Roberto Aleman Jimenez Garcia

Expediente 460/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
460/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
06/06/2022

Partes del expediente

  • Roberto Aleman Jimenez Garcia
  • Juez Sexto de Distrito En el Estado de Michoacan

Actuaciones

  1. Principal

    Se recibe exhorto diligenciado...causa estado auto en el que se desechó la demanda...archívese el expediente como asunto concluido...

  2. Principal

    solicítese comedidamente a la Oficialía de Partes de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, informe dentro del plazo de tres días,... fue turnada la comunicación 46/2022 (68/2022), del propio índice...

  3. Principal

    Vista la cuenta que antecede se provee: EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmese expediente y regístrese bajo el progresivo 460/2022. SE RECIBE DEMANDA. Téngase por recibido el oficio signado electrónicamente por el Juez Decimosegundo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en esta ciudad, mediante el cual, remite la demanda promovida por Roberto Alemán Jiménez García. SE DESECHA DEMANDA DE AMPARO. Con fundamento en los artículos 103 y 107 constitucionales, 61, fracción IX, 113 y relativos de la Ley de Amparo, se DESECHA la demanda de amparo promovida Roberto Alemán Jiménez García, en atención a las siguientes consideraciones. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo, cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. De lo que cobra singular relevancia precisar que, por "manifiesto", debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara, y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, de sus anexos o de su ampliación, a manera de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia. Ahora, del análisis integral de la demanda, se obtiene que en el caso, el quejoso reclama: I. La omisión del Juez Segundo Penal de Ejecución de Penas en Pachuca, Hidalgo, de acatar la sentencia de amparo emitida en el juicio 2/2022, del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan; y II. La omisión del segundo órgano jurisdiccional de dar trámite a la queja que interpuso en ese juicio de amparo -con motivo del referido desacato-. Atento a tales reclamaciones, se estima que se actualiza la causal a que se refiere el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, relativa a que el juicio de amparo no procede en contra de actos o resoluciones dictadas en asuntos de esa naturaleza o en ejecución de los mismos. En efecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar dicho precepto, estableció que tal hipótesis surge en dos supuestos: a. Cuando el juzgador federal otorga libertad de jurisdicción a la autoridad responsable para pronunciarse respecto de los tópicos especificados en la sentencia de amparo. En ese caso, lo que se resuelve en cumplimiento a esa decisión, constituye un acto totalmente diferente al reclamado inicialmente y esa nueva determinación es susceptible de combatirse a través de diverso juicio de control constitucional; y, b. Cuando el juez establece de forma ceñida los efectos de la sentencia de amparo, señalando los fundamentos y razones que debe observar la autoridad responsable para emitir su determinación; de manera que aquella no puede utilizar unos distintos a los ya indicados. Así, cuando la autoridad responsable no cumple puntualmente los efectos de esa resolución, o incurre en una diversa violación que cause agravio a las partes, resultan procedentes los medios de defensa establecidos en la ley de la materia para combatir ese desacato, pero no procede un nuevo juicio de amparo. Lo que además es acorde con lo establecido en los artículos 1° constitucional y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conforme a los cuales, el Estado Mexicano debe proporcionar a los gobernados un recurso sencillo, rápido y efectivo que les permita controvertir los actos que, a su consideración, vulneren sus derechos. De ahí que en contra del acto reclamado identificado como I, -al encontrarse vinculado con la ejecución de la sentencia dictada en el sumario constitucional 2/2022, del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan-, no procede un diverso juicio de amparo, sino que el peticionario debe agotar los recursos y medios previstos en la Ley de Amparo; lo que al parecer se encuentra realizando, ya que de las manifestaciones que realizó bajo protesta de decir verdad, se advierte que interpuso recurso de queja en contra del desacato de la autoridad responsable Juez Segundo Penal de Ejecución de Penas en Pachuca, Hidalgo. Aunado a lo anterior, respecto del acto reclamado resumido como II, se precisa que los Jueces de Distrito, al conocer de los diversos juicios de amparo de su competencia, ejercen la función de control constitucional, por lo que dictan determinaciones de cumplimiento obligatorio y realizan las gestiones correspondientes para que las mismas se cumplan; ello, según su propio criterio y bajo su propia responsabilidad, por la investidura que les otorga la ley. No obstante, aun cuando en contra de sus decisiones -u omisiones- proceden los recursos antes referidos, aquellos no constituyen un medio de control constitucional autónomo, por lo que técnicamente no deben analizarse los agravios encaminados a sostener que el Juez de Distrito vulneró derechos al conocer de un juicio de amparo; lo anterior, por la naturaleza del medio de defensa y precisamente por la función que aquél desempeña. De lo contrario, se trataría a ese juzgador como otra autoridad responsable y se desnaturalizaría la única vía establecida para analizar tales actos, es decir, se ejercería un control de constitucionalidad sobre otro de la misma naturaleza. Y además, se originaría una cadena interminable de ese tipo de asuntos. Sostiene lo anterior, la jurisprudencia P./J. 2/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 5, Tomo V, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro digital 199492, de rubro: "AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON LOS QUE SOSTIENEN QUE LOS JUZGADORES DE AMPARO VIOLAN GARANTIAS INDIVIDUALES, SOLAMENTE EN ESE ASPECTO." De ahí que en contra de esa omisión -la cual también se encuentra vinculada con la ejecución de esa resolución de amparo- tampoco procede el presente juicio. Bajo esas consideraciones es que se impone desechar de plano la demanda que dio origen a este asunto. Sin que la presente determinación deje en estado de indefensión a la parte quejosa, ya que al ser parte -quejoso- en el aludido juicio de amparo 2/2022, se encuentra en condiciones de solicitar de nueva cuenta al Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan, que realice las gestiones respectivas para que se dé cabal cumplimiento a la sentencia que emitió, así como que le dé el trámite respectivo a la queja que interpuso en contra de ese desacato. