicará en el Diario Oficial de la Federación; XIV. Designar al encargado del despacho de los órganos Normativos y de Operación Administrativa Desconcentrada en el caso de las vacantes de los titulares de los mismos; XV. Designar a los servidores públicos que deban representar al Instituto ante organismos internacionales, foros, eventos y reuniones nacionales e internacionales, en donde se discutan asuntos en materia de su competencia, y XVI. Las demás que le confieran la Ley, sus reglamentos y los acuerdos del Consejo Técnico. El Director General podrá delegar cualquiera de sus facultades en otros servidores públicos del Instituto, sin perjuicio de ejercerlas directamente, con excepción de aquellas que por disposición legal expresa o determinación de la Asamblea General le correspondan exclusivamente. Para tales efectos, el Director General podrá otorgar poderes generales y especiales con las facultades que le competan, entre ellas las que requieran autorización o cláusula especial, así como sustituirlos y revocarlos. De las disposiciones normativas transcritas se advierte claramente que dentro de las atribuciones que tiene la autoridad responsable Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social no se encuentran la de proporcionar atención médica a los derechohabientes de dicho Instituto, ni suministrar los medicamentos que les hayan sido recetados, como tampoco el emitir las incapacidades médicas que estos soliciten. Negativa que se robustece con lo afirmado por la propia autoridad responsable en su informe justificado, quien señala que de conformidad con los artículos 3, 4 y 5 del Reglamento de Prestaciones Médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social, los actos que reclama el justiciable son competencia de las Unidades Médicas de dicho Instituto. En ese tenor, resulta patente que la autoridad responsable Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social no se encuentra legalmente obligada a proporcionar atención médica ni suministrar los medicamentos que le hayan sido recetados al quejoso, ni para emitir las incapacidades médicas cuya omisión se reclama en esta vía constitucional; en virtud de no ser la autoridad legalmente competente para ello y, por tanto, deben tenerse por inexistentes las omisiones reclamadas respecto de dicha autoridad. Por otra parte, en relación con la autoridad responsable Directora Médica de la Unidad Médica de Alta Especialidad Número 14, Centro Médico Nacional "Adolfo Ruiz Cortines" en Veracruz, Veracruz, de quien se reclama también la omisión de proporcionar atención médica por no suministrar los medicamentos recetados al quejoso, así como la omisión de expedir las incapacidades médicas al mismo; al rendir su informe con justificación indicó no ser ciertos los actos reclamados, al señalar que no se le ha negado ninguna atención médica, ni la expedición de incapacidades, toda vez que el quejoso en ningún momento se remitió por alguna otra unidad médica del Instituto o acudió a urgencias a solicitar atención médica, es decir, no es paciente que se haya atendido en esa Unidad Médica de Alta Especialidad (fojas 152 a 162). Al respecto, los artículos 3, 4 y 5 del Reglamento de Prestaciones Médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social establecen lo siguiente: Artículo 3. El Instituto proporcionará los servicios médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios a los derechohabientes que señalan los artículos 84 y 109 de la Ley, a los familiares adicionales a que se refiere el artículo 242 y los asegurados en los ramos de cesantía en edad avanzada y vejez, en los supuestos que establecen los artículos 154 y 162 del mismo ordenamiento. Artículo 4. Para otorgar las prestaciones médicas a la población derechohabiente, el Instituto dispondrá de un sistema de unidades médicas organizadas en tres niveles de atención: I. Primer Nivel de Atención. Lo constituyen las unidades de medicina familiar en donde se otorga atención médica integral y continua al paciente; II. Segundo Nivel de Atención. Lo constituyen los hospitales generales de subzona, zona o regionales en donde se atiende a los pacientes, remitidos por los servicios de los distintos niveles de atención, de acuerdo a la zona que les corresponda, para recibir atención diagnóstica, terapéutica y de rehabilitación, de conformidad a la complejidad de su padecimiento, y III. Tercer Nivel de Atención. Lo constituyen las Unidades Médicas de Alta Especialidad, que cuentan con la capacidad tecnológica y máxima resolución diagnóstica terapéutica. En este nivel se atiende a los pacientes que los hospitales del segundo nivel de atención remiten, o por excepción los que envíen las unidades del primer nivel, de conformidad con la complejidad del padecimiento. Para efectos del otorgamiento de los servicios, los niveles de atención señalados en las fracciones I y II, se integrarán en las Áreas Médicas que correspondan. Artículo 5. Para efecto de recibir atención médica, integral y continua, el Instituto asignará a los derechohabientes su unidad médica de adscripción y médico familiar, acorde a la estructuración de los servicios establecida en el Área Médica correspondiente. El Instituto otorgará atención médica de urgencia al derechohabiente