Roberto Aguilar Tapia
Expediente 223/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 9 actuaciones registradas, la última del 30 de agosto de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 223/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 30/08/2016
Partes del expediente
- Roberto Aguilar Tapia
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Toluca, Estado de México; treinta de agosto de dos mil dieciséis. Vista la certificación secretarial que antecede, se colige que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes recurriera la sentencia dictada en el sumario en que se actúa, mediante la cual sobreseyó el juicio de amparo promovido por Roberto Aguilar Tapia; en consecuencia, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 86 de la ley invocada, en relación con los numerales 288 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales conducentes. En consecuencia y atento a la certificación de cuenta, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Háganse las anotaciones respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en Libro de Gobierno; glósese el original del incidente de suspensión derivado del presente juicio y resguárdese el duplicado de éste, hasta en tanto transcurran seis meses a partir del proveído que se dicta y, fenecido dicho plazo, procédase a su destrucción, conforme a lo que establece el capítulo quinto, punto vigésimo, fracción III, del Acuerdo General Conjunto 01/2009. De conformidad con lo establecido en la certificación de que se trata, con apoyo en el Acuerdo General De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto: a) De conformidad con el punto décimo fracción I, del citado Acuerdo, corresponde al archivo judicial reciente, y no es de los considerados de relevancia histórica, documental ni jurídica. b) Asimismo, en términos del punto vigésimo primero del referido acuerdo este expediente es destruible, toda vez que encuadra en la fracción II, de dicho punto, al ser un juicio de amparo sobreseído. c) Igualmente, de conformidad a lo dispuesto en la fracción III, del punto Vigésimo primero del multicitado acuerdo, el original del incidente de suspensión derivado del presente juicio es destruible, pues se negó la medida cautelar solicitada. d) Transcurrido el término de tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico de Documentación y Análisis, designado para su resguardo. e) Pasados cinco años, del dictado del auto de archivo, este expediente es destruible. f) Empero el duplicado del incidente de suspensión derivado del presente juicio es susceptible de destrucción dentro del término de seis meses, de conformidad a lo dispuesto en la fracción III, del punto Vigésimo del citado acuerdo; en consecuencia, únicamente deberá ser glosado el original del mismo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca quien actúa con el licenciado Erik Roberto Frías Guerrero, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
R E S U E L V E. ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 223/2016, promovido por Roberto Aguilar Tapia, por los actos y autoridades precisados en los considerandos segundo y tercero de este fallo, por las razones y consideraciones expuestas en el considerando último de esta sentencia.
- Principal
Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de su numeral 2, agréguese a los autos la razón de cuenta por medio de la cual la actuaria judicial adscrita a este órgano jurisdiccional hace su imposibilidad para notificar el oficio 9565, dirigido al Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Violencia de Género de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, toda vez que al constituirse en las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, fue atendida por una persona que dijo ser Analista Administrativo, el cual informó que dicha autoridad no existe dentro del organigrama de la citada institución. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de dieciocho de marzo del año en curso, se deja de tener como responsable a la mencionada autoridad, para los efectos del presente juicio; por tanto, suspéndase toda comunicación con la misma. En apoyo de la determinación aquí asumida, se cita la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del rubro y texto siguiente: "AUTORIDAD RESPONSABLE INEXISTENTE. SI EL JUEZ LA TIENE CON ESE CARÁCTER ANTES DE LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, NO PROCEDE DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO DE LOS ACTOS RECLAMADOS QUE SE LE ATRIBUYEN. Si durante la tramitación del juicio de garantías el juzgador tiene por inexistente a una autoridad responsable y esa circunstancia se determina en un acuerdo previo a la celebración de la audiencia constitucional, no procede decretar el sobreseimiento de los actos reclamados que se le atribuyen, pues con tal declaratoria ha quedado fuera del juicio, tan es así que en ese supuesto no se requiere su informe justificado ni se le notifican los actos realizados durante la tramitación del juicio; por lo que es innecesario pronunciarse en la sentencia respecto a los actos que se le imputan. Caso contrario ocurre si durante la tramitación del juicio, pese a la inexistencia de la autoridad señalada como responsable, el juzgador omite hacer un pronunciamiento previo a la celebración de la audiencia constitucional, pues en ese caso, al analizar la certeza de los actos, en los considerandos y resolutivos de la sentencia tendrá que declarar la inexistencia tanto de los actos como de la autoridad responsable correspondiente. [Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; 9ª Época; Tomo XXIX, Marzo de dos mil nueve]". Así como la tesis aislada, emitida por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "AUTORIDADES RESPONSABLES. OBLIGACIÓN DEL QUEJOSO DE SEÑALAR CON PRECISIÓN QUIÉNES SON LAS. De acuerdo con lo que dispone la fracción III del artículo 116 de la Ley de Amparo es obligación del quejoso señalar con precisión quiénes son las autoridades responsables, a lo que debe añadirse que la facultad de suplir la queja a la que se contrae la fracción II del artículo 76 bis ibídem no tiene el alcance de averiguar cuál es la responsable a la que se quiso demandar y no se hizo. (9ª Época, S. J. F., Tomo XII, Materia Común, Septiembre de 1993)".