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA PARA RECIBIR NOTIFICACIONES. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el Centro Federal de Readaptación Social Número 17, "CPS-Michoacán", en Buenavista, Tomatlán, Michoacán. Ahora, toda vez que dicho centro penitenciario se ubica fuera del lugar de residencia de este órgano jurisdiccional, con apoyo en los artículos 27, fracción II, de la Ley de Amparo y 138 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, gírese atento exhorto, vía interconexión, al Juzgado de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, en turno, para que por su conducto y en auxilio de las labores de este Juzgado Federal, ordene a quien corresponda, notifique personalmente a Roberto Alemán Jiménez García, en el lugar de su reclusión, la presente resolución. Con la indicación de que, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles en caso de ser necesario, para la práctica de dicha notificación, esto de conformidad con el numeral 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA REALIZAR NOTIFICACIONES. Con sustento en el precepto 21, párrafo tercero, de la ley de la materia, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, para lo cual bastara solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27 de la citada Ley de Amparo. DE LA TRANSPARENCIA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES. En cumplimiento a lo establecido en los 1º, 2º, 3º, y 9 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como los artículos 6º y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase del conocimiento a las partes que la sentencia que se dicte en el presente asunto es pública; que les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, al momento de allegarlos al juicio, en la inteligencia que de no hacerlo se publicara dicha sentencia íntegramente, con las salvedades y excepciones que contempla el reglamento en cita, de igual forma siguiendo el protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los tribunales de Circuito y juzgado de Distrito, este acuerdo se publicará con supresión de datos catalogados como personales o sensibles. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2°, expídanse a las partes copia de las constancias del expediente que soliciten durante la tramitación del presente asunto, que será entregada a las personas autorizadas previa comparecencia y razón de entrega que se asiente en autos para debida constancia que se realice ante el secretario encargado del asunto. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE AL QUEJOSO EN EL LUGAR DE SU RECLUSIÓN, VÍA EXHORTO.Así lo acordó y firma Carlos Ernesto Farías Flores, titular del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guanajuato, quien actúa asistido de María de Lourdes Jiménez Arias, secretaria que autoriza y da fe. Vista la cuenta que antecede se provee: EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmese expediente y regístrese bajo el progresivo 460/2022. SE RECIBE DEMANDA. Téngase por recibido el oficio signado electrónicamente por el Juez Decimosegundo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en esta ciudad, mediante el cual, remite la demanda promovida por Roberto Alemán Jiménez García. SE DESECHA DEMANDA DE AMPARO. Con fundamento en los artículos 103 y 107 constitucionales, 61, fracción IX, 113 y relativos de la Ley de Amparo, se DESECHA la demanda de amparo promovida Roberto Alemán Jiménez García, en atención a las siguientes consideraciones. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo, cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. De lo que cobra singular relevancia precisar que, por "manifiesto", debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara, y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, de sus anexos o de su ampliación, a manera de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia. Ahora, del análisis integral de la demanda, se obtiene que en el caso, el quejoso reclama: I. La omisión del Juez Segundo Penal de Ejecución de Penas en Pachuca, Hidalgo, de acatar la sentencia de amparo emitida en el juicio 2/2022, del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan; y II. La omisión del segundo órgano jurisdiccional de dar trámite a la queja que interpuso en ese juicio de amparo -con motivo del referido desacato-. Atento a tales reclamaciones, se estima que se actualiza la causal a que se refiere el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, relativa a que el juicio de amparo no procede en contra de actos o resoluciones dictadas en asuntos de esa naturaleza o en ejecución de los mismos. En efecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar dicho precepto, estableció que tal hipótesis surge en dos supuestos: a. Cuando el juzgador federal otorga libertad de jurisdicción a la autoridad responsable para pronunciarse respecto de los tópicos especificados en la sentencia de amparo. En ese caso, lo que se resuelve en cumplimiento a esa decisión, constituye un acto totalmente diferente al reclamado inicialmente y esa nueva determinación es susceptible de combatirse a través de diverso juicio de control constitucional; y, b. Cuando el juez establece de forma ceñida los efectos de la sentencia de amparo, señalando los fundamentos y razones que debe observar la autoridad responsable para emitir su determinación; de manera que aquella no puede utilizar unos distintos a los ya indicados. Así, cuando la autoridad responsable no cumple