en cualquiera de sus unidades médicas que cuenten con este servicio, independientemente de su adscripción, hasta su estabilización, egreso o posibilidad de traslado o referencia a la unidad que, por la complejidad de su padecimiento y por la zonificación de los servicios, le corresponda. De las disposiciones normativas transcritas se obtiene que corresponde al Instituto Mexicano del Seguro Social el proporcionar los servicios médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios a los derechohabientes; que para otorgar las prestaciones médicas a la población derechohabiente, dicho Instituto dispone de un sistema de unidades médicas organizadas en tres niveles de atención, entre las que se encuentra la de Tercer Nivel de Atención, la cual está constituida por las Unidades Médicas de Alta Especialidad, que cuentan con la capacidad tecnológica y máxima resolución diagnóstica terapéutica; que en dicho nivel se atiende a los pacientes que los hospitales del segundo nivel de atención remiten, o por excepción los que envíen las unidades del primer nivel, de conformidad con la complejidad del padecimiento. Destacándose que la autoridad responsable Directora Médica de la Unidad Médica de Alta Especialidad Número 14, Centro Médico Nacional "Adolfo Ruiz Cortines" en Veracruz, Veracruz, se ubica en el citado tercer nivel de atención médica y, por tanto, sí está dentro de su competencia el brindar atención médica a la población derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social. Sin embargo, ello no es suficiente para tener por acreditados los actos que le son reclamados, puesto que de conformidad con lo que establece el artículo 5 Reglamento de Prestaciones Médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social, corresponde al Instituto asignar a los derechohabientes su unidad médica de adscripción y médico familiar, acorde a la estructuración de los servicios establecida en el Área Médica correspondiente, para efecto de recibir atención médica, integral y continua. Al respecto, de las documentales exhibidas adjuntas al escrito de demanda de amparo, así como las diversas documentales exhibidas por el Director de la Unidad de Medicina Familiar número 63, con residencia en Tierra Blanca, Veracruz, y por el Director del Hospital General de Zona número 8 del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en Córdoba, Veracruz; al rendir su informe relacionado con la suspensión de plano concedida al quejoso, se advierte que el mismo tiene su adscripción en la Unidad de Medicina Familiar número 63 antes indicada; asimismo, que ha recibido atención médica en el Hospital General de Zona número 8, en la especialidad de traumatología y ortopedia (fojas 96 a 126, 143 y 144). A las citadas pruebas se les concede pleno valor probatorio, al tratarse de documentos públicos expedidos por autoridad competente, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2°. Es de invocarse la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, del tomo VI, de la quinta época del Apéndice de 1995, con número de registro 394182, de rubro y texto: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena. Con lo anterior, se pone de manifiesto, como lo afirma la autoridad responsable, si bien se encuentra legalmente constreñida a brindar el servicio de atención médica a los derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social, cierto es también, que el quejoso no se encuentra adscrito a la Unidad Médica que señaló como responsable, por tanto, no fue dicha autoridad la que emitió las recetas médicas que amparan los medicamentos que aduce el quejoso no le han sido suministrados; puesto que la atención medica que ha recibido le ha sido proporcionada por diversas Unidades Médicas distintas a la señalada como responsable; por lo cual se concluye que deben tenerse por inexistentes los actos que se le reclaman. Destacándose no poder analizarse las omisiones que reclama, en relación con las autoridades Director de la Unidad de Medicina Familiar Número 63, con residencia en Tierra Blanca, Veracruz, y Director del Hospital General de Zona, Número 8, residente en Córdoba, Veracruz, ambos del Instituto Mexicano del Seguro Social, por no haber sido señalados como responsables por la parte quejosa, a pesar de que en proveído de diecinueve de agosto de dos mil veintiuno, se le requirió para que expresara si en términos del artículo 111 de la Ley de Amparo, deseaba ampliar su demanda respecto a dichas autoridades, a lo cual fue omiso, por lo que en proveído de treinta de noviembre del año en curso, se hizo efectivo el apercibimiento con que fue conminado, consistente en que el presente asunto se resolvería en los términos planteados inicialmente. Luego, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio promovido contra los actos reclamados de las autoridades Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social con residencia en la Ciudad de México y de la Directora Médica de la Unidad Médica de Alta Especialidad Número 14, Centro Médico Nacional "Adolfo Ruiz Cortines" en Veracruz, Veracruz, pues dicha norma contempla, de manera expresa, que procede el sobreseimiento cuando "de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional", lo que en la especie