- Principal
Visto el estado procesal de los presentes autos se advierte que no se libró oficio a la autoridad señalada como responsable denominada Agente del Ministerio Público Adscrito a la Fiscalía Especializada en Violencia de Genero de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, a fin de comunicarle la instauración del presente juicio; por tanto, con fundamento en el artículo 58 del Código de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de su numeral 2, se regulariza el procedimiento a fin de dar margen a lo anterior. Por tanto, mediante oficio, comuníquese a la autoridad responsable citada, la instauración del presente juicio, remitiendo copia simple del escrito de demanda y auto admisorio; asimismo, se solicita su informe justificado, el cual deberá rendir dentro del plazo de quince días a partir de su legal notificación; así como en el supuesto de que los actos reclamados sean ciertos, deberá remitir copia certificada, legible y completa de las constancias necesarias para resolver el presente, apercibida que de no hacerlo, se le impondrá una multa de cien días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, según lo previsto en el numeral 260, fracción II, de la ley en comento. En el entendido que, de ser posible, dicho informe deberá ser enviado a este juzgado de Distrito VÍA FAX al número telefónico oficial (01.722) 236.05.00, extensión 3257 y confirmada en la diversa 3258, o VÍA INTERNET, al correo electrónico oficial 5jdo2ctoac@correo.cjf.gob.mx; en formato PDF, en el cual aparezca la firma del funcionario autorizado para suscribirlo; así como los signos distintivos de las autoridades que los remitan, debiéndose constatar vía telefónica el envío y recepción del mismo; ello con independencia de su remisión por la vía ordinaria. Por otra parte, se apercibe al quejoso que en caso de que la autoridad que designó en la demanda que se provee, haya sido denominada incorrectamente, se tendrá por inexistente y se omitirá toda comunicación con ella. En apoyo de la determinación aquí asumida, se cita la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del rubro y texto siguiente: "AUTORIDAD RESPONSABLE INEXISTENTE. SI EL JUEZ LA TIENE CON ESE CARÁCTER ANTES DE LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, NO PROCEDE DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO DE LOS ACTOS RECLAMADOS QUE SE LE ATRIBUYEN. Si durante la tramitación del juicio de garantías el juzgador tiene por inexistente a una autoridad responsable y esa circunstancia se determina en un acuerdo previo a la celebración de la audiencia constitucional, no procede decretar el sobreseimiento de los actos reclamados que se le atribuyen, pues con tal declaratoria ha quedado fuera del juicio, tan es así que en ese supuesto no se requiere su informe justificado ni se le notifican los actos realizados durante la tramitación del juicio; por lo que es innecesario pronunciarse en la sentencia respecto a los actos que se le imputan. Caso contrario ocurre si durante la tramitación del juicio, pese a la inexistencia de la autoridad señalada como responsable, el juzgador omite hacer un pronunciamiento previo a la celebración de la audiencia constitucional, pues en ese caso, al analizar la certeza de los actos, en los considerandos y resolutivos de la sentencia tendrá que declarar la inexistencia tanto de los actos como de la autoridad responsable correspondiente. Así como la tesis aislada, emitida por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "AUTORIDADES RESPONSABLES. OBLIGACIÓN DEL QUEJOSO DE SEÑALAR CON PRECISIÓN QUIÉNES SON LAS. De acuerdo con lo que dispone la fracción III del artículo 116 de la Ley de Amparo es obligación del quejoso señalar con precisión quiénes son las autoridades responsables, a lo que debe añadirse que la facultad de suplir la queja a la que se contrae la fracción II del artículo 76 bis ibídem no tiene el alcance de averiguar cuál es la responsable a la que se quiso demandar y no se hizo. ". Por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, en obvio de evitar un menoscabo a los derechos fundamentales del impetrante constitucional y violentar las reglas del procedimiento, se difiere la audiencia constitucional prevista para el día de hoy, y se fijan las once horas con diez minutos del dieciocho de abril de dos mil dieciséis, para que tenga verificativo. Finalmente, se hace del conocimiento de las partes que por oficio SEADS/463/2016, que suscribe el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, informó que en sesión celebrada el veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal del Poder Judicial de la Federación, acordó la readscripción a este Juzgado Federal al Juez Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, quien a partir del uno de marzo de dos mil dieciséis, es Titular del mismo; por lo que con fundamento en el artículo 146 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dese vista a las partes para los efectos legales procedentes. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del rubro siguiente: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO."
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