puntualmente los efectos de esa resolución, o incurre en una diversa violación que cause agravio a las partes, resultan procedentes los medios de defensa establecidos en la ley de la materia para combatir ese desacato, pero no procede un nuevo juicio de amparo. Lo que además es acorde con lo establecido en los artículos 1° constitucional y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conforme a los cuales, el Estado Mexicano debe proporcionar a los gobernados un recurso sencillo, rápido y efectivo que les permita controvertir los actos que, a su consideración, vulneren sus derechos. De ahí que en contra del acto reclamado identificado como I, -al encontrarse vinculado con la ejecución de la sentencia dictada en el sumario constitucional 2/2022, del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan-, no procede un diverso juicio de amparo, sino que el peticionario debe agotar los recursos y medios previstos en la Ley de Amparo; lo que al parecer se encuentra realizando, ya que de las manifestaciones que realizó bajo protesta de decir verdad, se advierte que interpuso recurso de queja en contra del desacato de la autoridad responsable Juez Segundo Penal de Ejecución de Penas en Pachuca, Hidalgo. Aunado a lo anterior, respecto del acto reclamado resumido como II, se precisa que los Jueces de Distrito, al conocer de los diversos juicios de amparo de su competencia, ejercen la función de control constitucional, por lo que dictan determinaciones de cumplimiento obligatorio y realizan las gestiones correspondientes para que las mismas se cumplan; ello, según su propio criterio y bajo su propia responsabilidad, por la investidura que les otorga la ley. No obstante, aun cuando en contra de sus decisiones -u omisiones- proceden los recursos antes referidos, aquellos no constituyen un medio de control constitucional autónomo, por lo que técnicamente no deben analizarse los agravios encaminados a sostener que el Juez de Distrito vulneró derechos al conocer de un juicio de amparo; lo anterior, por la naturaleza del medio de defensa y precisamente por la función que aquél desempeña. De lo contrario, se trataría a ese juzgador como otra autoridad responsable y se desnaturalizaría la única vía establecida para analizar tales actos, es decir, se ejercería un control de constitucionalidad sobre otro de la misma naturaleza. Y además, se originaría una cadena interminable de ese tipo de asuntos. Sostiene lo anterior, la jurisprudencia P./J. 2/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 5, Tomo V, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro digital 199492, de rubro: "AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON LOS QUE SOSTIENEN QUE LOS JUZGADORES DE AMPARO VIOLAN GARANTIAS INDIVIDUALES, SOLAMENTE EN ESE ASPECTO." De ahí que en contra de esa omisión -la cual también se encuentra vinculada con la ejecución de esa resolución de amparo- tampoco procede el presente juicio. Bajo esas consideraciones es que se impone desechar de plano la demanda que dio origen a este asunto. Sin que la presente determinación deje en estado de indefensión a la parte quejosa, ya que al ser parte -quejoso- en el aludido juicio de amparo 2/2022, se encuentra en condiciones de solicitar de nueva cuenta al Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan, que realice las gestiones respectivas para que se dé cabal cumplimiento a la sentencia que emitió, así como que le dé el trámite respectivo a la queja que interpuso en contra de ese desacato. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA PARA RECIBIR NOTIFICACIONES. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el Centro Federal de Readaptación Social Número 17, "CPS-Michoacán", en Buenavista, Tomatlán, Michoacán. Ahora, toda vez que dicho centro penitenciario se ubica fuera del lugar de residencia de este órgano jurisdiccional, con apoyo en los artículos 27, fracción II, de la Ley de Amparo y 138 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, gírese atento exhorto, vía interconexión, al Juzgado de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, en turno, para que por su conducto y en auxilio de las labores de este Juzgado Federal, ordene a quien corresponda, notifique personalmente a Roberto Alemán Jiménez García, en el lugar de su reclusión, la presente resolución. Con la indicación de que, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles en caso de ser necesario, para la práctica de dicha notificación, esto de conformidad con el numeral 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA REALIZAR NOTIFICACIONES. Con sustento en el precepto 21, párrafo tercero, de la ley de la materia, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, para lo cual bastara solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27 de la citada Ley de Amparo. DE LA TRANSPARENCIA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES. En cumplimiento a lo establecido en los 1º, 2º, 3º, y 9 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como los artículos 6º y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase del conocimiento a las partes que la sentencia que se dicte en el presente asunto es pública; que les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, al momento de allegarlos al juicio, en la inteligencia que de no hacerlo se publicara dicha sentencia íntegramente, con las salvedades y excepciones que contempla el reglamento en cita, de igual forma siguiendo el protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los tribunales de Circuito y juzgado de Distrito, este acuerdo se publicará con supresión de datos catalogados como personales o sensibles. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2°, expídanse a las partes copia de las constancias del expediente que soliciten durante la tramitación del presente asunto, que será entregada a las personas autorizadas previa comparecencia y razón de entrega que se asiente en autos para debida constancia que se realice ante el secretario encargado del asunto. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE AL QUEJOSO EN EL LUGAR DE SU RECLUSIÓN, VÍA EXHORTO.

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