se ha actualizado. Cuarto. Tratamiento de datos personales. Por otra parte en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 11, 73, fracción II, y 68 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y en atención a que durante la integración del expediente, las partes no expresaron su inconformidad respecto a la publicación de su nombre y demás datos personales en la sentencia que ahora se dicta, en tales condiciones, publíquense los mismos, con supresión de datos sensibles, en la inteligencia que dicho fallo quedará a disposición del público para su consulta cuando lo soliciten. Quinto. Expedición de copias. En aras de cumplir con la impartición de una justicia pronta, completa e imparcial, como lo establece el artículo 17 Constitucional, y con el fin de evitar las promociones de las partes solicitando copia de la sentencia, lo cual acarrearía la distracción del personal actuante de este juzgado en realizar los acuerdos correspondientes, de conformidad con lo establecido en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, expídase a costa de las partes una copia simple o certificada, según lo soliciten al momento de comparecer ante el personal actuante, de la sentencia dictada, previa razón de entrega que se realice y firma de recibo de parte interesada que se recabe. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, se RESUELVE Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Roberto Alfonso Carretero Viveros, respecto de las autoridades y actos reclamados, precisados en el considerando tercero de esta sentencia. Segundo. Publíquese la sentencia que ahora se dicta en términos del considerando cuarto. Cuarto. Expídase a costa de las partes una copia simple o certificada, según lo soliciten al momento de comparecer ante el personal actuante, de la sentencia dictada, previa razón de entrega que se realice y firma de recibo de parte interesada que se recabe. Notifíquese personalmente a la parte quejosa; vía electrónica a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita en materia de amparo y por oficio a las autoridades responsables.

  4. Principal

    Boca del Río, Veracruz, treinta de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la primera certificación de esta fecha, se advierte que ha transcurrido el término de quince días concedido a la parte quejosa, para que cumpliera con el requerimiento efectuado mediante auto de diecinueve de agosto de este año, en el que se le requirió para que manifestara si era su deseo señalar como autoridad responsable, a parte de las ya indicadas, a la Clínica de Medicina Familiar Número 63 del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en Tierra Blanca, Veracruz e Instituto Mexicano del Seguro Social, Hospital General de Zona 8, Córdoba, Veracruz, sin que lo hubiese realizado; en tal razón, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el auto de la fecha antes citada, por tanto, el presente asunto se resolverá en los términos planteados inicialmente. Ahora, de la diversa certificación de mérito, se advierte que para esta fecha se encuentra programada la audiencia constitucional; sin embargo, se observa que el veintitrés de noviembre pasado se hizo del conocimiento de las partes la primera adscripción de quien esto suscribe, Juez Luis Rafael Bautista Cruz, en este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Boca del Río, con efectos a partir del dieciséis de noviembre de esta anualidad. Ello, a fin de que cualquiera de los mencionados esté en condiciones de alegar en su caso, algún impedimento del juzgador para conocer el presente asunto; proveído que fue notificado mediante lista de acuerdos publicada el veinticuatro de noviembre actual, por lo que a la fecha aún no transcurre el plazo genérico de tres días que otorga para el ejercicio de algún acto judicial o de algún derecho, el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo segundo, en el caso para que las partes puedan formular la recusación correspondiente, en caso de así convenir a sus intereses. Consecuentemente, a fin de dar oportunidad a que transcurra dicho término y no violar las reglas procedimentales que rigen el juicio de derechos humanos, la audiencia constitucional señalada para esta fecha, se difiere y se señala como nueva data para su verificativo las TRECE HORAS DEL QUINCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Sustenta lo anterior por identidad jurídica, la Jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 104/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 312, Tomo XXXII, Julio de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, de rubro y texto siguientes: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO. Del primer párrafo del artículo 66 de la Ley de Amparo se advierte que los juzgadores federales no son recusables; sin embargo, están obligados a manifestar su impedimento para conocer del juicio de actualizarse alguna de las causas previstas en las diversas fracciones del propio precepto. Por su parte, el primer párrafo del artículo 70 del indicado ordenamiento establece que las partes podrán alegar el impedimento de los juzgadores federales, por lo que para formularlo deben conocer quién es el titular del órgano jurisdiccional que dictará la sentencia