Roberto Aguilar Ramirez

Expediente 942/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 5 actuaciones registradas, la última del 12 de julio de 2016.

Datos del expediente

Expediente
942/2016
Año
2016
Actuaciones
5
Última actuación
12/07/2016

Partes del expediente

  • Roberto Aguilar Ramirez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a doce de julio de dos mil dieciséis. Vista la certificación con que se da cuenta, de la que se advierte que el plazo de diez días que establece el ordinal 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión en contra del auto de veinte de junio de dos mil dieciséis, por el cual éste órgano jurisdiccional decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio de amparo en que se actúa, ha transcurrido según se desprende de la certificación asentada por la secretaría, sin que las partes lo hayan interpuesto; por tal virtud, QUEDA FIRME el auto de referencia. archívese el presente juicio como asunto total y definitivamente concluido. se declara que este expediente es susceptible de destrucción.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintidós de junio de dos mil dieciséis. Vista la razón de cuenta de la Secretaría,agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales procedentes, el oficio signado por el Coordinador de Asuntos Jurídicos de la Secretaría Ejecutiva, Administrativa y de Protección Ciudadana de Temixco, Morelos, en representación del Director de Seguridad Pública del citado Municipio. Atento a su contenido, téngase al Director de Seguridad Pública del Municipio de Temixco, Morelos, apersonándose a esta instancia constitucional en su calidad de autoridad tercera interesada, a través del Coordinador de Asuntos Jurídicos de la Secretaria Ejecutiva, Administrativa y de Protección Ciudadana. Asimismo, de conformidad con el numeral 9° de la Ley antes invocada, se tiene por designados como Delegados a las personas que menciona; sin embargo, no ha lugar a tener por autorizados para el efecto de oír y recibir documentos y notificaciones, en atención a que la Ley de Amparo no prevé dicha circunstancia. Por último, téngase por hechas las manifestaciones que vierte el oficiante y sin que proceda dictar mayor acuerdo, así como en relación con los documentos que se acompañan, dado que en proveído de veinte de junio de dos mil dieciséis, se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en esta instancia constitucional.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veinte de junio de dos mil dieciséis. Vista la razón de cuenta de la Secretaría, agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales procedentes, el informe justificado rendido por la Magistrada Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con domicilio en esta ciudad, y copias certificadas que se acompañan. En consecuencia, con fundamento en el artículo 117, de la Ley de Amparo, dése vista a las partes con el informe de mérito, y anexos adjuntos, para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a sus intereses convenga. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el dispositivo 119 de la Ley de la Materia, se tienen como pruebas a favor de la autoridad responsable de mérito, las documentales que en copia autorizada se acompañan, las cuales se desahogan por su propia y especial naturaleza, y sin perjuicio de ser relacionadas en el momento procesal oportuno. En ese orden, en atención a la información dada por la autoridad responsable en el sentido de que no tiene conocimiento de que exista algún juicio de amparo promovido por las mismas partes en el proceso natural o constitucional, y que se trate de actos que deriven del mismo procedimiento de donde emerge el acto reclamado o que se refiera a los mismos hechos, se tiene por satisfecho el requerimiento formulado mediante auto de dos de los corrientes. Por otra parte, advirtiendo del informe justificado y de las constancias adjuntas, que el seis de abril de dos mil dieciséis, se pronunció la resolución cuya omisión en su dictado se reclamó en esta instancia constitucional, es procedente es claro que se actualiza la causal de sobreseimiento que sobrevino durante la tramitación de este expediente, prevista por la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, en cuanto dispone que debe sobreseerse en el juicio cuando de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado. Como consecuencia de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada en autos (diez horas con treinta minutos del uno de julio de dos mil dieciséis), sin que ello implique dejar en estado de indefensión al impetrante de amparo, pues en el caso en estudio surgió una causa notoria, manifiesta e indudable de sobreseimiento en este juicio de amparo, de suerte que ni celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada dicha causal con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido, por lo que, resultaría ocioso e innecesario celebrar dicha audiencia y resolver mediante una sentencia lo que aquí se ha determinado; además, tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución General de la República.

  4. Principal

    PERS. CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 27, FRACCIÓN I, INCISO C) Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE LE NOTIFICA A LA QUEJOSA POR MEDIO DE LISTA LA RESOLUCIÓN Y/O PROVEÍDO DE VEINTE DE JUNIO DE DOS MIL DIECISÉIS, QUE EN SÍNTESIS DICE: Vista la razón de cuenta de la Secretaría, agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales procedentes, el informe justificado rendido por la Magistrada Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con domicilio en esta ciudad, y copias certificadas que se acompañan. En consecuencia, con fundamento en el artículo 117, de la Ley de Amparo, dése vista a las partes con el informe de mérito, y anexos adjuntos, para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a sus intereses convenga. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el dispositivo 119 de la Ley de la Materia, se tienen como pruebas a favor de la autoridad responsable de mérito, las documentales que en copia autorizada se acompañan, las cuales se desahogan por su propia y especial naturaleza, y sin perjuicio de ser relacionadas en el momento procesal oportuno. En ese orden, en atención a la información dada por la autoridad responsable en el sentido de que no tiene conocimiento de que exista algún juicio de amparo promovido por las mismas partes en el proceso natural o constitucional, y que se trate de actos que deriven del mismo procedimiento de donde emerge el acto reclamado o que se refiera a los mismos hechos, se tiene por satisfecho el requerimiento formulado mediante auto de dos de los corrientes. Por otra parte, advirtiendo del informe justificado y de las constancias adjuntas, que el seis de abril de dos mil dieciséis, se pronunció la resolución cuya omisión en su dictado se reclamó en esta instancia constitucional, es procedente es claro que se actualiza la causal de sobreseimiento que sobrevino durante la tramitación de este expediente, prevista por la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, en cuanto dispone que debe sobreseerse en el juicio cuando de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado. Como consecuencia de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada en autos (diez horas con treinta minutos del uno de julio de dos mil dieciséis), sin que ello implique dejar en estado de indefensión al impetrante de amparo, pues en el caso en estudio surgió una causa notoria, manifiesta e indudable de sobreseimiento en este juicio de amparo, de suerte que ni celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada dicha causal con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido, por lo que, resultaría ocioso e innecesario celebrar dicha audiencia y resolver mediante una sentencia lo que aquí se ha determinado; además, tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución General de la República.

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