o resolución correspondiente, para lo cual en caso de cambio de titular, debe notificarse, por regla general, mediante lista al quejoso y al tercero perjudicado, y por oficio a las autoridades responsables, en términos del artículo 28, fracciones I y III, de la Ley, salvo que el Juez del conocimiento, con fundamento en el artículo 30 de la referida legislación, ordene que se haga personalmente. Ahora bien, la violación procesal consistente en la falta de notificación a las partes del cambio de titular trasciende al resultado del fallo y, por ende, con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe reponerse el procedimiento; lo anterior siempre que la recurrente haga valer en los agravios el argumento referente al impedimento del Juez, pues de no hacerlo así, aun cuando exista dicha violación al procedimiento, no trasciende al resultado del fallo, siendo innecesario ordenar la reposición del procedimiento, pues ello a nada práctico lleva y, por el contrario, dilataría la impartición de justicia en contravención del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". AUDIENCIA REMOTA Asimismo, hágasele saber a las partes que, de ser su deseo, pueden estar presentes, vía remota, en la audiencia respectiva; ello, tomando en cuenta el esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales con motivo del fenómeno de Salud Pública Derivado del Virus Covid-19, y atendiendo a que el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se establece que tratándose de la práctica de diligencias, audiencias y demás comparecencias que suelan requerir la presencia física de las partes o de otros intervinientes, se puedan practicar mediante el uso de herramientas tecnológicas como las videoconferencias. Lo anterior, siguiendo los lineamientos establecidos en los artículos 28 y 29 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Por tanto, de conformidad con el artículo 27, fracciones III y IX, del Acuerdo General 12/2020 ya mencionado, el que suscribe determina que se cumplen las condiciones para la utilización de este método de comunicación y que se cumplen los principios rectores del procedimiento. Así las cosas, es dable precisar que para el desahogo de la audiencia de mérito a través de videoconferencia en tiempo real, deberán de observarse las reglas establecidas en el artículo 28 del Acuerdo General indicado siendo las siguientes: "I. El órgano jurisdiccional notificará el citatorio para audiencia, el cual permitirá que todas las partes interesadas estén en posibilidad de acudir. El citatorio considerará un lapso de hasta quince minutos previos que permita a los intervinientes prepararse para el desahogo de la audiencia que establezca la normatividad aplicable, así como la implementación de la logística operacional. II. Tratándose de audiencias o sesiones públicas, podrá generarse una clave de acceso que dará a quien tenga interés en presenciarla la posibilidad de hacerlo, sin que pueda participar en la misma, utilizando el formato comúnmente conocido como seminario o conferencia web o en línea, o "webinar". En caso de no ser eso posible, la publicidad se garantizará con el registro de la videoconferencia para su posterior consulta. III. En el proveído en el que se fije la fecha y hora en la que tendrá lugar, se deberán indicar los datos necesarios para acceder a la respectiva videoconferencia por vía electrónica y se requerirá a las partes para que indiquen, en la promoción electrónica mediante la que desahoguen dicho requerimiento, la o las personas que acudirán por vía electrónica en su representación. El citatorio se enviará únicamente a las partes que estén legitimadas para intervenir en la diligencia respectiva. IV. Previamente al inicio de la audiencia mediante videoconferencia, el responsable técnico y/o el personal de apoyo realizarán las pruebas que permitan confirmar la adecuada calidad del audio y video para su desarrollo, de conformidad con lo dispuesto en el Anexo Técnico. V. Transcurrido el lapso de preparación y llegada la hora de la audiencia, la secretaria o secretario encargado de dar fe hará constar las partes que se encuentren presentes, se verificará su identidad, su personalidad y capacidad procesal, y se declarará iniciada. En caso de que ninguna persona adscrita al órgano jurisdiccional esté investida de fe pública, la juzgadora o juzgador deberá hacer constar verbalmente esta situación. VI. Durante el desarrollo de la audiencia, las y los titulares deberán verificar que las partes intervinientes estén en posibilidad de observar, escuchar y comunicarse con todas las personas que participan en ésta, de manera clara y simultánea, salvo en los casos en que por disposición de ley sea necesaria la protección de la identidad de quien participa o cuando algunos intervinientes no puedan estar presentes durante el desarrollo de toda la videoconferencia, según lo dispuesto en el siguiente artículo. En todo caso deberá velarse por los derechos de las partes y el cumplimiento a los principios rectores de cada procedimiento. VII. En caso de advertir alguna falla técnica u otra situación extraordinaria que impida el desarrollo de la audiencia, la o el juzgador determinará las medidas que estime necesarias para continuarla o, de ser el caso, suspenderla, supuesto en el que señalará una hora o fecha posterior para su reanudación. En los casos en que a criterio de la o el titular del órgano jurisdiccional resulte imposible desahogar la audiencia previamente ordenada a través del uso de videoconferencia, ordenará su desahogo de manera presencial. En cualquier caso, se fundará y motivará la determinación respectiva, sin que ello implique formal ni tácitamente una revocación de su determinación inicial. VIII. Cuando así resulte procedente conforme a la legislación aplicable, en la audiencia se dará cuenta con las promociones y las pruebas ofrecidas por las partes previamente o durante ésta, de conformidad con las reglas aplicables según la materia de que se trate. La DGGJ emitirá lineamientos para que, en adición al registro mismo de la videoconferencia, las pruebas respectivas puedan vincularse con el expediente del asunto respectivo IX. Tratándose del desahogo de alegatos orales, el día y hora previsto para el desahogo de la audiencia se dará el uso de la voz a las partes, sus representantes o autorizados. Cuando la diligencia respectiva se desahogue ante tribunales colegiados de Circuito, éste deberá estar debidamente integrado. Consecuentemente, se encuentra prohibida la celebración de audiencias que no hayan sido publicitadas, que pretendan escuchar a una o sólo a algunas de las partes, así como las que se celebren sólo ante uno de los integrantes de un órgano jurisdiccional colegiado. X. Cuando en una audiencia deba escucharse a niñas, niños o adolescentes, las y los titulares deberán velar porque su comparecencia, aun por videoconferencia, cumpla con los estándares constitucionales que rigen su derecho a participar en los asuntos que afecten sus derechos. De la misma forma, durante el desahogo de la audiencia deberá realizar los ajustes razonables para personas con discapacidad, así como velar por que quienes tienen derecho a ello, cuenten con traductor, intérprete, asesor jurídico, defensor público o con la asistencia o presencia de quienes deban participar conforme a la Constitución y las leyes aplicables. XI. Al concluir la sesión se levantará un acta en la que se harán constar las actuaciones realizadas, las personas que intervinieron y las incidencias que pudieran haberse presentado, salvo en aquéllos procedimientos en los que el registro mismo de la audiencia cumpla con dicha finalidad conforme a la legislación aplicable. XII. Las audiencias, sesiones y diligencias judiciales se registrarán y el personal facultado para ello deberá relacionarla con el expediente electrónico respectivo, siguiendo para ambos aspectos las pautas establecidas en el punto 3 del Anexo Técnico. El registro de las diligencias, audiencias y, tratándose de sesiones, de la porción respectiva al asunto del que se trate, será parte del expediente electrónico." Entonces, para poder desahogar la diligencia a través de ese recurso, se necesita que las partes cuenten con alguno de estos dispositivos y enlaces de telecomunicación. - Tipos de dispositivos: Codec, Computadora Pc o Laptop, tableta, smarthphone (teléfonos inteligentes). - Tipos de enlace o telecomunicación: MPLS, satelital, celular (mínimo 4g), Wireless (inalámbrica) o DSL (residencial). O, en caso de no contar con alguno de dichos dispositivos y/o enlaces, que cuenten con algún teléfono fijo ya sea de casa u oficina, pues a través de ellos, se desahogará la diligencia. Asimismo, se necesita que proporcione un correo electrónico a donde se le puedan mandar los datos y la liga para poder enlazarse a la videoconferencia. En el entendido que la participación de las partes por este medio generará los mismos efectos y alcances jurídicos de la audiencia que se realice con presencia física en los órganos jurisdiccionales, conforme a la normativa aplicable. De tal manera que, de ser el deseo de las partes tener participación en la diligencia de mérito, se les requiere para dado el caso de que sí cuenten con lo peticionado en el párrafo que antecede, expresen su interés, como máximo, diez días antes de la fecha fijada para el desahogo de la audiencia de mérito, a efecto de realizar la organización respectiva, proporcionando para ello un correo electrónico y número telefónico con la finalidad de que se le haga llegar, como ya se dijo, los datos y liga para poder enlazarse a la videoconferencia. REQUERIMIENTO CORREO ELECTRÓNICO Y NÚMERO TELEFÓNICO Tomando en consideración la adopción de las medidas necesarias para preservar la salud e integridad de las personas justiciables y del personal de los órganos jurisdiccionales implementadas en el 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, requiérase a las partes a fin de que se sirvan proporcionar un correo electrónico y número telefónico móvil donde se puedan localizar, a fin de que, de ser necesario, se establezca el contacto respectivo, ello de conformidad con los artículos 5, fracción I y 22, fracción II, del acuerdo en comento. EXHORTO A LAS PARTES PARA QUE TRAMITEN "JUICIO EN LÍNEA" Asimismo, de conformidad con el artículo 22, fracción I y 28, párrafo segundo, del Acuerdo general 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". Notifíquese.

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